El diputado provincial electo y actual ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, respondió ayer al diputado Livio Gutiérrez, quien en declaraciones mediáticas cuestionó la legitimidad del proceso de regularización laboral iniciado por el Gobierno provincial para garantizar derechos a trabajadoras y trabajadores estatales.
“En un acto de total irracionalidad, el bloque legislativo radical inició tratativas para solicitar la inconstitucionalidad del proceso de regularización laboral, que fue creado bajo el convenio colectivo de trabajo y en acuerdo paritario entre el Poder Ejecutivo y todos los gremios firmantes”, señaló Perez Pons.
El diputado electo advirtió que, si bien no se encuentra ningún argumento firme en las declaraciones de Gutiérrez, en sus expresiones mediáticas se entiende que tal pedido sería por tres supuestos motivos: vulnerar la posibilidad de participación de cualquier habitante, la desconfianza respecto al rol de control de los sindicatos, y la posibilidad de comprometer económicamente a la gestión futura.
“La única conclusión a la que puedo llegar después de esto es que no conocen el Estado, se dedican a mentir y, tal como hicieron todos estos años, están improvisando. Una vez más demuestran que el radicalismo vive de la mentira y la improvisación”, apuntó Perez Pons.
En referencia a las acusaciones, Perez Pons explicó que el proceso de regularización laboral “es para quienes prestan un servicio laboral de manera permanente en el Estado. Estamos hablando de porteros de escuelas, trabajadores/as sociales en centros de desarrollo infantil o residencias de adultos mayores, enfermeras en centros de atención primaria, entre muchos otros”.
Además, remarcó que dicho proceso “no nació de la noche a la mañana, ni mucho menos es parte de algún “plan retirada” como les gusta denunciar a los twitteros de la oposición. Es un proceso que se construyó con todos los gremios estatales (UPCP, UPCN y ATE) en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)”.
En ese sentido, se dirigió a Gutiérrez, a quien solicitó “mayor responsabilidad” y remarcó: “debería saber que lo normado bajo el CCT tiene carácter de Ley, algo que parece desconocer porque ni siquiera ha mencionado el convenio y se quedó en el pasado al nombrar únicamente la Ley 292-A”.
Por otra parte, cuestionó que el diputado “no entienda el rol de los sindicatos o, mejor dicho, que lo ignore, ya que bajo cualquier convenio colectivo su rol no es ni el de controladores, ni el de veedores ni nada parecido. Se trata de construir de manera colectiva las relaciones laborales entre el empleador (en este caso el Estado) y sus trabajadores. En ese sentido, todo lo dictado mediante decretos del Gobernador, fue previamente acordado en paritarias libres”.
