La convocatoria está dirigida a organizaciones campesinas y chacareras, comunidades de pueblos originarios, cooperativas, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, investigadores, universidades, trabajadores rurales y representantes de distintos sectores vinculados con la producción, el ambiente y la defensa de los recursos estratégicos.

El objetivo es generar un espacio de debate e intercambio de experiencias sobre el acceso a la tierra, el reconocimiento de los territorios comunitarios, el modelo productivo y la soberanía nacional, además de avanzar en la elaboración de propuestas con participación de los distintos sectores sociales.

La concentración de la tierra, uno de los ejes del debate

En el documento de convocatoria, los organizadores advierten sobre la concentración de la propiedad de la tierra en Argentina y sostienen que el acceso al territorio constituye uno de los principales desafíos para las comunidades campesinas, los pequeños y medianos productores y los pueblos originarios.

Según los datos citados en el texto, el 0,97% de los propietarios concentra el 47% de las tierras del país, mientras que más de 16 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras.

También plantean su preocupación por el desplazamiento de familias rurales, la concentración de la producción agropecuaria y las consecuencias ambientales de los modelos productivos basados en el uso intensivo de agroquímicos y la expansión de la frontera agrícola.

En ese sentido, la convocatoria propone debatir alternativas que permitan ampliar el acceso a la tierra rural y urbana, fortalecer la agricultura familiar y promover formas de producción sustentables.

Los pueblos originarios y la defensa de sus territorios

Otro de los puntos centrales del encuentro será la situación de las comunidades indígenas y sus reclamos por el reconocimiento y la titularización de sus territorios.

El documento recupera los antecedentes históricos de violencia y despojo contra los pueblos originarios y menciona la sentencia del Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, en Chaco, en la que se reconocieron los hechos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio indígena.

Los organizadores también expresan su preocupación por las políticas extractivas y las medidas que, según sostienen, afectan la soberanía sobre los recursos naturales y los territorios comunitarios.

Cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional

La convocatoria incluye críticas a las políticas económicas y legislativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Entre ellas, menciona la Ley Bases, las reformas laborales y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de las iniciativas vinculadas con la propiedad privada y la extranjerización de tierras.

Los organizadores consideran que estas medidas profundizan la concentración de los recursos y ponen en discusión la capacidad del Estado para proteger el patrimonio nacional.

Asimismo, advierten sobre la importancia de debatir el alcance del DNU 70/2023, que modificó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Convocatoria abierta a organizaciones y trabajadores

El encuentro busca reunir a representantes de distintos sectores para compartir experiencias de lucha, producción e investigación, discutir propuestas y avanzar en la construcción de un programa que contemple el acceso a la tierra, el desarrollo productivo y la soberanía.

La invitación incluye también a trabajadores rurales, productores de la agricultura familiar, combatientes de Malvinas, organizaciones ambientales, espacios de derechos humanos, sectores de la cultura y la educación, y representantes de distintas comunidades religiosas.

La actividad se desarrollará durante dos jornadas en la Uncaus, en Sáenz Peña, con la intención de promover el debate y la articulación entre organizaciones sociales, productivas y comunitarias en torno a la tierra, el territorio y los recursos estratégicos del país.

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En su testimonio Barrientos afirmó que no inició el fuego que causó la muerte de Pamela, Roxana y Andrea: «Cuando pasó lo que pasó, me retiré, perdí la cabeza. Debo haber perdido la conciencia, cuando desperté ya estaba detenido. Seguramente las chicas desde el cielo lo deben saber”, cerró el acusado del triple lesbicidio.

El próximo lunes 26 y miércoles 27 de octubre, la Fiscalía y las querellas leerán sus alegatos finales. Ambas partes sostienen que se trató de un triple homicidio agravado por odio de género y por la orientación sexual de las víctimas.

Contemplan además otros agravantes como la alevosía, ensañamiento y el uso de un medio capaz de generar un peligro común. En el caso de Sofía Castro Riglos, la acusación contempla el homicidio en grado de tentativa.

El triple lesbicidio tuvo lugar el 6 de mayo de 2024 en una vivienda en Barracas, Capital Federal. Andrea Amarante, Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa fueron asesinadas por su vecino Fernando Barrientos, quien prendió fuego la pensión en la que vivían con ellas adentro.

Tras dos años de ocurrido el crimen y el insistente reclamo de organizaciones feministas y de la diversidad sexual, en mayo de este año comenzó el juicio oral contra Barrientos, único acusado.

Las agrupaciones pidieron en todo momento que el juicio considere a los actos de Barrientos como un crimen de odio contra la identidad de género y sexual de las víctimas, y que el triple asesinato sea reconocido como lesbicidio: a Andrea, Pamela y Roxana las mataron por lesbianas.

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Tras dos años de ocurrido el crimen y el insistente reclamo de organizaciones feministas y de la diversidad sexual, en mayo de este año comenzó el juicio oral contra Barrientos, único acusado.

Las agrupaciones pidieron en todo momento que el juicio considere a los actos de Barrientos como un crimen de odio contra la identidad de género y sexual de las víctimas, y que el triple asesinato sea reconocido como lesbicidio: a Andrea, Pamela y Roxana las mataron por lesbianas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Ciudad de Buenos Aires escuchó en septiembre, mediante audiencia virtual, las últimas declaraciones testimoniales. Luego comenzaron los alegatos. Con demora, este jueves a las 12, declarará Fernando Barrientos, autor del crimen quien no había declarado hasta el momento.

Tanto la Fiscalía como las querellas sostienen que se trató de un triple homicidio agravado por odio de género y por la orientación sexual de las víctimas. Contemplan además otros agravantes como la alevosía, ensañamiento y el uso de un medio capaz de generar un peligro común. En el caso de Sofía Castro Riglos, la acusación contempla el homicidio en grado de tentativa.

Los agravantes se deben a que Barrientos, quien previo a los asesinatos tenía un historial de acoso y violencia contra las cuatro mujeres, arrojó un dispositivo incendiario dentro de la vivienda mientras ellas dormían. Durante el encuentro Plurinacional en Córdoba al que asistió elDIARIO, un detalle clave en los escenarios y talleres fue que el pedido de Justicia por las cuatro mujeres lesbianas víctimas de este crimen sea parte de la unidad de luchas y reclamos que se llevará a las calles en la gran marcha universitaria federal.  

Un historial de acoso sistemático y lesbodiante

En esta etapa del juicio, distintos testimonios de vecinos visibilizaron el hostigamiento que las mujeres habrían sufrido antes del ataque: Barrientos las insultaba con expresiones discriminatorias respecto a su identidad sexual. A estos testimonios se agregan los elementos aportados por especialistas, que construirían al hecho como un ataque premeditado.

El hecho ocurrió además en un contexto generalizado de recrudecimiento de la violencia contra la comunidad Lgbt+. En ese sentido y para que se haga justicia por las víctimas, la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más remarca la importancia de que organizaciones y la sociedad en general acompañen las últimas audiencias, exige que el tribunal reconozca el ataque como un crimen de odio y cuestiona cualquier medida que revictimice a Sofía, para quien piden reparación histórica.

“Lo importante es mostrar que esto nos importa a todos, no solo a las lesbianas. Que nos importa porque nos están matando”, sostienen.

Fuente: Fragmentos de El Resaltador

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El fallo incluye también como víctimas a la familia de Caire —su esposa, Luisa Rodríguez, y sus dos hijos, de 2 años y 10 meses— y reconstruye cómo los querellantes estuvieron alojados clandestinamente en la Brigada de Investigaciones y en la Jefatura de Policía de Resistencia. Asimismo, la magistrada dictó el sobreseimiento del exteniente del Ejército Luis Alberto Patetta, al no hallarse elementos suficientes para vincularlo a la privación de la libertad de Caire.

La reconstrucción judicial de los hechos se sustentó en testimonios de familiares y exdetenidos políticos, reconocimientos fotográficos, actuaciones judiciales, notas periodísticas de la época, legajos de la Conadep e investigaciones históricas.

Los hechos probados

El caso de la familia Caire: La resolución dio por probado que Raúl María Caire fue secuestrado junto a su familia el 2 de noviembre de 1976 por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. Caire fue alojado en el primer piso de la Jefatura de Policía, donde fue torturado. En tanto, su esposa y sus dos hijos pequeños permanecieron secuestrados en la Brigada de Investigaciones en condiciones infrahumanas, privados de alimentación, higiene y vestimenta adecuada.

Raúl Antonio Méndez: fue detenido el 6 de noviembre de 1976 y trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Allí sufrió tormentos y fue visto por última vez con vida en grave estado de salud.

Hegilberto Ricardo Nadalich resultó detenido el 7 de noviembre y llevado a la misma dependencia policial, donde permaneció alojado en el sótano y padeció torturas a manos de un grupo de agentes. Desde entonces permanece desaparecido.

Quiénes eran las víctimas

Raúl María Caire estudió Filosofía en el Instituto del Profesorado de Concordia, trabajaba como empleado bancario, dirigió la Asociación Bancaria y militaba en la Juventud Peronista. Tras recibir amenazas de la Triple A en 1975 debió abandonar la ciudad.

Raúl Antonio Méndez participó en las Ligas Agrarias de Corrientes, ejerció como docente en la zona rural de Santa Lucía y estudiaba Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Hegilberto Ricardo Nadalich fue referente del Movimiento Rural Católico en las diócesis de Reconquista y Formosa e integró el Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católica. Tras desempeñarse en el movimiento campesino en Tucumán y Salta, la persecución política lo llevó a afincarse en Corrientes.

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Además, el trabajo denuncia que en el país muere -en promedio- una persona «cada 16 horas en cárceles, comisarías o intervenciones de fuerzas de seguridad». Hasta ahora, esa cifra se desconocía «porque la opacidad y el subregistro impedían dimensionar el fenómeno», apuntaron desde el organismo de prevención.

Las autoridades involucradas en el asunto son los comisionados Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité; Natalia Gabellini; María Josefina Ignacio; Gustavo Palmieri; Rodrigo Solá; el procurador penitenciario adjunto Ariel Cejas Meliare; y el secretario ejecutivo del Comité, Alan Iud.

Este primer informe del Registro Nacional de Muertes bajo Custodia y en Intervenciones de las Fuerzas de Seguridad -en su diagnóstico- permite medir lo que pasa a nivel nacional y es algo sin precedentes. Lo que le da vital importancia institucional al trabajo realizado y dibulgado por el organismo de prevención de la tortura. 

«Nosotros usamos la información de fuentes oficiales de las 24 jurisdicciones del país con los aportes independientes del Poder Judicial. Y también de los mecanismos locales de prevención de la tortura y de otros organismos de control. Es un trabajo de sistematización inédito en el país, porque ahora existe un registro y eso es muy importante«, remarcaron desde el Comité, en diálogo con Tiempo.

Los detalles más relevantes del informe

Este primer informe abarca el período 2022-2024 y contabiliza al menos 1.716 fallecimientos: 1.115 en cárceles; 212 en comisarías y otras dependencias policiales. Y 389 personas pierden la vida en intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública. A manos de los policías, ocho de cada diez muertes se produjeron por el uso de armas de fuego y en el 43 % de los casos los uniformados involucrados se encontraban fuera de servicio.

También detalla que el 94% de las personas fallecidas eran varones, el 4% mujeres y el 0,5%, personas trans. En cuanto al rango etario, más de la mitad tenía menos de 40 años. Y en esa franja, el riesgo de morir privado de libertad duplica, ello, a diferencia de quienes están libres.

Las causas de muerte varían según el ámbito donde se encuentre la víctima. «En las cárceles predominan las enfermedades, que explican siete de cada diez fallecimientos. Para lo que ocurre en las dependencias policiales y en la vía pública, en cambio, prevalecen las causas externas», ahondaron desde el Comité.

También contaron que entre estas muertes, el suicidio es la más frecuente, con una tasa cinco veces superior a la de la población general. Mientras que los siniestros -incendios, electrocuciones e intoxicaciones- representan el 6,6%. A su vez, el 17% de las muertes bajo custodia del Estado tiene causa no determinada con versiones contradictorias e investigaciones en curso.

Desde el Comité concluyeron: «Ahora contamos con información rigurosa y sistemática sobre estas muertes, que es una herramienta central para la tarea de prevención que llevamos adelante. Es un paso necesario para que cada organismo del Estado sepa dónde y cómo intervenir a tiempo».

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Los diez policías imputados decidieron no declarar. El Tribunal integrado por la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dolly Fernández, junto a sus pares, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona volvió a fijar audiencia para el 13 de octubre a las 8.

El juicio

El juicio busca determinar las responsabilidades de diez policías por un operativo ocurrido durante la madrugada del 31 de mayo de 2020 en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana. De acuerdo con la investigación, efectivos policiales ingresaron al domicilio sin orden judicial y sometieron a golpes y distintos actos de violencia a jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.

La acusación sostiene que las agresiones no terminaron en el domicilio, sino que continuaron posteriormente en la comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas permanecieron detenidas. En ese contexto, también se habrían producido insultos de contenido racista y discriminatorio, entre ellos la frase: “indios de mierda, los vamos a matar”.

Los diez policías llegan a juicio con distintas imputaciones, de acuerdo con el grado de participación que se les atribuye en los hechos.

Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de los delitos de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.

Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan acusaciones por vejaciones agravadas.

Por su parte, Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal.

El debate oral permitirá reconstruir lo ocurrido aquella madrugada de mayo de 2020 y establecer, a partir de la prueba que se produzca durante las audiencias, las responsabilidades penales que correspondan.

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La identificación genética de Poblete fue posible, destacó la EAAF, gracias a que Miriam (Poblete-Moyano) “se acercó este año a aportar su muestra de sangre”. El cuerpo del militante montonero había sido inhumado en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza en 2010 y su identificación quedó pendiente ante la imposibilidad de completar el perfil genético.

Con la identificación de Carlos, detalla el comunicado de la EAAF, ya son cuatro las personas identificadas en el Cementerio de Mendoza: tres personas cuyos cuerpos fueron recuperados allí, y una persona identificada a través de sus huellas dactilares y la reconstrucción documental.

La historia de Carlos Simón Poblete

Carlos Simón Poblete Brizuela nació en San Juan el 2 de noviembre de 1944 y era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de San Juan. Fue militante, primero de la Juventud Peronista y luego de Montoneros. Fue secuestrado el 1 de abril de 1977 en Córdoba Capital junto a su compañera María del Carmen Moyano.

María del Carmen, de 22 años, cursaba un embarazo casi a término (de ocho meses) cuando fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención La Perla. Desde allí, María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde nació Miriam en manos del médico represor Jorge Luis Magnacco, multicondenado por delitos de lesa humanidad.

La beba fue apropiada ilegalmente por Armando Fernández y su esposa Iris Yolanda Luffi, ambos condenados por el Tribunal Oral Federal N1 de Mendoza en 2001. Fernández era jerarca de la estructura de inteligencia del Departamento de la Policía de Mendoza, “el D2” y ya tenía 4 hijos biológicos cuando apropió a la hija de Poblete.

Su hija fue recuperada en 2017

Miriam supo su verdadero origen en 2017, luego de que su caso integrara una lista que la Comisión Hermanos de la regional mendocina de H.I.J.O.S. y fuera presentado ante la unidad fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos.

Este año, al participar del video negacionista difundido por el gobierno nacional, la hija de Poblete se definió como “una ciudadana más que trata de no victimizarse y que nadie me victimice por la situación que viví”, rescató la crianza que le dio su familia apropiadora y, a pesar de reconocer que “se cometieron un montón de atrocidades en los 70″, se acopló al mensaje de la Casa Rosada sobre la “historia completa”.

Ahora, el anuncio del EAAF sobre la identificación de Poblete gracias al aporte de la muestra de sangre de Miriam –quien años atrás intentó negarse a aportarlo para la base del Banco Nacional de Datos Genéticos– agrega otro capítulo a su historia atravesada por la dictadura genocida.

El comunicado del EAAF precisa que, entre 2010 y 2015, realizó exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, donde fueron encontrados los restos de Poblete, ya que había sido utilizado para la inhumación de personas sin identidad durante la dictadura.

Las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales se trabajó en 250 sepulturas, y la investigación se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas.

El trabajo se realizó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.

Cómo dejar una muestra de sangre

La Oficina Fiscal de asistencia en causas por violaciones a Derechos Humanos de Mendoza recordó en un comunicado que aquellos familiares de víctimas desaparecidas durante el accionar represivo estatal que aún no han brindado muestras al EAAF pueden hacerlo contactándose con ese Equipo por WhatsApp al +54911 2348 5229, por teléfono al 0800 345 3236 o por correo electrónico a la dirección iniciativa@eaaf.org.

La toma de muestras es gratuita, confidencial y únicamente con fines identificatorios.

Fuente: Página 12

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La denuncia fue radicada el 23 de septiembre ante la Unidad de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía del Poder Judicial de Chaco. La paciente manifestó su intención de impulsar una investigación penal y descartó la posibilidad de una instancia de mediación.

De acuerdo con la presentación, la joven acudió al especialista luego de ser derivada por una médica dermatóloga para realizar estudios vinculados a una consulta hormonal. Según declaró, durante la atención recibió comentarios sobre aspectos de su vida personal y sexual que consideró improcedentes y ajenos al motivo de la consulta.

La denunciante también cuestionó la forma en que se desarrollaron dos ecografías transvaginales realizadas por el profesional. En su relato sostuvo que algunas prácticas y comentarios efectuados durante esos procedimientos le generaron incomodidad y malestar.

Posteriormente, la mujer decidió consultar con otras profesionales de la salud. Según consta en la denuncia, en esas nuevas evaluaciones recibió información diferente respecto de su diagnóstico y advirtió posibles irregularidades en la medicación que le había sido entregada. Entre los planteos incorporados a la presentación judicial figura la presunta entrega de anticonceptivos vencidos, una situación que deberá ser corroborada en el marco de la investigación correspondiente.

La paciente también señaló que no recibió los informes de los estudios realizados y manifestó haber tomado contacto con otras mujeres que le habrían relatado experiencias similares. Según indicó, prevé aportar esa información ante la fiscalía que intervenga en la causa.

El derecho a una atención libre de violencia

La denuncia vuelve a poner en discusión la importancia de garantizar una atención médica basada en el respeto, la información clara y el consentimiento de las pacientes. Diversos organismos de salud y entidades profesionales sostienen que las consultas ginecológicas deben desarrollarse en un marco de confianza, resguardo de la intimidad y comunicación adecuada, especialmente cuando involucran prácticas invasivas o sensibles.

Asimismo, especialistas en género advierten que los comentarios sobre la vida sexual, el cuerpo o las decisiones personales de las pacientes, cuando no guardan relación directa con el abordaje clínico o son realizados de manera inapropiada, pueden constituir formas de violencia simbólica o institucional que afectan el acceso a una atención de calidad.

Por el momento, la denuncia se encuentra en una etapa inicial y los hechos relatados por la paciente deberán ser investigados por la Justicia. Hasta tanto exista una resolución judicial, las acusaciones corresponden a la versión expresada por la denunciante en su presentación formal.

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El informe presentado este lunes, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, recopila información del año 2025 y muestra que frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de insumos, fueron las politicas territoriales y provinciales las que sostuvieron el acceso al aborto en la Argentina.

Sobre la gestión de insumos en un contexto de desfinanciamiento

Segun los datos presentados en el “Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina” entre 2023 y 2026 el presupuesto del Programa de Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación se redujo 57%. Este programa surgió en 2002 y fue una política universal con alta intervención social porque alcanzaba principalmente a quienes usaban los servicios públicos y, en particular, los centros de atención primaria.

Esta presencia fundamental se quebró desde la asunción del gobierno de Javier Milei ya que hubo una estrategia de reducción del financiamiento del gobierno nacional a las políticas de género, lo que afectó entre otras políticas, las compras de insumos en salud sexual y reproductiva.

Frente a la situación de discontinuidad en la compra de insumos para servicios de aborto por parte del Ministerio de Salud de la Nación, 13 provincias realizaron compras de insumos para el aborto seguro con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La reducción en la compra de anticonceptivos impacta negativamente sobre el acceso al derecho de decidir: de más de 1,2 millones de personas cubiertas en 2024 se pasó a apenas 63 mil en 2026, una disminución del 93%. De acuerdo al informe presentado por el Proyecto mirar, este impacto no es sólo en términos de protección anticonceptiva si se tiene en cuenta que según estimaciones realizadas, cada peso invertido en anticoncepción en la Argentina genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica

Según explicó Mariana Romero, una de las autoras del monitoreo “que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”. La médica epidemióloga e investigadora del Cedes y Conicet agregó que “frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”

Según el análisis del informe el dato más significativo de los últimos doce meses para las políticas de salud sexual y reproductiva es que la crítica al aborto volvió a la agenda del gobierno nacional. De acuerdo a las autoras, el presidente Javier Milei en su presentación en el Council of Americas en Buenos Aires en agosto volvió a criticar con expresiones escabrosas al aborto legal y una vez más lo responsabilizó por la caída de la natalidad.

Semanas antes, el gobierno argentino había ratificado su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia que establece que la vida humana debe ser protegida “desde su concepción”.

Los números del reporte muestran otra realidad. El número de interrupciones voluntarias y legales (IVE ILE) realizadas en el sector público, en 20 provincias, fue de 87.603, lo que muestra que no hubo cambios significativos respecto a lo observado para las mismas jurisdicciones en 2024. Tampoco hubo aumento en la tasa de aborto, que es la que surge de la cantidad de abortos por 1000 mujeres de 15-49 años. Esta tasa se mantiene prácticamente igual a la registrada en 2023: 7,45 en 2025 frente a 7,49 en 2023.

Descenso de la natalidad y fecundidad en Argentina

El reporte muestra que Argentina registró una caída del 69% en la fecundidad de niñas de 10 a 14 años y del 70% en la franja de 15 a 19 años en la última década. Este dato permite analizar posibles variables alternativas a los dichos del presidente para explicar porqué cayeron las tasas de natalidad en el país. Por otro lado, en el informe se reflexiona en torno a las transformaciones culturales y de la vida social que convirtieron la maternidad y la paternidad en una opción personal.

También expresa que “el acceso a la anticoncepción y la interrupción del embarazo, junto con restricciones derivadas de la incertidumbre económica y la escasez de políticas de corresponsabilidad para el cuidado, son parte de los elementos que explican este fenómeno demográfico y social”.

“El reto de sostener el aborto legal en Argentina”

El reporte anual mapea la situación del acceso al aborto en el país durante 2025 y parte de 2026. Fue desarrollado de manera anual por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) en alianza con Ibis Reproductive Health.

Las autoras son Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora asociada del Cedes; Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del Cedes; Mariana Romero, médica epidemióloga, directora ejecutiva del Cedes e investigadora de dicha organización y Conicet; Sonia Ariza Navarrete, abogada e investigadora adjunta del Cedes; Celeste Benetti Catarineu, psicóloga e investigadora visitante del Cedes y Daniela Guberman, geógrafa e investigadora del IIGEO-UBA.

Desde 2021, proyecto mirar monitorea la implementación de la Ley 27.610 en Argentina: recopila, produce, analiza y disemina información para la toma de decisiones y la incidencia con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto.

Fuente: Tiempo Argentino

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“Es grave e inconstitucional que el gobierno nacional impulse la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de facilitar aún más desmontes. De aprobarse, la deforestación aumentará significativamente ya que sólo estará prohibida en el 20% de la superficie de bosques del país. Frente a esto, creamos la República de los Siete Bosques, una plataforma de participación ciudadana para conocer y defender nuestro último refugio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Esta “micronación” fundada por Greenpeace tiene como objetivo la conformación de una comunidad protectora de los bosques, alerta para defenderlos frente a diferentes amenazas. El manifiesto fundacional de esta “república”, destaca el “orgullo de que Argentina cuente con siete tipos de bosques de gran belleza, diversidad biológica y cultural, abarcando 50 millones de hectáreas: del Gran Chaco a los Bosques Andino Patagónicos; de la Selva de Yungas a la Selva Misionera; del Monte al Espinal, hasta el Delta e islas del Paraná”, y advierte su preocupación ante “la impunidad con la que continúan desmontes e incendios forestales, provocando desaparición de especies, crisis climática, inundaciones, desalojos de comunidades indígenas y campesinas, y pérdidas de alimentos y medicinas”.

“Con la indignación de que empresas agropecuarias, forestales y urbanísticas, con la complicidad de los gobiernos, colocaron a Argentina entre los 15 países con más deforestación del mundo, generando la pérdida de 8 millones de hectáreas de bosques en las últimas tres décadas, la superficie de una provincia entera; con alarma por la intención del gobierno nacional de modificar la Ley de Bosques para permitir muchos más desmontes, en lugar de establecer su penalización; alzamos nuestra voz, ponemos el cuerpo y nos comprometemos a defender nuestro último refugio”, señala el documento .

“Recientemente documentamos en Salta a dos topadoras arrasando el bosque con cadenas enormes, en territorio de comunidades wichí de la ruta 86, cerca de Tartagal. Es evidente que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques resulta inadmisible. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Cruz.

Greenpeace convoca a la gente a obtener la “ciudadanía” de la República de los Siete Bosques en la página sietebosques.org.

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