La Asociación Civil Justicia Legítima difundió un comunicado en el que dejó sentada su posición respecto de actos de «violencia de género sucedidos en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal» que pasamos a difundir; «Las mujeres integrantes de la Asociación Civil Justicia Legítima, con el apoyo de la totalidad de los miembros de nuestra agrupación, expresamos nuestro más enérgico repudio a los graves actos de violencia de género sucedidos en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal, los que adquieren especial relevancia por darse en un tribunal entre cuyas funciones está, precisamente, la de hacer cumplir las leyes que apuntan a erradicar tales conductas lesivas y discriminatorias».
A su vez nos solidarizamos con todas aquellas que, dentro de las estructuras del Servicio Público de Administración de Justicia, padecen estas prácticas lamentablemente frecuentes, que dejan en evidencia lo arraigado y naturalizado que se encuentran los modos patriarcales y machistas.Por eso valoramos y acompañamos la valiente actitud de las mujeres que denuncian esas situaciones de violencia, en un claro grito de reivindicación de su dignidad.
Finalmente bregamos por la rápida implementación al interior del Servicio Público de Administración de Justicia, de la “Ley Micaela” (Ley 27499) que establece la obligatoriedad de la capacitación en temática de género, e instamos a todas las agencias del Estado a asumir la responsabilidad de garantizar “los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces” (art 7 inciso g) de la Convención de Belem Do Pará)».
«DETERIORO INSTITUCIONAL»
En línea con lo que viene sosteniendo sobre esta materia, Justicia Legítima también expresó su «honda preocupación por el evidente y progresivo deterioro de la vida institucional, democrática y del Estado de Derecho en la Argentina».
En ese sentido, sostuvo que » De comprobarse las noticias que a diario aparecen en los medios de comunicación, se estaría frente a un grado avanzado de corrosión de las estructuras del Servicio Público de Administración de Justicia tan profundo, que pone en riesgo la esencia misma del sistema republicano de división de poderes.La mera posibilidad de que funcionarios y magistrados de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial de la Nación hayan podido incurrir o tolerar actos abusivos y de intromisión de otros poderes para promover y/o direccionar causas judiciales con aptitud para afectar la libertad personal, el honor y los bienes de las personas, merece el más enérgico repudio y la exigencia de un total e incondicional apoyo a jueces y juezas que llevan adelante las investigaciones sobre tales hechos».
