Sebastián Ponce de León tenía 32 años y una hija pequeña de poco más de un año. El jueves 31 de enero, salió de la casa de sus padres para ir al domicilio de la persona con la que tenía una relación en ese momento, una expolicía federal. Según relatan sus padres, Sebastián iba con la intención de terminar con Alegre y sólo iba a buscar sus pertenencias.
El calvario de estos padres inicia en ese instante: “yo le dije que no fuera”, asegura la mamá. Lelia Fernández Liras y Osvaldo Ponce de León, madre y padre de Sebastián, visitaron la redacción de elDIARIO de la Región para contar su versión sobre lo ocurrido y las posteriores acciones legales que tomaron a causa del fallecimiento de su hijo.
Tres días después, el 2 de febrero, Lelia y Osvaldo se enteraron de la internación y gravedad de su hijo con el llamado del médico especialista en nefrología del hospital Perrando para pedir su autorización para dializar al joven. Según relatan, el llamado fue desde el celular personal de uno de los agentes policiales que custodiaba a Sebastián. “No nos avisaron” nada antes, aseguran.
“Venimos a denunciar que la Policía lo mató a golpes”, afirmó, contundente, Lelia. “Lo golpearon tanto que le pararon los dos riñones y le reventaron el pulmón”. Contaron que lo golpearon ni bien se hizo la detención y “en esas condiciones” lo llevaron hasta Sanidad policial que dictaminó, por la gravedad, el traslado al hospital Perrando.
Las fuentes policiales informaron, en esa oportunidad, que acudieron a la casa de la mujer por un “desorden” protagonizado por Sebastián, esta joven y su hermana. Ambas realizaron la denuncia posterior y Ponce de León permaneció los días que estuvo internado bajo custodia policial por orden del fiscal en turno Martín Bogado, con la carátula de “supuestas lesiones en contexto de violencia de género”.
El 10 de febrero, Sebastián murió luego de que el tratamiento de diálisis y las atenciones hospitalarias fueran insuficientes para el estado comprometido en el que estaba. Los padres se detuvieron en este punto para recalcar que, si bien es cierto que el parte emitido por el Perrando pone como causa “paro cardiorespiratorio”, lo importante son las causas que llevaron a este resultado.
Es por eso que Osvaldo realizó ese mismo día la denuncia en la comisaría 1ª, ratificada luego en la Fiscalía a cargo de la doctora Ana Pacce. Allí se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), quiénes realizaron la autopsia.
Los resultados del IMCIF arrojaron las pruebas necesarias para que intervenga la Fiscalía Especial en Derechos Humanos a cargo del doctor Daniel Francisco Turraca. Como es esperado, también intervino el OCI (Órgano de Control Institucional) de la Policía provincial. “Hubo abuso y tortura policial”, asegura Lelia y por eso el caso llegó hasta ahí.
“A mi hijo lo asesinaron a golpes y fue la Policía de la comisaría 1ª de Barranqueras”, denunció Lelia en este medio. Comenta que no tiene miedo de las repercusiones de sus dichos, porque tiene documentación que la respalda y el objetivo preciso de que “se haga justicia”. “Yo no les tengo miedo, a mí ya me mataron”, agregó.
Los padres remarcaron que además de la violencia policial, hubo amedrentamiento e intimidación por parte de agentes policiales hacia ellos y otros familiares. Además, “denuncio que hubo encubrimiento”, agregó Lelia, “desde el OCI para arriba. Los casos se cajonean porque se van tapando entre ellos”. Según explica, hubo un armado de causa y mentiras por parte de la información pública que circuló la Policía con respecto a lo sucedido y la causa de muerte de Sebastián. Manifestaron que también los medios gráficos que replicaron esa información tendrán que retractarse por no verificar los hechos.
“Queremos que sea un caso bisagra, por él y por todos los casos parecidos”, expresan. Traen a la conversación el informe hecho por el Partido Obrero y replicado por el Centro Mandela en el que manifiestan que “en 2015 hubo 278 denuncias por abuso policial y apenas tres llegaron a juicio”.
Por último, sobre la mujer que salía con Sebastián, contaron que tenía “una obsesión” por su hijo y que lo controlaba, aunque no tenían más de dos meses de relación. “Estamos seguros de que tenía conexión con la policía de la 1ª”, denunciaron también.
LA DOCUMENTACIÓN
Lelia y Osvaldo pusieron sobre la mesa la carpeta donde guardan la documentación cronológica sobre su hijo. Sin hacer breves pausas de llanto para recordar su reciente pérdida, fueron explicando cada prueba reunida. Disponen de los informes actualizados hasta diciembre de la obra social que constata la buena salud de Sebastián para desmentir algunas de las versiones mediáticas que hablaban de “problemas de salud anteriores e incluso un virus”, dicen.
Las fotografías: la carpeta arranca con una foto de Sebastián junto a su hija, Lelia indica la delgadez para luego contrarrestarla con el cuerpo edematizado (hinchazón de los tejidos musculares), producto de los fallos multiorgánicos. Osvaldo recalcó el detalle de la vía puesta cerca del pecho, por la imposibilidad de encontrar venas en sus brazos desde el primer momento de su internación. Suman el informe hecho por el servicio funerario que también constata el estado del cuerpo.
Además de las fotos que guardan del estado en el que estuvo internado, donde se ven golpes y escoriaciones, destacaron que la preocupación de las fuerzas es porque Sebastián “habló y contó lo que le pasó a varias personas. Ellos pensaban que iba a morir ni bien legaba al hospital”. Estos testigos podrían confirmar la versión del joven fallecido.
Por último, la prueba más contundente es el informe del IMCF dirigido a la fiscalía de DD. HH. dónde especifica que la causa de la muerte es: “politraumatismos padecidos que provocan rabdomiolisis, la cual provoca insuficiencia renal aguda que termina en un fallo multiorgánico ocasionando la muerte”. Los politraumatismos “están directamente relacionados” con la muerte, especifica el Instituto Forense.
