“Denunciamos que solo en lo que va del 2018 se produjeron ocho muertes, lo que llamados ´muertes en contextos de encierro´, no decimos que lo mataron, decimos que cuando una persona que ha cometido un delito y cumple una pena, su integridad y seguridad es responsabilidad del Estado”, afirmó en diálogo con Radio Natagala.
Alvares indicó que de esas ocho muertes, relevadas por el Comité, ninguna de ellas ha sido violenta: “son muertes que se produjeron por suicidios y problemas de salud, como el caso de hace 10 días, el interno que falleció por una dolencia cardiaca, nosotros nos preguntamos si recibió atención médica apropiada y obligatorias”, sostuvo.
En ese sentido, la titular del CPTCh remarcó el pedido de declaración de emergencia ante la situación de precariedad tanto en la Alcaidía de Resistencia como en las comisarías. “Es una situación angustiante recordemos que el ministro de Seguridad Barsesa aseguró que en este momento tenemos alrededor de 1100 personas detenidos en comisaria, que no son lugares de detención”, expresó.
Para ello, señaló que “la custodia del Estado debe cumplirse”: “Si esa persona tiene algún tipo de padecimiento o inconveniente, el Estado tiene que demostrar que no ha tenido que ver con esa muerte. Es decir que su tuvo un problema de salud recibió las misma atención médica que cualquier persona y si tiene padecimiento mental si ha recibido la asistencia psicología y de contención para evitar por ejemplo los suicidios”, enfatizó.
Para los casos de suicidios, Alvares manifestó que existen los diálogos de cooperativo que se dan con las autoridades del Estado y del Servicio Penitenciario “como respuesta se puso en marcha un programa de prevención porque el suicidio en el contexto de encierro es una realidad y se lo mira con mucho cuidado por las connotaciones que tiene de salud mental de las personas encerradas y los posibles caso de hostigamiento o la no atención de la persona suicida, lo que llevaría a una violencia institucional”.
Asimismo, por los dichos del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Néstor Daniel Florentín, quien desmintió el hecho y dio detalles del detenido, Álvarez, aclaró que “venimos solicitándole a las autoridades del Servicio Penitenciario, comenzamos a trabajar con diputados tendientes a declarar la situación de emergencia, no pedimos la renuncia porque no nos corresponde pero si hacer las advertencia y llamar a la mensura y pedir al Estado que habilite un espacio diario para conversar sobre las condiciones y tomar decisiones”.
