«Las Ligas son parte de la memoria colectiva. Un reserva moral para la sociedad, por su método de organización y por su movilización en reclamo de Justicia”; palabras del querellante y hermano de una de las víctimas, Mario Piccolli, durante la mañana de este lunes en la sala del Tribunal Oral Federal de Resistencia en la décima audiencia del juicio oral en el que se formalizó la acusación a los cinco imputados por crímenes de lesa humanidad contra y el respectivo pedido de penas para cada uno de ellos.
Para el ex militar José Tadeo Bettolli se solicitó prisión perpetua por considerarlo coautor de homicidio agravado por alevosía y número de partícipes, lo mismo que para los ex policías Miguel Gonzáles y Alcides Sanferraiter. Al ex policía José Rodríguez Valiente se imputó por encubrimiento agravado con el pedido de pena de 12 años de prisión. Para el ex comisario Eduardo Wischnivetzky se solicitaron 18 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Todos en concurso real entre sí.
Los abogados Duílio Ramírez y Paulo Pereyra presentaron el alegato querellante en representación de la Secretaría de DDHH de la provincia. Con gran precisión Duilio Ramírez, comenzó con el análisis de las pruebas que fundamentan la acusación. Luego Paulo Pereyra, didáctico, refirió la autoría y participación de cada uno de los imputados, y la calificación legal para el pedido de pena. La secretaría de DDHH de la Nación representada por el dr. Flavio Ferrini adhirió a la totalidad de lo expuesto por la querella del Estado Provincial.
Del mismo modo lo hizo la querella en representación de la familia Picolli, de Mario, quien brindó un marco general de los objetivos que persiguió el terrorismo de Estado con la eliminación de los dirigentes y referentes liguistas.
La causa pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 6, cuando se espera el comienzo del alegato Fiscal. De este modo las defensas iniciarían sus propios alegatos en la semana posterior, luego de lo cual el tribunal estaría en posición de dictar sentencia.
PRUEBAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
El análisis de Duilio Ramírez fue dividido en tres tramos; en tanto el abogado consideró que el caso juzgado comprende tres hechos diferentes pero con un mismo hilo conductor. A modo de introducción al contexto de la época afirmó; “Luego del golpe de Estado se organizó el país en áreas de Ejército y se subordinó a las Policías a las respectivas autoridades militares.
Chaco fue el Area 233. Se utilizó la doctrina de la Escuela Francesa en Argelia: secuestro y tortura de opositores para destruir a las organizaciones catalogadas como “subversivas”.En el Chaco uno de esos grupos fue Ligas Agrarias”.“¿Es posible pensar que un militar de Ejército con funciones en Inteligencia Militar pueda haber venido al Chaco a realizar tareas administrativas como si fuese un consultor? se preguntó en referencia a lo manifestado en ese sentido por el imputado Bettolli durante su ampliación indagatoria.
HOMICIDIOS
Sobre el hecho de Raúl Eduardo Estigarribia comentó que este dirigente era intensamente buscado desde 1975, y en 1977 un conocido, Leopoldo López Jordán, lo lleva en su camioneta al domicilio de Francisco Iñiguez, en Corzuela, donde se organizó una emboscada con personal de Ejército y Policía bajo las órdenes de José Tadeo Bettolli.
Según el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense Estigarribia fue herido en el tórax, y en la pierna y muñeca izquierdas. Allí se labró un acta con la versión falsa de un supuesto enfrentamiento. Iñiguez relató en sede judicial que lo sacaron vendado y esposado y le dieron una paliza. En relación al acta suscripta por Bettolli subrayó ; Cuando se le pregunta por su firma en ese documento titubea, sin poder negarlo de forma categórica. Esto es así porque se realizó un montaje , una mascarada de lo sucedido mediante la hipótesis del enfrentamiento, en el que al igual que en la Masacre muere la totalidad de los perseguidos políticos y no se registran heridos en integrantes de las FFAA”.
En esa mascarada intervino Rodríguez Valiente; “un cuadro consustanciado con la dictadura, realizó cursos de Inteligencia, y era oficial sumariante. Su accionar fue trascendental y demostró una postura defensiva como muchos puntos débiles y contradicciones con las pruebas ventiladas en los debates”.
Tenemos la certeza de que los imputados participaron. Recordó además que según el legajo de Bettolli” desde diciembre estaba operativo en la zona, participando en varias acciones represivas. No era cualquiera. Tuvo un rol clave. Era el Ejército en ese momento”.
Respecto de Piccoli, era buscado desde 1975, exiliado, regresa en 1979 con intención de reconstruir Ligas y aportar al regreso de la Democracia. Se movía en bicicleta y eludía los retenes militares atravesando el monte y caminos vecinales. “En la noche del 22 de abril de 1979 en el Cruce de Ramela, en las afueras de Saénz Peña , fue sorprendido y abatido luego de que el canto de unos teros alertara a los oficiales Alcides Sanferaiter y Cárlos Chavez. Ocultos entre los pajonales y la oscuridad tan pronto como pasa frente a ellos le dispararon y acabaron con su vida. Por los impactos de bala, el ancho del camino, y la posición de los atacantes resulta inapelable que nadie le dio la voz de alto y que fue acechado y asesinado desde la oscuridad” precisó.
TORTURAS
A fines de agosto de 1976 encuentran en un descampado de Villa Berthet unas cartas de los dirigentes Rogelio Vocouber y Secundino Vallejos, quienes eran intensamente buscados (hoy están desaparecidos). El hallazgo desencadena un operativo de requisas en toda la zona liderado por el comisario de Villa Ángela Eduardo Wischnivetzky.
En ese contexto se dan las detenciones y torturas a Hipólito y Santos Brítez, y Modesto Meza.En relación con las pruebas de los hechos de torturas y siendo este el único caso en el que se puede contar la palabra de los sobrevivientes remarcó sus dichos ante el tribunal; “Nos pegaban como a animales”, “Escuché que dijeron ahí viene Wischnivetzky” y la presiones por parte de la familia del imputado para lograr que se desdijeran en sus testimonios a cambio de dinero. Allí planteó el rol central de la Comisaría de Villa Ángela en los tres días de operativos y y la certeza de que su principal responsable, el comisario Wischnivetzky estuvo al frente de los hechos; “ Tenemos el memorando suscripto por el Comisario Caballero que da cuenta de operativos en el Lote 21, con participación del acusado, y de personal de su Comisaría, la detención de Lázaro Frías en el lote 21, un día después del hecho, y otra detención en el lote 18. Es decir; estuvo antes, durante y después”.
CALIFICACIÓN LEGAL
El abogado Paulo Pereyra encaró la intepretación legal de los hechos descriptos por su preopinante. Luego de fijar como precedente directo a las sentencias condenatorias de las Causas Masacre de Margarita Belén y Caballero destacó la alevosía; “actuar sobre seguro” y la preparación de la escena del crimen en cada uno de los hechos para maximizar el estado de indefensión de las víctimas.
Asimismo Pereyra consideró que a todos los acusados les cabe la “coautoría funcional aditiva”; ya que “todos los imputados formaron parte del plan previo y realizaron aportes esenciales para lograr el objetivo propuesto”. Además afirmó que el encubrimiento agravado es la acción típica que le corresponde a Rodríguez Valiente para “frustrar la acción de la justicia y darle visos de legalidad a la emboscada” y por no denunciar “a sus camaradas de armas en tanto era lo que le correspondía como funcionario público”.
En el caso de los tormentos en el lote 20 “se da un supuesto de gran sufrimiento para la búsqueda de información” y también un “agravante por la condición de perseguido político de la víctima”. “El de Wischnivetzky fue un aporte esencial; daba las órdenes. Con acreditar el plan previo se puede imputar sin necesidad de probar que haya estado o no”.Por último el letrado sostuvo que las de este proceso son “Condenas necesarias para resarcir a las víctimas pero también para restablecer la verdad de los hechos y la vigencia del Estado de Derecho”.
JUSTICIA EFECTIVA
El cierre del alegato querellante le correspondió al abogado Mario Piccolli, por primera vez en un juicio por crímenes de lesa humanidad, y con un hermano figurando en la nómina de víctimas. Piccolli, que tenía 13 años cuando la dictadura buscaba a su hermano en violentas requisas en su casa familiar, adhirió en la totalidad de lo alegado por la querella de la Secretaría de DDHH y agradeció “la capacidad de escucha del presidente y del tribunal sin preconceptos ni prejuicios” y también el papel “del Fiscal Diego Vigay y de los testigos y personas que acompañaron al juicio en la persona de Dafne Zamudio” (coordinadora del Programa de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado – CPM Chaco).
Destacó las “similitudes de los hechos juzgados hace ostensible que se trató de un plan orquestado al efecto” y para finalizar graficó los logros de las Ligas y el sentido subyacente de las persecuciones; “ Las Ligas lograron que el precio del algodón y del girasol tuvieran una recomposición significativa. Hicieron importantes aportes a la educación de la familia campesina de la mano de los colegios rurales, y luego de la Facultad de Agroindustrias, el antecedente directo de la Universidad del Chaco Austral. Fueron una herramienta de distribución de la renta fiscal agraria a los pequeños productores”. Acto seguido enumeró las sas consecuencias sociales del exterminio: familias desintegradas, difamación de los principales referentes por parte de la dictadura , temor persistente hasta el día de hoy, sistema cooperativo disuelto, pérdida de la rentabilidad del algodón, que se dejó de sembrar; diáspora del campo. “Hoy hay más chaqueños afuera de la provincia que adentro” remarcó.
En ese sentido, se permitió “una última reflexión” con un pedido a los jueces del Tribunal de mayor control las prisiones domiciliarias en el caso de Wischnivetzky y Sanferraiter; “es público y notorio en Saénz Peña que el primero de los nombrados no la cumple. Y ello desacredita la Justicia”.
