Si bien el funcionario dijo que "no" opinará sobre los "fallos de la Corte", se opuso a la aplicación de la ley del 2×1 "en todos los casos" al considerar que "fue uno de los peores engendros jurídicos", así lo publicó ambito.com.
En declaraciones a radio La Red, Garavano señaló que la implementación del 2×1 en nuestro país evidencia "cómo los argentinos hacemos experimentos normativos y no analizamos las consecuencias de estas leyes que dictamos".
También evaluó que hay "un dilema moral" en esta cuestión basada en que "algunos consideran que es un retroceso y otros consideran que es una consagración, porque aún aquellas personas que cometieron los delitos más aberrantes también tienen derechos humanos y en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Ese creo que es el debate moral", afirmó.
En diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada, el ministro dijo que el Gabinete nacional analizó el fallo de la Corte y consideró que esa ley genera "efectos perniciosos" sobre las personas que quedan en libertad.
"Hubo una coincidencia en el Gabinete y con la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich, de una crítica sobre la Ley del 2×1, que si bien es una ley que está derogada, aún hoy sigue generando efectos muy perniciosos, en términos de cómo se asignan prioridades a la hora de que, en este caso, recuperen la libertad personas que cometieron delitos muy graves", señaló. Las declaraciones de Garavano marcan un contrapunto con las del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien aseguró que está "de acuerdo" con el fallo de la Corte.
"Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley", subrayó el funcionario nacional. Al ser consultado sobre la decisión judicial del máximo tribunal que avaló la aplicación de esa ley en casos de delitos de lesa humanidad, Avruj señaló: "Acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2×1".
En disidencia a este fallo de la Corte Suprema, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad.
