En esa línea, Amnistía Internacional advirtió sobre el impacto de la denominada motosierra, devenida en el emblema de la gestión libertaria, «aplicada sin evaluaciones de impacto en derechos humanos ni mecanismos de participación democrática, y con efectos directos sobre la vida y la integridad de las personas.

Según detalló el informe, entre 2023 y 2025 el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas y profundizando desigualdades estructurales. Lejos de ser un ajuste uniforme, las áreas vinculadas a la realización de derechos humanos —salud, educación, alimentación, vivienda, agua, ambiente y seguridad social— fueron de las más afectadas, mientras que las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas registraron incrementos reales o reducciones mucho menores. Esta asignación diferencial configura un Estado que expande su capacidad represiva al tiempo que retrae su obligación de brindar protección y justicia social.

“Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir. Este modelo transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger. Lo que vemos en Argentina dialoga con una deriva global alarmante: los depredadores intentan destruir décadas de esfuerzos por construir salvaguardas más sólidas mediante el multilateralismo y el derecho internacional. El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo, al tiempo que se afianza un orden alternativo desigual y contrario a la disidencia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Paralelamente, advierte Amnistía Internacional, aumentan la criminalización de la protesta, el hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas, configurando un clima donde la verdadera libertad se reduce. A esto se suma la persistencia de la violencia contra las mujeres y el debilitamiento de las políticas públicas de género. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2024 se registraron 228 víctimas letales de violencia de género en el país, lo que equivale a una cada 39 horas. En este contexto, Amnistía Internacional viene advirtiendo que desde fines de 2023 se profundizó el desmantelamiento de instituciones, programas y marcos normativos orientados a proteger los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+, con retrocesos en políticas de género, salud sexual y reproductiva y en la implementación efectiva de derechos como la Educación Sexual Integral (ESI).

En paralelo, el 50° aniversario del golpe de Estado reactivó masivamente la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, en un contexto de disputa sobre consensos democráticos básicos. A dos años del inicio de la gestión de Milei, el retroceso en materia de derechos humanos aparece como el resultado de un proyecto político que redefine las funciones del Estado y resigna responsabilidades esenciales frente a la sociedad. Esta lectura se desprende del balance anual que Amnistía Internacional realiza sistemáticamente desde hace décadas sobre todos los gobiernos para monitorear cómo cada administración impacta en la vigencia de los derechos humanos.

Gobiernos antiderechos

En el marco del lanzamiento de su informe Amnistía Internacional advirtió que el mundo atraviesa un momento decisivo, signado por ataques contra el multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil. La organización sostiene además que ya no se trata de una erosión periférica del sistema, sino de un ataque directo a las salvaguardas de derechos humanos construidas durante décadas.

“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y chantajes económicos”, denunció Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El informe señala además que la intensificación del conflicto en Medio Oriente expresa con crudeza esta deriva hacia la ilegalidad, al tiempo que documenta el papel de Estados poderosos en el debilitamiento del sistema internacional tanto por el uso ilegítimo de la fuerza como por la erosión de mecanismos de rendición de cuentas, y Estados Unidos el mejor ejemplo.

En Venezuela, Amnistía Internacional alertó sobre la persistencia de detenciones arbitrarias, tortura y juicios sin garantías como parte de un patrón represivo. En el contexto de la crisis política tras el secuestro de Nicolás Maduro, la organización insiste en la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

También denuncia la profundización de las políticas represivas de los talibanes contra mujeres y niñas en Afganistán, y el recrudecimiento global de los ataques contra la sociedad civil, incluidas la criminalización de la protesta, la persecución de activistas y el uso de software espía y vigilancia digital contra periodistas, estudiantes y organizaciones sociales.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional destaca que en 2025 y comienzos de 2026 hubo importantes muestras de resistencia y solidaridad en las calles y en los foros multilaterales, y señala que cada vez más Estados empiezan a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, aunque esos posicionamientos deben traducirse en acciones firmes.

Fuente: Minuto Uno

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