A poco más de cuatro meses para dar por terminado el calendario judicial, el proceso de juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura en Chaco asiste a la culminación del juicio oral denominado Caballero II, y asimismo el inicio de una tercera causa por delitos ocurridos en la ex Brigada de Investigaciones.
La causa Caballero III llevará a juicio a policías y militares, y también a la “pata civil” del genocidio; los funcionarios judiciales que otorgaron cobertura legal a la represión. Además, ya fue elevada a juicio la causa Ligas Agrarias, proceso que hará foco en el plan de exterminio de pequeños productores rurales del interior provincial que se organizaron en las Ligas Agrarias, para hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de los grandes monopolios como la multinacional Bunge y Born, y que fueron “barridos” del mapa en sendos operativos del Ejército y Policía, con cientos de militantes de base secuestrados, sometidos a torturas y vejámenes y encarcelados.
CABALLERO II
En lo que respecta a la causa Caballero II, la etapa de juicio oral comenzó el 16 de junio de 2016, con el procesamiento a una decena de expolicías y militares por los delitos de tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad.
La causa atraviesa su etapa de declaraciones testimoniales, con 37 días de audiencia cumplidos, no sin varios obstáculos. Declararon varios sobrevivientes y en sendas oportunidades los mismos imputados ejercieron su derecho a manifestarse ante el tribunal. Durante los testimonios de los sobrevivientes quedó expuesto el funcionamiento clandestino del aparato represivo en el Área Restringida de la ex Brigada, un sitio en el que los detenidos políticos fueron sometidos a tratos inhumanos y crueles para lograr la desarticulación de las organizaciones políticas a las que pertenecían. “Si existe el infierno, eso fue la Brigada”, fue como describió a la sede Investigaciones de la Policía de Chaco la exdetenida política Teresa Presa de Parodi Ocampo, durante su testimonio Juan Argañaraz, también sobreviviente, destacó el “absoluto estado de indefensión” de los detenidos políticos.
El viernes, se espera dar por terminada la etapa de testimonios. De ser así, todo quedaría allanado para avanzar hacia la presentación de los alegatos de las partes y luego el dictado de una sentencia en la causa.
LA “CUESTIÓN MANADER”
Otra cuestión para nada menor tiene que ver con la situación del imputado en este juicio y ya condenado en el anterior proceso (condenado a 25 años de prisión), Gabino Manader, señalado como uno de los jefes de la represión del terrorismo de Estado. A Manader se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, tal y como lo dispuso el juez de instrucción Juan Manuel Iglesias, que la concedió en virtud de un supuesto cuadro de “hipertensión arterial, hipertrofia prostática y trastornos cognitivos”, según una informe del Servicio Médico policial de la U7. Desde los organismos de derechos humanos, cuestionaron tal privilegio.
El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en dos oportunidades que el genocida se encuentra compensado en su estado hemodinámico, no manifiesta signos de enfermedad física aguda, signos de falla de bomba, edemas periféricos y con pulso regular” y que “las patologías que padece pueden ser tratadas y controladas adecuadamente en una Unidad de detención del SPF”, donde según precisaron “las condiciones de detención garantizan el cuidado y salud de los internos y no le son perjudiciales”. Se espera que este dictaminen sea analizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, que integran los magistrados Eduardo Belforte, (presidente), Juan Manuel Iglesias y Aldo Alurralde, que decidirán por la revocatoria o continuidad del privilegio.
UN JEFE
Gabino Manader, 75 años, casado, padre de dos hijos y condenado a 25 años de prisión por 25 hechos de tortura en una causa anterior (Caballero I), con domicilio en Coronel Falcón 289, revistaba en el organigrama formal de la Brigada de Investigaciones como suboficial mayor en la oficina de Robos y Hurtos.
Varios testigos lo recuerdan por su entusiasmo en la aplicación de torturas a detenidos, ante quienes se jactaba de haberse instruido en métodos de contrainsurgencia en diversos sitios, como el Paraguay del dictador Alfredo Stroessner. “Decía que era un agente especial, como James Bond”, tal como relató en su testimonial en aquel proceso un sobreviviente.
Algo de esa sobrevalorada imagen de si mismo pudo percibirse en una de sus varias intervenciones en el actual proceso en curso: “Tengo 17 años de calle, tuve enfrentamientos armados, fui herido, felicitado en Jefatura con formación de tropa y ascendido en reiteradas oportunidades. Siempre trabajé sólo porque conocía las villas, donde me metía a las cuatro de la mañana a sacar delincuentes peligrosos”, precisó durante su ampliación indagatoria en el juicio oral Caballero II.
No obstante, prácticamente la totalidad de los sobrevivientes que declararon ante el tribunal destacaron su papel protagónico en los hechos de violencia sexual que se juzgan en la causa en curso.
DISPAREN CONTRA
LAS LIGAS AGRARIAS
Mientras el juicio oral Caballero II avanza hacia su etapa definitoria resta poco para el inicio de otro debate oral de juzgamiento al terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura cívico militar en la región: la causa Ligas Agrarias, que fue elevada a juicio por juzgado federal de primera instancia de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger dos semanas atrás, luego de que la unidad de DD. HH. de la Fiscalía Federal presentara el requerimiento de elevación a juicio oral de la causa que investiga torturas y homicidios a integrantes de la organización que nucleó a pequeños productores rurales del interior.
Figuran como imputados el exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli y los expolicías Miguel González, Carlos Chávez, Alcides Safenraiter, José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky. Los primeros cuatro están procesados por el homicidio agravado de los referentes Ñaró Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli. A Rodríguez Valiente, oficial sumariante de la Brigada de Investigaciones y reputado como presente en casi todas las sesiones de tortura en la que se obtenían declaraciones falsas, o bajo tormento, se le imputa el delito de encubrimiento de ambos homicidios con la acción de fraguar un supuestos enfrentamientos.
LA PATA JUDICIAL
DEL GENOCIDIO
Por último, el tercer proceso en curso es la causa Caballero III, con una nómina de imputados conformada por el exfiscal Mazzoni y el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Cesar Casco, luego del fallecimiento dos semanas atrás del exjuez federal Luis Ángel Córdoba, a los 79 años en Buenos Aires.
En el requerimiento de elevación a juicio los fiscales Patricio Sabadini y Diego Vigay aprobado por la jueza Zunilda Niremperger describieron la conducta de Córdoba y Mazzoni como "aporte sustancial" al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita.
Luego de una serie de excusaciones de distintos jueces designados por haber sido con anterioridad parte en el juicio Caballero I, se logró conformar el Tribunal, que será integrado por Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Selva Spessot. Cumplida la etapa de ofrecimiento de prueba, sólo resta que el tribunal fije fecha de inicio del juicio.
Según el requerimiento de elevación a juicio el accionar de los imputados se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los grupos de tareas de la Brigada de Investigaciones y oficiales del Ejercito del Área de Inteligencia.
“A la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de seguridad destinada a la represión de militantes políticos, se agregó la falta de respuesta por parte de quienes se encontraban obligados por la función que detentaban, de investigar dentro del ámbito de la Justicia Federal de la provincia de Chaco, en los Habeas Corpus interpuestos por los familiares de las víctimas y más precisamente ante las distintas denuncias que realizaban los perseguidos políticos”.
