«Decidimos junto a las distintas organizaciones, sindicatos y centrales salir a las calles de todo el país para visibilizar la realidad de nuestros sectores e intentar que el gobierno desista de avanzar sobre el salario de miles de argentinos que subsisten en el marco de una crisis económica, política y social sin precedentes», remarcaron desde las organizaciones.

La nutrida convocatoria se hizo visible en la zona de acceso al centro comercial Sarmiento y, en simultáneo, a la vera de las rutas en varias localidades.

Entre los sectores presentes, estuvieron integrantes de la CGT, las dos CTA, la Multisectorial, la UTEP, la CCC, Fenat, el Frente Barrial, Libres del Sur, el PO y el MTR, entre otros.

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Bajo el lema «Alquilar en tiempos de libre mercado. Cómo estamos los hogares inquilinos y qué opinamos», la encuesta se realiza de manera trimestral. Según los últimos resultados, el 29,7% de los hogares que alquilan acumula al mismo tiempo sobrecarga del alquiler, deudas, mora y/o mudanzas forzosas. La constante es que los alquileres superan a la inflación mes a mes.

Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, remarcó: «Las encuestas trimestrales revelan la profundización de la crisis habitacional mientras el mercado mantiene rentabilidades por alquiler en sus máximos históricos. La discusión sobre el acceso a la vivienda merece ser central para un proyecto de país igualitario y justo».

Uno de los principales problemas es el endeudamiento de las familias inquilinas. El 73% tiene deudas: 55% se endeudó para comprar comida, 37% lo hizo para pagar el alquiler. El 55% de los hogares inquilinos está atrasado en el pago de sus deudas y 80% de quienes se endeudaron para pagar expensas tampoco pudo ponerse al día.

Días atrás el vocero Adrián Ravier se refirió al tema del endeudamiento familiar, pero le echó la culpa a los ciudadanos: “A veces, la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”. Según expresó, la solución a este problema es entender que “hay un proceso de aprendizaje” que la población todavía no entendió.

El diputado nacional (UxP) y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, le respondió a Ravier: «Las familias no caen en la morosidad porque están aprendiendo a usar el crédito. Se endeudan para comprar comida, remedios y pagar servicios básicos porque este gobierno desató una tormenta perfecta: aumentos de precios y tarifas, cepo a los ingresos con paritarias pisadas y destrucción del salario real y tasas de interés liberadas».

«Esta es la combinación que provocó una crisis de deuda familiar inédita. En lugar de brindar una solución tratando en la Cámara de Diputados los distintos proyectos presentados sobre el tema, el oficialismo se burla de la gente a través del vocero presidencial. Lo único que les falta es ponerlo a Adorni para asesorar a las familias en el manejo de sus ingresos», acotó.

Un reporte de la Cámara Argentina Fintech muestra que la morosidad en préstamos de billeteras virtuales superó el 30 por ciento. Otro, de JP Morgan, refleja que los atrasos en pagos de más de 90 días escalaron al 8,7% en créditos de Mercado Pago: un año antes estaban en el 1,8 por ciento.

Los desalojos

A la situación crítica del endeudamiento y los alquileres desregulados que crecen sin freno se suma el de los desalojos: el 20% (1 de cada 4 hogares) sufrió desalojo económico en los últimos tres meses, de acuerdo con la Encuesta de Inquilinos.

¿Cómo se sostienen las familias? El 47% posee más de dos trabajos. En promedio, cada persona destina el 40% del salario al alquiler. El 48,5% destina la mitad o más. El 15% perdió algún empleo en el último año. Y un tercio sumó un empleo adicional en estos doce meses.

El 78% tiene contratos que se actualizan cada tres o cuatro meses y el 71% se maneja con contratos de dos años. La imposibilidad de pagar el alquiler derivó en fenómenos sociales como las viviendas compartidas, familias enteras que viven juntas, hijos que vuelven a lo de sus padres, o inquilinos que deben mudarse a ciudades más alejadas de CABA para costear el alquiler.

De fondo lo que subyace es la explosión que generó el cambio en la Ley de Alquileres por parte del Gobierno. El 96% rechaza la actualización por inflación: la mitad prefiere atarla a una mesa de negociación entre el Estado, inquilinos y propietarios, el 57% quiere aumentos anuales, 84% pide contratos de 3 o 5 años (hoy el 71% tiene contratos de 2 años) y el 85% considera que el inquilino no debe pagar expensas.

Fuente: Tiempo Argentino

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La normativa instrumentada por la Secretaría de Energía redefine el marco regulatorio para la comercialización externa de recursos energéticos en Argentina en línea con la política desreguladora que viene implementando la administración de Javier Milei.

En el texto oficial, se explicó que el cambio normativo busca dar cumplimiento a los principios de libre mercado y libre concurrencia establecidos en el Decreto 70/2023 y la Ley Bases, limitando la intervención estatal solo a lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad del suministro.

El corazón de la reforma es la creación del Registro de Operaciones de Exportación, bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos. En este registro se asentarán todas las notificaciones de exportación, las eventuales objeciones y las «Constancias de Libre Exportación».

Los productos alcanzados por este régimen de registro incluyen: Aceites crudos de petróleo y de mineral bituminoso. Gasolinas (excepto de aviación). Gasoil. Propano (crudo y otros). Butano. Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La normativa derogó la Resolución 241/2017, bajo la cual, los exportadores debían demostrar que habían ofrecido previamente el producto al mercado interno antes de obtener el permiso de exportación. El Gobierno consideró que este mecanismo no cumplía con su finalidad de asegurar el abastecimiento y generaba distorsiones que no se adecuaban a los nuevos principios de libertad comercial.

Ahora, los permisionarios y concesionarios tienen el dominio sobre los hidrocarburos que extraen y pueden comercializarlos y exportarlos libremente, sujetos a un régimen de «no objeción» basado en criterios técnicos y económicos.

En este marco, se introdujo un procedimiento ágil realizado a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La autoridad podrá realizar alguna objeción dentro de 30 días hábiles para aceites crudos, gasolinas y gasoil y en un lapso de 7 días hábiles para propano, butano y GLP.

En caso de que la Secretaría de Energía no se expida en esos plazos, se aplica el silencio con sentido positivo, permitiendo al interesado exigir la emisión de su Constancia de Libre Exportación. Esta constancia otorga estabilidad a la operación, garantizando que el derecho a exportar no sea interrumpido durante el programa de embarques.

Para contratos que excedan los 12 meses, la norma exige documentación adicional, como contratos firmes y proyecciones de reservas probadas de las áreas de origen. Asimismo, para proyectos que requieran nueva infraestructura, se contempla una articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), facilitando los trámites a quienes ya hayan iniciado su adhesión a dicho régimen.

Fuente: NA

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La recorrida estuvo encabezada por el cosecretario general de la Uatre, Ángel Herrera y el delegado regional de la CGT Chaco, Adrián Bellomi. Ambos referentes constataron de primera mano la realidad de las 48 familias afectadas, quienes continúan sin percibir sus ingresos debido al contexto económico que impacta directamente en la operatividad del predio.

Pese a los intentos del sector sindical por establecer un canal de negociación, la gerencia local de la firma no brindó soluciones inmediatas. «Lamentablemente por parte de la empresa y de quienes están a cargo en Chaco no dieron respuestas positivas a una necesidad tan básica como lo es afrontar los salarios de estas 48 familias», explicó Bellomi.

Frente a este escenario de incertidumbre, las entidades gremiales priorizan las conversaciones formales, pero advierten sobre una posible escalada en el reclamo si no se regularizan las erogaciones correspondientes.

«Se ha adoptado como primera medida buscar solucionar esta situación a través del diálogo, pero de ser necesario veremos la posibilidad de llevar a cabo acciones para sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad de velar por que estas familias cobren como corresponde», remarcó el gremialista.

De mantenerse la falta de respuestas por parte de los gerentes de la firma, los gremios avanzarán en el corto plazo con medidas de presión directa en las instalaciones para garantizar el cumplimiento de los compromisos salariales atrasados desde mayo.

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La UTEP alude de ese modo a un fallo emitido por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que revocó una medida cautelar que obligaba al Gobierno a seguir pagando las prestaciones del VAT, y reemplazarlas por nuevo programa denominado “Formando Capital Humano”.

La Cámara de San Martín, con la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández avaló el planteamiento del ministerio en el sentido de que el programa tenía un «vencimiento de 24 meses» y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por «vouchers de capacitación» para cada trabajador.

“La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

El VAT entregaba mensualmente $78.000 mensuales a cada beneficiario, una cifra que se encontraba congelada desde 2023 cuando asumió el Gobierno de Javier Milei y este tipo de programas quedó a cargo del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.

Aludiendo al VAT, la UTEP denuncia que “eliminarlo por completo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: NA

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La decisión fue adoptada por la Sala V del tribunal, que hizo lugar a la apelación presentada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y revocó el rechazo de la medida cautelar que había dispuesto la jueza de primera instancia.

En consecuencia, los camaristas ordenaron “la suspensión cautelar del Decreto Nº 62/2025 hasta tanto se resuelva la presente acción”, al considerar que están reunidos los requisitos legales para dictar la medida.

El fallo no resuelve todavía la constitucionalidad del decreto, pero sí concluye que existen elementos suficientes para suspenderlo mientras continúa el proceso.

Un derecho reconocido por ley

Uno de los ejes de la resolución es que el DNU modificó de manera sustancial una ley aprobada por el Congreso y sustituyó un sistema que permitía evaluar cada caso en forma individual por una prohibición absoluta.

Los jueces señalaron que, “prima facie y en el reducido marco de conocimiento cautelar, se advierte que el Decreto Nº 62/2025 modifica una disposición legal y, como consecuencia de ello, establece una restricción absoluta de un derecho que el Congreso de la Nación había reconocido, sin justificación suficiente”.

Para la Cámara, esa circunstancia “podría constituir a priori un exceso en el ejercicio de facultades reglamentarias del PEN”.

El tribunal recordó que la versión original de la Ley 26.743 permitía el acceso de menores de edad a estos tratamientos, aunque bajo estrictos requisitos, con consentimiento, intervención judicial y controles específicos.

En cambio, el DNU estableció que “las personas menores de dieciocho años de edad no podrán acceder” a esos tratamientos.

La Cámara también puso el foco en la falta de fundamentos para modificar mediante un decreto un derecho reconocido por una ley.

Según sostuvo, “el decreto no menciona circunstancias excepcionales que ameriten un cambio legislativo de carácter permanente por esa vía”.

Además, observó que la norma “se limita a realizar referencias genéricas al interés superior del niño y a un informe técnico”, lo que “no resulta, en principio y prima facie, suficiente para justificar que el derecho sea restringido en forma absoluta, sin una ley en sentido formal”.

En ese sentido, el fallo remarca que “la ausencia de una ley modificatoria de la Ley Nº 26.743 no parece encontrar prima facie justificación suficiente en la motivación del decreto impugnado”.

Incluso recuerda la jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual los DNU sólo pueden utilizarse frente a circunstancias excepcionales y no por razones de mera conveniencia.

Al respecto, los camaristas destacaron que “la ley modificada data de 2012, hubiera sido conveniente que el DNU explicitara las razones que indujeron a su dictado”.

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El encuentro se llevó a cabo el 10 de julio en la sede de la entidad, ubicada en el barrio Gobernador Ferré de Resistencia. Ante la caída del consumo y la falta de circulante, la organización implementó un sistema alternativo para dinamizar los emprendimientos locales.

La cooperativa Arco iris se conformó originalmente en 2019, fundada por 14 mujeres emprendedoras enfocadas en la producción artesanal con materiales reciclados y la capacitación en educación ambiental. Según explicó su presidenta, Noelia Segovia, a la agencia Ansol, la razón social del proyecto se modificó tras la pandemia para profundizar la producción sostenible. Desde su origen, el colectivo se autogestionó sin percibir subsidios estatales, indicó la referente.

A partir de 2021, el espacio sumó actividades de fútbol social para infancias y consolidó la feria periódica con las madres de esos niños para apuntalar los ingresos de los hogares del barrio.

Moneda Cooperar

La moneda social Cooperar es un signo de intercambio que rige desde marzo en los circuitos de la feria de la cooperativa. De acuerdo con Segovia, el esquema surge como respuesta a la falta de dinero físico en la periferia de Resistencia, diferenciándose de la dinámica financiera de la zona urbana metropolitana.

Para evitar los errores de devaluación que sufrieron las cuasimonedas y los créditos durante la crisis del año 2001 en Argentina, la moneda Cooperar promovida por Cooperativa Arco Iris, funciona como una moneda fiduciaria interna con una equivalencia de 1 a 1 con el peso argentino.

El respaldo del valor de cambio (por ejemplo, 1000 cooperar equivalentes a 1000 pesos) está determinado directamente por los objetos de producción propia expuestos en la Feria Solidaria y Autogestiva.

Limitarse por el mercado

La actual política económica de apertura de importaciones introdujo mercadería de reventa a muy bajo costo, lo que complejiza la competencia para las costureras y cocineras de la cooperativa, quienes afrontan insumos encarecidos.

Según detalló la referente de Arte y Arco Iris, la organización debió readaptar sus reglas de mercado interno: actualmente permiten la comercialización de artículos importados específicos y de pequeña escala (como medias o termos) dentro del espacio de intercambio para sostener la concurrencia y la subsistencia de las familias asociadas.

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El fallo hizo lugar a la acción colectiva interpuesta por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que cuestionó la decisión del Gobierno de derogar la Resolución 314/2016, norma que obligaba a las estaciones de servicio a informar al Estado, dentro de las ocho horas, cualquier modificación en los precios de naftas, gasoil y GNC.

Para el magistrado, la Administración eliminó ese sistema sin implementar otro mecanismo que garantizara un nivel equivalente de protección. “La desregulación no autoriza a disminuir la protección al consumidor y el Estado no ha demostrado que el nuevo sistema brinde una tutela mejor o equivalente al sistema derogado”, afirmó el fallo.

La resolución cuestionada había sido dictada en el marco de la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional. El Ministerio de Economía sostuvo durante el proceso que la información sobre los precios continuaba disponible a través de aplicaciones, páginas web de las petroleras y directamente en las estaciones de servicio, por lo que consideró innecesario mantener la obligación administrativa.

Sin embargo, el juez rechazó ese argumento.

Según explicó, el derecho previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional no se satisface simplemente porque la información exista en distintos lugares. “El deber constitucional de proveer información adecuada y veraz no se agota en la mera existencia fáctica de información dispersa en el mercado”, sostuvo el magistrado. Y agregó que el Estado tiene “un deber positivo de organizar mecanismos que permitan a los consumidores acceder a información cierta, objetiva, comparable y fácilmente accesible”.

En ese sentido, destacó que obligar a los consumidores a recorrer distintas páginas web o incluso varias estaciones de servicio para comparar valores convierte el acceso a la información en un proceso “engorroso, poco accesible y de muy difícil concreción práctica”.

Uno de los ejes de la sentencia es el principio de no regresividad en materia de derechos de los consumidores. El juez recordó que el Estado puede modificar sus políticas públicas, pero no reducir el nivel de protección alcanzado sin una justificación suficiente.

“La Resolución 717/2025 eliminó un sistema público de información cuya finalidad específica era garantizar la transparencia del mercado de combustibles y facilitar el ejercicio del derecho constitucional de los consumidores a recibir información adecuada y veraz, sin que la demandada hubiera demostrado que los mecanismos actualmente existentes aseguren un nivel equivalente de tutela”, afirmó.

“La derogación impugnada importa una disminución injustificada del estándar de protección previamente alcanzado, razón por la cual corresponde declarar su invalidez”, completó.

Fuente: Ámbito Financiero

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Para concretar estos trabajos será necesario desafectar, de manera temporal, dos de las actuales líneas aéreas de alta tensión, a fin de permitir el cruce de la nueva infraestructura.

Desde la empresa energética provincial señalaron que no están previstos cortes programados del suministro eléctrico durante la ejecución de las tareas. Sin embargo, advirtieron que, en caso de registrarse un evento extraordinario sobre alguna de las líneas que permanecerán en servicio durante esos tres días, podrían producirse interrupciones parciales del servicio en algunos sectores.

Secheep destacó que esta intervención representa un paso importante para continuar fortaleciendo la infraestructura energética provincial y agradece la comprensión de los usuarios ante los trabajos programado

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Según información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, el avión del futbolista llegó a Argentina alrededor de las 6.20 y la familia Messi se trasladó a la vivienda que posee en Rosario y después de ese descanso, volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

Messi no había viajado junto a la delegación que llegó el lunes al país debido a que desde Nueva York fue a Miami y desde allí emprendió vuelo en un avión privado con destino a Rosario, donde llegó este martes a primera hora de la mañana.

Además del astro rosarino, el otro futbolista que vive en Miami y que no abordó el avión que partió con una parte del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni desde la ciudad donde se disputó la final del Mundial 2026, fue Rodrigo De Paul.

Fuente: NA

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