“Es grave e inconstitucional que el gobierno nacional impulse la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de facilitar aún más desmontes. De aprobarse, la deforestación aumentará significativamente ya que sólo estará prohibida en el 20% de la superficie de bosques del país. Frente a esto, creamos la República de los Siete Bosques, una plataforma de participación ciudadana para conocer y defender nuestro último refugio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Esta “micronación” fundada por Greenpeace tiene como objetivo la conformación de una comunidad protectora de los bosques, alerta para defenderlos frente a diferentes amenazas. El manifiesto fundacional de esta “república”, destaca el “orgullo de que Argentina cuente con siete tipos de bosques de gran belleza, diversidad biológica y cultural, abarcando 50 millones de hectáreas: del Gran Chaco a los Bosques Andino Patagónicos; de la Selva de Yungas a la Selva Misionera; del Monte al Espinal, hasta el Delta e islas del Paraná”, y advierte su preocupación ante “la impunidad con la que continúan desmontes e incendios forestales, provocando desaparición de especies, crisis climática, inundaciones, desalojos de comunidades indígenas y campesinas, y pérdidas de alimentos y medicinas”.

“Con la indignación de que empresas agropecuarias, forestales y urbanísticas, con la complicidad de los gobiernos, colocaron a Argentina entre los 15 países con más deforestación del mundo, generando la pérdida de 8 millones de hectáreas de bosques en las últimas tres décadas, la superficie de una provincia entera; con alarma por la intención del gobierno nacional de modificar la Ley de Bosques para permitir muchos más desmontes, en lugar de establecer su penalización; alzamos nuestra voz, ponemos el cuerpo y nos comprometemos a defender nuestro último refugio”, señala el documento .

“Recientemente documentamos en Salta a dos topadoras arrasando el bosque con cadenas enormes, en territorio de comunidades wichí de la ruta 86, cerca de Tartagal. Es evidente que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques resulta inadmisible. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Cruz.

Greenpeace convoca a la gente a obtener la “ciudadanía” de la República de los Siete Bosques en la página sietebosques.org.

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El desmonte fue notificado de forma anónima y asistieron al lugar personal de la Sección Villa Berthet y Villa Ángela. Allí constataron la presencia de una máquina tipo “Michigan” que realizaba tareas de extracción de árboles, arbustos y malezas.

Al ser interrogado, el propietario del campo –  un hombre de 43 años – confirmó que el predio solo tiene permiso para limpieza de malezas. Por lo que la actividad viola la Ley de Bosques N° 2079-R.

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Bosques, quien dispuso labrar el acta de constatación y ordenar el cese inmediato del desmonte. Además, se adelantó que inspectores del organismo se presentarán en la jornada siguiente para evaluar el estado del terreno y determinar los daños ocasionados. La causa fue iniciada por supuesta infracción a la normativa forestal provincial.

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“Frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, y en un contexto de enormes incendios forestales en el sur, resulta grave e inconstitucional que además de buscar flexibilizar la Ley de Glaciares también quieran hacerlo con la Ley de Bosques, para permitir aún más desmontes. Por el contrario, ante los compromisos climáticos de detener la deforestación para el año 2030, Argentina debe prohibir y penalizar su destrucción”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El reporte de Greenpeace, realizado mediante el procesamiento de imágenes satelitales, estima que durante 2025 en el norte de Argentina se desmontaron 94.204 hectáreas (Santiago del Estero 51.149 hectáreas, Chaco 16.872 hectáreas, Salta 15.129 hectáreas y Formosa 11.054 hectáreas). (2)

Por su parte, el informe destaca que el año pasado en dichas provincias se quemaron 116.498 hectáreas de bosques (Santiago del Estero 53.325 hectáreas, Formosa 22.715 hectáreas, Chaco 21.520 hectáreas y Salta 18.938 hectáreas).

Así, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas durante 2025 en el norte del país fue de 210.702 hectáreas, una superficie equivalente a la de diez ciudades de Buenos Aires. En Santiago del Estero se perdieron 104.474 hectáreas de bosques, mientras que en Chaco 38.392, en Salta 34.067, y en Formosa 33.769.

“El consenso científico viene alertando hace tiempo sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que proteger nuestros bosques resulta fundamental. Es claro que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a su restauración. En muchos casos es evidente la complicidad de funcionarios. Debemos acabar con esta impunidad”, afirmó Giardini.

La organización ecologista convoca a la ciudadanía a reclamar en la página votaporlosbosques.org que se establezcan penas de prisión para los responsables de la destrucción de bosques. Ya participaron más de 270.000 personas.

1. Propuesta de modificación de la Ley de Bosques

2. “Deforestación en el norte de Argentina. Informe Anual 2025”

https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2026/02/b30fdf7a-informeanualdeforestacionfinal-gp2025.pdf

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Frente a este situación y el insistente reclamo de los gobernadores patagónicos, en el gobierno libertario admiten ahora que podrían volver a ampliar el temario a tratar en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación a partir del próximo 1° de febrero e incluir el proyecto de Ley de Emergencia Ígnea. La iniciativa, resistida por el oficialismo, busca dotar de herramientas a las provincias asediadas por el incendios forestales.

“Podría ser”, admitieron fuentes de Casa Rosada sobre la posibilidad de una nueva ampliación del temario de extraordinarias. En la misma sintonía, otro integrante de la mesa política del presidente Milei admitió que la propuesta está en evaluación y que, si el diagnóstico elaborado se ajusta a los parámetros oficiales, podrían avanzar en su incorporación.

Lo cierto es que con 230 mil hectáreas de tierras afectadas por el fuego, la Patagonia se encuentra en una compleja situación que llevó a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) a oficializar el reclamo.

Los mandatarios provinciales piden la libre disponibilidad y reasignación de partidas para hacer uso de los recursos nacionales, y si bien el Poder Ejecutivo puede dictar decretos para prorrogar la ley que data de 2022, aspiran a tratarla durante el inicio del período extraordinario que se extenderá hasta el 27 de febrero.

De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Fuente: Minuto Uno

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“Es preocupante por diversas razones. Primero, porque nos deja sin un marco jurídico para la aplicación de las diferentes infracciones con respecto a la tala, el desmonte. Pero también nos preocupa porque el sector foresto industrial, el sector forestal es un sector productivo que genera riquezas, pero que tiene un alto impacto en lo socio económico y en lo que hace a la generación de empleo”, sostuvo.

Aseguró que “hay un alto porcentaje de chaqueños que, con esta incertidumbre, puede quedar son su fuente de trabajo. Es preocupante. Pero también por el marco jurídico, no tenemos las reglas claras. Esto también afecta al sector ganadero, porque si hoy vienen por un permiso para un deslinde, un alambrado, una subdivisión de su campo, no tengo facultades para darle porque tengo una cautelar interpuesta que no me lo permite”.

“Hemos demostrado un trabajo serio de contralor, hemos disminuido notoriamente el desmonte en la provincia con políticas fuertes desde la Dirección de Bosques por pedido del propio Gobernador y el Ministro que nos dieron las herramientas también tecnológicas para poder llevar adelante los controles de todo el territorio provincial”, acentuó. 

Precisó que, en el primer trimestre de 2025, se disminuyeron en un 65% los desmontes. “No es por hacer comparaciones, pero si hacemos un análisis para atrás, desde 2001 a la fecha 2025 fue el año con más disminución en desmonte. Esto quiere decir que tenemos control, una estricta política de conservación del medio ambiente habilitando aquellos permisos que sí se pueden hacer, que pueden aprobarse después de los propios análisis”.

“Esta ley de OTBN viene discutiéndose hace un tiempo largo y después de haber involucrado a los distintos sectores, actores, fue aprobado por la Legislatura chaqueña y luego fue avalado y aprobado por Nación después de pedirse correcciones. Se trabajo fuertemente en esto. Acá no está dada toda la información de los que se hizo y es lo que estamos trabajando para poder justamente llevar adelante esto. Para que la Justicia, una vez que se levante la Feria, pueda tomar definiciones y resolver esta situación porque no se puede estar con tanta incertidumbre en una provincia que está atravesando momento difíciles y que debe trabajar de la mano del sector productivo en su conjunto para sacarla adelante”, afirmó.

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Los inmuebles rurales con bosques nativos comprendidos dentro de las superficies que en el mapa actualizado están en amarillo oscuro (APC), podrán solicitar autorizaciones de cambio de uso de suelo. Para ello, deberán identificar sectores de Categoría III (verde), sobre los que se permitirán intervenciones, mientras que los remanentes pasarán a Categoría II (amarillo).

La intervención máxima admitida estará limitada por porcentajes de transformación definidos para cada cuenca hidrográfica. Además, no se permitirá transferir superficies entre cuencas distintas. Los interesados deberán presentar un Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelo (PACUS) con criterios que favorezcan la conectividad entre los bosques y eviten la fragmentación.

Control y evaluación

La autoridad de aplicación evaluará cada proyecto y podrá modificar las propuestas presentadas tras el análisis a escala predial. La resolución aclara que siguen vigentes los requisitos técnicos y formales ya establecidos en normativas anteriores (resoluciones 831/19, 333/20 y 411/20).

Con la reglamentación, según indicaron fuentes oficiales, la Provincia busca «garantizar que el ordenamiento de sus bosques nativos se ajuste a los criterios de sustentabilidad ambiental definidos por la legislación nacional y provincial».

La ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, definió tres categorías según su valor de conservación: alto (rojo), medio (amarillo), bajo (verde). También estableció una revisión periódica de los OTBN cada cinco años.

Con el ordenamiento que se aprobó en 2009 vencido desde 2014, Salta inició el proceso de revisión en 2021. En la elaboración del mapa actual, a los diez criterios previstos en la ley nacional de bosques, se incorporó luego de las deliberaciones otro vinculado a la protección de las comunidades nativas.

Además, se indicó que «en cumplimiento del principio de no regresividad ambiental, el nuevo ordenamiento incrementó en unas 30 mil hectáreas la superficie de la Categoría I (rojo) respecto del mapa anterior». A la par, redujo en más de 280 mil hectáreas la superficie de la Categoría III (verde) que estaba concentrada principalmente en Anta.

En el nuevo mapa el 70% de la superficie está en amarillo, el 20% en rojo y menos del 10% en un posible verde. Este último porcentaje representa 720 mil hectáreas.

En el proceso de actualización del OTBN intervinieron más de 120 organizaciones, a las que se sumó el aporte de instituciones como el Conicet, la UNSa, el INTA, la Administración de Parques Nacionales y el IPPIS. En el marco del proceso participativo se dictaron talleres en distintos puntos de la provincia, se realizaron reuniones informativas y hubo capacitaciones para pueblos originarios y comunidades criollas, que también realizaron aportes en el proceso de revisión.

El informe técnico final, su adenda y el soporte cartográfico fueron aprobados con la ley 8483, sancionada en diciembre de 2024 y promulgada en enero último. La norma incorporó las APC como áreas de carácter transitorio, en las que los proyectos de cambio de uso de suelo se irán definiendo a medida en que los proponentes presenten los proyectos a escala predial.

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En su recorrida por el norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documentó desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocaron carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.

Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestaron ilegalmente 167.684 hectáreas.

En 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declaró su competencia en la causa y se espera su fallo.

“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señaló Cruz

Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país firmó, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

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Sucedió el viernes por la siesta. Los funcionarios de la Delegación de Bosques, junto a los efectivos llegaron al paraje India Muerta y constataron el desmonte de unas 40 hectáreas. Ingresaron al predio y se entrevistaron con el propietario, quien manifestó no poseer autorización para tal tarea.

Se realizó informe y actas correspondientes, posteriormente maquinaria es trasladada hacia predio de la unidad rural para resguardo en carácter secuestro preventivo a disposición magistrado actuante.

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Profesionales del ambiente y trabajadores del sector alertaron sobre el impacto negativo que generaría la decisión del Gobierno provincial de no renovar estos contratos en esta Dirección dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible.

La medida enmarcada en un ajuste más amplio del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible alcanzaría aproximadamente a 100 trabajadores del área. Las organizaciones profesionales y ambientales señalaron que representa un retroceso estructural en la política forestal de Chaco.

Por un lado, afecta el cumplimiento de la Ley Nacional de Bosques (N° 26.331),  que ya está debilitada en recursos y aplicación en los territorios por el ajuste del gobierno nacional, y limita aún más las capacidades del Estado Provincial para garantizar el manejo sostenible y la protección de los bosques nativos chaqueños. “Es un desmantelamiento técnico que favorece el desmonte ilegal”, indican profesionales y trabajadores del sector.

La pérdida de personal técnico, territorial y administrativo implica que: se debilita la evaluación de planes de conservación y aprovechamiento. Se paralizan tareas de fiscalización en terreno, esenciales para combatir el avance de desmontes ilegales. Se pierde conocimiento técnico acumulado, clave para la continuidad institucional.

Desde 2020, la provincia está alcanzada por una medida cautelar federal que prohíbe desmontes, y que fue prorrogada en 2024 y 2025. “Sin personal técnico no se puede garantizar su cumplimiento, ni generar informes judiciales o pericias ambientales”, expresaron trabajadores del sector.

También alertaron que la situación pone en pausa la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que debe realizarse de manera participativa y con base técnica. Esto implica la continuidad de zonificaciones obsoletas o manipuladas y un vaciamiento del proceso de planificación ambiental.

Con la paralización de programas de manejo y restauración, Chaco podría perder el acceso a financiamiento nacional e internacional destinado al cuidado del ambiente. Entre ellos, el Fondo Verde del Clima y las transferencias establecidas por la Ley de Bosques.

“La medida transmite una señal de desinterés institucional hacia el ambiente como política pública”, señalaron desde el Consejo Profesional de Ciencias Forestales de Chaco. También remarcaron que esto dificulta el vínculo con comunidades indígenas, campesinas y organizaciones de base, que ya venían reclamando mayor participación y transparencia en los procesos territoriales. (Fuente: Comunicado Consejo Profesional – argentinaforestal.com)

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En una zona rural, distante a unos 40 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, detectaron el accionar de maquinarias que realizaban la limpieza de dos predios, sin la autorización correspondiente. Los desmontes para cambio de uso del suelo no están autorizados por una cautelar judicial en este momento, recordaron desde el Ministerio de Producción provincial.

Se procedió a identificar a los operarios, se les solicitó detener las actividades, se labró las actas correspondientes por Infracción al Régimen Forestal y se procedió al secuestro de la maquinaria utilizada, que fue transportada hacia Pampa del Infierno, al galpón de la Municipalidad.  

Desde la cartera productiva destacaron que «con el uso de nuevas tecnologías, como las antenas Starlink que permiten una comunicación fluida y la asistencia de drones para visualizar las maquinarias, estamos mejorando en territorio»; y agregaron que “las actuaciones serán remitidas a la Justicia».

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