Del debate en el Instituto PATRIA, participaron el fiscal federal, Félix Crous; la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal de Capital Federal, María Laura Garrigós de Rébori; el periodista y abogado Darío Villaruel, y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, exjefe de Gabinete.
Capitanich explicó que en materia de seguridad pública existen factores que inciden directamente en la comisión de delitos: “la indigencia, la pobreza y la exclusión social, la inequidad en la distribución del ingreso, y la falta de empleo". Por eso opinó que "el abordaje integral de la problemática por parte del Estado tiene que ver con promover políticas públicas inclusivas, equitativas, y de promoción de la participación popular".
Recordó el levantamiento policial en diciembre de 2013 en Córdoba, hecho no casual “que formó parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno a los efectos de establecer un mecanismo de elecciones anticipadas"; luego advirtió que fue durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner cuando "más se invirtió en seguridad en términos presupuestarios", y comparó los índices con otras áreas claves en las que invirtió el Estado nacional para lograr un país con desarrollo económico e inclusión social.
Sobre su experiencia como gobernador, Capitanich subrayó que asumieron el control del ejecutivo luego de dieciséis años de gestión opositora, y que armaron un equipo, entre los que estuvieron el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín, para confluir en una ley de seguridad democrática, con la que se debía "restaurar las condiciones de un estado de convivencia que permita el efectivo ejercicio de libertades y derechos". Y también con paradigmas de democratización, la desmilitarización y humanización hacia adentro de la fuerza. Desde esa perspectiva, llamó a las provincias a avanzar “hacia una ley de seguridad democrática".
El fiscal Crous se refirió, entre otros puntos, a la declaración pública que Mauricio Macri realizó con respecto al caso de justicia por mano propia que ejerció un carnicero de Zárate. Dijo que "no es un discurso de mano dura", sino una instancia "anterior a la ley del talión" en la que "puedo matar a cualquiera que me agrede". "Esto es absolutamente coherente con la idea de hacer política identificando al sujeto como un montón de individuos y no como un colectivo", señaló, y recordó que "la responsabilidad del Estado es disponer dispositivos para que los niveles de tensión que existen en la sociedad no se transformen en actos".
El abogado y periodista Darío Villaruel, llevó el debate hacia el tratamiento en los medios y habló sobre el Principio de Inocencia vigente en la Argentina. Fue en esa línea que afirmó que "los que dictan las sentencias son los jueces y no los medios de comunicación" y mencionó el ejemplo del ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, condenado desde la señal Todo Noticias y finalmente declarado inocente por una Cámara Penal.
María Laura Garrigós de Rébori, coincidió con Capitanich al sostener que "el índice delictivo está atado a las crisis económicas, siempre, de modo indiscutido", amparada por el crecimiento de ese indicador en las crisis económicas y sociales de los años 1985 y 2001-2002.
