El juicio oral de la causa denominada “Caballero II”, por por torturas y desapariciones forzadas en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico militar cumplió durante la mañana de este viernes su décimo día de audiencia, sin debate propiamente dicho, ya las partes y el tribunal que integran los jueces Eduardo Belforte, (de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Denogens, (de Resistencia) se abocaron a formalizar la incorporación a la presente causa del ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero durante la última dictadura cívico-militar y uno de los genocidas más sanguinarios del terrorismo de Estado y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar. Ambos figuran como imputados en el expediente sobre el secuestro y torturas a una joven detenida política en el ex centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, y por ello se procedió a sumarlos al juicio en el cual ya figuran como imputados por crímenes similares en el mismo CCD dos ex militares y ocho ex policías, incluso Ramón Meza, Enzo Breard y Gabino Manader, también aparecen implicados en el secuestro y vejaciones contra la ex detenida, de 18 de edad, junto a su hijo de ocho meses en abril de 1976.La causa pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 3 de noviembre a las 9 h, oportunidad en la que se dará lectura a los requerimientos de elevación a juicio y las indagatorias de Azar y Garbi. Luego todo quedará allanado para la convocatoria a testimoniales, programadas para los días 11 y 24 de noviembre.
La audiencia comenzó con un retraso considerable por problemas con el sistema de transmisión por videoconferencia para comunicar la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, con el penal de Marcos Paz donde permanecen recluidos los imputados Bettoli y Patetta, y el juzgado de Santiago del Estero, provincia en la que los flamantes imputados en este proceso, Antonio Musa Azar y Miguel Garbi purgan sendas condenas a perpetua por causas anteriores.
Respecto de ciertas quejas sobre cómo se ha dilatado la etapa previa a la convocatoria de testimoniales, que habrían trascendido por la prensa, el presidente del tribunal juez Eduardo Belforte aclaró que “no está al alcance de este tribunal hacerse cargo de las dilaciones que hubieron con anterioridad al inicio de este juicio pero es responsabilidad asegurarse del debido proceso para todas las partes, y en ese contexto se han suscitado diversos objetos procesales los cuales algunos de ellos han llevado a las mismas partes procesales a proponer la suspensión de algunas audiencias en curso para fundamentar adecuadamente y con seriedad y responsabilidad los temas que se debatieron, a lo que cabe reiterar que este juicio está siendo substanciado por jueces que provienen de cuatro tribunales distintos que a su vez se encuentran abocados a proveer del servicio de justicia en todos sus respectivas jurisdicciones”.
Hecha la aclaración se procedió formalizar la incorporación; se analizó prueba documental e instrumental y las futuras testimoniales, con catorce testigos, de los cuales nueve ya fueron convocados por los anteriores hechos que se investigan. Asimismo se unificó según los procedimientos la defensa oficial que ejerce el dr Juan Manuel Costilla de los imputados Manader Breard y Meza. A Musa Azar y Garbi los representa el dr Matías Elías Azar, hijo del primero.
La defensa de parte solicitó que sea este tribunal el que decida sobre un pedido de prisión domiciliaria, que fuera rechazado en su momento por el juez anterior, lo cual originó el primer contrapunto entre defensa y querellas más Fiscalía, pero el tribunal decidió posponer todo debate al respecto hasta que las diligencias por esta cuestión hasta tanto le sean proveídas la documentación sobre el caso.
Cabe recordar que tanto Musa Azar como Garbi llegan al banquillo de acusados en esta causa luego de una apelación impuesta por la la Unidad de DD. HH. de la Fiscalía Federal, en respuesta al beneficio que les concediera la Cámara Federal de Resistencia con el dictado de una falta de mérito, argumentando falta de pruebas. Luego de un extenso y exhaustivo análisis del cúmulo de pruebas presentado por el Ministerio Público, la Cámara Federal de Casación Penal (sala IV), resolvió confirmar el procesamiento de los genocidas santiagueños. Así, la resolución de Casación se refirió “al relato sólido e incólume de la víctima, a la abundante prueba documental y a un número importante de testigos que trazan un nexo causal entre los imputados y los hechos investigados”.
