En el Chaco, la cifra asciende a las 121 personas en esta condición, ubicándose en décimo lugar. La peor posicionada es Ciudad de Buenos Aires, con 5.176, seguida por Santa Fe (1328) y Córdoba (588).

El operativo, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de Promoción Humana, implicó la participación simultánea de equipos nacionales y provinciales que emplearon una plataforma digital especialmente diseñada, llamada DataCalle, integrada al Sistema Social (SiSoc), la cual fue utilizada por 17 de las 19 administraciones provinciales participantes.

“Convocamos a todas las provincias y diecinueve se adhirieron. Por primera vez, no solo se llevó adelante este relevamiento, sino que además fue digital”, afirmó Martín Lepera, subsecretario de Promoción Humana, durante una conversación con este medio. “Recorrimos la calle y también los dispositivos, y cargamos los datos en una aplicación que permite trabajar sin conexión. A las ocho de la mañana cada provincia ya tenía sus resultados en un tablero”, agregó.

Solo 5 provincias —Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego— no participaron del operativo. Sobre las razones de esta ausencia, Lepera explicó: “No nos dieron motivos, los citamos y convocamos formal e informalmente, pero no manifestaron objeciones metodológicas”.

El relevamiento se realizó durante una misma noche en todas las jurisdicciones, combinando una metodología observacional con entrevistas voluntarias. “El ochenta y cuatro por ciento de las personas accedió a responder el cuestionario”, detalló Lepera. De ese universo, el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI).

Del total de personas censadas, el 92% son mayores de 18 años y el 6% menores, mientras que el 2% restante no pudo ser observado con precisión. El relevamiento también arrojó información sobre la trayectoria en situación de calle: el 32% lleva más de dos años en esa condición, el 18% entre uno y dos años, y el 9% menos de un mes. Motivos como el consumo problemático, conflictos familiares, separación o exclusión del hogar emergen entre las causas principales.

En cuanto al nivel educativo, el 52% completó la educación primaria pero no terminó la secundaria, el 16% tiene la primaria incompleta o ninguna escolaridad, el 16% concluyó la secundaria y el 9% posee estudios superiores. “Estos datos nos permiten desmitificar ciertos prejuicios: la situación de calle no se resuelve solo con una cama, requiere un abordaje integral”, puntualizó Lepera.

La dimensión laboral, según el informe al que accedió Infobae, muestra que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral: el 43% en trabajo informal, el 27% en economía popular y el 25% en estrategias de supervivencia, como tareas callejeras. Además, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y el 8% otros ingresos.

Sobre las condiciones de vida, el 44% asiste a comedores, el 46% duerme en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios) y el 40% en la vía pública. El 15% manifestó tener alguna discapacidad, aunque solo el 42% de ese grupo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El relevamiento fue posible a partir de un proceso de trabajo técnico y político conjunto entre la Nación y las provincias, con una estandarización metodológica que permitió la comparabilidad federal. “Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia”, describieron en Capital Humano.

El operativo cumple con lo dispuesto por la Ley 27.654, que exige la elaboración de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el fin de orientar políticas que garanticen su identidad e integridad física.

De cara al futuro, la secretaría anticipó que el relevamiento nacional se realizará una vez al año, tal como establece la normativa vigente. “Este primer relevamiento es un piso para seguir consolidando el plan de abordaje integral y fortalecer la red nacional de dispositivos. El año próximo vamos a trabajar para que las provincias que no participaron se sumen, y avanzar en la creación de un sistema federal de dispositivos de atención”, sostuvo el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez.

En relación al sistema de contenidos, el Ministerio de Capital Humano publicó este lunes la Resolución 295/2026 que crea el programa Formando Capital Humano, un portal virtual que reúne una oferta de cursos y programas armados desde la cartera ministerial para diferentes sectores etarios, pasando de la infancia hasta la tercera edad.

Además, destacó que la herramienta “agrupa todos los contenidos por ciclos de vida” y permite que cada usuario arme su propio trayecto de aprendizaje de acuerdo a sus intereses y características.

La plataforma fue desarrollada bajo el concepto mobile first, ya que el 95% de los potenciales beneficiarios accede a internet principalmente desde un teléfono celular, mientras que el acceso a computadoras no supera el 10%. El portal integra contenidos y recursos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre las principales innovaciones, la plataforma ofrece test de autoconocimiento apoyados en inteligencia artificial, que perfilan a cada usuario y recomiendan cursos adecuados según sus habilidades y conocimientos. “La persona no se tiene que adaptar totalmente a la plataforma, sino que la plataforma se adapta a vos”, señaló Lepera. Además de cursos con certificación, se incluyen recursos descargables que pueden consultarse sin conexión, y un recetario que permite filtrar contenidos de nutrición según la ubicación, la estación y los ingredientes disponibles, lo que contribuye a mejorar la alimentación en todo el territorio.

El sistema también incorpora el “voucher Formando Capital Humano”, un mecanismo que reemplaza los subsidios directos del plan “Volver al Trabajo”. Los exbeneficiarios pueden acceder a un cupón que habilita la inscripción a cursos, con un seguimiento digital de su uso y estado. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 1.500 centros de formación profesional adheridos, 4.500 cursos y más de 6.800 comisiones.

Guido de Graaff, subsecretario de Políticas Sociales, reemarcó que la plataforma permite unificar datos y recomendar trayectos formativos en función de las tendencias del mercado de trabajo local, lo cual facilita la inserción laboral. “El vínculo con el sector privado y orientar las capacitaciones hacia lo que sea demandado es condición sine qua non de lo que vamos a ofrecer de formación”, aclaró.

Por su parte, Ordóñez definió al portal como “un acompañamiento de trayectoria profesional, de formación, de gente que no está en el sistema laboral o profesional de la manera habitual”. Ordóñez resaltó la integralidad del sistema y su alcance nacional, que permite a cualquier usuario, incluso en zonas rurales o comunidades alejadas. Desde su lanzamiento, la plataforma superó las 150.000 visitas, el 91% de ellas desde dispositivos móviles, y fue destacada por organismos internacionales como el PNUD, que solicitó documentar el proceso para presentarlo como una iniciativa regional en tecnología y política social.

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El mayor volumen se registró en apenas dos días. Durante el 23 y 24 de marzo, Abuelas recibió 350 consultas de personas con dudas sobre su origen y 122 comunicaciones con información para aportar.

El contraste con el año anterior es significativo. En esas mismas fechas de 2024, se habían registrado 46 consultas por dudas de identidad y 60 aportes de información.

En términos comparativos, las consultas se multiplicaron por ocho y los aportes por dos en ese período puntual.

Cómo llegan las consultas

Según revelaron desde Abuelas de Plaza de Mayo, la mayoría de las consultas llega a través de los formularios del sitio web, “Dudo sobre mi origen” y “Quiero aportar información”.

También se reciben mensajes por correo electrónico (dudas@abuelas.org.ar y denuncias@abuelas.org.ar), llamados al 011 4384-0983 y consultas presenciales en las sedes de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

A estos canales se suman los nodos de la Red por el Derecho a la Identidad, que funcionan en todo el país y también en el exterior.

El impacto de los 50 años del golpe

Desde la organización señalaron que las actividades que se llevaron adelante en el país y en sedes internacionales -Italia, España, Estados Unidos y Canadá- lograron generar conciencia y movilizar a la acción.

Ese efecto se tradujo en más personas dispuestas a consultar por su origen y en otras que decidieron aportar información que habían guardado durante años.

“Nunca es tarde para ayudar”, remarcan, y subrayan que incluso datos aparentemente menores pueden ser clave para reconstruir historias interrumpidas.

Las consultas no sólo provienen de quienes dudan sobre su propia identidad. En muchos casos, son nuevas generaciones las que se acercan con inquietudes sobre sus padres o madres.

Los equipos de Presentación Espontánea e investigación están procesando el volumen de comunicaciones recibidas. Si bien pueden registrarse demoras, aseguran que todas serán respondidas para avanzar en el esclarecimiento de cada caso.

La entrada Abuelas de Plaza de Mayo informó que se triplicaron las consultas y denuncias por identidad se publicó primero en El Diario de la Región.

“Creo que es muy importante reconstruir con precisión la Masacre de El Zapallar, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron los crímenes, saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes y conocer también el origen y las motivaciones que han conducido a su ejecución”, dijo.

LA MASACRE

El 9 de septiembre de 1933, en un contexto de hambruna generalizada, cerca de setenta integrantes de las etnias Qom y Mocoví fueron masacrados por la Policía de Territorios. El trágico suceso se desencadenó cuando las comunidades se concentraron para peticionar alimentos y vestimenta ante las precarias condiciones de vida que atravesaban.

«La reconstrucción de cada una de estas masacres son piezas esenciales del rompecabezas para comprender el genocidio indígena», aseguró Diego Vigay.

Historiadores chaqueños señalan que la matanza de El Zapallar fue, en gran medida, el resultado del miedo infundado de la población civil ante una supuesta agresión, más que una respuesta a un peligro real. Bajo este clima de tensión, las fuerzas policiales abrieron fuego contra las familias indígenas. “Las víctimas, lejos de ofrecer resistencia, permanecieron inmóviles, siguiendo códigos milenaristas que dictaban una actitud estrictamente pacífica ante la confrontación”. (Archivo Histórico de la Provincia del Chaco «Monseñor José Alumni»).

En un esfuerzo por reparar la memoria histórica de la provincia, cada 9 de septiembre se conmemora el Día de Duelo Provincial. Esta fecha fue establecida mediante un proyecto presentado en 2014 por los diputados Rubén Omar Guillón y Orlando Charole, dando lugar a la Ley Provincial N° 7403/14 (vigente y actualizada al 2025).

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El proceso encarado por la Justicia Federal busca no solo establecer responsabilidades, sino también lograr una reparación simbólica que dignifique a las víctimas y recupere la memoria histórica. Las primeras audiencias de declaración de testigos fueron encabezadas por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini, el fiscal ad hoc Diego Vigay y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Walter Romero.

Para la Fiscalía, lo ocurrido en El Zapallar no es un hecho aislado. Se inserta en un contexto histórico de genocidio de los pueblos indígenas llevado adelante por el Estado Nacional. Según explicó Vigay a este medio, esta masacre se suma a otros hechos atroces como: San Antonio de Obligado (1887), San Javier (1904), Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947).

«La reconstrucción de cada una de estas masacres son piezas esenciales del rompecabezas para comprender el genocidio indígena», señaló el fiscal, enfatizando que estos elementos demuestran el carácter sistemático de una política de Estado.

El fiscal Vigay indicó que se debe aclarar que se trata de un proceso “penal” por crímenes de lesa humanidad, como lo fue por ejemplo el juicio oral por la Masacre de Margarita Belén y que no trata sobre reparaciones económicas, las que deben tramitarse en una causa “civil” donde la fiscalía federal no tiene intervención.

Por ejemplo, en el caso del juicio penal por la verdad por la Masacre de Napalpí, la sentencia es realmente contundente en cuanto a todas las consecuencias que provocó incluso hasta la actualidad y entiendo que habilitaría por ejemplo al IDACH como representante de los pueblos indígenas del Chaco a reclamar en un proceso civil una reparación económica.

REPARACIÓN SIMBÓLICA

Al tratarse de un juicio penal por el Derecho a la Verdad, el enfoque reside en medidas que promuevan la no repetición de la violencia institucional y el racismo. Y, en ese sentido, el precedente del Juicio por la Verdad de Napalpí (2022) ha sido fundamental. Es por eso que la Fiscalía ha adoptado una perspectiva intercultural, trabajando directamente en el territorio con las organizaciones del pueblo Moqoit. Este esfuerzo permitió localizar a once descendientes de sobrevivientes que ya han prestado su testimonio.

Según detalla Vigay, en los casos de las Masacres de Napalpí y de El Zapallar, las víctimas eran pobladores de la Reducción Napalpí y el gobierno Provincial del Chaco en la década de 1980 y 1990, como una medida de reparación, se llevó adelante un proceso de otorgamiento a los pueblos indígenas de las 25 mil hectáreas que formaron parte de la reducción. Actualmente esas 25 mil hectáreas son propiedad comunitaria indígena y están habitadas por unas mil quinientas personas de los pueblos Qom y Moqoit.

En cuanto a una sentencia por el Derecho a la Verdad por la Masacre de El Zapallar, Vigay señaló que se podrían pedir medidas de reparación que tengan que ver con la construcción de un Memorial en el lugar donde ocurrió, que se incorpore a la enseñanza en la curricula escolar de todos los niveles como se hace actualmente con Napalpí, que se continué con la capacitación a fuerzas de seguridad en DDHH de los pueblos indígenas, que se filme un documental por parte de la Universidad como ocurrió con Napalpí, que se promueva a los investigadores indígenas, que se amplie y consolide la educación bilingüe Moqoit, entre otras medidas similares.

“Las medidas que se proponen tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados, la dignificación de las víctimas, determinar la responsabilidad del Estado y promover la no repetición de la violencia institucional y el racismo hacia los pueblos indígenas”, agregó el fiscal.

EL APORTE DE INVESTIGADORES

«Son procesos que demandan tiempo de diálogo. Hemos aprendido a interactuar interdisciplinariamente con historiadores, antropólogos y archivistas; sin sus aportes sería imposible reconstruir un hecho de hace casi cien años», afirmó Vigay.

“En el caso de El Zapallar pudimos hallar a descendientes de los sobrevivientes, trabajando mancomunadamente con la organización comunitaria del pueblo moqoit, que realizó distintas reuniones en diversos parajes del territorio donde viven, donde pudimos contar en un lenguaje llano de que se trataba la causa judicial, cual era e, objetivo y la importancia de los testimonios. Son procesos que demandan bastante tiempo de diálogos”, detalló el fiscal.

También relató que estas instancias pudieron interactuar interdisciplinariamente con historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, psicólogos, archivistas y que los aportes de todas y cada una de estas disciplinas son indispensables para la reconstrucción histórica que demanda buscar la verdad de un hecho sucedido hace casi cien años atrás.

«Las medidas que se proponen tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica», seguró el fiscal.

“Si no tuviéramos todos esos aportes técnicos y profesionales, sería imposible hacerlo solo desde la Fiscalía. En este marco debe destacase el aporte de organismos públicos como la Universidad Nacional del Nordeste, la UBA, el Conicet, el IIGHI, el Archivo Histórico Provincial, la Dirección de Patrimonio Cultural, El RUV Registro Único de la Verdad, la secretaria de DDHH del gobierno del Chaco, el Comité Provincial contra la Tortura, entre otros”, cerró.

Fuente: EsChaco

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El reservorio digital se compone de los documentos producidos y recopilados previa, durante y posteriormente al desarrollo de la Causa «Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad». Entre ellos, la copia los cuerpos de la investigación preliminar iniciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa «Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad».

La puesta a la consulta pública del fondo Causa «Masacre de Napalpí S/Juicio por la Verdad» permite a todos aquellos que tengan interés, poder acceder y descargar de manera libre todos y cada uno de los testimonios, documentos y trabajos de investigación que fueron partes esenciales de la investigación preliminar y el juicio en sí mismo.

El link para acceder

Descripción del contenido del Archivo Digital

En los cuerpos de la investigación preliminar, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros.

Además, estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio, así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica.

También se encuentran documentos de archivo que fueron incorporadas a la causa, directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014, el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

Asimismo, se puede hallar toda la Documentación agregada en instrucción suplementaria de la Causa «Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad”, las Audiencias del juicio de la Causa «Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad», la Sentencia de la Causa «Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad» y los Informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa «Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad».

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Ante el fiscal general Federico Carniel acompañado por el auxiliar fiscal Diego Vigay, declararon Sixto Lalecori, Alfredo Salteño, Juan Carlos Martínez, Florencio Ruiz, Gustavo Casares, Francisco Rojas, Anselmo Cardozo, Ruben Salteño, Abelino Oliva, Mario Tomas y Héctor José, quienes llegaron de distintas localidades y parajes cercanos.

Los testimonios fueron coincidentes en reseñar la situación de hambre que existía en las comunidades indígenas a mediados del año 1933, ante lo que deciden encabezados por el cacique Luis Duran, movilizarse hacia la zona del Zapallar para buscar trabajo y alimentos.

Relataron también que en el ingreso a la localidad fueron recibidos por policías y algunos civiles, que dispararon sobre el gentío provocando la muerte de decenas de victimas como niños, mujeres y ancianos. Además, contaron que algunas familias pretendiendo escapar intentaban cruzar el rio de oro donde muchos fallecieron ahogados y en otros casos perdieron a sus hijos no sabiendo que les ocurrió.

La audiencia de toma de testimonios fue filmada por el área de comunicación del rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste con un equipo integrado por Gabriela Bissaro, Diego Petruszynski y Cynthia Jara.

Estuvieron presentes en representación de los pueblos indígenas, el presidente del IDACH Instituto del Aborigen Chaqueño Florencio Diaz y los vocales del pueblo moqoit Graciela Zoilo y Romualdo Maldonado.

Por otra parte el municipio de san bernardo declaro de interés municipal y trascendencia histórica la jornada de recepción de testimonios, reconociendo la valentía de los descendientes que prestan su voz, transformando el relato oral en prueba soberana y dignificando la memoria de quienes fueron silenciados por casi un siglo.

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Los testimonios podrían resultar de relevancia para el avance de la investigación, por el conocimiento que tienen a través del relato oral de los sobrevivientes de la Masacre, lo que permitiría la reconstrucción histórica de los hechos.

La Fiscalía había realizado un pedido público de colaboración para encontrar a familiares de sobrevivientes, por lo cual la comunidad del pueblo Moqoit realizo cuatro reuniones en los meses de febrero y marzo, en las localidades de San Bernardo, el paraje San Lorenzo de Charata, la Colonia el Pastoril de Villa Angela y en el Lote 38 Cacica Dominga de Colonia Aborigen.

De estos encuentros participaron alrededor de 60 referentes, caciques, docentes y pastores de cada una de las zonas, donde tomaron conocimiento del estado de la causa judicial y realizaron en relevamiento de nietos y bisnietos que conocen el relato oral de sobrevivientes de la Masacre.

El registro audiovisual de los testimonios estará a cargo del área de comunicación del rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, quienes fueron los realizadores del documental “La Larga Noche de Napalpí “.

El aporte del Archivo Histórico Monseñor Alumini

Recientemente el Archivo Histórico Monseñor Alumini ante un requerimiento de la fiscalía, remitió valiosa documentación para la causa judicial, como notas periodísticas sobre la Masacre del diario La Voz del Chaco de los días 8, 9, 13, 14, 15 y 20 de septiembre y del periódico nueva estampa chaqueña del 9 y el 16 de septiembre, ambos del año 1933.

Asimismo, como prueba de contexto sobre la Reducción aportó un Informe del año 1914 sobre la Reducción de Indios Napalpí realizado por Enrique Lynch Arribalzaga y además un suplemento especial del Diario La Voz del Chaco sobre la reducción Napalpí del año 1930.

Y finalmente sumo información relevante sobre los periodos de sequía en la región y las consecuencias sobre la población, contenida en el libro “Historia de la Provincia del Chaco” de Carlos López Primo Piacentini.

La Masacre de El Zapallar

En el año 1933 se produjo en el Territorio Nacional del Chaco una situación de sequía extrema, que originó una situación grave de hambre y miseria en las comunidades indígenas.

En ese contexto, a principios del mes de septiembre de 1933 , salió desde la Reducción Napalpi , un grupo de unas 300 personas de la comunidad Moqoit , que estaban encabezadas por el cacique Luis Duran y se movilizaron en una búsqueda desesperada de trabajo y alimentos.

A la marcha se sumaron luego , pequeños contingentes moqoit de Charata , Quitilipi y Sáenz Peña ; realizando un trayecto de cien kilómetros, hasta llegar a la localidad de El Zapallar (actualmente General San Martin ) donde se establecieron en un campamento.

El 7 de septiembre en horas de la siesta , la marcha de familias intentan ingresar a la localidad de El Zapallar , divididos en pequeños grupos de 20 personas , con los niños y mujeres adelante como demostración de sus pacificas pretensiones.

Las familias fueron reprimidas por orden del Comisario Francisco Prestera, con disparos de armas de fuego de parte de la Policía del territorio nacional de la Comisaría local, más refuerzos que llegaron desde Resistencia y algunos civiles, con el argumento de la defensa de la población ante el ataque de un malón.

Si bien la información publicada en diarios de la época y que surge de un expediente judicial habla de un enfrentamiento entre criollos e indígenas y solo 2 muertos; se estima que alrededor de 40 efectivos y algunos civiles dispararon a mansalva sobre la multitud, generando aproximadamente unas 50 muertes entre niños, mujeres, ancianos y hombres.

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El juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, declaró ayer “de puro derecho” a la acción de amparo de organizaciones ambientalistas y concejales de Resistencia que reclaman por la protección del Parque Caraguatá.

Se acerca el dictado de sentencia en la acción de amparo impulsada por organizaciones ambientalistas y concejales de Resistencia para la protección del Parque Caraguatá. Así lo había adelantado el juez de la causa, Julián Flores, durante la inspección ocular por el predio que tuvo lugar la semana pasada. Ahora, el magistrado dio un paso más en la formalización del caso al declarar la cuestión como “de puro derecho”.

Al no haber hechos controvertidos, se omite la etapa de prueba y el juez resuelve directamente el litigio, acelerando el proceso. Es por eso que en las próximas horas o la semana próxima Flores dictaría sentencia en el caso que movilizó a distintas organizaciones ambientalistas locales que denunciaron que el Municipio había realizado tareas de desmonte en el lugar.

¿Qué se reclama con el amparo?

El amparo ambiental fue presentado por cuatro concejales de Resistencia, el colectivo Misión Eco y la Fundación Correntinos contra el Cambio Climático contra la Municipalidad de Resistencia. El eje del reclamo es la detención inmediata de trabajos de desmonte, remoción de suelo e ingreso de maquinaria pesada que estarían ocurriendo en el Parque Caraguatá —un humedal urbano con protección legal especial, integrante del sistema ecológico del Sitio Ramsar “Humedales Chaco”— sin que la Municipalidad haya exhibido evaluación de impacto ambiental, acto administrativo habilitante ni ningún otro requisito exigido por la normativa ambiental vigente.

Los accionantes detectaron las intervenciones el 5 de marzo pasado y, ante la falta de respuesta a sus pedidos de información, recurrieron a la vía judicial urgente. Solicitan como medida cautelar la suspensión inmediata de toda actividad en el predio y la presentación del expediente administrativo completo en 24 horas, argumentando que el daño ecológico en curso es de difícil o imposible recomposición.

Fuente: Litigio

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La familia espera un nuevo juicio contra uno de los imputados en la causa. La expareja de la joven está cumpliendo perpetua.

Se cumplen nueve años del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años victima de femicidio en 2017, cuando salía de un boliche en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Su crimen derivó en la Ley Micaela para capacitar sobre las temáticas de género y prevenir la violencia.

Micaela era de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Vivía en Gualeguay y allí cursaba el Profesorado de Educación Física. Era feminista y militante del Movimiento Evita y del “Ni una menos”.

“Seguimos pidiendo justicia para Micaela García”, expresaron hoy desde la Fundación Micaela García “La Negra”.

Tenía 21 años cuando en abril de 2017 fue víctima de femicidio por parte de su expareja, Sebastián Wagner, quien fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de “homicidio triplemente calificado por alevosía y criminis causa agravado por el delito de violencia de género”.

SE ESPERA UN NUEVO JUICIO

En septiembre de 2025, Néstor Pavón, el otro imputado por encubrimiento agravado dentro de la causa, había recibido una condena de cinco años. Wagner había confesado durante el debate la autoría de la violación de la joven y apuntó a Pavón como responsable del asesinato, pero su versión no fue aceptada por el tribunal, que lo declaró responsable de ambos hechos.

Pavón había sido condenado en 2019 a cinco años de prisión por encubrimiento agravado, fallo que luego fue anulado por la Cámara de Casación de Entre Ríos y más tarde revisado por la Corte Suprema, que en 2024 ordenó un nuevo juicio con perspectiva de género, al advertir inconsistencias en la forma en que se analizaron elementos claves de la causa.

De acuerdo con los dictámenes recientes, esas falencias habilitaron a que Pavón sea nuevamente sometido al debate oral, esta vez acusado de secuestro, abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado en coautoría, cargos más graves que los del expediente original.

Fuente: Tiempo Argentino

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Del encuentro participaron la jueza de Ejecución Penal N°2, Ligia Alejandra Duca; la defensora general adjunta del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia del Chaco, Dra. Gisela Gauna Wirz; y las defensoras Dra. Paula Cuenca Torres y Dra. Patricia Aleksich. Asimismo, estuvieron presentes autoridades del Comité para la Prevención de la Tortura, entre ellas su presidente Darío Gómez, la vicepresidenta Romina Duarte y el comisionado Santiago Osuna.

Por parte del Servicio Penitenciario, participó el jefe del Complejo Penitenciario I de Resistencia, alcaide principal Juan Alberto Martínez, junto a su equipo interdisciplinario.

Durante la reunión se abordaron diversas problemáticas vinculadas a las condiciones de detención y al acceso a derechos fundamentales. Entre los principales ejes de trabajo se destacaron las cuestiones relacionadas con la salud —con especial énfasis en la salud mental—, el régimen de visitas, la infraestructura del establecimiento —particularmente la provisión de agua—, así como el acceso a la educación, la recreación y el cumplimiento en tiempo oportuno de las salidas transitorias, entendidas como una herramienta clave para promover procesos reales de reinserción social.

Asimismo, las personas privadas de libertad que participaron como representantes de los distintos pabellones pudieron plantear sus inquietudes y necesidades, generando un espacio de intercambio que permitió visibilizar situaciones concretas y avanzar en posibles líneas de solución.

Se destacó la importancia de sostener estos espacios de diálogo institucional como herramientas fundamentales para mejorar las condiciones de detención y garantizar el pleno ejercicio de derechos.

Este tipo de encuentros contribuye a fortalecer la articulación entre los distintos organismos involucrados y a consolidar un enfoque centrado en los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

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Con el acompañamiento de la comunidad, se inauguró una placa conmemorativa en homenaje a cuatro militantes víctimas de desaparición forzada y homicidio que estudiaban en la Facultad de Arquitectura: Fernando Piérola, Enzo Lauroni, Moisés Alberto Ritvo y Mario Luis “Flaco” Catena.

Asimismo, a partir de estos cuatro casos se puso en marcha una medida reparatoria administrativa que consiste en la incorporación de sus nombres al padrón de matriculados con la leyenda “matrícula reparatoria por asesinato o desaparición forzada durante el terrorismo de Estado”. El reconocimiento se hizo extensivo a todo el colectivo de estudiantes de la citada casa de estudios que fueron perseguidos por la dictadura cívico-militar-corporativa.

ARQUITECTURA Y COMUNIDAD

El arquitecto Oscar Zaffaroni, primer decano de la FAU-UNNE (1974), se dirigió al público presente y recordó el sentido de aquella experiencia colectiva: “En aquellos años nos propusimos generar conocimiento propio, producir nuestro propio sistema de pensamiento para elaborar una arquitectura que dé respuesta a las necesidades de nuestra región primero y de nuestra nación después. Eso fue Bases y Normas; queríamos crear nuestras propias condiciones para el hábitat. Eso significaba dejar de reproducir esa arquitectura moderna, un poco ridícula, que nos llevaba siempre a la reproducción y a la imitación del pensamiento que no era nuestro”.

Reflexionó sobre el lugar de la profesión en el contexto social y económico: “Los arquitectos somos prescindibles para el sistema, el sistema capitalista se puede desarrollar sin los arquitectos: tenemos déficit de vivienda, centros urbanos cada vez más degradados y fuera del alcance de lo que es la capacidad profesional de los arquitectos. Lo que nosotros tratábamos de hacer era insertarnos para dar pelea en ese campo: cuáles eran nuestras condiciones sociales, políticas, económicas… generar el conocimiento, tener soberanía, tener independencia”.

Esta iniciativa —en el marco de las actividades organizadas por el 50 aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976— fue impulsada por los colegios de Arquitectura, de Ingeniería y de Técnicos, y contó con la adhesión de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco. Desde la CPM destacaron que, a 50 años del golpe de Estado en Argentina, hacer memoria, reflexionar y reafirmar el compromiso con la democracia, los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa constituye una tarea permanente.

PRESENTES

 Según la base de datos del Registro Único de la Verdad (CPM), Enzo “Gringo” Lauroni nació el 19 de julio de 1949 en Veroli, Italia, y se radicó desde pequeño en la Argentina. Estudió Arquitectura en la UNNE y militó en la Agrupación Resistencia Estudiantil Secundaria (ARES) y posteriormente en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), junto a su esposa Mónica Judith Almirón, también desaparecida. Fue secuestrado el 8 de agosto de 1977 en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, y visto por última vez en la Brigada de Investigaciones de Resistencia el 18 de diciembre de ese año. Tenía 28 años y permanece desaparecido.

Moisés Alberto “Monchi” Ritvo nació el 4 de diciembre de 1955 en Rosario, Santa Fe, y se radicó en Resistencia en 1974 para estudiar Arquitectura en la UNNE. Durante su vida universitaria militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y posteriormente se incorporó a la organización Montoneros. En el marco de esa militancia fue trasladado a la ciudad de Córdoba, donde fue visto por última vez en julio de 1976. Tenía 20 años al momento de su desaparición y permanece desaparecido.

Mario Luis “Flaco” Catena nació el 18 de enero de 1940 en San Cristóbal, Santa Fe, y se radicó en el Chaco junto a su familia a fines de la década de 1960. Estudió Arquitectura en la UNNE y desarrolló una intensa militancia estudiantil, sindical y política, participando en agrupaciones universitarias y posteriormente en la Juventud Trabajadora Peronista y la organización Montoneros. Tras permanecer en la clandestinidad durante 1975, se trasladó a la ciudad de Rosario, donde el 31 de diciembre de 1976 fue asesinado durante un operativo de fuerzas armadas en su domicilio. Tenía 36 años.

Fernando Gabriel Piérola nació el 25 de junio de 1952 en Paraná, Entre Ríos, y se radicó en Resistencia a comienzos de la década de 1970 para estudiar Arquitectura en la UNNE. Militó en barrios populares y se incorporó a la organización Montoneros, donde era conocido como “Pilu” y “Damián”. Fue detenido el 20 de octubre de 1976 en Posadas, Misiones, y trasladado posteriormente a distintas dependencias represivas hasta la Brigada de Investigaciones de Resistencia. El 12 de diciembre de 1976 fue llevado en el convoy que partió hacia Margarita Belén, permaneciendo desde entonces desaparecido. Tenía 24 años.

LA REPRESIÓN EN LA FAU (UNNE)

La represión ilegal desplegada durante la última dictadura cívico-militar impactó de manera devastadora en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), convirtiendo a la Facultad de Arquitectura en un blanco sistemático debido al compromiso político y social de sus estudiantes y profesionales. En el marco del plan de represión y exterminio implementado en Argentina, numerosos estudiantes y profesionales de Arquitectura vinculados a la provincia del Chaco fueron víctimas del terrorismo de Estado.

El régimen militar buscó desarticular la organización estudiantil —representada por agrupaciones como la JUP, la ARDA y la lista Azul y Blanca— mediante secuestros, torturas y asesinatos, persiguiendo especialmente ideales como el de una “arquitectura al servicio del pueblo” y las propuestas de reforma académica orientadas a atender las necesidades habitacionales de los sectores populares.

Resulta fundamental recordar la experiencia Bases y Normas para la reestructuración de la FAU (1974), impulsada por estudiantes con el objetivo de fortalecer la formación académica e insertar la Facultad en la realidad social de la época. El documento fue el resultado de un proceso colectivo y heterogéneo, y aprobado en asamblea general en el Aula Magna en junio de 1974, bajo la consigna: “Por una Universidad del Pueblo en una Patria Liberada”.

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