Este viernes, se llevó a cabo la convocatoria que surgió entre los actores vinculados a la actividad de gimnasios del Gran Resistencia, para reclamar por la continuidad laboral, bajo estrictos protocolos que ya fueron definidos a nivel nacional, provincial y municipal para su funcionamiento con normas de seguridad sanitaria.
Así lo recalcó Claudio Ríos, profesor de Educación Física y propietario de Entrena Resistencia, quien en declaraciones para El Diario de la Región aseguró que “es de terror” la situación que están atravesando.
“Sufrimos seis meses sin poder pagar alquileres, impuestos, entrenadores el año pasado. Muchos cerraron porque no aguantaron, nosotros mismos, que somos propietarios junto a mi hermano, quedamos al borde del cierre”, aseguró.
Marcó una contradicción en las medidas tomadas por el Gobierno, en el sentido de asegurar que el rubro debería ubicarse como esencial, entre agentes de cuidado de la salud. “Somos centros de entrenamiento, en este momento se está vacunando a personas obesas o con hipertensión para dejarlas encerradas. Más allá de lo económico, el Gobierno dice que quiere salud para el pueblo y para los gimnasios”.
Respecto de la ayuda económica de $22 mil que reciben del Estado, para paliar la situación de cierre a la que están obligados, expreso: “Que alguno del Gobierno se acerque y venga a pagarnos con $22 mil el alquiler, os impuestos, los entrenadores, los elementos de trabajo. No hay ningún apoyo con $22 mil. Necesitamos que nos dejen trabajar” insistió.
“Somos esenciales, brindamos salud, hoy nos reunimos la mayoría de los profesores, los propietarios, viendo de qué modo podemos llegar a algún gobernante, encontrar una solución para esto. No podemos cerrar, estuvimos ya tres días y ahora será una semana más, no podemos sostener nuestras deudas, necesitamos comer, vivimos de esto”, sostuvo el entrenador a la vez que manifestó: “Estamos siendo perseguidos por la policía, unos pocos abrieron para poder sostenerse y son tratados como delincuentes”.
El grupo autoconvocado pide ser convocados por autoridades gubernamentales frente al cese obligado de su actividad. Analizan los pasos a seguir luego de decretarse la continuidad de las restricciones “donde nuevamente nos han dejado afuera de toda habilitación”.
