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Violencia institucional: reclaman justicia por la muerte de Claudio Vargas  

El 13 de mayo de 2018, Claudio Vargas fue detenido en Villa Ángela por la Policía de la localidad en confuso hecho, que tuvo como desenlace su ingreso al hospital local sin signos vitales. En contacto con elDIARIO de la Región, familiares denuncian que fue muerto a golpes por cuatro agentes y que la causa está virtualmente detenida a dos años del hecho. Requieren la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y piden el apartamiento de la fiscal Gisela Oñuk.

El 13 de mayo de 2018, Claudio Vargas festejaba su cumpleaños N° 41 con un grupo de amigos en Villa Ángela, sin saber que ese sería su último día con vida. Según pudo saber este medio, luego de contactar a sus deudos y comunicarse con integrantes de la agrupación Sin Justicia de Villa Ángela, en un confuso episodio, Claudio fue “levantado” del festejo por cuatro agentes de la Policía provincial y lo siguiente que se supo de él fue que lo ingresaron ya sin vida al nosocomio local.

“Estamos seguros que lo mató la Policía. Que lo golpearon y se les fue la mano o lo que es más grave aún, que quisieron matarlo”, señalaron. “Nunca se investigó el crimen, sino que lo investigaron a mi hermano. La fiscal dijo que murió de sobredosis, pero el informe forense indicó negativo para cualquier sustancia. Mi hermano estaba solo y desarmado en el piso. Y hay marcas de que fue muerto precintado de pies y manos. Nunca pudimos ver su cuerpo antes de que lo lavaran”, afirmó Mariela Vargas, hermana de Claudio. La familia sostiene que toda la causa existente es en realidad una causa “inventada” cuando Vargas ya estaba muerto.

Su familia lo recuerda como un tipo sano y alegre, con sensibilidad por el arte y activa participación en la vida teatral de su localidad, siendo además docente en esa disciplina. “Su mayor alegría era formar a los jóvenes en la actividad teatral. Formó parte del elenco, en la reedición a partir de 2013 de la obra Los Perros, de Carlos Schwaderer, Premio Nacional de Teatro 1993”.

Si bien no les permitieron ver el cadáver, lo que pudieron reconstruir es que presentaba signos de haber sido golpeado y atado de pies y manos. Un informe de la Policía señaló como causa de muerte el “abuso de drogas”, pero otro informe del Instituto Médico Forense y del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial no halló rastros de estupefacientes y consignó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio.

RETRASOS

Luego de peregrinar por cuanta instancia judicial pudieron acceder: denuncias en la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, y Villa Ángela, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la gestión anterior, y ante el Comité de Prevención de la Tortura (cabe aclarar que en este momento no había expediente todavía), y con más de diez marchas acuestas a más de dos años del hecho, no se registran avances en la causa.

Ni siquiera está caratulada como averiguación de causa de muerte o muerte dudosa, sino que figura como una denuncia de una tercera persona. Por ello, la familia Vargas plantea sus legítimas quejas ante lo que consideran un nulo avance de la causa “plagada de irregularidades”.

Afirmaron que no les fueron devueltas las pertenencias de Vargas y temen que ante la inacción procesal la investigación termine prescribiendo. Los acusados no fueron investigados y siguen en funciones.

Por ello, exigen el apartamiento de la fiscal Gisela Oñuk y la constitución de querellante de la Secretaría de Derechos Humanos en tanto se trata de un caso de violencia institucional. Según pudo saber este medio, la Secretaría de la provincia fue contactada por la familia y se espera un avance en ese sentido.

Asimismo, la familia cuestiona en duros términos la labor de Oñuk: “Tenemos la seguridad que la fiscal ha faltado a su deber de funcionaria pública y por la forma en que manejó la investigación, debería ser apartada de la causa y merece juicio político”.

En contacto con elDIARIO de la Región, la fiscal sostuvo por toda opinión que “la familia tiene el derecho a realizar las consideraciones pertinentes. Y la fiscalía plasmó toda la investigación realizada en un expediente donde la familia fue parte querellante desde un primer momento, incluso en la autopsia propusieron médico de parte”. La razón de ello se basa en que consideran que el expediente fue prácticamente detenido y se obviaron procedimientos protocolares ineludibles.

El año pasado, una comitiva de la Legislatura llegó a entrevistarse con los Vargas, pero luego del recambio de representantes y pandemia mediante, no hubo mayores novedades. Así las cosas, la familia Vargas sigue exigiendo Justicia y todavía espera.

 

 

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