Según fuentes oficiales, el objetivo es eliminar lo que denominan «discriminación selectiva», en referencia a leyes que benefician a minorías. “El Estado no puede hacerse cargo de las necesidades de cada uno de estos sectores. Además, ¿quién determina qué es una minoría?”, expresó un funcionario cercano al proyecto.

Entre las medidas más destacadas, se encuentra la propuesta de suprimir el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, que agrava las penas para homicidios por violencia de género. También busca eliminar el Decreto 476/2021, que permite la emisión de DNI no binarios, argumentando que la demanda de estos trámites no justifica la normativa.

Asimismo, el proyecto plantea derogar la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género para funcionarios públicos, y el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector estatal.

El texto es elaborado por María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica, en colaboración con el Ministerio de Justicia, y cuenta con el respaldo del asesor presidencial Santiago Caputo.

Críticas y desafíos políticos

El presidente Milei justificó la iniciativa como parte de su lucha contra la «agenda woke», reiterando en Davos que estas políticas distorsionan el principio de igualdad ante la ley. “El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad”, declaró, insistiendo en que estas medidas no son necesarias en sociedades occidentales.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias en el Congreso. Tanto el PRO como sectores de la Unión Cívica Radical, que integran el oficialismo, han respaldado históricamente algunas de estas leyes, generando tensiones internas en el bloque.

El Gobierno, no obstante, mantiene su postura firme y confía en que el proyecto avance, aunque anticipa posibles rechazos en el recinto. “No hay problema, que voten en contra”, afirmó un asesor cercano al presidente.

Cambios sin carácter retroactivo

Desde el oficialismo aclararon que las modificaciones propuestas no tendrán carácter retroactivo y se aplicarán únicamente en caso de ser aprobadas en el Congreso. Además, descartaron eliminar leyes como el Matrimonio Igualitario y la despenalización del aborto, aunque mencionaron que están abiertos a discutir la última en el futuro.

El proyecto, presentado como un avance hacia la igualdad jurídica, ha sido criticado por diversos sectores que consideran que atenta contra los derechos conquistados por colectivos vulnerables. La aprobación de esta ley marcaría un antes y un después en las políticas de inclusión social en Argentina.

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En la decisión, las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas instaron al Ejecutivo Municipal a implementar el cupo laboral para la población trans, establecido en una ordenanza de 2016 que nunca fue aplicada durante las gestiones anteriores de Jorge Capitanich y Gustavo Martínez. La fiscal de Cámara, María Marta Verón, se había manifestado a favor de mantener la cautelar que protegía a Sabarece, en línea con su postura en casos similares.

Sabarece argumentó que su despido se realizó sin garantizar su derecho a la defensa, y destacó que su incorporación al Municipio estaba respaldada por una ordenanza que no había sido declarada inconstitucional. En su fallo, el tribunal subrayó que la Municipalidad no presentó pruebas suficientes para justificar la falta de vacantes para el colectivo trans, indicando una “presunción de ilegitimidad” en la decisión del Ejecutivo.

Además, las camaristas reconocieron que, aunque Sabarece había sido incorporada a la planta permanente bajo el “cupo general”, durante el proceso se verificó su pertenencia al grupo trans. Esto evidenció que el tribunal inicialmente no consideró su caso particular y que el proceso judicial se prolongó durante casi cinco meses, mientras que la purga masiva fue avalada en solo diez días.

En sus conclusiones, las magistradas señalaron la obligación del Estado de implementar acciones positivas para igualar oportunidades entre los grupos históricamente marginados, subrayando la importancia de cumplir con el cupo laboral para la población trans, que debería ser de al menos 51 agentes según los cálculos del municipio.

El fallo representa un avance significativo en la defensa de los derechos laborales de la población trans en Chaco, un colectivo que enfrentó históricamente barreras en el acceso al empleo público. La resolución del tribunal resalta la necesidad de justicia y equidad en la gestión de recursos humanos dentro del Estado.

Fuente: Litigio.

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