Según el informe, el 10% de las familias vive en casas en estado irrecuperable. Siete de cada diez viviendas no tiene un sistema adecuado para eliminar los desechos del baño, seis de cada diez no cuentan con un baño adecuado y ocho de cada diez de los hogares relevados no tiene conexión formal al agua (cuatro de cada diez ni siquiera tienen agua adentro de su vivienda).

Fernanda García Monticelli, directora ejecutiva de Cisur y exsubsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales durante el gobierno anterior, habló con Tiempo Argentino sobre los objetivos del informe: “Lo elaboramos para visibilizar el déficit habitacional en Argentina desde una perspectiva integral, especialmente en barrios populares, donde el problema es más grave y multidimensional: hacinamiento, viviendas precarias, falta de servicios básicos y tenencia insegura. Mostramos que casi la mitad de los hogares sufren algún déficit, y en barrios populares la situación es aún más crítica”.

Para el desarrollo de este informe, desde Cisur se incorporaron ajustes metodológicos fundamentales para captar la realidad de los barrios populares que las herramientas tradicionales de medición suelen invisibilizar. Se analizaron y compararon las condiciones de habitabilidad a nivel nacional y en barrios populares, usando como base el Censo de Viviendas y Hogares 2022 y el Diagnóstico Integral Barrial, una encuesta desarrollada por la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) durante los años 2020-2022, que relevó información en más de ocho mil hogares en barrios populares del país. No existe en Argentina un sistema de medición unificado, por eso hay diversidad de mediciones.

Para medir el déficit habitacional, los acuerdos internacionales hablan de vivienda adecuada. Una vivienda debe tener seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Las mediciones más frecuentes del déficit  se orientan a la materialidad, los servicios y el espacio. La experiencia y la producción de datos de la SISU generó una capacidad de análisis más precisa para los barrios populares, desde allí se revisaron los sistemas de medición y de construcción del déficit.

Algunos ajustes metodológicos fundamentales para captar la realidad de los barrios populares son la distinción entre conexiones formales e informales a redes de agua y cloacas, la distinción de baños que estén completos o no, la revisión de indicadores de materialidad: en los barrios populares, y el análisis basado en familias, no solo en hogares, para visibilizar la convivencia forzada de múltiples familias en una misma vivienda, dinámica frecuente en estos territorios.

Luis Emanuel Porzio es Director de Desarrollo e Integración productiva de CISUR y referente de la rama de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Conversó sobre la situación de las políticas públicas sobre barrios populares: “Desde que asumió Milei, la política de integración sociourbana en los barrios populares fue desmantelada: se frenaron obras, se cortó el financiamiento y se agravó la crisis habitacional. Antes, con la gestión anterior, se avanzó mucho en acceso a servicios básicos y generación de trabajo local, pero ahora todo eso se perdió, afectando tanto la calidad de vida como la economía barrial. El mensaje del gobierno es claro: nada para los pobres, y eso destruye sueños y oportunidades en nuestros barrios”.

Desde el CISUR advierten que la problemática de la vivienda dista de ser un tema individual; el acceso a servicios básicos como el agua potable no puede resolverse sin el Estado presente: depende de infraestructura, regulación y escala. La crisis habitacional en Argentina no es nueva y va en aumento; sin embargo, la lectura del informe se agrava con el contexto: cada vez más argentinos y argentinas viven en un piso de tierra, no cuentan con acceso al agua potable o recurren a estrategias de supervivencia como compartir vivienda, y el Estado cada vez hace menos.

No hay programas de mejoramiento de vivienda, no hay acceso al crédito, no hay proyectos de lotes con servicios, no hay programas de ayudas urgentes para situaciones críticas. El escenario para las políticas socio urbanas populares es defensivo y de resistencia. El miércoles 20, luego de varias reuniones y gracias a la presión de la Mesa Nacional de Barrios Populares, se quitó el artículo 3 del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el oficialismo. Este artículo atentaba contra puntos nodales de la Ley de Barrios Populares que establece la imposibilidad de desalojar barrios populares registrados. Una pequeña victoria en un mar de precariedad, pero una resistencia al fin.

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El lunes de esta semana se conoció el índice de salarios del Indec de marzo que, con una suba de apenas el 2,1% para los trabajadores registrados del sector privado contra una inflación del 3,4%, consolidó un raid de siete meses consecutivos de pérdida con relación a la suba de los precios.

La inflación mayorista de abril que se conoció el martes marcó una suba extraordinaria del 5,2% que augura un agravamiento del escenario de los precios en las próximas semanas.

Un informe reciente elaborado por el Grupo de Estudios en Desigualdad y Movilidad Social (GEDyMS) del Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, basado en datos oficiales, revela una situación catastrófica en el mercado laboral que se remite a una década atrás y que se agudizó sensiblemente desde noviembre de 2023.

De allí surge que durante el último cuatrimestre de 2025, el 71,1% de las personas ocupadas percibían ingresos por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el umbral de la pobreza para una familia integrada por dos adultos y dos menores y se situaba en $ 1.308.713 en diciembre de 2025 ($ 1.469.767 en abril de 2026). El porcentaje escala al 90% para los asalariados informales y al 85,1% para los llamados «cuentapropistas de baja calificación».

El dato resulta todavía más contundente cuando se analiza el segmento de trabajadores asalariados registrados que, se presume, deberían eludir la  pobreza. Sin embargo, el 59,3% no llega a cubrir el valor de una CBT. Pero la pobreza acecha también a los profesionales y pequeños patrones en tanto el 57,9% de los cuentapropistas con alta calificación no llegan a reunir esa suma al igual que el 50% de los “patrones precarios” y el 18,2% de los patrones formales.

Resulta ilustrativo que el 68% de los y las trabajadoras de la enseñanza se encuentran en situación de pobreza, al igual que el 67,4% de los empleados de la industria manufacturera. El fenómeno afecta al 97,7% de las trabajadores de casas particulares y al 87% de los trabajadores del rubro “alojamiento y servicios de comidas”.

El marcado deterioro de los ingresos es resultado de la relación de fuerzas que se ha consolidado entre las clases sociales que intervienen en la producción. Ésta, a su vez, está determinada, por un lado, por la política del gobierno en su rol de ajustador directo y garante de los intereses de las clases dominantes pero también la de las conducciones sindicales que han cedido terreno pasivamente frente a tamaña masacre laboral.

El deterioro del sector registrado con convenio colectivo de trabajo se amplifica en el sector informal, que carece de representación sindical y protección legal. Los centenares de miles de despidos, a la vez, son un factor de presión sobre el salario de los trabajadores ocupados.

Según el relevamiento del GEDyMS, liderado por el doctor en Ciencias Sociales Eduardo Chávez Molina, en los dos años que van del últimos trimestre de 2023 al mismo de 2025 se destruyeron 253.543 puestos de trabajo formales y 51.577 informales. En paralelo, se crearon 288.765 de cuentapropistas de baja calificación que perciben salarios promedio de $ 720 mil.

En el mismo período perdieron su ocupación casi 20 mil patrones precarios y se formalizaron 15.315 puestos patronales y 1.600 cuentapropistas de alta calificación.

El saldo indica la destrucción de 18.754 puestos ocupados, que resulta marginal pero se gestó sobre la base de una “una recomposición regresiva del mercado laboral”, según indica la investigación. El informe explica que “del total de puestos generados en ese lapso, 7 de cada 10 corresponden a cuentapropistas precarios de baja calificación, mientras que los 3 restantes son monotributistas. En otras palabras, la totalidad de los puestos creados en estos dos años se concentra en modalidades de trabajo independiente, mayoritariamente por fuera de la protección social y de bajos ingresos”.

De hecho, revelan entre sus conclusiones “un proceso de ‘desformalización progresiva y sostenida’” en tanto “la proporción de asalariados formales está en el mínimo histórico (46% del total de ocupados). En contraste, la informalidad alcanza niveles récord (48%)”.

El fenómeno se arrastra de una década a esta parte. En 2016, los trabajadores formales representaban el 50% del total de ocupados resignando 4 puntos de manera sostenida en diez años. A la par, “el cuentapropismo de baja calificación escaló del 16 al 20% en el mismo lapso”, con lo que se constituyó en la categoría laboral que más creció desde la llegada del actual gobierno, alcanzando a diciembre de 2025 a 2,6 millones de personas “estructuralmente vulnerables” por su nivel educativo y condiciones de vida. “Sus ocupaciones más frecuentes son la comercialización directa (30%), los oficios de la construcción (19%) y la producción industrial informal (13%)”, agrega.

Lejos del ideal de libertad que pregona el gobierno nacional respecto de la figura del “cuentapropismo”, los datos del estudio indican que “la sobrecarga laboral y la insuficiencia de ingresos operan como dos caras de la misma moneda en este perfil ocupacional. El 44% de los cuentapropistas de baja calificación está sobreocupado (trabaja más de 45 horas semanales) y el 33% subocupado, una paradoja que evidencia que trabajar más horas no garantiza salir de la precariedad. En promedio, sus ingresos laborales alcanzan los 720 mil pesos mensuales, un 45% por debajo de lo que percibe un asalariado formal. El 86% no logra superar el valor de la Canasta Básica Total (pobreza) y el 42% el valor de la Canasta Alimentaria (indigencia). El 82% gana $ 1 millón o menos por mes”, dice el informe, que aclara que no trabajan en las plataformas (Uber, Rappi, etc) en tanto, éstos “suelen estar alcanzados por la obligación de inscribirse en el monotributo, lo que los ubica, al menos transitoriamente, dentro de la formalidad laboral”.

El estudio revela “una situación crítica para los jóvenes”. Asegura que “no solo enfrentan las mayores dificultades para insertarse en el empleo por ser nuevos ingresantes, sino que también son el grupo etario que concentra el grueso de la desocupación” en la medida en que “los menores de 30 años representan el 53% del total de desocupados” a la vez que, para este segmento, “las condiciones de trabajo se han deteriorado hasta alcanzar el peor registro de toda la serie histórica”. La tasa de informalidad entre jóvenes de 18 a 30 años “escaló al 60%, el valor más alto jamás registrado y siete puntos por encima de 2016”. Por eso, infieren, “el mercado de trabajo ya no funciona como un canal de integración social ni de movilidad ascendente”.

La brecha de ingresos por género también escaló en el último año al 28,2% cuando en 2022 se ubicaba en un 21,1%.

El pluriempleo crece

Un rasgo distintivo de la situación signada por los bajos ingresos es la emergencia del pluriempleo y de los ocupados demandantes. En 2025, las personas que contaban con más de un empleo alcanzaron el “máximo histórico del 12%” a la vez que la cantidad de trabajadores ocupados que demandan más horas de trabajo llegó a casi el 20%, “mostrando una nueva tendencia ascendente desde fines de 2023”.

El estudio agrupa dentro de las “personas con problemas de empleo” a quienes obran en la informalidad, los desocupados, los sobreocupados y los ocupados y subocupados demandantes de más horas de trabajo. En su conjunto suman al último trimestre de 2025 10.025.052 personas cuando, una década atrás, eran 8.080.713. Se trata de un crecimiento del 24% en solo 10 años de deterioro constante y con tres gobiernos de signo político diferente.

El estudio hace una radiografía de la situación laboral plasmada al último trimestre de 2025. Las condiciones durante los primeros cinco meses de este año, según los datos oficiales, se han deteriorado aun más. Lo que resta saber es hasta cuando el pueblo trabajador estará dispuesto a soportar tan profunda y persistente vejación.

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Cerca del 60% de los niños, niñas y adolescentes argentinos vive en condición de pobreza, de acuerdo a un reciente análisis de la Universidad Católica Argentina (UCA) durante 2025. Además, la institución alertó que cerca del 30% no come regularmente. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten.

Datos recientes de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, señaló que la pobreza en los menores llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Además, subrayó que si bien el dato del año pasado “trae alivio», no se debe «confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en breves períodos de recuperación. Así, el resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

La pobreza en niños, niñas y adolescentes argentinos: llegó a más del 50%

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes, mientras entre 2011 y 2012 disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la institución.

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas: partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024. Para el caso de 2025, descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Fuente: Ámbito Financiero

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El informe que procesó Agencia Noticias Argentinas muestra que el 53,6% de los chicos entre 0 y 17 años no cubre sus necesidades mínimas de alimentación y ambiente social.

Este valor muestra un marcado descenso en los últimos dos años, impactado por una mejora en los ingresos de las prestaciones sociales.

Al inicio del gobierno de Milei la pobreza afectaba al 62,9% de los niños y adolescentes. Ese porcentaje se redujo a 59,7% en 2024 y a 53,6% el año pasado.

La serie que presenta la UCA muestra que la mejor situación se observó en 2011 cuando la pobreza de este conjunto se redujo a 35,7%.

Los primeros saltos se dieron en 2018 (51,7%) y desde 2020 el porcentaje de chicos pobres se mantuvo por encima de 60%.

La baja de la inflación y la política de ingresos sociales del gobierno de Milei modificaron la tendencia.

La UCA presentó este miércoles los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia correspondientes al periodo 2010-2025.

El trabajo señaló que la cantidad de hogares que tienen niños y adolescentes entre sus miembros decrece de manera sistemática.

En 1991: el 56% de los hogares tenía miembros menores de 18 años mientras que en 2022 ese valor se redujo al 44%.

Para 2025, se proyectó que todas las jurisdicciones del país estarán por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.

El informe añade que el 42% del conjunto de chicos pobres vive en condiciones de insuficientes de saneamiento de vivienda, donde se incluye por ejemplo tratamientos de residuos y cloacas.

Otro dato relevante es que el 61,2% no tiene cobertura médica a través de obra social, mutual o prepaga.

La situación se agrava cuando se observa que el 82% no realiza actividades culturales extra escolares.

A su vez, el 18% presentó síntomas de tristeza o ansiedad, según sus adultos de referencia.

La incidencia es mayor en la adolescencia (21,2%) y, dentro de este grupo, las mujeres adolescentes superan en riesgo a los varones (24,7% frente a 18%).

Las desigualdades sociales son marcadas: el estrato muy bajo (20,7%) registra el doble de probabilidades de experimentar malestar emocional que uno del estrato medio alto (10,6%). Además, la tristeza o ansiedad aumenta en un 46% la probabilidad de no aprender mucho en la escuela.

En lo que respecta a la formación, apenas la mitad tiene una computadora en la casa y solo el 16% tiene acceso a internet.

Por otra parte, sólo el 6,3% de los chicos escolarizados recibe algún tipo de ayuda económica para estudiar.

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El contraste también es llamativo con los datos del propio Gobierno de la Ciudad. Según el relevamiento oficial del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, en noviembre de 2025 se registraron 5.176 personas en situación de calle. Solo en CABA.

El dato que difundió la cartera que conduce Sandra Pettovello no tardó en ser cuestionado. “No somos 9.421”, expresó el colectivo Proyecto 7 Gente en situación de calle, y denunció que “nuevamente el Gobierno Nacional miente y engaña a la opinión pública y a los medios con cifras mentirosas que distorsionan la realidad de la población más vulnerable que existe en Argentina”.

“El número final es imposible de creer”, sentencian desde el Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle creado en 2023 desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). “Es un número idéntico al que dio ReNaCalle (Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle) hace casi tres años atrás, y obviamente la crisis se acentuó. Con lo cual es imposible un número equivalente”, apuntan desde el Observatorio. En diciembre de 2023, ese registro dio cuenta de 9.440 personas en situación de calle en 11 ciudades del país.

“Ese número queda corto incluso para la Ciudad de Buenos Aires”, sostiene Mónica De Russis, de la asociación civil Amigos en el Camino. “Desde la Asociación, que es miembro de la Asamblea Popular por las Personas en Situación de Calle, no tenemos información certera de lo que pasa en las provincias. Pero podemos decir que día a día vemos más gente en la calle. Que vecinos de la ciudad, de diferentes barrios, se contactan diciendo que en lugares donde no había empieza a haber. Evidentemente es mucho más alto el número. Es lo que sentimos las organizaciones que recorremos a la noche la calle. El número se incrementó muchísimo. Estamos todas las organizaciones bastante colapsadas”.

Dudas sobre la metodología

Capital Humano difundió sus resultados el viernes último. El relevamiento fue realizado a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. De acuerdo a la información oficial, las cinco provincias que no participaron optaron por no hacerlo. Fueron Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa, Tierra de la Fuego y La Rioja. CABA participó “con un sistema propio, aunque en línea con los criterios metodológicos generales”, según indicaron.

El operativo “desplegó equipos nacionales y provinciales en la realización de entrevistas y registro de datos mediante DataCalle, el módulo del Sistema Social (SiSoc) que fue especialmente diseñado, y que representa un avance tecnológico al permitir la carga de datos desde una aplicación fuera de línea y con geolocalización”, dijo Capital Humano. Agregó que el relevamiento se realizó “tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas), como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), permitiendo obtener una radiografía completa y actualizada de la situación en cada territorio”.

Fuentes del Gobierno precisaron que el relevamiento se llevó adelante entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, en el marco de los lineamientos metodológicos establecidos por la Resolución 589/25. Pero cada jurisdicción organizó su propio operativo: en algunos casos duró pocos días y en otros se extendió por más tiempo, dentro del marco establecido.

“Cada provincia contó con su propio acceso a la App de relevamiento y el tablero en tiempo real, con el objetivo de contar por primera vez con un mapa integral, preciso y federal sobre esta problemática”, describieron sobre el proceso, con “rol rector por parte del Gobierno nacional y ejecución a cargo de las provincias”. La cantidad de personal para cada operativo, por caso, la definió cada jurisdicción.

Proyecto 7 advirtió que se trata de un registro “incompleto” y cuestionó: “No podemos de ninguna manera llamar a este conteo ‘Censo Nacional’ ni siquiera creemos que llegue a un relevamiento serio, no está clara la metodología utilizada, ni los tiempos que se utilizaron, como tampoco está clara cuál fue la logística puesta en funcionamiento para hacerlo (móviles, personal recorriendo territorial y jurisdiccionalmente las provincias y ciudades, etc.)”.

Desde ese espacio denunciaron además que el Gobierno incumple “con los artículos 8 de Deberes del Estado y 13 del capítulo IV de la Ley Nacional 27.654, que dicen de manera específica cómo debe realizarse este Censo y que además debe ser con la participación de organizaciones sociales que trabajan la problemática y especialistas en el tema, no releva las dos figuras que la Ley dice debe Relevar qué son personas en situación de calle efectiva y riesgo de situación de calle”.

Proyecto 7 aseguró que, según sus propias estimaciones, “no hay menos de 370.000 personas en situación de calle en la República Argentina”.

El 68%, con menos de dos años en la calle

El reporte difundido por Capital Humano da cuenta de que un 84% de las personas censadas accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. De estas 7.894 personas, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

Los números oficiales de la cartera de Pettovello reflejan que el 68% de las personas que contestaron dijeron que están en situación de calle desde hace menos de dos años. Es decir, no era población sin techo antes del gobierno de Javier Milei.

“Los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático”, resumió Capital Humano, y aseguró que el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo.

Un mapeo desestimado

Desde el Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle se realizó en 2023 un mapeo de organizaciones sociales abocadas al trabajo de la población sin techo. Un registro para acceder a quienes tienen trabajo territorial en el tema. Ese reporte fue realizado para el entonces Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. Tras el cambio de gestión, el nuevo Ministerio de Capital Humano lo desestimó.

“Desde el Observatorio habíamos hecho un primer censo de organizaciones nacionales. No tomaron nada de eso. Ya estaba terminado el trabajo, estaba pago. Y ni siquiera quisieron subir la información generada a la propia página web del nuevo Ministerio”, lamentan desde el Observatorio. “El único contacto que tuvieron con nosotros fue para fiscalizar cómo habíamos ejecutado las partidas económicas, desde un lugar de desconfianza. Nunca les interesó capitalizar el trabajo hecho en continuidad con el ministerio anterior”.

Tras el nuevo relevamiento, cuestionado por su alcance y resultado, señalan que “es otra oportunidad perdida. Es lo mismo que pasó cuando el Indec generó un primer anexo de personas en situación de calle, haciendo las cosas a las apuradas y mal, y por eso hizo un subregistro de esta población (los datos del Censo 2022 mostraban solo 2.962 casos). Entonces no hay un diagnóstico certero para generar políticas públicas para la gente en la calle”.

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De acuerdo a los datos recopilados en el documento enfocado en la distribución, la mediana de las personas con empleo se ubicó exactamente en los $800.000. Esto significa que el 50% de las personas que tienen trabajo perciben ese monto o menos en su ocupación principal, configurando un escenario donde tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza. Al extender el análisis a la población general con algún tipo de entrada de dinero, el estrato bajo (que agrupa del decil 1 al 4) registró un ingreso promedio muy preocupante de apenas $351.028.

Por otro lado, al evaluar el ingreso promedio general de toda la población ocupada, la cifra asciende a $1.068.540. La diferencia es aún más notoria al observar a las personas asalariadas con descuento jubilatorio (empleo formal), cuyo promedio alcanza los $1.321.353, mientras que aquellos que se encuentran en la informalidad caen drásticamente a $651.484.

Además, la desigualdad de género sigue fuertemente arraigada en el mercado de trabajo y en las percepciones generales. Las estadísticas marcan que los varones perceptores promedian unos $1.191.364 mensuales, mientras que el sector femenino percibe considerablemente menos, con un promedio de $838.336.

Finalmente, el organismo detalló que el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar (donde el 0 representa la igualdad absoluta y el 1 equivale a la máxima desigualdad) se ubicó en 0,427 para el cierre del 2025, mostrando solo una leve variación respecto al 0,430 registrado en el mismo período del año anterior.

La Canasta Básica en Argentina define el umbral de pobreza e indigencia. Una familia tipo necesitó $1.397.672 para la Canasta Básica Total (CBT – pobreza) y $644.088 para la Canasta Básica Alimentaria (CBA – indigencia), reflejando un aumento del 2,7%.

Fuente: Minuto Uno

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El especialista explicó que la reducción de la pobreza existió, pero remarcó que su magnitud resultó engañosa. “Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad. Es muy difícil decir un sí rotundo”, afirmó.Informate más

En ese marco, descartó cualquier tipo de manipulación política sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y atribuyó las inconsistencias a problemas estructurales en la forma de medición. “Hay un problema de medición y de realismo de esas mediciones”, indicó en una entrevista radial.

Según planteó, las estadísticas oficiales no lograron captar con precisión la pérdida de poder adquisitivo. Señaló que la percepción social se mantuvo distante de los números: “La gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de yerba, cae el consumo general”.

El gasto en servicios

Salvia describió un cambio en la estructura del gasto de los hogares. Explicó que los servicios básicos ganaron protagonismo dentro del presupuesto mensual, lo que redujo la disponibilidad para otros consumos.

“La luz, el agua, el gas, el transporte y la comunicación ocupan una parte importante del gasto, y el componente disponible para otros consumos baja significativamente”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que el alivio estadístico no implicó necesariamente una mejora real en las condiciones de vida, sino una redistribución del ingreso hacia gastos fijos.

Canastas desactualizadas y distorsión de resultados

Uno de los principales cuestionamientos del sociólogo se centró en las herramientas de medición utilizadas. Según explicó, las canastas de consumo que sirven de referencia para calcular la pobreza permanecieron ancladas en parámetros de hace dos décadas. “Estás considerando valores con parámetros del 2004 y 2005, con estructuras de consumo de ese momento”, señaló.

De acuerdo con su análisis, en aquel entonces los hogares destinaban una mayor proporción de ingresos a alimentos, mientras que en la actualidad el peso de las tarifas resultó mucho más significativo. “La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo”, sostuvo.

A esta situación se sumó el uso de índices de precios que también conservaron ponderaciones antiguas. “Se actualiza con un índice que también está desactualizado, con ponderadores del 2004 y no con los actuales”, explicó.

Esta combinación, afirmó, generó resultados que “parece extraordinaria” pero que no reflejaron el escenario real dada la situación económica actual.

El investigador destacó que otro factor incidió en la caída de la pobreza: la mejora en la captación de ingresos por parte del organismo estadístico. “Al medir mejor cuánto ingresa y compararlo contra una canasta desactualizada, te da caídas de la pobreza que parecen extraordinarias”, afirmó.

No obstante, reconoció que existió un componente genuino vinculado a la desaceleración de los precios en alimentos. “La caída de la indigencia es más realista que la caída de la pobreza”, puntualizó.

Un consumo estancado y señales de retroceso

En términos de capacidad de compra, Salvia sostuvo que los hogares se ubicaron en niveles similares a los registrados tras la pandemia. “Estamos como en 2021 o 2022, nada más que con un contexto inflacionario distinto”, indicó.

Incluso advirtió que hacia el final del período analizado los indicadores mostraron un leve deterioro. “El cuarto trimestre ya estaría cerca del 30% de pobreza”, afirmó.

El análisis también puso el foco en la clase media baja, que apareció como uno de los sectores más golpeados. Según explicó, este segmento redujo gastos cotidianos para afrontar el incremento de tarifas. “Está achicando sus gastos corrientes y teniendo que pagar más tarifas, lo cual baja el consumo de productos básicos”, señaló.

Además, alertó sobre el ajuste en áreas clave para el desarrollo social. “La gente no mejora su casa, reduce gastos en salud y educación y se siente más ajustada”, describió.

Finalmente, el sociólogo vinculó la persistencia de la pobreza con la debilidad del mercado laboral. Indicó que el empleo privado se mantuvo estancado, mientras que el sector público se contrajo y creció el trabajo informal: “El empleo privado está estancado, el público cae y hay más empleo informal y precario”.

“No hay una crisis alimentaria, pero tampoco hay una tendencia a mejorar. Estamos cristalizando un 25% o 30% de pobreza estructural”, concluyó que el país atraviesa un proceso de estancamiento social.

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El informe de la Consultora Politikón indica que, en el último año, 78.581 personas dejaron de ser pobres en este aglomerado según el organismo nacional y 25.055 dejaron esa condición en los últimos seis meses.

Sin embargo, el Gran Resistencia lidera los mayores índices de pobreza e indigencia en la región NEA. Y, en el plano nacional, presenta la segunda mayor tasa – en ambos segmentos – de todo el país.

Análisis de indicadores de pobreza e indigencia en Gran Resistencia

Incidencia de la pobreza e indigencia del 2° semestre 2025. En el Gran Resistencia se contabilizaron, al segundo semestre de 2025, unas 180.486 personas en situación de pobreza que viven en 47.578 hogares.

Así, la incidencia de la pobreza llega al 42,2% de las personas y al 34,0% de hogares. Además, se registraron 56.427 personas en situación de indigencia que viven en 14.855 hogares, por lo que la incidencia de la indigencia alcanzó al 13,2% de las personas y al 10,6% de los hogares.

Desempeño de las tasas en comparación interanual y semestral. Si se mira la comparación interanual, la tasa de pobreza en personas del segundo semestre 2025 se situó 18,6 puntos por debajo de igual período del 2024 (cuando fue del 60,8%).

A la vez, si se realiza una comparación semestral, la tasa de pobreza se redujo en 5,9 puntos contra el primer semestre 2025. Por su parte, la tasa de indigencia se redujo en ambos niveles: -9,2 puntos interanual y -2,3 puntos en la comparación semestral.

Impacto de la evolución de las tasas en la población (valores absolutos). En términos de población, la evolución observada en Gran Resistencia implica que, en los últimos seis meses, unas 78.581 personas dejaron de ser pobres en el aglomerado chaqueño; si se mide de modo interanual, la caída de la pobreza fue de 25.055 personas respecto a finales del 2024.

Evolución de los ingresos chaqueños vs. canastas de la región

El informe de INDEC también mostró como fue la evolución de los ingresos en los aglomerados: en Gran Resistencia, el ingreso medio per cápita familiar creció 25,5% semestral, mientras que, en ese mismo período, el valor de la canasta básica alimentaria creció en 12,2% y la canasta básica total en 11,7%.

A nivel interanual, el ingreso medio per cápita familiar creció en Gran Resistencia 76,3% contra 27,1% de la canasta básica alimentaria y 25,5% de la canasta total.
Por ende, los ingresos de Gran Resistencia, según el INDEC crecieron, en ambos niveles comparativos, significativamente por encima del valor de las líneas de pobreza e indigencia, explicando así la baja en las tasas de pobreza e indigencia del aglomerado.

Gran Resistencia y su posicionamiento en el NEA

Comparando el desempeño chaqueño con el resto de los aglomerados de las provincias del NEA, Gran Resistencia tiene la mayor tasa de pobreza de la región, ubicándose por encima de Corrientes (31,3%), Formosa (27,9%) y Posadas (27,3%); respecto a la indigencia, Gran Resistencia también tiene la mayor tasa de la región: su 13,2% queda muy por encima de Corrientes (7,6%), Formosa (4,6%) y Posadas (3,2%).

En el NEA, las personas en situación de pobreza representaron el 32,7%, y vuelve a ser la región con la mayor pobreza en todo el país. Lo mismo ocurre con la tasa de indigencia: con 7,5%, el NEA es la de mayor tasa en el país.

Gran Resistencia y su posicionamiento en el país. En el plano nacional, Gran Resistencia presenta la segunda mayor tasa tanto de pobreza como de indigencia de todo el país; en ambos casos, se ubica únicamente por debajo de Concordia.

Politikón Chaco

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Javier Milei recibió una pobreza de 41,7%, correspondiente al dato del INDEC para finales de 2023. El Presidente suele asegurar que “bajó la pobreza desde el 52,9%”, pero en realidad ese guarismo corresponde al primer semestre de 2024, o sea a su gestión.

El último informe había arrojado que en la primera mitad del 2025 el 31,6% de los argentinos estaban debajo la línea de la pobreza. Pero esa baja con respecto a finales de 2023 no responde a una mejora en la calidad de vida, sino a cuestiones metodológicas.

La medición de la pobreza es unidimensional, o sea que solo se tiene en cuenta un factor que son los ingresos. Hay un piso mínimo para determinar si alguien es pobre o no, que es la Canasta Básica Total (CBT).

Es una canasta de bienes y servicios, con fuerte preponderancia de los alimentos. Las clases más vulnerables gastan la gran mayoría de sus ingresos en comida y vivienda al no tener resto para destinar a bienes o servicios denominados secundarios.

En la actualidad la CBT para una familia tipo de dos adultos y dos niños, sin incluir alquiler, es de es $1.400.000. Pero aquí se desprenden dos motivos que explican la baja de la pobreza en un contexto de bajo consumo, salarios que pierden contra la inflación y morosidad récord en préstamos y tarjetas.

El primero es que en el relevamiento que el INDEC hace a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se comenzó a incluir desde finales de 2024 ingresos como la AUH o la Tarjeta Alimentar que no provienen del trabajo. En gran parte esas herramientas, tan criticadas por Milei, explican la baja de la indigencia.

Si bien es correcto tenerlos en cuenta, hasta diciembre de 2023 no se hacía, lo que indica que si se hubiera relevado, la pobreza del gobierno anterior también hubiera sido más baja de lo que fue. Pero por otro lado, esa canasta sigue basándose en los datos de 2004/05 en lugar de los más recientes de 2017/18.

Entonces no se tienen en cuenta la masividad de internet, servicios digitales, telefonía móvil y el aumento del peso de los servicios públicos en los gastos de los hogares. Estudios del Observatorio Social de la Deuda de la UCA o de la consultora Equilibra, estiman que de actualizarse la CBT el umbral para una familia tipo pasaría a casi 2 millones de pesos.

Solo con ese cambio, cerca del 10% de la población pasaría a la pobreza al no alcanzar esos ingresos. Si bien el cambio lo debería haber hecho primero el Gobierno de Alberto Fernández, la administración actual le saca provecho porque desde diciembre de 2023 los servicios aumentan más que la comida, motivo por el cual tampoco actualiza el cálculo de la inflación.

Con ese retraso logró esconder más de 11 puntos porcentuales de inflación. La inflación acumulada durante el gobierno de Alberto Fernández fue de 931%. Según un informe de Equilibra, con la actualización de la ENGHo también hubiera sido un número elevado, pero el total habría dado 891%, 40 puntos menos.

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Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.

Un adulto necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir 623.990 pesos para no quedar bajo esa línea.

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó 440.226 pesos para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de 1.360.299 pesos.

Fuente: NA

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