El acuerdo que alcanzaron rectores y gremios docentes con el gobierno divide las aguas al interior de la comunidad universitaria. De un lado, quienes celebran una mejora en los bolsillos de trabajadores que atraviesan una situación realmente límite, lo mismo en las becas estudiantiles y en los gastos de funcionamiento; más la liberación de una partida de dinero para hospitales universitarios que hoy están restringiendo su atención por falta de recursos.
Del otro, quienes denuncian que lo que se hizo fue ceder a una extorsión, y que la Corte Suprema -en cuyas manos está la decisión sobre una ley doblemente ratificada por el Congreso e incumplida por el gobierno- tiene ahora los elementos para planchar el tema ad eternum, una vez que se sacó de encima el argumento de la urgencia y el peligro en la demora.
De ese lado están quienes incluso encuentran en una presión de los jueces el origen de esta repentina “apertura de billetera”, en un Ejecutivo que se niega a hacer lo mismo en otros temas acuciantes como discapacidad.
Del otro, quienes razonan que fue la impresionante movilización y apoyo ciudadanos, el prestigio y el valor que en este país mantiene la universidad pública, laica y gratuita, los que torcieron voluntades y climas políticos para lograr abrir esa billetera.
Unos y otros coinciden, eso sí, en que el acuerdo no es suficiente y tampoco es un punto de llegada: el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento es el objetivo a alcanzar.
En lo inmediato, la Conadu levantó las medidas de fuerza tras el acuerdo, pero la Conadu Histórica y la Asociación Gremial Docente de la UBA ratificaron que esta será otra semana completa de paro.
EL ACUERDO
En lo salarial, la paritaria rubricada por representantes gremiales incluye un aumento del 21,33% en junio, otro 3% en octubre y la promesa de paritarias en septiembre. En bruto, desde junio la dedicación exclusiva pasa a 1 millón y medio de pesos; la semi 750 mil pesos; la dedicación simple 375 mil pesos.
Además, los rectores acordaron una suba del 50% en las becas estudiantiles y un 20% en gastos de funcionamiento. Y una partida de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios.
El aumento alcanzado es cerca de la mitad del que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena tener en cuenta la inflación acumulada desde que asumió Milei. Se calcula que para empatar con diciembre de 2023, el incremento debería rondar el 53%. En todo este tiempo, y hasta este acuerdo, el gobierno se ha negado sistemáticamente a abrir paritarias.
Sobre las becas estudiantiles “Manuel Belgrano”, la actualización lleva el monto, que estaba congelado en 81.685 pesos, a 122.527. Este incentivo económico está pensado para jóvenes de bajos ingresos que estudian tecnicaturas o carreras de disciplinas específicas.
El caso de los hospitales es límite: en mayo, los directores de los tres hospitales de la UBA dieron una inusual conferencia de prensa para denunciar que el Gobierno nacional aún no había enviado partida alguna para el funcionamiento de estos centros de salud que atienden más de 700 mil pacientes por año. Calcularon entonces que tenían recursos para funcionar por 45 días más.
Las universidades de Córdoba, La Rioja y Cuyo -en Mendoza- también tienen hospitales escuela; los 50 mil millones de pesos se deben liberar de acuerdo a una fórmula de distribución establecida en el acuerdo. (Fuente: Página 12)
