La denuncia judicial alcanza también al vocero presidencial Manuel Adorni, al secretario de Comunicación Javier Lanari y al jefe de la Casa Militar, el general Sebastián Ibáñez. Los cargos incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y restricción al ejercicio de la libertad de prensa.

El conflicto se originó tras la difusión de un video grabado dentro de la Casa Rosada con lentes inteligentes, utilizados por periodistas del canal TN. En respuesta, el Ejecutivo no solo denunció penalmente a los comunicadores involucrados, sino que también canceló el sistema de acceso biométrico de todos los acreditados, lo que en la práctica bloqueó el ingreso a la sede gubernamental.

La diputada Marcela Pagano, quien impulsó la denuncia, también acudió a la CIDH solicitando medidas cautelares urgentes para que el Estado argentino restituya el acceso a la prensa y cese lo que calificó como “declaraciones estigmatizantes” contra periodistas. El organismo ya acusó recibo de la presentación.

En paralelo, sectores de la oposición buscan llevar el tema al Congreso. El diputado Esteban Paulón confirmó una convocatoria en la Cámara de Diputados para escuchar a los periodistas afectados, al considerar que la medida es “inconstitucional” y vulnera derechos fundamentales. Legisladores como Sabrina Selva también intentaron, sin éxito, obtener explicaciones oficiales en la Casa Rosada.

El episodio se inscribe en una escalada de tensión entre el gobierno y la prensa. En los últimos meses se registraron restricciones selectivas, agresiones a trabajadores de medios durante operativos y una retórica confrontativa impulsada por el propio presidente, quien ha cuestionado reiteradamente el rol del periodismo.

Analistas advierten que estas acciones forman parte de una estrategia política más amplia orientada a debilitar la intermediación periodística en la esfera pública. En línea con esa visión, el escritor Giuliano Da Empoli ha señalado el papel de las plataformas digitales y la manipulación emocional en la construcción de poder político contemporáneo.

Mientras tanto, el devenir judicial de las denuncias permanece incierto en los tribunales de Comodoro Py, en un contexto donde el conflicto suma presión institucional y proyecta impacto más allá del ámbito local, con repercusiones en organismos internacionales de derechos humanos.

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