Hace unos días, se dio a conocer el pedido del fiscal federal Fabio Canda de la Fiscalía N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, quien había pedido detener la aplicación de agrotóxicos -tanto aérea como terrestre- y la comercialización de semillas transgénicas en todo el país. “Si está demostrada su toxicidad tanto para humanos como para animales, ¿por qué semejante tiempo de espera en su prohibición?”, se preguntó el fiscal, además de destacar el uso abusivo y descontrolado de estos productos.
Con motivo de este tema, Fernando Cabaleiro, integrante de la ONG Naturaleza de Derechos, habló con Radio Provincia. Dijo que si bien hubo algunos avances a nivel local en cada provincia, se necesita una intervención directa del Ministerio de Salud y el de Medioambiente de la Nación, así como del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Se trata de “políticas públicas a nivel nacional más enérgicas”, declaró.
En ese sentido, resaltó la conformación Comisión Nacional de Agroquímicos y la intervención para ello de grupos activos como los Médicos por los Pueblos Fumigados y las investigaciones realizadas en el Comité de Bioética del hospital Juan Ramón Carrillo de Sáenz Peña. “Han generado una resistencia a estos avances”, comentó.
Entre otros antecedentes de trabajo importantes, nombró también la investigación realizada por un área de extensión de la Universidad de La Plata. Allí, se confirmó que en los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, el 75 % de las aguas de lluvia tenían presencia de agrotóxicos.
Es por esto y más que consideran tener pruebas suficientes para pedir “una exhortación al Senasa para la prohibición de estos productos”, argumentó.
“Me alarma el tema de los alimentos que están siendo fumigados con productos más peligrosos que el glifosato”, se explayó Cabaleiro. “Y estas cuestiones son ocultadas y minimizadas”, por los distintos Poderes gubernamentales y económicos, expresó.
Además, recordó: “Con el problema con los agroquímicos estamos hablando de inundaciones y de cambios climáticos”, como consecuencia. En eso detalló los casos de Buenos Aires y Santa Fe, donde el 85 % de la agricultura está concentrada en la soja. “Que allí sean las zonas más afectadas por inundaciones no es casualidad”, dijo y agregó que la soja es como un gran “pacman verde” que consume a los demás cultivos. Una realidad que también está sucediendo en la provincia.
Con respecto a la posibilidad de que el glifosato se prohíba en el país, expresó que el suyo es “un planteo mucho más amplio”. “Hay que prohibir este y otros productos más peligrosos”, explicando que los alimentos alterados piden químicos cada vez más elevados.
“Sabemos que es un proceso lento y que no se puede cambiar de un día al otro. Pero nuestro objetivo es cambiar a un modelo donde se deje de usar agroquímicos”, concluyó.
LA LECTURA LOCAL
En el mismo programa matutino de Radio Provincia, habló sobre este tema la ministra de Medio Ambiente, Mali Serrano. Serrano empezó argumentando que hay que diferenciar agrotóxicos de agroquímicos. Dijo que los químicos usados en fumigaciones son por tratamientos de cultivos y son “los mismos que los productos que usamos en casa”. Se trata de envasados, aerosoles, venenos, entre otros. Declaró que de lo que se está hablando es de la “peligrosidad en las dosis”, de uso.
Serrano dejó en claro que el Ministerio es un órgano de aplicación de las leyes vigentes, por lo que no le corresponde prohibir ningún producto, menos si éste está aprobado y permitido por el Senasa, como organismo nacional. Tal es el caso del glifosato y otros. “No tenemos la competencia para hacerlo”, dijo aunque aclaró que de ser prohibido “el Ministerio saldrá a hacer los controles correspondientes”. Fue contundente: “No estamos capacitados para prohibir un producto tan usado”, dijo.
Hilando fino, la ministra también distinguió la terminología utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS nombró al glifosato como probablemente canceroso, es decir, no completamente, “como otros productos que sí están permitidos como el cigarrillo”, justificó.
Además Serrano, consultada por algunas denuncias de pueblos cercanos a fumigaciones, explicó que se hicieron análisis y que “no se encontraron en el agua un producto que pueda causar la muerte de los animales”, por ejemplo. Agregó que en causas tan delicadas como estas es difícil que alguien quiera hacerse responsable judicial y económicamente.
Es por eso que destacó la participación ciudadana en este tipo de temas. “Es fundamental, para nosotros podamos actuar”, dijo.
LOS ANTECEDENTES
El dictamen del fiscal Canda fue presentado en el marco de una acción colectiva de amparo iniciada en 2012. En ese momento, tuvo un fallo desfavorable en primera instancia y ahora debe resolver la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Si bien no es vinculante, en caso de que la Sala resuelva lo contrario, deberá rebatir los argumentos esgrimidos por el fiscal.
La utilización de semillas transgénicas y herbicidas comenzó a mediados de los años noventa y desde entonces no paró de crecer. Al mismo tiempo que se extendió la protesta de cientos de organizaciones que denuncian los efectos nocivos para la salud de las poblaciones. Según datos del propio sector, en 1996 se utilizaban en promedio tres kilos de glifosato por hectárea y hoy se emplean más de 12 kilos.
EPÍGRAFE: Las prohibiciones del glifosato aún no se confirman.
FOTO: gentileza
