La presentación fue realizada por el querellante Ricardo Ariel Osuna con el patrocinio de la abogada Celeste Segovia y alcanza a los efectivos R.O.B., G.A.M. y C.M.T., quienes integraban el móvil policial N-156 durante la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17 de mayo de 2026, franja horaria en la que Axel González fue visto por última vez.

Según sostienen los representantes de la familia, la hipótesis de una posible intervención policial ya no se apoya únicamente en sospechas iniciales, sino en un conjunto de testimonios, informes y medidas de prueba que, analizados en conjunto, colocan a personal policial en la escena y en el momento previo a la desaparición.

Entre los elementos señalados se encuentran las declaraciones de A.E.L., quien afirmó que Axel fue perseguido por efectivos policiales tras ser interceptado por un móvil; los testimonios de S.A.E. y J.L.L., quienes describieron movimientos policiales en la zona durante la madrugada; la declaración de R.E., que afirmó haber visto a Axel dentro de un patrullero; y los mensajes y videos aportados por L.P.V., donde el propio Axel manifestaba encontrarse rodeado de policías horas antes de desaparecer.

La querella también destacó la declaración de la agente C.I.M., quien identificó a los ocupantes del móvil N-156 en la zona considerada de interés para la investigación.

Asimismo, se valoraron las declaraciones de J.L.G., quien refirió antecedentes de hostigamiento policial sufridos por la víctima con anterioridad a su desaparición, y otros testimonios que, según la presentación, contribuyen a reconstruir los movimientos de los móviles policiales durante la madrugada investigada.

En el escrito se sostiene además que los funcionarios policiales continúan perteneciendo a una fuerza de seguridad directamente vinculada a la investigación y que aún restan producir importantes medidas probatorias, entre ellas análisis de comunicaciones telefónicas, cruces de antenas, pericias sobre dispositivos electrónicos, reconstrucciones de recorridos GPS y ampliaciones testimoniales.

Por ese motivo, además de la imputación formal, la querella solicitó que se disponga la detención de los efectivos y se promuevan las medidas de coerción correspondientes, argumentando la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación debido al acceso que podrían tener a documentación institucional, registros internos y potenciales fuentes de prueba.

Finalmente, la presentación requiere la citación testimonial de la funcionaria policial Y.B.R., quien prestaba servicios en la Comisaría Segunda de Fontana durante la noche en que Axel González desapareció.

La Fiscalía deberá ahora analizar el planteo y resolver si los elementos incorporados hasta el momento resultan suficientes para modificar la situación procesal de los efectivos señalados por la querella, en una investigación que continúa avanzando sobre una de las hipótesis más sensibles y trascendentes del caso.

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Cuando restaban pocas semanas para el inicio del debate oral previsto para el 23 de junio, el Tribunal resolvió reprogramar las audiencias para septiembre de 2026. La decisión implica una nueva demora en una causa por graves hechos de violencia institucional ocurridos hace más de seis años y motivó la presentación del Comité para solicitar que el juicio se realice en el menor plazo posible y sin nuevas postergaciones.

La causa investiga el accionar de efectivos policiales acusados de irrumpir sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana y someter a integrantes de una familia de la comunidad Qom a hechos de violencia física, vejámenes y detenciones ilegales. Entre las víctimas se encontraba una adolescente.

En su presentación, el Comité advirtió que transcurrieron más de seis años desde los hechos sin que se haya realizado el debate oral y público. Asimismo, recordó que esta no es la primera suspensión del juicio. En octubre de 2025 las audiencias ya habían sido reprogramadas debido a la superposición con otro proceso judicial, por lo que la nueva postergación profundiza una demora que afecta el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial oportuna.

El organismo destacó además que las víctimas pertenecen al pueblo qom, una comunidad históricamente afectada por situaciones de discriminación y exclusión, y que los hechos investigados constituyen un caso de presunta violencia institucional. Por ello, sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar una investigación y un juzgamiento rápidos y efectivos.

En este contexto, el Comité solicitó que se arbitren todas las medidas necesarias para evitar nuevas dilaciones y asegurar la realización del juicio en el menor plazo posible, entendiendo que el transcurso del tiempo no solo compromete el acceso a la justicia, sino que también profundiza el impacto que estos hechos generan sobre las víctimas y sus familias.

La presentación se fundamenta en la legislación provincial y nacional de protección de los derechos de las víctimas, así como en tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, especialmente en casos vinculados a violencia institucional y presuntas violaciones graves de derechos humanos.

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Los procedimientos fueron llevados adelante con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14 y se enfocaron en una línea investigativa vinculada al entorno familiar de la víctima. Según informaron fuentes policiales, “se presume que podrían encontrarse los supuestos autores del hecho”.

El despliegue estuvo coordinado por el Departamento Investigaciones Complejas, con apoyo de unidades de acción rápida, en el marco de un operativo cerrojo ejecutado de forma simultánea en las dos localidades.

Como resultado de los allanamientos, los agentes concretaron la detención de cuatro personas y el secuestro de diez teléfonos celulares, además de prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a peritajes por considerarse de “vital interés” para la causa.

En paralelo, personal especializado del Departamento Cibercrimen continúa con tareas técnicas orientadas al análisis digital de dispositivos y registros audiovisuales. Entre las medidas en curso se encuentran el rastreo de información y la extracción de imágenes de distintas cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir los movimientos vinculados a la desaparición de González.

Cabe señalar que la investigación judicial tomó un giro en los últimos días luego de testimonios que señalaron una presunta persecución policial previa a su desaparición, situación que motivó la intervención de la comisaría Segunda de Fontana, el apartamiento de agentes y el secuestro de teléfonos celulares para peritajes.

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El debate oral se desarrollará los días 23, 24, 25 y 30 de junio, y 1, 2, 7 y 8 de julio de 2026. Asimismo, se dispuso la realización de una audiencia preliminar para el próximo 19 de mayo. El proceso estará a cargo de la jueza Dolly Fernández.

En nuestro carácter de querellantes institucionales, luego de años de sostenido trabajo, acompañamiento a las víctimas y exigencia de justicia, continuaremos interviniendo activamente en esta instancia decisiva del proceso.

Los hechos que serán juzgados constituyeron una gravísima situación de violencia institucional perpetrado contra poblaciones vulnerables. Tal como surge de la investigación, durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, efectivos policiales irrumpieron sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas, donde golpearon brutalmente a jóvenes de la comunidad Qom, incluyendo a una adolescente, y profirieron insultos discriminatorios vinculados a su identidad indígena.

Las agresiones no se limitaron al domicilio, sino que continuaron en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas fueron sometidas a nuevos golpes, amenazas, tratos crueles y degradantes mientras se encontraban detenidas.

Diez son los efectivos policiales que estarán en el banquillo de los acusados: Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están imputados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.

Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González llegan a juicio acusados de vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria, Claudia Beatriz Lucena, está imputada por encubrimiento agravado y detención ilegal.

Desde este Comité sostenemos que este juicio representa una oportunidad histórica para avanzar en la sanción de prácticas de violencia institucional, especialmente aquellas dirigidas contra pueblos originarios. También reafirma la importancia del control de los organismos del Estado sobre las fuerzas de seguridad y la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

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La sanción, prevista en el artículo 88 del Código de Faltas, equivale a tres salarios mínimos, vitales y móviles, y se aplica para la tenencia indebida de animales con topes de hasta treinta días de arresto o su equivalente en efectivo hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles. La norma también prevé que la pena se duplique «si el animal atacara o hiriera a alguna persona».

En la resolución 173/26, la jueza Selva Puchot señaló que el Código de Faltas «considera el riesgo creado por mantener animales bajo custodia, lo que genera una responsabilidad objetiva o presunta. Es decir tener animales de gran porte hace que tenga que cuidarlos con la debida cautela, es decir con bozal o tenerlos custodiados, si como en este caso los dueños alquilan y/o prestan para eventos el quincho o garage y todo forma parte del mismo predio». 

Más adelante indicó que el fundamento de la norma «radica en el deber de guarda y vigilancia que pesa sobre quien es propietario o responsable de un animal, especialmente cuando se trata de animales de gran porte o potencialmente peligrosos, cuyo control exige extremar las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos a terceros».

«La conducta de la imputada evidencia una omisión en el deber de custodia y control del animal, permitiendo que el mismo se desplazara libremente hacia un sector donde se encontraban personas reunidas, situación que derivó en el ataque a una persona menor de edad», culminó.

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“Rodas dedicó su vida a la política con compromiso y lealtad hacia los valores del movimiento justicialista, defendiendo siempre los intereses del pueblo chaqueño y contribuyendo al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Su paso por el Congreso de la Nación, y su querida comunidad de Fontana, estuvieron marcados por la búsqueda de consensos y por la firme convicción de que la política es una herramienta de transformación social”, señalaron desde el partido.

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Alrededor de las 17:00 horas, efectivos de la Comisaría Primera de Fontana fueron alertados sobre una situación de emergencia en una barriada local. Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con una adolescente de 13 años que no presentaba signos vitales. Ante la urgencia, se solicitó de inmediato la intervención de los profesionales de salud y del médico policial de turno, quienes lamentablemente confirmaron el fallecimiento de la joven en el lugar.

Siguiendo el protocolo para estos casos, la escena fue preservada para el trabajo del Gabinete Científico, encargado de realizar las pericias correspondientes que ayuden a esclarecer el contexto del fallecimiento.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14, desde donde se impartieron las directivas para el manejo del caso.

Finalmente, personal de la División Bomberos procedió al traslado de los restos de la menor hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF). Allí se llevará a cabo la autopsia, una pieza clave para que la justicia determine de manera fehaciente las causas de la muerte.

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El DTC Resistencia cuenta con 11 años de trayectoria ininterrumpida brindando atención integral a personas con consumos problemáticos, en articulación con escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias. La falta de definiciones claras sobre el futuro del equipo afecta tanto a quienes trabajamos como a la población usuaria.

El equipo de trabajadoras manifestaron que tras ese anuncio se dan por despedidas de sus puestos de trabajo. Además, exigieron el cumplimiento del pago adeudado por el mes trabajado y claridad sobre su situación laboral. Finalmente, solicitaron la incorporación formal al DTC Fontana, con quien ya articulaban intervenciones.

“Nos mantenemos en estado de alerta. Seguimos trabajando y garantizando derechos con compromiso, pero en un contexto de profunda incertidumbre tanto para el equipo como para la comunidad”, expresaron. Y finalizaron: “Instamos a las autoridades de Sedronar a brindar respuestas urgentes, responsables y respetuosas de los derechos laborales y de la continuidad en la atención”.

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Según la denunciante, el agresor se encontraba en estado de ebriedad y reaccionó violentamente, propinándole golpes en distintas partes del cuerpo. Además, la amenazó con un cuchillo. La mujer comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que alertó a los vecinos que llamaron a la policía.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Segunda de Fontana procedió a la aprehensión del acusado y al secuestro del arma blanca con la que habría amenazado a la víctima. El individuo fue trasladado a la dependencia policial para su identificación.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sujeto por la causa de “supuestas amenazas y lesiones en contexto de violencia de género”.

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Uno de los pedidos de la familia de la víctima era la custodia policial por amenazas, acto que también se cumplió en el domicilio de la abuela. Sin embargo, la percepción sigue siendo de desconfianza hacia el actuar policial, sobre todo de la Comisaría Segunda, se comprometió a un patrullaje que no realizaron.

Cabrera indicó sobre el estado de salud de la abuela que crio a Sol que “está mal por dos razones: la pérdida de su nieta, y por la falta de respuesta del Estado a su situación, ya que ella se encuentra fuera del hogar desde lo que sucedió, por miedo a represalias”.

Es que la familia cree que hay otro implicado en la causa y “hubo un mal procedimiento” al inicio de la investigación.

“Se hizo un descargo con el ministro de Justicia, hubo un supuesto compromiso, pusieron todo a disposición, pero no se concreta nada. Ella no quiere una bolsita de mercadería, necesita una solución habitacional, hoy en el lugar se quedaron sus cosas junto con las de Sol”, comentó sobre el acercamiento con Gobierno. Por miedo a las amenazas, la mujer incluso ofreció su casa a cambio de otra, solo quiere permanecer en Fontana, cerca de los recuerdos de su nieta, explicó Cabrera.

Por ahora, señaló que “se encuentra resguarda en la casa de una hermana de la iglesia. Quiere las cosas de Sol, no entiende porque ella tuvo que salir de su casa y esta gente sigue ahí”.

El abogado Juan Arreguin se puso a disposición de la familia, “sin cobrar honorarios”, destacó la vocera de la familia, y desde el martes se le brindó el poder como abogado querellante. Adelantó que “van a pedir que los testigos sean protegidos porque tienen miedo”.

Vieron como positivo que el Estado se haya sumado como querellante y remarcaron la figura del procurador -Jorge Canteros- que, creen, influyó en que se haya podido cambiar la caratula.

“La familia pide que haya una investigación a fondo. Que los policías vayan casa por casa a hablar con los vecinos, porque están asustados, no quieren hablar por miedo. Piden una investigación estricta y seria”, expresó.

Por último, comunicó que se prepara una vigilia en memoria de Sol. También extendió por la familia un agradecimiento a todas las personas que asistieron a la marcha; “que fue de mucha ayuda para que la familia pueda llegar a la fiscal”, gracias al acompañamiento de la comunidad, dijo.

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