La estimación surge de un estudio elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), que analizó el avance de la falsificación y el contrabando en distintos países de América Latina. Si se toma como referencia el PBI informado por el Banco Mundial, el mercado ilegal argentino movería alrededor de u$s32.000 millones por año.Informate más

El fenómeno está lejos de limitarse a la venta callejera de productos falsificados: detrás de esos circuitos operan organizaciones que aprovechan los bajos costos de producción, la diferencia de precios con los bienes originales y la debilidad de los controles para obtener elevados márgenes de ganancia.

Asimismo, el estudio advirtió que la participación de este mercado podría seguir aumentando durante los próximos años y llegar al 5,22% del PBI hacia 2028.

Por qué se expande el comercio ilícito en Argentina

El crecimiento del mercado ilegal responde a una combinación de factores económicos, sociales e institucionales, donde entre ellos aparecen la pérdida de poder adquisitivo, la presión tributaria sobre determinados productos y los elevados niveles de informalidad laboral.

La inflación y la inestabilidad cambiaria de los últimos años ampliaron la diferencia entre los precios del circuito formal y las alternativas ilegales. Frente a ingresos deteriorados, una parte de los consumidores prioriza el costo de los productos por encima de su procedencia o calidad.

La carga impositiva también tiene una fuerte incidencia, especialmente en industrias como las de bebidas alcohólicas y tabaco, donde los impuestos pueden representar hasta el 80% del precio final. En el caso de los cigarrillos, el informe señaló que algunos productos pueden costar en la Argentina hasta tres veces más que en Paraguay.

A ese escenario se suma la informalidad laboral, que comprende al 46,5% de los trabajadores. Para ASIPI, esta situación facilita la expansión de circuitos comerciales que funcionan fuera de los controles tributarios, sanitarios y laborales.

Las dificultades para perseguir y sancionar estas actividades terminan de completar el cuadro. La Argentina ocupa el puesto 94 entre 125 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, mientras que apenas el 8% de los ciudadanos manifiesta confianza en la Justicia.

Cuáles son los sectores más afectados

Los productos ilegales se concentran principalmente en artículos de consumo masivo. Alimentos, bebidas, cigarrillos y vestimenta encabezan el listado por su demanda constante, alta rotación y sensibilidad frente a los precios.

El tabaco sobresale por la diferencia de valores con países vecinos como Paraguay y Bolivia. También existe una importante presencia de autopartes y artículos de cuero falsificados, mientras que en un nivel intermedio aparecen cosméticos, medicamentos, juguetes y bebidas sin alcohol.

Además de provocar pérdidas para las empresas y el Estado, algunos de estos productos representan un riesgo para los consumidores, ya que se comercializan sin controles sobre su composición o fabricación.

“Las industrias más afectadas son aquellas en las que las marcas tienen mayor fuerza y donde la diferencia de precio y de producción entre un producto ilegal y uno legal es abismal”, explicó Notiger. El titular de ASIPI también cuestionó la aceptación social del fenómeno: “Es un robo que la gente realiza de forma socialmente aceptada”.

El estudio también analizó a Brasil, donde el comercio ilícito equivale aproximadamente al 4% del PBI, más de u$s85.300 millones anuales. En México, en cambio, representaba el 8,8% en 2023 y podría alcanzar el 13,7% en 2028.

El país norteamericano presenta el escenario más complejo: una de cada tres mercancías comercializadas tendría origen ilegal y ocupa el primer lugar de América Latina en materia de piratería.

Qué medidas propone el informe

Pese a las diferencias entre los países, el trabajo identificó tres factores que favorecen la expansión del fenómeno en toda la región: la digitalización sin controles suficientes, la debilidad de los sistemas judiciales y la desigualdad social.

Las plataformas digitales ampliaron los canales para ofrecer productos falsificados y facilitaron operaciones entre compradores y vendedores que muchas veces resultan difíciles de rastrear. Esta transformación obliga a actualizar los mecanismos de fiscalización.

ASIPI recomendó fortalecer los controles aduaneros, mejorar los sistemas de trazabilidad de las mercaderías y garantizar una aplicación efectiva de las normas vinculadas con la propiedad intelectual.

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