Desde diciembre, se interrumpieron los pagos del programa nacional Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y quienes tienen enfermedades crónicas que precisan un tratamiento y no cuentan con obra social.
En Chaco, son 77.000 los afectados por la situación, lo que llevó a que un grupo no menor presente demandas judiciales para pedir que se garantice la atención.
El planteo sostiene que los afiliados entre los que se cuentan adultos y niños con discapacidad y graves patologías tales como cáncer, parálisis cerebral, micro y macrocefalia, entre otras, han visto suspendidas todas las prestaciones desde el mes de diciembre pasado.
Los afiliados -la mayoría de ellas madres en representación de sus hijos- dan cuenta de la angustiante situación, en la que no obtienen respuestas por parte del programa, como también de los entes provinciales que deberían interceder ante Nación para garantizar el más delicado de los derechos, que es el de la salud.
La situación es de tal magnitud, que provincias como Tucumán y Salta han intervenido el programa, a los fines de continuar asistiendo a esta población vulnerable ante la intempestiva interrupción de giro de fondos por parte de Nación.
