Los sindicatos docentes y no docentes que representan a los trabajadores de las 66 universidades nacionales auguran para el martes una movilización histórica en defensa de la universidad pública. La marcha cuenta con el aval de las autoridades de las universidades agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el apoyo de las organizaciones estudiantiles.
Con la confirmación el viernes del Consejo Directivo de la CGT, cuenta también con la adhesión de todas las centrales sindicales, los movimiento sociales y piqueteros, las organizaciones de Derechos Humanos, el colectivo de discapacidad, las organizaciones de jubilados y jubiladas que se manifiestan los miércoles y un largo etcétera.
Se espera que la convocatoria rebase a las organizaciones que hacen el llamado y concite la atención de centenares de miles de manifestantes no organizados. En esta oportunidad, la cita será en la Plaza de Mayo, el centro del poder político nacional donde se realizará un acto a las 17 horas.
La manifestación se replicará también en Chaco y Corrientes en dos movilizaciones que tendrán como horario de concentración las 17:30 e iniciarán a las 18 horas bajo el lema «Milei cumplí la ley».
En Resistencia el lugar de concentración será la entrada al campus de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicada en avenida Las Heras 727, y el punto de llegada será el mástil mayor de la plaza 25 de Mayo, sobre avenida 9 de julio.
Ya sucedió en 2024 en dos oportunidades. Primero, el 23 de abril y, luego, el 2 de octubre, cuando casi un millón y medio de personas se movilizaron en todo el país. En ese momento la ofensiva del gobierno consistía en congelar el presupuesto a niveles de 2023 y consolidar el retroceso salarial y presupuestario provocado por el shock devaluatorio de diciembre de 2023.
En paralelo, la CGT comenzaba a acompasar sus propias medidas de lucha contra la ofensiva del gobierno. El Frente Sindical Universitario agrupó a todas las federaciones docentes y no docentes y lideró la protesta educativa que, ya por entonces, fue capaz de arrastrar al conjunto de los sectores populares en las que resultaron las movilizaciones más masivas contra la gestión libertaria.
Entre una y otra marcha, el movimiento estudiantil que forma parte de una generación identificada con el gobierno libertario, se reagrupó en defensa de su derecho a estudiar y se sumó a la lucha docente con sus métodos de lucha.
Las dos movilizaciones de 2024 generaron la primera ruptura entre el gobierno y su base de sustentación política y social. Las convocatorias canalizaron el rechazo masivo y popular a las políticas libertarias. Además de docentes, no docentes, estudiantes y graduados, las calles se poblaron de ciudadanos convencidos de que la educación superior sigue siendo una herramienta indispensable para el ascenso social de la clase trabajadora.
El conflicto universitario durante 2025 transitó especialmente al interior del Congreso Nacional. Las movilizaciones, también masivas pero que no llegaron al desborde de las anteriores, acompañaron las discusiones parlamentarias. Allí se aprobó nuevamente la Ley de Financiamiento Universitario que, otra vez, resultó vetada por el gobierno, aunque éste no pudo reunir los dos tercios del Congreso que el año anterior le permitieron blindarse. Así, el 2 de octubre, el Congreso ratificó su aprobación con mayoría especial desautorizando el veto oficial.
La ley, en lo esencial, dispone recomponer el presupuesto universitario a valores de 2023 y garantizar la continuidad de la paritaria docente y no docente que, en los hechos, se disolvió.
Si las primeras movilizaciones de 2024 resultaron masivas, a la luz de lo ocurrido, la del martes debiera incluso superarlas. Es que el deterioro presupuestario y salarial se profundizó y, además, se suma un ingrediente político en defensa de las reglas elementales de la democracia. No hay antecedentes de un gobierno que decida no acatar lo dispuesto por el Congreso y, además, desoír fallos judiciales que lo intiman a hacerlo.
El 21 de octubre último, el gobierno promulgó la ley ratificada en el Congreso pero con un artículo en el que condiciona las ejecuciones a la disponibilidad de fondos. Lo hizo en nombre de la legislación que exige que las normas que implican nuevas erogaciones presupuestarias deben indicar su origen. En este caso, no se trata de una nueva erogación sino de la indexación por inflación de las ya existentes. El argumento esgrimido resulta falaz y la justicia así lo reconoció destacando que su cumplimiento afecta apenas el 0,23% del PBI.
La crisis en la era Milei
El retroceso salarial de los docentes y no docentes universitarios no registra antecedentes ni puede ser equiparado con el de ningún otro gremio. Desde la asunción de Milei, acumula una caída del 34,2% según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que escala al 41,2% si se tomara el IPC con la demorada actualización metodológica. Se encuentra 2,4% por debajo de los valores alcanzados en 2004, el peor registro histórico, agrega un informe de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD), que contabiliza en 11,5 la cantidad de salarios perdidos desde noviembre de 2023 y que, asegura, se necesita un incremento del 105% para recuperar el poder adquisitivo del año 2015.
El presupuesto universitario, a su vez, se contrajo en el período un 41,6% que se verifica en el deterioro de su infraestructura, la depreciación y reducción de las becas estudiantiles, la escasez de insumos para la ciencia y la investigación y el colapso del sistema de hospitales universitarios a escala nacional (ver recuadro).
Así las cosas, indica el informe elaborado por el CEPA, el salario bruto de cinco de las siete categorías de trabajadores no docentes se ubica en marzo de 2026 debajo de la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza y llegó a $ 1.434.464.
Sólo el cargo de docente titular con dedicación exclusiva logra superar ese umbral al que vuelve a caer una vez realizados los descuentos. Para las dedicaciones simples (10 horas semanales) y la mayoría de las semiexclusivas (20 horas) el salario no alcanza a cubrir la línea de indigencia.
Pero, más allá de lo que indican las grillas salariales, el retroceso es todavía peor en la realidad de una inmensa cantidad de docentes que perciben la garantía salarial que se encuentra congelada en $ 250 mil desde marzo de 2025.
La movilización coincide con el peor momento del gobierno y de la imagen presidencial. El oficialismo, sin embargo, está inmerso en su propia trampa. El costo de ceder al reclamo es relativamente marginal en términos económicos pero implicaría un cambio en el régimen político del gobierno cuya naturaleza y forma de acumulación política consiste en avasallar con todo. El desafío de los trabajadores universitarios consiste es desenmarañar esa madeja.
