En el marco de la jornada nacional de repudio a la conmutación de penas (2×1) a genocidas votada por la nueva mayoría oficialista que integran los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Higton de Nolasco, organizaciones sociales y políticas y organismos de derechos humanos convocaron a participar esta tarde en la marcha de rechazo organizada al efecto, desde las 18 en Marcelo T. de Alvear 32, actual Casa por la Memoria, y ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
El fallo de los supremos viene cosechando el repudio generalizado de prácticamente todo el arco político, con críticas y objeciones de derecha a izquierda del espectro, y aún la intentona de despegue por parte del oficialismo, que primero deslindó responsabilidades, luego afirmó no acompañar, y en los últimos días salió a denostar el fallo.
Las organizaciones de derechos humanos locales y nacionales remarcaron que los represores del genocidio fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y por las propias dilaciones del Poder Judicial, en procesos realizados conforme a los procedimientos legales y con respeto a la todas las garantías para los imputados. En ese sentido objetan que el fallo de los supremos oficialistas intenta ser un indulto encubierto que deja abierta la posibilidad de que los genocidas juzgados y presos por crímenes de lesa humanidad queden en libertad.
Sucede que, según precisó el periodista Horacio Verbitsky: "La ley del 2×1 fue sancionada en 1994, 18 años después de los delitos por los cuales fue condenado el agente civil de inteligencia Luis Muiña, y derogada en 2001, una década antes de que fuera detenido. Se trató de una ley de excepción, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos sin condena. Ni Muiña ni otros responsables de crímenes de lesa humanidad estaban entre ellos, ya que en esos años rigieron las leyes y decretos de impunidad de los sucesivos presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Al absurdo legal se suma el disparate constitucional, que desconoce la obligación de castigar en forma proporcional esos crímenes, como surge de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y de la jurisprudencia acumulada desde entonces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
