Las comunidades San Juan y Eva Perón tienen población de los pueblos Wichí, Guaraní y, en caso de la segunda, también criolla, mientras que Cherentarareta es parte del Pueblo Guaraní. Las tres reclaman un territorio originario de 20 hectáreas en la localidad de Embarcación, que aseguran fueron relevadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como parte del territorio de ocupación ancestral.
Estas comunidades denunciaron que el lugar fue usurpado desde mediados del año pasado por un empresario (quien sería dueño de un supermercado y corralones), que desmontó el lugar y desarmó la vivienda de una familia que habitaba ahí.
Clara Escala es miembro de la comunidad Eva Perón, contó que su familia vivió históricamente en esas tierras que fueron ocupadas por Enrique Sánchez, quien dejó sin hogar a una familia viviendo allí y ha hecho funcionar el lugar como un camping.
Escala relató que Sanchez mandó a hacer un cerco. Además, dijo que desarmaron la vivienda de su madre, Angela Luna. Indicó que ahora, las dos están viviendo «al otro extremo de la finca en un ranchito de nylon». «Este hombre me quitó y me desarmó la casa», enfatizó.
La mburuvicha de la comunidad guaraní Cherentarareta, Aurelia Cardozo, dijo que junto a otras referentas en el Consejo de Mujeres que formaron, se organizaron para manifestarse todos los días y reclamar la devolución de este territorio. «El territorio está dentro del relevamiento. Las tres comunidades figuran adentro», añadió.
Las comunidades hicieron una denuncia en la comisaría de Embarcación. Dijeron que intervino la fiscala Gabriela Souto, que sacó una disposición de no innovar y prohibición de acercamiento para las dos partes, pero aseguran que el empresario la incumple y ya desmontó en un 80 o 90% el lugar porque usa la madera para un negocio de muebles.
«Ellos siguen avanzando», manifestó por su parte la presidenta de la comunidad San Juan, Pascualina Cabrera. La referenta dijo que reclaman las hectáreas porque es «territorio nuestro». Se quejó de que no les estén apoyando los organismos de pueblos indígenas de la provincia y de la Nación, a los que ya informaron de este conflicto territorial.
