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Ligas Agrarias: el juicio ingresa en su etapa definitoria

En su declaración en el juicio oral el médico del Equipo Argentino de Antropología Forense Luis Bossio señaló que los únicos estudios realizados durante la dictadura a los cadáveres de Carlos Piccoli y Raúl Estigarribia consistieron en unos informes médicos de constatación a simple vista. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 9, oportunidad en la que se espera concluir la etapa de testimoniales, y avanzar hacia dos alegatos, posiblemente a fines de mayo.

La sexta jornada del juicio oral denominado Ligas Agrarias que se realizó en la mañana del jueves, vino a completar el cuadro descripto por la perito del Equipo Argentino de Antropología Forense, Soledad Selva, de la audiencia anterior, con el testimonio del médico Luis Bossio, también del EAFF, sobre el análisis de restos óseos de los dirigentes Carlos Piccoli y Eduardo Estigarribia realizados en mayo de 2015.

Querella y fiscalía sostienen que Estigarribia fue ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el militar José Bettolli. Del caso Carlos Piccoli, señalan que este se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, por Alcides Sanferraiter y Carlos Chávez (fallecido). Desde la defensa, se plantean la versión de un supuesto “enfrentamiento”.

Mediante sistema de videoconferencia, desde Buenos Aires, Bossio precisó que las autoridades militares de la época no gestionaron la realización de autopsia a Picolli ni a Estigarribia, sólo unos informes médicos que consistieron en una constatación del estado de los cuerpos a simple vista. Debe remarcarse que lo estipulado ante casos de muerte violenta es la realización de una autopsia integral.

En el cadáver de Estigarribia, se constataron fracturas en la tibia y peroné de la pierna izquierda. También se observaron fracturas completas de la segunda a quinta costilla en la parte izquierda del torso; fueron estas heridas las que le provocaron la muerte. Respecto de Carlos Piccolli, se verificaron lesiones en el cráneo compatibles con las provocadas por la penetración y trayectoria de un proyectil de arma de fuego con dirección de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y ligeramente de atrás hacia adelante.

La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el 9, oportunidad en la cual se espera concluir la etapa de testimoniales con el último testigo convocado y resolver en debate la incorporación o no del testimonio de Mártirez Sosa, exenfermero en la Alcaidía de Sáenz Peña, fallecido el 22 de abril. Resueltas estas cuestiones, quedará la vía expedita para avanzar con las declaraciones de los imputados, para luego dar inicio a la serie de alegatos de cada una de las partes, presumiblemente el 20 y/o 23 de mayo.

Cabe aclarar que también se juzga el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza, hechos por los cuales se imputa el excomisario de Policía Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima y tormentos. El expolicía José Rodríguez Valiente está acusado de encubrimiento.

WISCHNIVETZKY HIJO

Marcelo Wischnivetzky, hijo de uno de los imputados, fue el segundo testigo de la jornada. Convocado por la defensa, declaró sobre el contacto que mantuvo con Santos Britez y Modesto Meza, dos campesinos que declararon ante el tribunal en la cuarta jornada del presente juicio y relataron haber sido secuestrados y torturados el 29 de agosto de 1976 en un paraje en cercanías a Villa Berthet por un grupo de tareas del terrorismo de Estado.

Sucede que desde la querella y fiscalía se denunció una serie de ofrecimientos, (dinero y trabajo) que habrían sido realizados en 2011 por parte de Wischnivetzky hijo para que ambos negaran cualquier tipo de acusación contra su padre.

Tanto la querella como la fiscalía plantearon su oposición a que declare atento a la posibilidad de que incurriera en una autoincriminación y por no tratarse de una cuestión relacionada con el objeto procesal, pero desde el Tribunal se resolvió no hacer lugar a la petición, con la salvedad de interrumpir el testimonio de verificarse esa situación, tomando en cuenta la propuesta de la defensa de que el testigo brinde un relato concreto de cual el carácter de su vínculo con Santos y Britez.

Según la versión de Wischnivetzky, no hubo tal ofrecimiento y sus gestiones se abocaron a consultar a Meza y Britez respecto de la inocencia de su padre. Relató que los testigos le confirmaron los hechos pero no que hayan denunciado a su padre, como consta en las declaraciones ante sede judicial, ante lo cual los instó a declarar nuevamente. “El hecho existió, me comentaron las torturas, pero mi papá no estuvo”, afirmó.

Ante lo que consideró “dilaciones” del Poder Judicial, Wischnivetzky concurrió a un escribano con Britez y su hijo, para que este se retracte de lo denunciado en la etapa de instrucción. El acta no se realizó luego de que una hija de Britez le advirtiera la posibilidad de incurrir en un falso testimonio. Con Meza ocurrió algo similar, este testigo estuvo acompañado por un conocido, Vicente Heller, padre a su vez de un amigo de Wischnivetzky, Roberto Carlos Heller. Este último fue el tercer testigo de la fecha, básicamente detalló como presentó a Modesto Meza, compueblano suyo, ante Wischnivetzky, sin otra participación.

JUICIO POR COMPLICIDAD

JUDICIAL, POSTERGADO

El Tribunal suspendió el inicio del juicio por complicidad judicial, que estaba programado para el 6, ante la falta de nombramiento por parte de la Cámara Federal de Casación Penal del tercer juez que acompañará a los magistrados Selva Angélica Spessot, y Juan Manuel Iglesias. Se trata de la causa en la que se investiga la complicidad judicial y civil con el terrorismo de Estado, y en el que figuran imputados el exfiscal Domingo Mazzoni y el ex guardiacárcel de la U7 Pablo Casco. Se estima una lista de entre 10 y 20 testigos.

Durante 2018 y lo que va de 2019, fueron designados los jueces Víctor Alonso y Fermín Ceroleni de Corrientes, Delfina Denogens y Rocío Alcalá de la Cámara de Resistencia y Manuel Moreyra de Misiones y en todos los casos se excusaron por diferentes razones.

Tampoco se pudo designar a Niremperger y Aguilar por haber intervenido en instancias anteriores. En marzo, fue designada Norma Nilda Lampugnani, del Tribunal de Posadas, pero adujo problemas de salud por una operación. Por ello, Casación debe constatar esa situación y designar otro juez.

 

 

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