Susana Ozic, hija de una mujer de 80 años víctima de violencia de género, pide el desalojo de su padre del domicilio de su mamá. La causa llegó hasta el STJ, pero deben esperar tres meses para una resolución y temen por sus vidas. «Decidimos salir a los medios porque es algo que nadie puede entender lo que nos estamos pasando», aseguró Susana Ozic.
La mujer relató que durante mucho tiempo atravesaron situaciones de violencia y hace 14 el Juzgado del Menor y la Familia dispone que su padre se retire del hogar a partir de un hecho de violencia que tuvo como víctima a su hermana. No obstante, el Juzgado Civil N°1 le permite trabajar en un taller mecánico que está ubicado en el patio del domicilio.
«Desde 2008 vivimos bajo amenazas porque él nos sigue hostigando, no hay nada que explique el hecho de que esté ahí», señaló. Además, agregó que la abogada del acusado deja pasar las instancias y las causas las lleva al Superior Tribunal, donde siempre se planta a favor del denunciado
La mujer contó que solamente estuvo detenido dos días, en 2017, en la Comisaría de la Mujer, por amenazas, hechos que suceden a seguido.
Ozic explicó que el Superior Tribunal de Justicia le permite estar en el domicilio y José Ozic realiza distintas amenazas a la familia, contando con antecedentes de violencia. «Él siempre expone que está protegido por la familia Modi, algo que no se explica», subrayó.
Susana Ozic también comentó que debieron instalar un sistema de cámaras para poder registrar los hechos de violencia ya que en el juzgado no «creían» lo que se les contaba.
Desde el Superior Tribunal de Justicia les informaron que en tres meses se estaría resolviendo la situación, lo que, de cara a la feria judicial, se extendería, algo que hace que la familia viva con temor.
José Ozic cuenta con una perimetral de 300 metros que impide su acercamiento tanto a su ex esposa como a sus hijas y nietos. Las contradicciones judiciales se evidencian en un caso donde la víctima es una adulta mayor teniendo como victimario a un hombre con antecedentes de violencia y aparente impunidad.
Además, contó que nunca recibieron un botón antipático, bajo la excusa de que no se encontraba con pilas.
La causa se originó en el Juzgado de Familia N° 1 de Resistencia por violencia familiar y sirvió para que dicho juzgado dicte una restricción de acercamiento al hogar. Sin embargo, el denunciado apeló en el fuero civil en dos instancias y logró continuar viviendo en la propiedad donde ocupa el 70 por ciento ya que allí funciona un taller mecánico.
«A las víctimas nadie le cree, desde la policía hasta los mismos jueces y lo único que pedimos es poder vivir tranquilos en nuestra casa», sostuvo Susana Ozic. (Fuente: Radio Libertad)