El lunes de esta semana se conoció el índice de salarios del Indec de marzo que, con una suba de apenas el 2,1% para los trabajadores registrados del sector privado contra una inflación del 3,4%, consolidó un raid de siete meses consecutivos de pérdida con relación a la suba de los precios.

La inflación mayorista de abril que se conoció el martes marcó una suba extraordinaria del 5,2% que augura un agravamiento del escenario de los precios en las próximas semanas.

Un informe reciente elaborado por el Grupo de Estudios en Desigualdad y Movilidad Social (GEDyMS) del Instituto Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, basado en datos oficiales, revela una situación catastrófica en el mercado laboral que se remite a una década atrás y que se agudizó sensiblemente desde noviembre de 2023.

De allí surge que durante el último cuatrimestre de 2025, el 71,1% de las personas ocupadas percibían ingresos por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el umbral de la pobreza para una familia integrada por dos adultos y dos menores y se situaba en $ 1.308.713 en diciembre de 2025 ($ 1.469.767 en abril de 2026). El porcentaje escala al 90% para los asalariados informales y al 85,1% para los llamados «cuentapropistas de baja calificación».

El dato resulta todavía más contundente cuando se analiza el segmento de trabajadores asalariados registrados que, se presume, deberían eludir la  pobreza. Sin embargo, el 59,3% no llega a cubrir el valor de una CBT. Pero la pobreza acecha también a los profesionales y pequeños patrones en tanto el 57,9% de los cuentapropistas con alta calificación no llegan a reunir esa suma al igual que el 50% de los “patrones precarios” y el 18,2% de los patrones formales.

Resulta ilustrativo que el 68% de los y las trabajadoras de la enseñanza se encuentran en situación de pobreza, al igual que el 67,4% de los empleados de la industria manufacturera. El fenómeno afecta al 97,7% de las trabajadores de casas particulares y al 87% de los trabajadores del rubro “alojamiento y servicios de comidas”.

El marcado deterioro de los ingresos es resultado de la relación de fuerzas que se ha consolidado entre las clases sociales que intervienen en la producción. Ésta, a su vez, está determinada, por un lado, por la política del gobierno en su rol de ajustador directo y garante de los intereses de las clases dominantes pero también la de las conducciones sindicales que han cedido terreno pasivamente frente a tamaña masacre laboral.

El deterioro del sector registrado con convenio colectivo de trabajo se amplifica en el sector informal, que carece de representación sindical y protección legal. Los centenares de miles de despidos, a la vez, son un factor de presión sobre el salario de los trabajadores ocupados.

Según el relevamiento del GEDyMS, liderado por el doctor en Ciencias Sociales Eduardo Chávez Molina, en los dos años que van del últimos trimestre de 2023 al mismo de 2025 se destruyeron 253.543 puestos de trabajo formales y 51.577 informales. En paralelo, se crearon 288.765 de cuentapropistas de baja calificación que perciben salarios promedio de $ 720 mil.

En el mismo período perdieron su ocupación casi 20 mil patrones precarios y se formalizaron 15.315 puestos patronales y 1.600 cuentapropistas de alta calificación.

El saldo indica la destrucción de 18.754 puestos ocupados, que resulta marginal pero se gestó sobre la base de una “una recomposición regresiva del mercado laboral”, según indica la investigación. El informe explica que “del total de puestos generados en ese lapso, 7 de cada 10 corresponden a cuentapropistas precarios de baja calificación, mientras que los 3 restantes son monotributistas. En otras palabras, la totalidad de los puestos creados en estos dos años se concentra en modalidades de trabajo independiente, mayoritariamente por fuera de la protección social y de bajos ingresos”.

De hecho, revelan entre sus conclusiones “un proceso de ‘desformalización progresiva y sostenida’” en tanto “la proporción de asalariados formales está en el mínimo histórico (46% del total de ocupados). En contraste, la informalidad alcanza niveles récord (48%)”.

El fenómeno se arrastra de una década a esta parte. En 2016, los trabajadores formales representaban el 50% del total de ocupados resignando 4 puntos de manera sostenida en diez años. A la par, “el cuentapropismo de baja calificación escaló del 16 al 20% en el mismo lapso”, con lo que se constituyó en la categoría laboral que más creció desde la llegada del actual gobierno, alcanzando a diciembre de 2025 a 2,6 millones de personas “estructuralmente vulnerables” por su nivel educativo y condiciones de vida. “Sus ocupaciones más frecuentes son la comercialización directa (30%), los oficios de la construcción (19%) y la producción industrial informal (13%)”, agrega.

Lejos del ideal de libertad que pregona el gobierno nacional respecto de la figura del “cuentapropismo”, los datos del estudio indican que “la sobrecarga laboral y la insuficiencia de ingresos operan como dos caras de la misma moneda en este perfil ocupacional. El 44% de los cuentapropistas de baja calificación está sobreocupado (trabaja más de 45 horas semanales) y el 33% subocupado, una paradoja que evidencia que trabajar más horas no garantiza salir de la precariedad. En promedio, sus ingresos laborales alcanzan los 720 mil pesos mensuales, un 45% por debajo de lo que percibe un asalariado formal. El 86% no logra superar el valor de la Canasta Básica Total (pobreza) y el 42% el valor de la Canasta Alimentaria (indigencia). El 82% gana $ 1 millón o menos por mes”, dice el informe, que aclara que no trabajan en las plataformas (Uber, Rappi, etc) en tanto, éstos “suelen estar alcanzados por la obligación de inscribirse en el monotributo, lo que los ubica, al menos transitoriamente, dentro de la formalidad laboral”.

El estudio revela “una situación crítica para los jóvenes”. Asegura que “no solo enfrentan las mayores dificultades para insertarse en el empleo por ser nuevos ingresantes, sino que también son el grupo etario que concentra el grueso de la desocupación” en la medida en que “los menores de 30 años representan el 53% del total de desocupados” a la vez que, para este segmento, “las condiciones de trabajo se han deteriorado hasta alcanzar el peor registro de toda la serie histórica”. La tasa de informalidad entre jóvenes de 18 a 30 años “escaló al 60%, el valor más alto jamás registrado y siete puntos por encima de 2016”. Por eso, infieren, “el mercado de trabajo ya no funciona como un canal de integración social ni de movilidad ascendente”.

La brecha de ingresos por género también escaló en el último año al 28,2% cuando en 2022 se ubicaba en un 21,1%.

El pluriempleo crece

Un rasgo distintivo de la situación signada por los bajos ingresos es la emergencia del pluriempleo y de los ocupados demandantes. En 2025, las personas que contaban con más de un empleo alcanzaron el “máximo histórico del 12%” a la vez que la cantidad de trabajadores ocupados que demandan más horas de trabajo llegó a casi el 20%, “mostrando una nueva tendencia ascendente desde fines de 2023”.

El estudio agrupa dentro de las “personas con problemas de empleo” a quienes obran en la informalidad, los desocupados, los sobreocupados y los ocupados y subocupados demandantes de más horas de trabajo. En su conjunto suman al último trimestre de 2025 10.025.052 personas cuando, una década atrás, eran 8.080.713. Se trata de un crecimiento del 24% en solo 10 años de deterioro constante y con tres gobiernos de signo político diferente.

El estudio hace una radiografía de la situación laboral plasmada al último trimestre de 2025. Las condiciones durante los primeros cinco meses de este año, según los datos oficiales, se han deteriorado aun más. Lo que resta saber es hasta cuando el pueblo trabajador estará dispuesto a soportar tan profunda y persistente vejación.

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