Hoy, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (TOF) en Irigoyen 33, se reanudarán los debates del proceso judicial vinculado con el juzgamiento por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado denominado causa Caballero II, cuarto juicio en la región sobre la temática.
Los hechos que se juzgan fueron perpetrados en la órbita del excentro clandestino de detención que funcionara en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, en Marcelo T. de Alvear 32, en la actualidad sede de la Comisión Provincial por la Memoria (cerrada al público por retraso en las tareas de restauración).
Si bien originalmente se había programado para la fecha la declaración del exdetenido político Osvaldo Uferer, a última hora la misma se pospuso para el 10 de marzo, por lo que hoy sólo tendrá lugar la ampliación indagatoria del represor Luis Alberto Patetta exteniente primero del Ejercito, ya condenado a 25 años de prisión por torturas en la ex Brigada y perpetua por su participación en la Masacre de Margarita Belén.
La audiencia anterior, la Nº 20 del juicio, tuvo lugar el 16 de febrero, en la cual el exdetenido Ricardo Ilde incriminó a varios de los imputados en hechos de secuestros, torturas y violaciones. Respecto de los abusos a detenidas, señaló: “Recuerdo comentarios de varias compañeras sobre violaciones, era una práctica sistemática”. La cuestión reviste importancia capital dado que desde la Fiscalía Federal se requirió la incorporación del aberrante delito como crimen de lesa humanidad.
MANADER
La última novedad en la causa fue que el tribunal dio trámite a la nota presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia a principios de mes, para el cese del beneficio de prisión domiciliaria concedida por el juez Iglesias al imputado Gabino Manader. La medida implica que el tribunal, integrado por los magistrados Eduardo Belforte, Aldo Alurralde y Juan Manuel Iglesias (con la doctora Deogens como cuarta juez), deberá correrle vista a las demás partes en el proceso y tratar la cuestión, tarea en la que la jueza deberá suplantar a Iglesias por haber sido quién autorizó la excarcelación de Manader, ya condenado por torturas a 25 años en la Causa Caballero I y sindicado como uno de los “jefes” de la “patota de torturadores” organizada en torno a la ex Brigada de Investigaciones.
“De acuerdo al estado de la presente causa (y las acumuladas) y a la obligación constitucional, convencional y legal del Estado argentino de perseguir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y que dicho mandato se cumpla neutralizando cualquier posibilidad de riesgo procesal de evasión, solicitamos se mantenga la prisión preventiva de los imputados (acusados y condenados -en otras causas-) en las correspondientes unidades penales donde se encuentran detenidos.
En todos los casos debemos reseñar, que estamos ante delitos cometidos como parte del plan sistemático del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar”, solicita el documento, presentado por el abogado Paulo Pereyra, querellante en la causa en representación de la Secretaría de DD. HH., cuyo titular es el exdetenido político Juan Carlos Goya.
Así las cosas, se dan por incorporados al expediente varios temas de importancia que fundamentan por qué debe revocarse el beneficio al represor, entre cuales destaca el pedido de la Fiscalía Federal respecto de que se debe tomar en cuenta el dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – resolvió que el cuadro de salud de Manader no reviste riesgo alguno de permanecer en prisión – por sobre la opinión de los médicos del Servicio de Asistencia de la U7, integrantes de la fuerza policial, que apoyaron la excarcelación del ex oficial mayor.
El Ministerio Público Fiscal también presentó un recurso ante Casación en el que se exponen ese y otros puntos por los que se pide la cárcel efectiva del represor por “riesgo de fuga latente”, posibilidad cierta de entorpecimiento de la investigación y por seguridad de los testigos víctimas, entre otros.
A principios de septiembre del año pasado Luis Alberto Patetta, declaró por video conferencia desde el Penal de Campo de Mayo durante casi una hora, en la cual expuso una suerte de alegato en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad sobre la base de una profusa (y por momentos confusa) jurisprudencia.
Una defensa técnica más que material, de la que no se salvaron ni los fiscales (“fiscales ilegales” los llamó), ni el juez de instrucción, (planteó su recusación) y en la cual se negó a contestar preguntas sobre los hechos concretos por los que se lo acusa, secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Es de esperar que su ampliación indagatoria de la fecha repita el mismo “modus operandi”.
