El gasto público nacional acumuló una caída del 31 por ciento en términos reales durante los primeros 9 meses de 2026 respecto del mismo período de 2023, antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Sin embargo, el ajuste no fue uniforme: mientras se redujeron los recursos destinados a hospitales, universidades, programas sociales y obras de infraestructura, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) registró un incremento del 63 por ciento. Al mismo tiempo, los servicios de la deuda pública aumentaron su participación dentro del presupuesto nacional.
Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta septiembre. El relevamiento muestra que el gasto total prácticamente no tuvo modificaciones respecto de 2025, con una disminución real del 0,3 por ciento.
Una de las principales diferencias aparece en la distribución de los recursos. Los servicios de la deuda pública representaron el 11,2 por ciento del gasto ejecutado, frente al 8,8 registrado durante los primeros 9 meses del año pasado. En términos reales, estas erogaciones aumentaron 27,8 por ciento interanual, mientras que el presupuesto destinado a distintas funciones sociales y económicas continuó bajo presión.
El contraste también alcanza a los organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo. La SIDE recibió 63,2 por ciento más recursos que en 2023 y registró un crecimiento del 21 por ciento respecto de 2025. En cambio, la Agencia de Acceso a la Información Pública sufrió una reducción del 43,3 por ciento, la Defensoría del Pueblo del 40,5 y la Auditoría General de la Nación del 19,7.
Hospitales y programas sociales
El sistema sanitario aparece entre los sectores afectados por la reducción presupuestaria. La Superintendencia de Servicios de Salud perdió 73,4 por ciento de sus recursos reales respecto de 2023, mientras que la ANMAT registró una caída del 35,6 y el Instituto Malbrán del 30,4.
La situación también alcanza a los hospitales nacionales. El Hospital Laura Bonaparte tuvo una disminución del 52,7 por ciento, el Baldomero Sommer del 47,9, el Ramón Carrillo del 43,8 y el Posadas del 26,6. Como excepción, el INCUCAI recibió un incremento presupuestario real del 58,1 por ciento.
Los recortes se extienden a programas sanitarios específicos. Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles no registraron ejecución durante 2026. Por su parte, las partidas para responder al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y la lepra retrocedieron 43,9 por ciento.
En materia social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia perdió casi 75 por ciento de sus recursos, mientras que el presupuesto del INAES disminuyó 78,5 por ciento. La Prestación Alimentar cayó 36,2 por ciento y los fondos para comedores comunitarios y merenderos se redujeron 57,5.
El ajuste también alcanzó a la seguridad social. Las prestaciones previsionales registraron una disminución real del 4 por ciento respecto de 2023, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor perdió 34,2 y las pensiones no contributivas retrocedieron 24,3. Las asignaciones familiares, en cambio, mostraron un incremento del 13,3 por ciento.
Obra pública y provincias
La obra pública presenta algunos de los retrocesos más pronunciados. La Dirección Nacional de Vialidad perdió 81,5 por ciento de sus recursos reales. Los programas de construcción de rutas seguras disminuyeron 94,2 por ciento y las obras de pavimentación 93,1, mientras que determinadas partidas para seguridad vial e infraestructura municipal directamente no registraron ejecución.
El informe también identifica una fuerte reducción de las transferencias a las provincias y municipios. La asistencia financiera destinada a estas jurisdicciones cayó 99,8 por ciento respecto de 2023, mientras que los fondos para cooperación y asistencia técnica municipal disminuyeron 97,4.
Fuente: Página 12
