La presencia de las organizaciones de derechos humanos frente a las comisarías donde estaban los 31 detenidos durante la represión posterior la movilización por la aparición de Santiago Maldonado hizo que la Justicia adelantara sus tiempos y resolviera tomarles declaración indagatoria este mismo domingo y no el lunes como estaba previsto. Las organizaciones se convocaron hoy desde temprano en una concentración frente a los tribunales de Comodoro Py para exigir la liberación de los detenidos.
“Les ganamos 24 horas”, sintetizó a Página 12 la abogada de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú. Así se refirió a la decisión tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Ayer por la mañana, contó la letrada, los abogados fueron comunicados de la “decisión absoluta, sólida y sostenida de que las indagatorias serían el lunes”. Sin embargo, “ante la presencia permanente de los organismos” frente a las comisarías 1ª, 12ª y 15ª de la ciudad de Buenos Aires, el magistrado cambió de postura y decidió que los despachos se abran el domingo.
Ayer, varias organizaciones dieron una conferencia frente a la comisaría 15ª. Denunciaron que no se les permitió ver a los detenidos y, por ende, no está corroborado en qué estado de salud están “Tenemos datos superficiales del SAME, que hablan de escoriaciones, hematomas, golpes contra superficies duras, uso de gases, pero no tenemos precisiones”, dijo Verdú y puntualizó que una de las personas alojadas allí es un docente con problemas cardiovasculares. “Hace semanas que tiene un tratamiento específico que incluye ejercicios físicos y nos preocupa su estado, por eso queremos verlo", indicó.
Entre quienes están alojados en dependencias policiales hay trabajadores de prensa de medios autogestionados y personas “levantadas al voleo”, como el caso de un joven venezolano que no había participado de la marcha pero fue arrestado mientras circulaba por Avenida de Mayo.
Como los detenidos son 31, la jornada de indagatorias de mañana podría comenzar temprano y terminar inclusive durante la madrugada del lunes. Para evitar esto, la Correpi, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y varios abogados “solidarios” conformaron un equipo que representará legalmente a varios de los detenidos a fin de acelerar los trámites de declaraciones y pedidos de liberación.
“Plantearemos el pedido de liberación y, a partir de allí, el juez tendrá 24 horas para resolver”, indicó Verdú. Es decir que aún si las excarcelaciones fueran resueltas hoy, los detenidos podrían permanecer en esa condición hasta el lunes. La otra posibilidad es que sean dictadas inmediatamente después de concluir las indagatorias y que los detenidos sean liberados en los tribunales, en vez de volver a las comisarías y concluir allí los trámites.
Todos declararán bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Inicialmente, habían sido apresados por “daños”, una figura menor. Pero, con el paso de las horas la causa se recaratuló con figuras penales que prevén penas mayores.
“Debe haber habido algún llamado”, sospechó la abogada de Correpi y es que para ella las detenciones intentaron ser “una acción ejemplificadora” para quien se movilice contra el Gobierno de Mauricio Macri. En este contexto, añadió: “Hay riesgo de que (los acusados) queden detenidos. Sería una locura pero podría ocurrir”.
QUÉ SE ESPERA
El objetivo es que la movilización de hoy frente a los tribunales de Retiro sea masiva. El primer paso será que los familiares de las personas apresadas durante la represión policial terminen de designar a los abogados que se presentarán como defensores. Luego, mientras transcurren las declaraciones, las organizaciones de derechos humanos movilizadas permanecerán en vigilia.
Las expectativas sobre la inmediata liberación no dejan de ser relativas. El punto es que quien las tiene que resolver es Martínez de Giorgi, un magistrado conocido por sus fallos contra reclamos sociales. Uno de los casos que tuvo a su cargo fue el allanamiento de la señal de TV Antena Negra, tras un planteo hecho por la empresa de seguridad Prosegur. No solo ordenó el decomiso de los equipos de transmisión sino que, además, mantiene procesados a los trabajadores de ese medio autogestivo.
Martínez de Giorgi también es señalado por ser uno de los operadores que hizo dormir la causa contra el empresario Mariano Martínez Rojas, por encabezar la patota que atacó el edificio y a los trabajadores del diario Tiempo Argentino y Radio América. Se trata del mismo empresario que continuó el vaciamiento de esas empresas periodísticas y que durante la última semana fue presentado por el multimedios Clarín como el supuesto “arrepentido” que denunciaba presuntos delitos en la Aduana durante el Gobierno anterior.
