El diputado del Parlasur por Chaco, Julio Sotelo, realizó un análisis sobre el proyecto del Gobierno nacional para bajar la punibilidad de adolescentes llegando a los 14 años. Señaló: “Para nada estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad a los menores de 16 años. Entiendo que esta es una medida extrema y que atentaría en contra de los tratados internacionales que fueron firmados por la República Argentina”.
El parlamentario remarcó: “No obstante, creo que esto debe tener un trato muy especial y más si se relaciona a temas de la juventud y la delincuencia juvenil, teniendo claro en primer lugar, como dice la Iglesia, de no criminalizar a la juventud en su totalidad. Además, hay que destacar que solamente el 4 % de los delitos son cometidos por menores de 16 años”.
Continuando con este análisis, explicó: “De todas maneras, creo que el problema de la juventud no es un problema que debe solucionarse con disminuir la edad de la imputabilidad, esto lo vimos en las medidas sancionadas como consecuencia del caso Blumberg, donde toda la sociedad se alzó en contra de mayores medidas aumentando las condenas y que no terminaron generando nada positivo”.
En este contexto, Sotelo señaló: “Solo aumentar condenas o disminuir edad de imputabilidad a la larga siempre terminan en el vacío. El tema juvenil es un tema complejo que hay que tratarlo con mucha más profundidad. La Argentina no está cumpliendo con los estándares firmados en los convenios internacionales, lo que hay que hacer es un tratamiento integral de la problemática, esto es tratar de alguna manera de que el ambiente en el cual se desenvuelve el joven sea un ambiente donde les den salidas alternativas e impedir que de alguna manera se vuelquen a cometer delitos”.
Agregó: “Los medios más comunes del ingreso de los jóvenes al delito son la falta de contención familiar y la irrupción masiva de la droga, que los convierten rápidamente en un consumidor y/o participe de su comercialización. Esos realmente son los orígenes del problema y sobre ellos el Estado debe actuar primariamente”. “La desocupación, la precarización laboral, la pérdida del poder adquisitivo del salario coadyuvan a crear un ambiente propicio para la delincuencia juvenil”, declaró.
“La pena privativa de la libertad para un joven es el uso extremo que se debe llegar, deben haber políticas alternativas para los jóvenes que cometan algún delito y que no estén alcanzadas por la imputabilidad penal”, resaltó.
Además, el legislador siguió argumentando su visión sobre este tema social que desató muchas opiniones: “No es una alternativa válida tener a un joven preso, donde nosotros tenemos un pésimo sistema carcelario, con un exceso de detenidos en función de la cantidad de lugares que existen y casi inexistentes destinados a menores. Esto hace que al estar detenido una persona en lugar de ser rehabilitado se lo perfecciona en la comisión del delito y salvo aquellas personas que estudian cuando están detenidos, luego salen de la prisión y reinciden a cometer un delito a causa de que la sociedad no los recibe”.
Por último, el legislador se expresó sobre lo que se debería hacer en este caso. “El tema de la juventud en Argentina es absolutamente necesario, hay que modificar la ley penal juvenil, pero incluyendo dentro de ella todos los elementos necesarios e indispensables para favorecer la absorción por parte de la sociedad. Que los menores que vayan cumpliendo 16 años tengan la posibilidad de reinsertarse en una sociedad que muchas veces no los deja y los excluye”.
