Opinión

Una vez más la variable es la salud y la vida de trabajadoras y trabajadores

Justicia Legítima Nordeste expresó su contundente rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que baja el cálculo de indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo. “Esta reforma afecta las garantías constitucionales”, sostuvieron en un documento difundido este miércoles.

“Lamentamos que las herramientas institucionales se utilicen para favorecer a sectores reducidos y que la preocupación del gobierno nacional sea la rentabilidad de las empresas”, sostuvieron desde Justicia legítima Nordeste, en un documento que reproducimos a continuación:

 

«Desde Justicia Legítima Nordeste expresamos nuestro rechazo al DNU 669/19 dictado por el presidente Mauricio Macri que produce la baja del cálculo de las indemnizaciones en caso de accidentes laborales que provoquen incapacidad o muerte de la persona trabajadora. Esta medida produce un ajuste significativo en la forma de calcular la indemnización que perjudica a las familias trabajadoras, siendo de aplicación retroactiva. Frente a la creciente inflación, los nuevos índices pulverizan el valor de la reparación. Perdiendo todo sentido la indemnización.

Con esta reforma se afectan las garantías constitucionales, el principio de indemnidad, según el cual un ser humano debe salir ileso de una relación laboral y el Estado debe velar por ello y no las ART, cuya finalidad es su rentabilidad. Se afecta además el Principio de Progresividad y no regresividad, contemplado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a cuyos convenios a adherido la Argentina e incorporado al bloque constitucional.

El fundamento utilizado para el decreto dice “que ante los recientes acontecimientos económico-financieros que son de público conocimiento, es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo…”, nos preguntamos a cuál equidad se refiere. Carga sobre la persona trabajadora las consecuencias negativas económico-financieras, justamente generadas por el equipo económico designado, por el mismo autor del Decreto. Pretende asegurar la rentabilidad de las empresas aseguradoras de riesgo de trabajo, que son responsables del aumento de los juicios laborales al generar un altísimo nivel de rechazo. La consecuencia es la existencia de 337 mil expedientes que son familias esperando una resolución a un problema grave que afecta sus ingresos. Constituyen más del 55% la no aceptación de las presentaciones que hacen los trabajadores ante sus respectivas ART y las comisiones médicas.

Llama la atención que esta norma se dicta a seis días del derrumbe de una obra en construcción, de la cual resultaron un hombre muerto y al menos 13 heridos, a cargo del ministerio de Transporte de la Nación, junto a Aeropuertos Argentina 2000. Una de las empresas involucradas es TLGT S.A., que el año pasado compró el 82% de las acciones Caputo S.A., ex funcionario del Presidente Mauricio Macri y su “amigo del alma”.

Desde nuestro espacio lamentamos que las herramientas institucionales se utilicen para favorecer a sectores reducidos y que la preocupación del gobierno nacional sea la rentabilidad de las empresas. Esperamos que en nuestro país vuelva el debate y la discusión a su lugar natural que es el Congreso y que dejemos atrás la descalificación y la chicana política. Hace poco tiempo quisieron instalar la falsa idea de que existe una “industria del juicio” como excusa para generar ajuste. Queremos volver a discutir la utilidad de este sistema poniendo el eje en la situación de fondo: la enfermedad, debe dejar de ser un gran negocio. Se debe garantizar una prevención eficaz y para ello necesariamente es de suma importancia, la participación de las y los trabajadores como sujetos de derechos colectivos»

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

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