El fiscal Sergio Cáceres Olivera, en contacto con elDIARIO de la Región, confirmó que esta semana se llamó a declaración a los cuatro policías implicados en el hecho de brutalidad policial en el barrio de Fontana hacia una familia de origen qom. Indicó que los cuatro imputados se abstuvieron de declarar.
Además, señaló que se están “gestando medidas probatorias para seguir verificando qué pasó después de ese video (el que fue publicado de forma masiva por redes sociales y medios televisivos), en la comisarías y qué pasó antes”, así como si existen otros responsables.
Es posible que en el transcurso de esta semana y la siguiente se pidan las grabaciones y toda otra prueba que pueda otorgar la Policía.
COMUNICADO
El Parlamento Plurinacional de Pueblos Originarios, compuesto por diferentes organizaciones y comunidades del país, emitió ayer un comunicado dirigido al Gobierno chaqueño, particularmente al primer mandatario Jorge Capitanich, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar y la secretaria de Derechos Humanos y Género, María Silvana Pérez.
Indicaron que vieron a través de videos y medios de comunicación ocurrido a una familia qom en Fontana. “Éstos hechos no son aislados. Organizaciones de Derechos Humanos nos transmiten que lamentablemente es casi cotidiano el inadmisible y totalmente repudiable accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia”, manifestaron.
En el extenso texto, detallaron los hechos ocurridos en abril en la estancia Don Panos, cerca de Presidencia Roca: “el hermano qom Edgardo Peñaloza, de 17 años, fue al monte a ‘mariscar’, recolectar frutos y cazar. La estancia se encuentra ubicada en la cercanía de Presidencia Roca y es propiedad de United Agro. Estando en el monte, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña, quienes lo balearon por la espalda, hiriéndose de gravedad y dejándolo al borde de la muerte. Edgardo fue trasladado de urgencia a Resistencia y permaneció una semana en terapia intensiva. Los perpetradores de este incalificable delito están en libertad y ni siquiera fueron indagados ni procesados”.
El mes pasado, remarcaron, la movilización en El Sauzalito de la Guardia Comunitaria Whasek “denunciando la complicidad policial con el tráfico de drogas y en reclamo por falta de agua potable y postas sanitarias. La policía provincial reprimió la protesta y detuvo a uno de sus referentes, José Peñaloza, liberado dos días más tarde. “Peñaloza fue desnudado y colgado toda la noche hasta el amanecer. La Guardia Comunitaria visibilizó la arbitraria e ilegal detención y las torturas. La Fiscalía del Pueblo de Sauzalito se negó a tomarle la denuncia y la Fiscalía de Nueva Pompeya se negó a brindarle asistencia legal”, afirmó el Parlamento.
“Nos llama mucho la atención que la opinión pública no haya recibido siquiera una mención de éstos condenables actos por parte de ustedes como autoridades máximas de la provincia”, destacaron dirigiéndose de forma particular a las personas públicas a quienes dirigieron la carta.
“Estos hechos deben ser investigados y las víctimas atendidas y resarcidas. Tales hechos constituyen delitos penados por leyes nacionales (la Constitución Nacional establece con firmeza los derechos que nos asisten como Pueblos Originarios preexistentes al estado argentino) y convenios internacionales (Leyes Internacionales contra la Tortura, Convevio 169 del OIT, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas), de los cuales Argentina es signataria”.
Hablaron de la “deuda histórica con los pueblos originarios, que hemos sido víctimas de violentas campañas militares, secuestros, abusos, robo de niños, despojo de nuestros territorios ancestrales y medios de subsistencia”.
Al finalizar, subrayaron que el mismo comunicado será remitido a la Presidencia de la Nación, para que “se investiguen estos hechos, se tomen las medidas necesarias, se preste la debida asistencia a las víctimas y sus familiares, y se procese de acuerdo a las leyes a los policías que han cometido tan aberrantes delitos”.
