El intendente de Corzuela, Rafael Carrara, volvió a desobedecer un fallo judicial y se negó a reincorporar a las trabajadoras municipales, como había dictaminado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ante esto, la abogada que lleva el caso por parte de la ATE Chaco, Ivana Balberdi, hizo foco en el desinterés del Poder Ejecutivo provincial en hallar alternativas que permitan garantizar el bienestar de las trabajadoras y anunció que se inició una denuncia penal contra el jefe comunal de la localidad.
“Al principio los funcionarios mostraban cierto interés, como también el secretario de Municipios (Rodrigo Ocampo), pero de golpe dejaron de atender los teléfonos. Llama la atención porque ellas trabajaron para que el gobernador esté donde está, para que los funcionarios estén donde están. Por eso el agravio y la injuria que sienten estas mujeres son mayores”, expresó Balberdi al programa EscuchATE. “Como fracasó la instancia política de resolución, acudimos a la Justicia”, añadió.
A su vez, la letrada enfatizó, “el gobernador después de las denuncias ha hecho múltiples visitas a Corzuela. Incluso en estas ocasiones – cuando intentaban entregarle un petitorio por ejemplo – las trabajadoras han sido violentadas y han recibido ataques físicos”. “Entonces al margen de las cuestiones legales, estas chicas tienen una desilusión con respecto al gobernador, porque ellas son militantes justicialistas y han trabajado para él. Me llama poderosamente la atención la falta de empatía, el poco interés en arribar a una solución”, finalizó.
