La medida fue resuelta por la Comisión Directiva Nacional del gremio que conduce Julio Piumato, luego de una jornada de huelga el viernes pasado con alta adhesión en todo el país y de una protesta previa de los trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo ante la Cámara Nacional de Apelaciones.

Bajo la consigna “Nuestros reclamos siguen vigentes, nuestra lucha también”, la UEJN sostuvo que las medidas desarrolladas en los tribunales federales y nacionales ratificaron la vigencia de los reclamos y fortalecieron la continuidad del plan de lucha.

Entre los principales reclamos aparece la cuestión salarial. La UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para solicitar una recomposición del 10 por ciento con retroactividad al 1° de septiembre.

“La pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 continúa sin ser recuperada y sigue afectando seriamente nuestro poder adquisitivo”, advirtió el sindicato.

Otro de los ejes del conflicto es la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). La UEJN cuestionó la demora en la designación de los representantes sindicales en su Directorio y afirmó que transcurrieron casi diez meses desde la presentación de la terna correspondiente.

El gremio exigió una “respuesta inmediata” y consideró que la demora afecta el derecho de los afiliados a contar con representación en la conducción de la obra social.

La UEJN también ratificó su defensa de la Justicia Nacional del Trabajo frente a eventuales traspasos de competencias y cambios en dependencias judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Noticias Argentinas

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Es que, adelantó el Sipreba, “la mayoría de las asambleas de los canales de televisión ya habían rechazado la oferta realizada por las empresas” que consiste en un incremento del 7,5% a pagarse en octubre. Para los representantes sindicales “los plazos planteados generarían un deterioro del salario en los meses de julio, agosto y septiembre”.

La jornada consistió en la realización de asambleas en la puerta de todos los canales con epicentro en Canal 9, Telefe y Artear pero que también se llevó adelante en América TV y Crónica TV.

El sindicato señaló que “exigimos una urgente recomposición salarial real, a la altura de las necesidades reales y no de índices que sabemos que no se corresponden con el impacto de la inflación en nuestros bolsillos”.

Las asambleas fueron acompañadas por dirigentes y delegados del Sipreba de otras ramas del convenio de prensa como las de prensa escrita y radial.

La medida buscó generar presión hacia la nueva audiencia a realizarse el miércoles 7 de octubre por la mañana. El sindicato adelantó que “esperamos que las empresas de ATA realicen una oferta acorde con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que tenemos salarios deteriorados” y advirtió que “el plenario ya votó nuevas acciones en caso de que no haya una mejora real en la propuesta”.

Fuente: Tiempo Argentino

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En una jornada histórica para el fútbol mundial, el capitán argentino repasó su trayectoria, agradeció al público y analizó el camino recorrido con la camiseta albiceleste.

“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, confesó Messi al iniciar sus palabras de despedida.

El astro rosarino remarcó la perseverancia como el eje de su carrera internacional: “No me queda más que agradecer, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo”.

Respecto a su última participación en la Copa del Mundo y el rendimiento del equipo, Messi valoró lo alcanzado: “El último Mundial ya fue demasiado que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita, no pasó nada raro como dicen todos. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”.

Asimismo, Messi recalcó el compromiso de sus colegas: “No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre. Ya les digo que somos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

El diez no dejó de destacar el afecto federal de los hinchas: “Tuve la suerte de recorrer el país, estuve por todos lados, y ustedes siempre llenaron la cancha y estuvieron con nosotros en todos lados. Eso lo voy a agradecer siempre”.

Entre sus memorias más queridas, resaltó el reencuentro con la gente tras la coronación: “En este lugar viví uno de los mejores momentos de mi carrera, cuando volvimos a jugar después de ser campeones, fue lo más lindo que me pasó”.

Finalmente, Messi anticipó los desafíos del recambio generacional y pidió mantener el respaldo incondicional al equipo: “Le digo adiós a la Selección, los voy a extrañar, la voy a extrañar pero ahora me toca estar de ese lado”.

“Siempre unidos. Van a venir tiempos difíciles como cuando hay siempre un cambio grande, pero tenemos que estar todos unidos porque va a haber gente que va a hablar mal de la Selección y hay que defenderla”, cerró

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La iniciativa busca modificar el artículo 2° de la Ley 24.467, de manera de permitir que las cooperativas puedan obtener el certificado Mipyme sin limitaciones de índole reglamentaria. De esta manera, el proyecto apunta a eliminar la discriminación vigente y establecer una solución permanente para el acceso de estas entidades al régimen destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El dictamen fue unificado a partir de cuatro proyectos que se encontraban vigentes en la comisión y establece una modificación de la ley 24.467 orientada a la inclusión y simplificación del acceso de las cooperativas al régimen Mipyme. De aprobarse, el artículo 2° de la ley 24467 que quedará redactado de la siguiente manera:

«Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas, incluidas las cooperativas, que serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, pudiendo contemplar, cuando así se justificare, las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del país y con base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes, personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la presente ley».

La reunión de este mediodía se realizó en el marco conjunto de las comisiones que presiden los diputados nacionales Pablo Farías (Provincias Unidas) y Aldo Leiva (Unión por la Patria). “Pudimos unificar un dictamen sobre certificado MiPyME para las cooperativas, a partir de los cuatro proyectos que estaban en vigencia en la comisión”, señaló Pablo Farías al comienzo del encuentro.

Cooperativas como empresas sociales

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la ausencia de finalidad lucrativa no impide reconocer a las cooperativas como empresas.

La iniciativa sostiene que, aunque carecen del objetivo de lucro, las cooperativas revisten indudablemente el carácter de empresas, una condición reconocida por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y por recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante el plenario, la diputada Carolina Basualdo (Provincias Unidas), autora de uno de los proyectos, planteó que “a las cooperativas las tenemos que entender como empresas sociales”. En ese sentido, sostuvo que el Certificado MiPyME “viene a convalidar el gran trabajo que hacen las cooperativas”.

También la diputada Yamilia Ruiz (Acción Federal), autora de otra de las iniciativas analizadas, destacó el alcance de la modificación. “Se trata de una modificación muy grande, porque jerarquiza a las cooperativas y le permite acceder a este certificado Mipyme”, señaló, y agregó que esto permitiría obtener “todos los beneficios financieros, fiscales y administrativos que esto implica”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Florencia Carignano remarcó el acuerdo alcanzado entre distintos bloques. “Nos pusimos de acuerdo varios bloques para fortalecer una entidad como es el cooperativismo”, expresó.

La diputada Verónica Razzini (La Libertad Avanza) también celebró el consenso alcanzado y afirmó que, en este caso, “la política no es una traba y ayuda a transformar para seguir adelante y hacer crecer a nuestro país”.

Una demanda de las cooperativas

La discusión también contó con la participación de representantes del movimiento cooperativo. Federico Pablo Ferrero, de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas (Conaice), agradeció el acompañamiento de los distintos bloques y sostuvo: “Eliminar esta traba permite el crecimiento y desarrollo de las cooperativas”.

Por su parte, Lucas Magnano, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), destacó el acuerdo alcanzado en el ámbito parlamentario. “Quiero agradecer y felicitar, porque ante la demanda de un sector, en la casa de las Leyes, se lograron los consensos para darle a las cooperativas la posibilidad de acceder a algo tan natural y normal”, expresó.

Durante el plenario estuvieron además representantes de distintas organizaciones cooperativas, entre ellas Cooperar, la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos (FACE) y la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina (Fedecara).

El argumento jurídico

El debate sobre el acceso al certificado Mipyme también recuperó antecedentes del propio ordenamiento jurídico argentino que reconocen la existencia de empresas sin finalidad lucrativa.

El dirigente político y cooperativo Eduardo Toniolli señaló que la ausencia de lucro no constituye un requisito imprescindible para la existencia de una empresa y citó como antecedente la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que define a la empresa como una “organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos”.

En la misma línea, Toniolli recordó que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), autoridad de aplicación en materia de cooperativas y mutuales, estableció mediante la Resolución 5460 del 30 de noviembre de 2023 que “las entidades cooperativas y mutuales son personas jurídicas privadas sin fines de lucro constituidas como empresas”.

Según planteó, el proyecto que obtuvo dictamen recepta el pedido formulado por organizaciones cooperativas de distintos puntos del país para encontrar una solución permanente al problema del acceso al certificado Mipyme. “Esperamos que pueda ser tratado pronto en el recinto”, señaló.

El cambio propuesto busca así resolver una situación que afecta especialmente el reconocimiento de las cooperativas dentro de un régimen que contempla herramientas de asistencia y promoción para empresas de menor escala.

El dictamen favorable sobre el certificado Mipyme representa, en este marco, un paso parlamentario para modificar el acceso de las cooperativas al régimen previsto por la ley 24.467. El próximo tramo del debate será su eventual tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados.

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Upjet nuclea a empresas privadas de gran alcance y, explicó Piela, desconocen la realidad de las cooperativas argentinas. Entonces, su participación se destacó por exponer la realidad de las cooperativas del interior del país y lo que significan no sólo económicamente sino a nivel social para cada una de las localidades.

Según detalló Jorge Piela en una entrevista previa con Ansol, la conectividad cooperativa en Argentina abarca a 400 empresas solidarias de telefonía e internet distribuidas en 2900 localidades. Piela explicó que las cooperativas enfrentan un proceso de reconversión para responder a las demandas tecnológicas locales, pero advirtió que las entidades de menor escala atraviesan una crisis estructural impulsada por los altos precios mayoristas y los incrementos en insumos críticos como el transporte de datos.

La sustentabilidad de estas pymes y entidades solidarias depende directamente de la relación entre el costo por megabyte y el volumen de usuarios activos en cada territorio. Esto se debe al proceso de reconversión tecnológica que debieron encarar estas cooperativas (algunas con mayor previsibilidad y visión, otras por necesidad urgente) ante el desuso de la telefonía y el auge de internet.

Piela desarrolló una exposición acerca del estado de situación de las cooperativas telefónicas, sus reconversiones en torno a las demandas de cada ciudad e hizo hincapié en la actualidad de este sector cooperativo en el interior del país. Su participación en la mesa se destacó por la autoridad del territorio desde dónde habló: Piela viajó más de 1000 kilómetros desde Santa Sylvina, Chaco hasta CABA. «Pude presentar lo auténtico, lo que es pueblo, y cayó muy bien», indicó a Ansol.

Las otras experiencias

El evento reunió a referentes nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecer alianzas entre cooperativas, universidades, colegios profesionales y el sector público.

El plato fuerte de presentación fue el Modelo Mondragón y AFA. Dario Sequalino, ingeniero de Agricultores Federados de Argentina (AFA), expuso la vinculación estratégica entre la entidad local y la Cooperativa Mondragón del País Vasco, considerado el ecosistema cooperativo más grande del mundo.

El magíster Nahum Mirad presentó el proyecto Universidad Cooperativa y Mutuales Argentinas (UCMA), de revalorización de la educación y doctrina en contextos académicos.

Nicolás Bento, director de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, abordó las políticas de innovación en el territorio bonaerense.

El magíster Robert Mayer detalló los alcances del convenio de cooperación institucional entre la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) y el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec) sobre la vinculación académica y profesional.

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El encuentro se llevó a cabo el primer sábado de octubre en el salón de actos de la Asociación Española de Resistencia, a partir de las 10. La organización local estuvo a cargo de la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas (Amuchafe), en coordinación con la Dirección Provincial de Cooperativas y Mutuales y la Mesa de Cooperativas y Mutuales Chaqueñas.

El saludo protocolar del Día Nacional del Mutualismo fue encabezado por Carlos Gómez, presidente de Amuchafe, junto a autoridades del Ministerio de Educación de Chaco, la Legislatura provincial y representantes de mutuales escolares locales.

Durante el conversatorio, Alejandro Russo, presidente de la CAM, enfatizó la necesidad de adaptar las entidades a los hábitos informáticos de las nuevas generaciones e incorporar de forma directa a la juventud dentro del sector asociativo.

“Tenemos que involucrarnos para que las juventudes se sientan cómodas en la economía social. Saber interpretar sus necesidades”, afirmó Russo, remarcando la convergencia entre el avance tecnológico y la solidaridad.

Proyectos chaqueños aprobados por el Inaes en el Día Nacional del Mutualismo

Tras las disertaciones, Marcelo Collomb entregó las carpetas técnicas correspondientes a dos proyectos chaqueños seleccionados para recibir financiamiento directo del instituto. Por un lado, Amudoch podrá actualizar la tecnología integral y el desarrollo de su aplicación móvil para servicios docentes. Cooperativa La Nueva Limitada obtendrá recursos para el fortalecimiento de la capacidad productiva de la cooperativa agropecuaria de Sáenz Peña, integrante de la Unión de Cooperativas Agrícolas Chaqueñas (Ucal).

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Señalaron que diez docentes perdieron sus horas y peligra el apoyo y la contención a los estudiantes

Denunciaron que la definición se llevó a cabo de manera “unilateral y arbitraria”. Se trata de 88 horas cátedra que tiene “consecuencias dolorosas e inmediatas: deja a diez docentes sin sus horas de forma abrupta y cierra espacios de contención que son fundamentales para nuestros estudiantes”.

“La medida no solo es un golpe a nuestra comunidad, sino que es ilegal. La reciente Ley Nº 4095-E (Régimen de Escuelas Públicas de Gestión Social), aprobada por unanimidad durante la actual gestión del gobernador Leandro Zdero, es clara en su artículo 19: si el Ministerio detecta irregularidades, tiene hasta noviembre de 2026 para notificar a la institución y permitir su corrección. Sin embargo, nuestra escuela jamás recibió una notificación formal de que estas 88 horas cátedra estuvieran bajo revisión ni que presentaran inconvenientes en su implementación”, indicaron en el comunicado.

“Los primeros días de agosto nos enteramos que existía un pedido formal de desafectación cuando ya había sido cursado desde el supervisor de Técnica, Alejandro Alegre, hacia el director de la Regional Educativa X-B, Manuel Acevedo. De aquí en más, el trámite se movió con una celeridad poco habitual hasta que el lunes 7 de septiembre nos anoticiamos que el día anterior (domingo 6) había sido firmada la resolución de desafectación de las horas”, explicaron.

“A la gravedad de la situación se suma un engaño institucional. En medio del recorrido del trámite, ante nuestra insistencia, logramos reunirnos con el Consejo de Educación de la provincia, presidido por Omar Maggio, para presentar un plan de adecuación para estas horas. En el acta de dicha reunión consta que se nos indicó presentar dicho plan por la vía jerárquica correspondiente. Sin embargo, mientras nosotros presentábamos los proyectos solicitados, desde la cartera educativa firmaban a escondidas la resolución que eliminaba estas horas”, manifestaron.

El comunicado de la institución educativa culmina con una exhortación clara: “Somos una Escuela Pública de Gestión Social, donde la educación se construye en un vínculo permanente con la comunidad. Quitar arbitrariamente estas horas significa debilitar un proyecto que sostiene y acompaña a chicos y chicas que necesitan de la escuela como refugio de sus sueños para proyectar un futuro mejor. Avanzar sin diálogo implica olvidar que la educación pública no se reduce a tener una vacante, sino a garantizar que los alumnos tengan un acompañamiento continuo y transformador de sus vidas. Desde el Consejo Directivo, junto a toda la comunidad educativa de la EPGS Nº 1, exigimos que el Ministerio dé marcha atrás con esta resolución. Hemos iniciado las gestiones administrativas correspondientes, pero frente a la falta de respuestas decidimos hacer pública esta situación. Nuestra comunidad permanece organizada y decidida a defender nuestra escuela, el trabajo de nuestros docentes y el futuro de nuestros estudiantes”.

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Gladys Favretto, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y vecina de Los Teros desde hace 32 años, contó al medio autogestivo Nueva Mirada Radio que el procedimiento comenzó el 22 de septiembre. Según explicó, los funcionarios buscaban constatar si las viviendas estaban ocupadas y conocer cuántas personas viven en ellas.

El problema, sostuvo, es que nadie pudo explicar con claridad quién ordenó el relevamiento ni cuál es su objetivo. La preocupación se profundizó cuando algunas familias recibieron documentación del Poder Judicial vinculada a sus parcelas y observaron la presencia de un martillero. “Sentimos que es un previo aviso a un posible desalojo, a un posible remate si no saldamos las deudas”, señaló Favretto.

Ante esta situación, los vecinos decidieron dejar de afrontar el problema de manera individual y convocaron a una asamblea. El encuentro reunió a más de 40 personas y contó con la participación de familias de Los Teros, Las Flores, Vargas, sectores de Fontana y otros asentamientos.

La frase de una vecina durante la reunión sintetizó el espíritu del encuentro: “De mi casa no me saca nadie”.

Favretto explicó que, de acuerdo con el acta entregada a las familias, serían 58 los hogares alcanzados por los relevamientos.

Algunas familias ya fueron visitadas y recibieron como respuesta que no serían desalojadas. Sin embargo, la falta de información sobre el origen y el alcance del procedimiento mantiene la preocupación.

“¿Por qué el motivo del martillero y por qué el motivo del aviso?”, cuestionó Favretto.

Más dudas que certezas

El conflicto se desarrolla además en paralelo a un proyecto de urbanización que contempla obras viales en la zona. Según explicó la dirigente, la iniciativa fue difundida públicamente sin que las y los vecinos fueran informados previamente y contempla modificaciones que podrían afectar viviendas del sector.

Favretto también advirtió que el proyecto podría tener consecuencias sobre sectores ambientales cercanos a Villa Fabiana, por lo que las y los vecinos comenzaron a establecer contactos con habitantes de ese barrio para ampliar el reclamo.

La disputa por la tierra no es nueva en el Gran Resistencia. La dirigente recordó que, según un relevamiento realizado por organizaciones sociales en 2023, existían entonces alrededor de 187 asentamientos en el área metropolitana. La cifra, sostuvo, probablemente haya crecido.

En muchos de estos barrios las familias no cuentan con títulos de propiedad definitivos. Tienen actas de ocupación, documentación vinculada al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) u otras constancias que acreditan su permanencia, pero que no equivalen a una escritura.

Para las organizaciones, allí aparece uno de los principales problemas: la falta de políticas sostenidas de regularización dominial deja a miles de familias en una situación de permanente incertidumbre. “Nosotros nunca nos negamos a pagar, jamás nos negamos a pagar, pero uno tiene que pagar de acuerdo a lo que ingresa en la casa”, sostuvo Favretto.

La dirigente planteó que las condiciones económicas de las familias hacen imposible pensar en mecanismos de regularización que no contemplen sus ingresos. Según relató, existen hogares que atraviesan dificultades incluso para garantizar la alimentación durante todo el mes.

En ese contexto, la posibilidad de perder la vivienda agrega una nueva dimensión al conflicto. “Nos cagamos de hambre, no tenemos trabajo y ahora nos quieren quitar las casas o nos quieren quitar nuestro terreno. Es una locura lo que se está viviendo”, expresó.

El reclamo también busca trascender Los Teros. Durante la asamblea se planteó sumar a otros barrios y asentamientos que atraviesan problemas similares. La intención es construir una respuesta colectiva frente a cualquier intento de desalojo y reclamar información sobre la situación dominial de cada familia.

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Mediante ese DNU, el Poder Ejecutivo había promulgado la ley, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación práctica debido a la supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Congreso.

Al momento de suspender la aplicación, el Gobierno se basó en el artículo 5° de la Ley N°24.629, redactado en consonancia con el artículo 38° de la Ley de Administración Financiera, el cual sostiene que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En un fallo de 50 hojas, el juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 con el que Milei había promulgado la Ley N°27.795 (Financiamiento Universitario) y suspendido su aplicación

Según explicó el magistrado, y contrario a lo que sostiene el Gobierno de Milei, “la propia Ley N°27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la Ley».

“En este sentido, asignar una mayor jerarquía a dos artículos sancionados en leyes pasadas -en donde se prevé una especificación presupuestaria concreta-, respecto de una ley más reciente, presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones, como en su insistencia posterior, desconocen el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo”, indicó el juez.

“Sin embargo, un análisis más razonable de las tres leyes es que, habiendo analizado leyes previas, el Poder Legislativo, en su primera aprobación como en su insistencia, entendió como cumplidos los recaudos del artículo 5° de la Ley N°24.629 con el artículo 9° de la Ley N°27.795″, señaló Cormick.

Por lo tanto, “el Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”, insistió el magistrado.

Ley de Financiamiento Universitario

El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. Sin embargo, el 9 de octubre de ese mismo año el Poder Ejecutivo observó en su totalidad el proyecto de ley mediante el Decreto 647/25.

Luego, tanto la Cámara de Diputados como el Senado confirmaron la iniciativa parlamentaria con dos tercios de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83° de la Constitución Nacional.

En un acto que fue cuestionado por varios expertos en materia jurídica, el 20 de octubre de 2025 el Gobierno promulgó mediante el Decreto 759/25 la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendiendo su aplicación, basándose “en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”, que “dispone que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, y que en caso contrario, queda suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

En consecuencia, el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo colectiva con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y, por el otro, que se ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick dictó una medida cautelar -mientras se analizaba la cuestión de fondo, que finalmente se resolvió este martes-, mediante la cual se declaró “inaplicable el segmento suspensivo del Decreto (de Milei), ordenando a cumplir de modo inmediato los artículos 5° y 6°“ de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias.

La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.

Como el Gobierno seguía sin cumplir, en septiembre de 2026 el juez intimó en dos oportunidades al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar, hasta que finalmente este martes resolvió sobre la cuestión de fondo, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenando al Gobierno de Javier Milei a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuente: Página 12

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En la causa FGR 20213/23, el máximo tribunal decidió llamar a dos conjueces para el tratamiento de la cuestión y el sorteo se realizará en las próximas horas.

El expediente se originó en una demanda impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó el artículo 154 del decreto y fundamentó su presentación en el derecho a la protección del ambiente contemplado en la Constitución Nacional.

La demanda no fue tratada por la Justicia Federal de Bariloche, donde se radicó originalmente la presentación, ni por la Cámara Federal de La Plata, a donde posteriormente se derivó el caso.

El análisis de esta causa se produce después de que la Corte rechazara por falta de legitimación la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).

Tras esa decisión, la Corte sostuvo que el fallo referido al CECIM respondía a una cuestión procesal y que nada impedía analizar otros expedientes sobre la misma temática que llegaran a esa instancia.

El tratamiento se enmarca en el régimen de procesos colectivos, por el cual las causas se agrupan. Una vez resuelto el planteo del CECIM, quedó habilitado el análisis del expediente de Árbol de Pie, una asociación ambiental que formuló cuestionamientos vinculados con la derogación de la Ley de Tierras.

Fuente: Noticias Argentinas

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