LA SANCIÓN

El organismo nacional sostiene que los ocho productores asociados a la entidad concentran la comercialización y poseen capacidad para fijar los precios del mercado. Sin embargo, la defensa legal de la cooperativa argumenta una contradicción entre las reglas de libre competencia y la ley de cooperativismo:

Fijación democrática de precios: La entidad funciona como una herramienta donde los asociados establecen valores de comercialización de manera conjunta a través de su Consejo de Administración electo.

Competencia externa: Según detalló el consejero Alberto Bría, existen más de 30 areneras operando en la zona del Riacho Barranqueras fuera de la estructura de la cooperativa.

Origen de la denuncia: Desde la conducción afirman que la investigación administrativa se originó por un litigio particular entre privados («un conflicto entre un padre y un hijo») que terminó salpicando a la institución.

IMPACTO ECONÓMICO Y LABORAL

A punto de cumplir 46 años de trayectoria, la Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste de Chaco enfrenta la crisis más severa de su historia. El impacto abarca dos frentes críticos:

Riesgo de quiebra: La suma de las multas impuestas coloca en situación de quebranto tanto a la cooperativa como a los patrimonios de sus socios, tras más de un año sin operar por factores climáticos (sequía e inundaciones) y por el parate de la demanda.

Pérdida de puestos de trabajo: La paralización amenaza entre 70 y 80 empleos directos de los productores asociados, además del impacto en talleres, repuestos, estaciones de servicio, astilleros y proveedores logísticos de la región.

LA APELACIÓN

La asesora legal de la entidad, Silvia Kesselman, acompañará la presentación de una apelación ante los tribunales. La estrategia buscará que la Justicia federal o provincial revise la actuación del organismo nacional, al que cuestionan por emitir la sanción sin inspecciones presenciales en el lugar, y reconozca la naturaleza jurídica de la comercialización asociativa.

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La consulta permitió establecer que registraba un pedido activo de aprehensión/detención, requerido por el Equipo Fiscal Penal N° 3, en el marco de una causa por “Supuesto Robo con Escalamiento”.

El hombre fue trasladado para el correspondiente examen médico y quedó a disposición de la Justicia.

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La iniciativa había surgido poco tiempo antes en el seno de la Seccional Resistencia de La Bancaria. El desafío era importante: existía la idea y la necesidad, pero no estaban los recursos para concretarla. Fueron los propios trabajadores quienes ayudaron a reunirlos mediante una rifa y permitieron poner en marcha un proyecto que, cuatro décadas después, continúa creciendo.

Aquella primera farmacia funcionó en un espacio cedido por el entonces Banco del Chaco y comenzó con una estructura mínima: cuatro trabajadores, entre ellos una profesional farmacéutica. Poco tiempo después, la aceptación alcanzada permitió ampliar las instalaciones y comenzar un proceso de crecimiento que con los años trascendería largamente sus límites originales.

DE TRABAJADORES BANCARIOS A TODA LA COMUNIDAD

Uno de los rasgos que terminó definiendo la historia de AMEB fue su decisión de constituirse como una mutual abierta. Lo que había nacido para atender una necesidad de los trabajadores bancarios fue extendiendo progresivamente sus servicios a otras familias, gremios e instituciones.

Ese principio continúa siendo uno de los ejes de la entidad: facilitar el acceso a medicamentos y servicios de salud a sus afiliados y a las personas alcanzadas por los diferentes convenios, bajo una lógica mutual y sin fines de lucro.

A 40 años de aquel comienzo, AMEB cuenta con 11 locales farmacéuticos y una óptica, con presencia en Resistencia, Formosa, Barranqueras, Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata y Juan José Castelli. La institución cuenta además con 110 trabajadores registrados, agremiados y con sus correspondientes aportes.

Para Rubén «Coco» Ruffino, protagonista de aquel proceso fundacional y de buena parte de la historia de la institución, llegar a las cuatro décadas permite dimensionar cuánto creció aquella primera idea.

«Cuando empezamos no estábamos pensando en construir una gran institución. Estábamos tratando de resolver un problema concreto de nuestros compañeros y sus familias. Lo que vino después fue posible porque hubo una comunidad que confió, trabajadores que se comprometieron y una idea muy clara: crecer siempre debía significar poder brindar un mejor servicio», señaló Ruffino.

VARIAS GENERACIONES

Los 40 años también permiten contar la historia de AMEB a través de quienes trabajan en ella. Junto a los 110 trabajadores que actualmente forman parte de la institución, cuatro personas que iniciaron allí su vida laboral y alcanzaron su jubilación continúan colaborando y acompañando su actividad.

Esa continuidad entre generaciones expresa una dimensión menos visible del crecimiento institucional: detrás de las farmacias, los servicios y la expansión territorial hay también cientos de historias de trabajo construidas a lo largo de cuatro décadas.

«Uno de los mayores orgullos no está solamente en cuánto crecimos, sino en cómo lo hicimos. Hay personas que hicieron prácticamente toda su vida laboral acá y hoy siguen cerca nuestro. AMEB se construyó con trabajadores, con afiliados y con familias, y por eso llegar a los 40 años tiene un significado profundamente humano», expresó Ruffino.

EL MISMO PRINCIPIO

El crecimiento modificó la dimensión de AMEB, pero no el principio que impulsó su creación. La solidaridad organizada como herramienta para dar respuestas concretas continúa siendo el fundamento del modelo mutual.

En cuatro décadas se multiplicaron los servicios, los puntos de atención, los trabajadores y las personas alcanzadas. También cambiaron las necesidades de la sociedad y las condiciones del sistema de salud. Para la institución, el desafío hacia adelante es continuar adaptándose a esos cambios sin perder la vocación que estuvo presente desde el primer día.

«Cumplir 40 años nos genera un enorme orgullo, pero fundamentalmente nos renueva la responsabilidad. Queremos seguir creciendo, mejorando y facilitando el acceso a la salud. La mejor manera de honrar a quienes comenzaron esta historia es lograr que AMEB siga siendo útil para las personas y para la comunidad», sostuvo Ruffino.

Así, aquella farmacia que comenzó en 1986 como respuesta a una necesidad puntual llega a sus primeras cuatro décadas convertida en una institución que trascendió a sus fundadores y a sus destinatarios originales.

Una historia construida a partir de una idea que conserva vigencia 40 años después: cuando las personas se organizan solidariamente alrededor de una necesidad común, pueden encontrar respuestas capaces de mejorar su realidad.

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La Anses dio curso este mes al abono de una asignación vitalicia en favor de Cristina Kirchner por una suma bruta de $16.090.877,01 tras acatar una orden emitida por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La resolución, refrendada por los magistrados Juan Fantini y Sebastián Russo mediante una medida cautelar dictada en febrero, ordenó reanudar temporalmente el pago de una de las dos prestaciones especiales que habían sido suspendidas de manera administrativa a finales de 2024.

Aquella decisión original del organismo previsional se había fundamentado en la ratificación de la condena penal dictada contra la exjefa de Estado dentro de la causa conocida como Vialidad, lo cual derivó en una demanda judicial por parte de la exmandataria para obtener la restauración del beneficio económico mientras el fuero discute el expediente principal.

Frente al requerimiento oficial de información pública interpuesto por este medio, la entidad estatal ratificó que “se procedió rehabilitando el beneficio número 47-6-8085213-0 con mensual 08/2026 por un monto bruto de $16.090.877,01 e ingresando los descuentos legales vigentes”, agregando que tales conceptos para obra social e impuesto a las ganancias “se procesan automáticamente con la liquidación mensual”, informó el diario La Nación.

La asignación desembolsada corresponde a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner y ubica su cifra neta en torno a los $12 millones, habida cuenta de que la administración aplicó una quita del 20% en el haber mensual en función de la resolución 343 del año 2025 para concretar “un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente”.

Asimismo, el organismo declinó liquidar el ítem por zona austral que la exfuncionaria percibía por su domicilio declarado en Santa Cruz y aclaró que la actualización del haber obedecerá a “una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo”.

Según supo la agencia nacional Noticias Argentinas, la medida cautelar concedida por la alzada de la Seguridad Social revirtió un fallo adverso de primera instancia firmado por la jueza Karina Alonso Candis, fundamentando la decisión en motivos alimentarios y sin abordar la pena a seis años de prisión dictada contra la beneficiaria, situación que según un dictamen del procurador Eduardo Casal debería suspender el cobro de fondos previsionales.

Ante el rechazo de la propia Cámara para elevar el tema mediante recurso extraordinario, la Anses y el Ministerio Público Fiscal recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia para revocar la cautelar.

La erogación final se destrabó en julio luego de que la Justicia aceptara una caución juratoria presentada por la expresidenta, mientras el Estado procura recuperar acreencias por $660.052.338,87 correspondientes al período previo y se mantiene abierto otro expediente judicial iniciado por la exdiputada Graciela Ocaña sobre la incompatibilidad del cobro simultáneo de dos haberes encuadrados en la Ley 24.018. (Fuente: NA)

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Tras comunicarse con el personal del tren, efectivos policiales establecieron que la billetera había sido encontrada por un pasajero que se encontraba en el convoy, ya en cercanías de la localidad santafesina de Los Amores.

Con la colaboración de la Subcomisaría Primera de Los Amores, se logró recuperar la billetera de cuero negra y $960.000 en efectivo. Los elementos quedaron bajo resguardo de la dependencia santafesina y, por disposición de la Fiscalía interviniente, serán restituidos al propietario una vez remitidas las actuaciones.

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A través de las redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la medida y anunció que las nuevas trazas tendrán «100% de inversión privada», al tiempo que remarcó que se trata de 3.900 kilómetros y precisó qué tramos son los alcanzados.

Cuáles son los nuevos tramos concesionados

En esta ocasión, las rutas nacionales que quedarán en manos de privados son:

• Centro: RN 9, 19 y 34 | Santa Fe y Córdoba.

• Mesopotámico: RN 12 y 18 | Entre Ríos.

• Centro Norte: RN 34 | Santa Fe y Santiago del Estero.

• Noroeste: RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 | Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

• Litoral: RN 12 y 16 | Corrientes y Chaco.

• Noreste: RN 12 y 105 | Misiones y Corrientes.

• Chaco–Santa Fe: RN 11 | Santa Fe y Chaco.

• Cuyo: RN 7 | Mendoza.

Al respecto, Caputo comentó: «Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de Septiembre: 16 tramos estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito del país». «Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos», cerró el funcionario.

La medida, sin embargo, no fue recibida con bombos y platillos por todos. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su «profunda preocupación ante la noticia de que el Gobierno nacional pretende instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 en Misiones».

«En un contexto difícil para todo el país, resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen. Las rutas son las arterias del desarrollo de las provincias», dijo.

Por último, hizo un llamado a la reflexión «a las autoridades nacionales competentes y solicito que se revea cualquier medida en este sentido».

El debate por el estado de las rutas nacionales es uno de los puntos más sensibles en el vínculo entre Nación y las provincias.

Recientemente, Javier Milei habilitó traspasos y San Luis, Santa Fe y San Juan, que ya recibieron concesiones por parte del Gobierno. Río Negro, en tanto, reclama que les den el control de la 151 y de la 22 y alertan que Nación dilata el trámite adrede.

En tanto, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, ordenó al Estado Nacional la inmediata y urgente reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en la provincia de Santa Fe, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.

En paralelo, una jueza de Salta pidió a los organismos de seguridad, entre ellos la Policía provincial, un informe detallado sobre los siniestros viales ocurridos en los aproximadamente 200 kilómetros de la Ruta Nacional 34 comprendidos entre Urundel y Salvador Mazza, haciendo caso a un amparo presentado en 2025 por el entonces senador nacional Sergio Leavy, quien apuntó en su planteo contra la Dirección Nacional de Vialidad.

Fuente: Ámbito

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La medida, que busca una ”acción declarativa de inconstitucionalidad” y una cautelar de no innovar, afecta directamente el mecanismo de financiamiento de Adimra a través del Convenio Colectivo con la UOM.

El conflicto tiene un fuerte componente económico. Históricamente, Adimra recauda el 1% del salario de cada operario metalúrgico, unos 220 mil trabajadores en todo el país, lo que le reporta ingresos anuales superiores a los 20 millones de dólares. El decreto 407/26 reduce a la mitad el monto por cada salario y, sobre todo, limita la retención a las empresas que estén formalmente afiliadas, lo que golpea el corazón de su estructura financiera.

Este mecanismo ya había sido cuestionado por otras Cámaras, como la Asociación de Fábricas de Componentes (Afac), que denunció que la entidad implementaba «artilugios» para hacer parecer obligatoria la contribución.

El malestar no es exclusivo de Adimra. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) ya habían manifestado su rechazo durante el debate legislativo y evalúan acciones similares. Incluso dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), el principal asesor laboral, Juan José Etala, diagnosticó ante los dueños de fábricas: ”queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”. Las críticas apuntan a que la norma, además de afectar el financiamiento, altera el orden de prelación de los convenios colectivos y podría fragmentar las negociaciones.

La reforma pretendía también limitar los aportes a los sindicatos, pero la resistencia de la CGT y del ala política del Gobierno obligó a reescribir el decreto 407 y elaborar uno nuevo, el 612, que firmaron el jefe de Gabinete y la ministra de Capital Humano, protegiendo así a los gremios.

La nueva norma, sin embargo, no resguardó a las cámaras patronales, abriendo un frente inesperado para un Gobierno que había prometido aliviar las cargas empresarias. El amparo de Adimra será ahora el primer test judicial para determinar si la reforma laboral, que debía beneficiar al sector, termina generando el efecto contrario.

Fuente: Infogremiales

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El marco general del estudio marca una fuerte polarización en cuanto al posicionamiento frente a la administración libertaria, donde un 32% se define como oficialista frente a un 52% que se enrola en la oposición. Sin embargo, el dato más contundente surge al evaluar las expectativas económicas y sociales de los ciudadanos de cara al futuro.

Industria local versus libre competencia: el rechazo al modelo de país de Javier Milei

Uno de los datos más categóricos donde la gestión libertaria sufre un fuerte revés se vincula con el modelo productivo. Ante la consulta sobre si el Estado debe fomentar la libre competencia con productos importados o ayudar a desarrollar la industria nacional, el 66% de los encuestados se inclinó firmemente por la protección de la producción local, relegando a un escaso 31% que avala la apertura comercial que promueve la Casa Rosada.

Esta tendencia al resguardo de los intereses nacionales se replica en otras dimensiones clave relevadas por el estudio:

• Modelo de país: El 62% prefiere un próximo gobierno que priorice defender la soberanía y lo argentino, frente al 33% que opta por un esquema enfocado en abrir el país e integrarlo al mundo sin mayores regulaciones.
• Recursos estratégicos: Cuando se plantea la posibilidad de que la energía, la tierra o empresas clave pasen a manos extranjeras, el 61% advierte que con esta modalidad “se pierde algo que debería quedar en manos argentinas”, superando holgadamente al 36% que prioriza la llegada de inversiones sin importar el origen de las mismas.

La urgencia material por encima de la disputa simbólica

El informe remarca que la denominada “batalla cultural” se libra sobre un trasfondo económico sumamente frágil para el oficialismo. Al preguntar sobre cuál debería ser el principal objetivo de la gestión futura, el 57% exige como prioridad absoluta que se recuperen los ingresos, una demanda transversal que deja muy por detrás temas como reducir la corrupción (11%), mejorar el funcionamiento del Estado (9,4%) o llevar la inflación a cero (9,3%).

A este panorama se suma el malestar por el creciente endeudamiento de los hogares: el 66% responsabiliza directamente al Gobierno por esta situación y el 76% exige la implementación de medidas urgentes para aliviar el bolsillo, configurando un escenario adverso para las aspiraciones electorales del oficialismo de cara al 2027.

Fuente: minutouno.com

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La medida quedó establecida en el Decreto 764/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, publicada hoy en el Boletín Oficial y procesada por la Agencia Noticias Argentinas.

El primero de ellos está ubicado en Avenida Belgrano 637, en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con una superficie aproximada de 956,80 metros cuadrados.

El segundo se encuentra en un terreno sin nombre de calle en la ciudad de Córdoba Capital y tiene una superficie de 32.261,26 metros cuadrados.

El tercero está en la calle Tiburcio Benegas, en San Rafael, Mendoza y tiene una extensión de 25.840,90 metros cuadrados.

El cuarto es el de mayor superficie: un predio de 382.594,79 metros cuadrados en Ushuaia, Tierra del Fuego, delimitado entre las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan, la Avenida Héroes de Malvinas y la calle Horeb.

Según el decreto, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno consideró que la venta de esos inmuebles ociosos «no solo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional sino que además generarán un impulso en la economía al ponerlos al servicio de diversas actividades productivas».

La AABE identificó los predios en el marco de su Servicio de Auditoría de Bienes Inmuebles, con «falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad», y algunos de ellos ya habían sido desafectados de sus jurisdicciones de origen antes de incorporarse al proceso de venta.

En paralelo, la AABE avanzó con procesos de subasta sobre otros dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, cuya venta responde al mismo criterio de identificar propiedades subutilizadas o sin destino específico para generar ingresos al Tesoro y reducir los costos de mantenimiento que representan para el Estado.

El primero de esos procesos es la Subasta Pública para vender un terreno de 823,68 metros cuadrados en la calle Santos Dumont 2677, que había estado afectado al uso ferroviario de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIF) hasta su desafectación, dispuesta en septiembre de 2025 por el Ministerio de Economía.

La convocatoria fue autorizada mediante la Resolución 134/2026, firmada por la presidenta de la AABE, Tania Yedro.

Según esa resolución, publicada en el Boletín Oficial, el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó en junio pasado que el valor venal del inmueble —al contado y desocupado— asciende a $3.900 millones, equivalentes a US$2.608.695 al tipo de cambio de referencia utilizado en la tasación, y fijó el valor base de venta en $3.510 millones, equivalentes a unos US$2.347.826.

La subasta se realizará a través del sistema electrónico «Subast.ar», de uso obligatorio desde 2018, y los recursos que se recauden, descontados los gastos, se destinarán conforme al artículo 15 del decreto 1382/2012, la norma que financia a la AABE con los ingresos de la gestión de bienes estatales.

El segundo proceso corresponde a un terreno de 210 metros cuadrados en la calle Teniente General Eustaquio Frías 247/249, también en la Ciudad de Buenos Aires.

La Resolución 135/2026 declaró desierto el primer llamado a subasta de ese predio y autorizó un nuevo llamado bajo las mismas condiciones.

Según la resolución, se había presentado una sola oferente, la firma Frías 247 SA, cuya presentación fue declarada inadmisible por no cumplir con los requisitos administrativos del pliego.

El Tribunal de Tasaciones había fijado en mayo el valor venal del inmueble en $433 millones, equivalentes a US$306.007 dólares, con un valor base de venta de $368.050.000, unos US$260.160.

El nuevo llamado SPU26 se realizará con idéntico pliego de bases y condiciones y los mismos criterios de afectación de recursos que en el caso anterior.

Fuente: Noticias Argentinas

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Durante el dispositivo, detuvieron la marcha de un automóvil Alfa Romeo guiado por un hombre de 42 años y, tras consultar sus datos en el sistema digital de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), constataron que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo por robo, registrado el 24 de abril de 2001.

Ante esta situación, el rodado fue trasladado hasta la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes. En el lugar se solicitó la intervención de un verificador policial de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, quien realizó las tareas de rigor sobre el vehículo.

Finalmente, con intervención del Equipo Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro del automóvil y la notificación de actuaciones al conductor por una causa caratulada como “Supuesto Encubrimiento”, permaneciendo en libertad mientras continúa la investigación.

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