Días atrás, el juez Arias Gibert avaló el acuerdo por el cual la Asociación Bancaria consiguió un aumento del 23,5 %. Esa cifra rompió el techo del 20 % que intenta imponer la gestión de Mauricio Macri.
La respuesta del gobierno Nacional tuvo muy poco de “diálogo” y bastante de “apretada”; luego negarle reconocimiento y ante la presentación de una cautelar por parte del sindicato, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas que con su fallo le pusieron un freno a su intervención los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, ambos de la Cámara Nacional del Trabajo. Se los acusó de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución”.
La movida, a la par de evidenciar una destacable falta de “muñeca política” y búsqueda de consenso generó una catarata de repudios y críticas. En ese sentido, el diputado de Chaco en Parlasur Julio “Lili” Sotelo fustigó en duros términos las acciones del gobierno nacional “en pos de plantear un fuerte mensaje hacia los sectores trabajadores, empleadores, e incluso al Poder Judicial y su administración de Justicia” afirmó, y agregó: “El Gobierno Nacional determinó un techo del 18 % para los aumentos salariales basando ese porcentaje en la esperanza de que la inflación anual oscilaría entre el 12 % y el 17 %. En ese contexto, el Ministro de Trabajo, fuera de sus facultades, intercedió prohibiendo a los empleadores a pagar dicho acuerdo”.
PERSECUCIÓN
Sotelo precisó que el fallo, sólo una Medida Cautelar, en caso de no ser compartida por el Gobierno, debió ser: “Apelado ante la Suprema Corte de Justicia y allí, en caso de ser revocada por las causas que aduce Triaca, recién evaluar el pedido de Juicio Político. Es decir, teniendo una Instancia Judicial abierta, la pretensión se torna totalmente impertinente, con un desconocimiento del derecho que asombra”. Cabe recordar que Arias Gilbert, atinadamente expresó: "Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias, yo fallo a favor del Derecho. Estoy obligado a aplicar la ley le guste a quien le guste, sino, desaparecería la división de Poderes. En tal caso, sería policía del pensamiento, no es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino”.
CAMBIEMOS
CON ROZAS
Por último, el diputado del Parlasur remarcó: “La alianza Cambiemos se presentaba como abanderada del no intervencionismo y protectora de la seguridad jurídica, sin embargo, desprovista de fundamentos y de modo ilegítimo rechaza las negociaciones entre los trabajadores y sus empleadores” y que en esas acciones: “Se utiliza además, desembozadamente, la mayoría que Cambiemos tiene en el Consejo de la Magistratura, como una Espada de Damocles pendiendo amenazadoramente, sobre toda decisión judicial, de cualquier nivel. Recordemos aquí que el senador Ángel Rozas es uno de los integrantes”.
CONSENSO CERO
Por todo ello, Sotelo manifestó que la estrategia del Gobierno se ha caracterizado por corregir los constantes errores “gracias a su pregonada capacidad de escucha, reflexión y diálogo”, sin embargo: "Debemos dar cuenta que solo ha sido parte de una estrategia disciplinadora que avanza paso a paso hacia la flexibilización laboral, llegando a extremos, como este caso en donde se pretende tener una Justicia a disposición”.
