Además, el trabajo denuncia que en el país muere -en promedio- una persona «cada 16 horas en cárceles, comisarías o intervenciones de fuerzas de seguridad». Hasta ahora, esa cifra se desconocía «porque la opacidad y el subregistro impedían dimensionar el fenómeno», apuntaron desde el organismo de prevención.

Las autoridades involucradas en el asunto son los comisionados Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité; Natalia Gabellini; María Josefina Ignacio; Gustavo Palmieri; Rodrigo Solá; el procurador penitenciario adjunto Ariel Cejas Meliare; y el secretario ejecutivo del Comité, Alan Iud.

Este primer informe del Registro Nacional de Muertes bajo Custodia y en Intervenciones de las Fuerzas de Seguridad -en su diagnóstico- permite medir lo que pasa a nivel nacional y es algo sin precedentes. Lo que le da vital importancia institucional al trabajo realizado y dibulgado por el organismo de prevención de la tortura. 

«Nosotros usamos la información de fuentes oficiales de las 24 jurisdicciones del país con los aportes independientes del Poder Judicial. Y también de los mecanismos locales de prevención de la tortura y de otros organismos de control. Es un trabajo de sistematización inédito en el país, porque ahora existe un registro y eso es muy importante«, remarcaron desde el Comité, en diálogo con Tiempo.

Los detalles más relevantes del informe

Este primer informe abarca el período 2022-2024 y contabiliza al menos 1.716 fallecimientos: 1.115 en cárceles; 212 en comisarías y otras dependencias policiales. Y 389 personas pierden la vida en intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública. A manos de los policías, ocho de cada diez muertes se produjeron por el uso de armas de fuego y en el 43 % de los casos los uniformados involucrados se encontraban fuera de servicio.

También detalla que el 94% de las personas fallecidas eran varones, el 4% mujeres y el 0,5%, personas trans. En cuanto al rango etario, más de la mitad tenía menos de 40 años. Y en esa franja, el riesgo de morir privado de libertad duplica, ello, a diferencia de quienes están libres.

Las causas de muerte varían según el ámbito donde se encuentre la víctima. «En las cárceles predominan las enfermedades, que explican siete de cada diez fallecimientos. Para lo que ocurre en las dependencias policiales y en la vía pública, en cambio, prevalecen las causas externas», ahondaron desde el Comité.

También contaron que entre estas muertes, el suicidio es la más frecuente, con una tasa cinco veces superior a la de la población general. Mientras que los siniestros -incendios, electrocuciones e intoxicaciones- representan el 6,6%. A su vez, el 17% de las muertes bajo custodia del Estado tiene causa no determinada con versiones contradictorias e investigaciones en curso.

Desde el Comité concluyeron: «Ahora contamos con información rigurosa y sistemática sobre estas muertes, que es una herramienta central para la tarea de prevención que llevamos adelante. Es un paso necesario para que cada organismo del Estado sepa dónde y cómo intervenir a tiempo».

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