La jornada se desarrolló sin asistencia a los lugares de trabajo y con el mantenimiento de las guardias mínimas dispuestas por el sindicato.

El reclamo apunta a la defensa de la estructura salarial establecida por las Leyes 3424-A y 468-A, norma conocida como «enganche», que históricamente vinculó las remuneraciones de la cúpula judicial con las del resto del personal. La organización sostiene que cualquier modificación del régimen salarial debe preservar los derechos adquiridos y la relación porcentual entre las categorías del escalafón judicial.

En su comunicado, la entidad reconoció la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios, pero planteó que esa garantía no debería traducirse en un deterioro salarial para el resto de los trabajadores judiciales.

El proyecto, impulsado por el gobierno de Leandro Zdero, crea el concepto «Intangibilidad» para equiparar los haberes de los jueces chaqueños con la media nacional, un beneficio exclusivo que deja afuera al resto del personal.

Desde la Asociación Judicial señalaron que el nivel de adhesión constituye una expresión concreta del acompañamiento de los trabajadores al reclamo por una estructura salarial equitativa.

En paralelo, reafirmaron su voluntad de continuar planteando institucionalmente sus objeciones y reclamando ámbitos de diálogo para abordar el conflicto, en un escenario de discusión gremial y legislativa en torno al proyecto 2141/26.

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Se llevó adelante este miércoles, desde las 11, un paro total de actividades en el Poder Judicial, con retiro y concentración, dispuesto por la Intergremial Judicial en toda la provincia. A la medida también adhirieron los gremios del Tribunal de Cuentas y de Fiscalía de Estado.

La medida de fuerza se desarrolló en forma contundente en toda la provincia con concentración de los trabajadores en las torres civiles de avenida Sarmiento y Laprida en la ciudad capital y en los Juzgados más importantes de las demás jurisdicciones, demostrando el gran malestar de todos los trabajadores judiciales.

En Resistencia, durante la concentración, los secretarios generales de los tres gremios judiciales, Graciela Aranda, Walter Bernard y Nicolás Piñero, tomaron la palabra y explicaron la magnitud del conflicto de derecho desatado por un Tribunal ad hoc que a través de nuevas sentencias de cosa juzgada, excediendo sus facultades y violentando el estado de derecho, pretenden modificar y derogar leyes salariales vigentes, que benefician al conjunto del Personal Judicial, mediante un proyecto de ley que sólo beneficiaría a los jueces.

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Según el comunicado de la Intergremial, «este Tribunal se arroga facultades del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Ministerio de Trabajo de la provincia, atribuyéndose el poder de policía, ellos mismos se están autoconvocando, de una forma inconstitucional e ilegal».

Informa que para la audiencia se convocan a las partes demandantes, a los representantes que designen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial, a la Procuración General del Poder Judicial y al Sr. Fiscal de Estado, «no así a los gremios Judiciales representantes de los trabajadores, quienes son los únicos habilitados por la Constitución nacional, provincial y leyes que rigen la materia».

«Al tratarse en dicha audiencia el salario se genera un conflicto de derecho que afecta gravemente a todo el personal judicial. Toda esta trama no es más que un nuevo intento de desenganche de Magistrados con el resto del personal, lo que de ninguna manera los gremios vamos a permitir», advierten.

Aclaran que «estos jueces que se van a sentar a discutir por sus propios salarios son juez y parte en una contradicción manifiesta a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la misma causa Alonso de Martina».

«Por la gravedad Institucional que está cometiendo este Tribunal Ad Hoc exigimos una urgente convocatoria al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ante este nuevo atropello de magistrados que con una resolución ordenan una audiencia para discutir cuestiones salariales dejando afuera a los gremios judiciales, que son los únicos constitucional y legalmente habilitados para discutir salarios», concluye la proclama.

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