La defensa de la imputada Pacce Alvarado intentó apelar la elevación a juicio del caso por abuso sexual en la infancia. La querella que lleva adelante el abogado Paulo Pereyra presentó una solicitud de declaración de inadmisible del recurso, que obtuvo una respuesta favorable por parte del Juzgado interviniente. Hoy, Pereyra solicitará el envío de las actuaciones a la Cámara Criminal N° 3 para la realización del juicio oral.
La causa denominada Pacce Alvarado, por denuncias de abuso sexual en la infancia en dos casos, asistió en estos días a un nuevo intento por retrasar el avance del proceso, esta vez, mediante una presentación de la defensa de la imputada Noemí Alvarado en la cual se buscó apelar la elevación a juicio oral del expediente.
Desde la querella se contestó esta solicitud, y según pudo saber elDIARIO de la Región, durante la jornada de hoy se presentará un nuevo escrito solicitando el envío de las actuaciones a la Cámara Criminal N° 3 para la realización de los debates.
La causa está caratulada como “Alvarado, Noemí lucía S/partícipe necesaria de abuso deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora”. En sus respectivas denuncias contra el matrimonio de Daniel Pacce y Noemí Alvarado, Rosalía Alvarado y María Belén Duet relataron que los abusos tuvieron lugar desde 1978 hasta mediados de 1980, cuando eran niñas.
La denunciante Rosalía Alvarado en contacto con elDIARIO de la Región afirmó:” Venimos reclamando ser escuchadas por la Justicia y esperamos que este año tenga lugar el juicio oral. El abuso sexual en la infancia debe ser visibilizado por la sociedad y es necesario políticas públicas de prevención, y por parte de la Justicia de reparación, como es la judicialización de los casos y la sanción a victimarios y victimarias”.
Sucede que la causa tuvo que afrontar una seguidilla de obstáculos y medidas dilatorias orientadas a mantenerla en una situación de estancamiento permanente. Este retraso judicial resultó en que Daniel Pacce falleciera en junio de 2018 sin haber sido citado a declarar.
Cabe recordar que ya en octubre de 2019 el fiscal Sergio Cáceres Olivera clausuró la instrucción y requirió la elevación a juicio de la causa. A principios de diciembre la jueza subrogante Rosalía Zózzoli dictaminó la elevación a juicio del caso, al desestimar el recurso de oposición de la defensa.
El 3 de febrero pasado se conocieron los fundamentos de esa resolución. No obstante, la defensa de Pacce Alvarado, llevada adelante por la exjueza Lidia Lezcano de Urturi y Ricardo Urturi apeló esa resolución días atrás.
RECHAZO Y
PEDIDO
Por ello desde la querella que representa a las denunciantes, el abogado Paulo Pereyra presentó el lunes pasado un escrito en el cual pidió la declaración de inadmisible del recurso con el argumento de que la elevación a juicio no es una materia apelable y pidió que se eleve a juicio oral la causa Esto último recibió, el martes pasado, una respuesta favorable por parte del Juzgado interviniente.
En el escrito presentado el lunes de la semana pasada por Pereyra y al que tuvo acceso este matutino, se establece que las víctimas tienen “el derecho fundamental de acceso a justicia (pronta y eficaz), a una tutela judicial efectiva y a la obtención de una sentencia útil a sus legítimas pretensiones, por ser sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. La plena realización de esos derechos y garantías, no son posibles, por las groseras maniobras dilatorias de la defensa que venimos poniendo de resalto a lo largo de este interminable litigio, que tienen por único fin: la impunidad biológica de la imputada Noemí Lucia Alvarado, de 81 años de edad”.
ASÍ NO PRESCRIBE
Cabe remarcar que, siendo el Abuso Sexual contra las Infancias (ASI) un delito de instancia pública y por el cual el Estado debe accionar de oficio, desde las organizaciones que nuclean a víctimas y sobrevivientes, así como referentes del tema alertan sobre la tasa de subregistro, por un lado, es decir la mayoría de los ataques no son denunciados, y por otro, los retrasos y e inacción por parte del Poder Judicial. Se calcula que en nuestro país se esclarecen entre el 1% y el 2% de los delitos que se denuncian, no de los que se comenten.
Asimismo, en el requerimiento de elevación presentado por el fiscal Cáceres se da por comprobado que Rosalía Alvarado concurría al domicilio donde vivían su tía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo “Daniel Victorio Pacce y que esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a Rosalía Alvarado a la habitación matrimonial para facilitar y/o participar en los abusos perpetrados contra la víctima”.
