De acuerdo al informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), únicamente el 11% de las víctimas se presentaron ante la Justicia para denunciar los hechos, mientras que el 75% de ellas tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% botón antipánico.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, hubo 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones/niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.

Además, 132 niños y adolescentes se quedaron sin madres, al tiempo que Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4) son las provincias con tasas más altas de feminicidios en el país.

Las armas de fuego fueron las más utilizadas para matar (32%), seguidas por las armas blancas (24%) y otras modalidades como asfixia (13 %) y golpes (11 %).

La edad promedio de las víctimas es de 39 años; 16 eran niñas y adolescentes y 17 eran adultas mayores, a la vez que el femicida tiene 41 años.

Mumalá criticó la falta de prevención y políticas para abordar esta problemática social, por lo que exigió «a nivel nacional la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo».

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Ese día, según la instrucción de la causa, Lulén se dirigió a su casa paterna junto con Max para recuperar unas fotografías de su abuela, recientemente fallecida y quien había tenido un papel fundamental en su crianza. Por motivos que aún se investigan, se generó una violenta discusión y un enfrentamiento físico entre los tres, sin lesiones graves para ninguno de los implicados.

Un vecino observó lo sucedido, gritó y llamó a la Policía, y desde ese día, Max y Lulén se encuentran privados de su libertad en la Cárcel de Bouwer.

Para el representante legal de William Watts, se trató de un ataque planificado y un intento de parricidio.

Por otro lado, la defensa no niega la existencia de una agresión física, pero rechazan que se haya tratado de un intento de asesinato y visibilizan además la complejidad del vínculo, atravesado por años de maltrato y violencia psicológica por parte de William Watts contra su hijo, a quien discriminó y apartó por su elección sexual y de género.

Hasta acá, la función lógica de cada una de las partes. Sin embargo, la sorpresa del proceso la dio el fiscal Marcelo Fenoll. El representante del Ministerio Público Fiscal sobreactuó severidad contra los acusados, hostigó a las y los testigos propuestos por la defensa —la mayoría, de la comunidad LGBT— y planteó una estrategia acusatoria que no surge de la prueba incorporada en la causa.

Quienes acompañan a Max y Lulén remarcan que es evidente que hay un tratamiento diferencial y selectividad penal al tratarse de dos personas trans y que el caso no sería el mismo si la agresión hubiera sido realizada por un varón hétero cis.

«Su alegato fueron 3 horas de escuchar a un hombre dando muestra de la más completa ignorancia de lo que implica que un padre ejerza violencia sistemática sobre una persona desde sus primeros años formativos hasta la adultez. Ninguneando situaciones extremas de abuso, violencia física y abandono en la vida de Max y Lulén. Estamos completamente indignades de la total ignorancia y brutalidad del alegato que presenciamos», expusieron desde el colectivo Mala Racha.

El fiscal Fenoll fue más allá de la instrucción y de la propia querella, y pidió agravar aún más las calificaciones contra Max y Lulén, solicitando agravantes por «codicia» y por «criminis causa», cuando ninguna prueba conduciría a esas nuevas imputaciones.

«Todas las calificaciones que se pueden pedir a la hora de analizar este hecho puntual, se han pedido. Ni a los femicidas les den esta cantidad de agravantes (…) Hay una clara falta de perspectiva de género por parte del fiscal», agregó Dania Villanueva, también abogada de Max y Lulén.

Con ese escenario, Fenoll pidió una condena de 13 años y 4 meses contra Max y Lulén. Para tomar dimensión, hace dos años, Fenoll pedía casi la misma cantidad de condena para un hombre que había violado durante cuatro años a una niña de su familia y que la entregaba a camioneros para que abusaran de ella.

«El fiscal de Cámara tiene la obligación de ser objetivo; está dentro de los principios de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Pero evidentemente ha perdido su objetividad, porque la acusación no surge de la prueba, surge de la mente de una persona que no tiene perspectiva de género. Es grave que no vea de manera objetiva la vulnerabilidad estructural de ser trans en esta sociedad; y la vulnerabilidad específica de Lulén, con una historia de depresión y violencia desde que es niño», indicó una de las abogadas defensoras.

A lo largo de las audiencias, las personas que atestiguaron dieron cuenta del contexto de violencia de género que vivió Lulén durante años. Entre las testigos estuvieron amigas de los acusados, terapeutas e incluso la mamá de Lulén, expareja del denunciante, quien aportó información sobre la violencia y el desprecio que ejercía William sobre su hijo adolescente y cómo eso repercutió en su autoestima y su salud mental.

«Lulén estuvo mucho tiempo intentando tener buena relación con su padre, trabajándolo en terapia, y no pudo. Y solo encontró respuesta en huir de su padre, aun perdiendo el vínculo con su abuela, que fue quien prácticamente la crió. Estuvo ocho meses sin ir a visitar a su abuela; ella falleció en ese lapso, y el padre no le avisó. Y luego le dijo que se había muerto por su culpa, porque ella era lesbiana.  Violencia psicológica constante», expuso Villanueva.

Al respecto, desde el colectivo Mala Racha, que acompaña a los acusados, son contundentes: «El homoodio, el transodio y la misoginia de la sociedad patriarcal y sus instituciones son cotidianas, por ello, muches buscamos y construimos espacios de cuidado desde donde existir, resistir y crear. Para algunes afortunades, ese espacio es la familia, pero para otres, la familia es el primer lugar de exclusión, rechazo y negación de la propia identidad».

La Cámara Quinta del Crimen, junto a jurados populares, deberá definir este viernes las responsabilidades de Lulén y Max en el hecho y si la sentencia contempla atenuantes por el contexto de violencia de género que quedó evidenciado durante todo el proceso.

Fuente: Ezequiel Luque para La tinta

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El audiovisual se estrenará el viernes 4 de septiembre a las 20, en la Casa por la Memoria de Resistencia – Marcelo T. de Alvear 32-. La presentación se realizará junto a la bandera que hicieron las mujeres de Bordando Memoria Chaco de forma continua y colaborativa. 

El documental

La realización audiovisual está hecha por la cooperativa La Prensa Limitada, que edita elDIARIO de la Región, con la colaboración del Sindicato de Prensa de Chaco e HIJOS Chaco. El proyecto nace a principios de año, cuando se convocó a una amplia comisión provincial para pensar el aniversario por los 50 años del Golpe Militar. Así, tras meses de trabajo intenso y autogestivo, el equipo cooperativo logró tejer estas tres historias modelo de lo que fue la persecución, la censura y la búsqueda de la libertad real a través de la escritura viva. 

“Escribir la historia” se presenta como el tercer proyecto del ciclo audiovisual de La Prensa Limitada Hacer Comunidad. Este ciclo busca escribir en imágenes historias regionales que realzan el trabajo comunitario por los derechos humanos y el trabajo. 

Una linea editorial por los derechos humanos

elDIARIO de la Región, desde su creación como cooperativa y empresa recuperada, mantiene firme el ejercicio de un periodismo ético y profesional a favor de una agenda de derechos humanos. Desde el ejercicio periodístico autogestionado, cuenta con más de 20 años priorizando en su agenda los acontecimientos sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esta trayectoria entrelaza su trabajo comunicativo con otras organizaciones locales y comunitarias hacia objetivos comunes.

En esta nueva incursión en el registro audiovisual permite estas alianzas colaborativas, esta vez con el sindicato y la agrupación de hijos de asesinados, presos políticos y desaparecidos. 

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El archivo original producido en el año 1996 por militantes por los derechos humanos exdetenidos, se perdió durante años. Gracias al trabajo de Manuel Ibarra, archivista y realizador audiovisual se encontraron copias en VHS con lo que se logró reconstruirlo.

Los testimonios directos e indirectos de aquella masacre durante la última dictadura cívico militar pudieron ser recuperados y son puestos a circular 30 años después demostrando que «la memoria es tenaz y a veces se expresa de modos misteriosos».

El documental abarca los testimonios de los exdetenidos políticos sobrevivientes Daniel Souilhe, Anibal Ponti, Carlos Aguirre, Maro Esper y Rody Sobko y los familiares Doña Ramona Barrientos (madre de plaza de Mayo) y el exconcejal José Ignacio Rolon, padres de Carlos Rolon militante chaqueño de la UES que se encuentra desaparecido.

Día del Detenido Desaparecido

El Día Internacional del Detenido Desaparecido se conmemora cada 30 de agosto. 

Inicialmente  la fecha fue impulsada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) para recordar a las víctimas de esta práctica en el continente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó la conmemoración a nivel mundial en 2010 para visibilizar este crimen. 

Argentina ha padecido la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas durante el terrorismo de estado lo que ha dado lugar a los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país, siendo condenados hasta el momento más de 1.200 oficiales militares y policiales y así también funcionarios civiles.

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El Tribunal Oral Federal 5 de CABA lo encontró culpable de la privación ilegal de la libertad de 178 personas que estuvieron cautivas en la ESMA y le otorgó 16 años y 8 meses de prisión, una pena baja por la gravedad de los delitos (las querellas y la fiscalía habían solicitado 25 años). El veredicto, dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli, fue unánime. 

Sánchez fue oficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integró el Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA entre 1976 y mediados de 1978. Se mantuvo prófugo desde 2005 y recién en 2020 logró ser extraditado desde Brasil aunque con la condición de que sea juzgado exclusivamente por su responsabilidad en hechos de privación ilegítima de la libertad y no por homicidios o tormentos. Por esos hechos, el Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil estableció un límite de 30 años de prisión. 

El Tribunal esquivó tomar una decisión sobre la detención del condenado, como habían solicitado las querellas. Por el momento, continuará detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde es pastor evangelico de otros represores condenados. 

Durante el debate, se conocieron más de 30 testimonios de sobrevivientes que recordaron haber visto a Sánchez como parte del sector Operaciones del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA.  Carlos Loza recordó que el prefecto era conocido dentro del centro clandestino como “Chispa”, apodo que el mismo represor reconoció durante el debate, y señaló su sospecha de que se trataba de quien algunas noches, mientras estaban encapuchados, subía al lugar de cautiverio a tocar temas de rock nacional en su guitarra. 

Silvia Labayru también lo reconoció. “Lo ví muchísimas veces, lo veía donde me obligaban a trabajar, en el sótano, en capucha city muchas veces. era una persona que se la veía circular con frecuencia, era uno de los operativos más frecuentes de la esma”, señaló en su testimonio. 

“Cuando estaba la orden de determinar a alguna persona, el dorado se transformaba en un lugar de gente enloquecida buscando las armas y datos y ahí lo vi muchísimas veces en muchos operativos a “Chispa”, aunque también lo he visto en Capucha varias veces”, añadió Lidia Vieyra. 

Fuente: Tiempo Argentino

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La puerta giratoria

El proyecto generó un fuerte cruce entre el gobernador Leandro Zdero —quien acusó a la oposición de estar «siempre del lado de los delincuentes»— y el bloque del Partido Justicialista (PJ), que rechaza la reducción del debate de seguridad a un cambio normativo. Sin embargo, el cuestionamiento más severo provino del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT), que presentó un informe técnico advirtiendo que la reforma es inconstitucional, no reduce el delito y agravará la superpoblación en las comisarías.

El expediente principal, presentado inicialmente por el diputado radical Carim Peche en septiembre de 2024 junto a otras seis iniciativas acumuladas, plantea modificar los artículos 276 y 289 del CPP e incorporar el artículo 289 bis.

El argumento principal del oficialismo es la famosa “puerta giratoria” para quienes delinquen. De esta manera, consideran que “reiterancia” a la situación de una persona imputada en una causa penal que, en forma coexistente, posee otro u otros procesos abiertos tras haber sido convocada para la formalización de la investigación o acto equivalente.

Por otra parte, según el proyecto, la acumulación de causas de una persona, pasa a ser un criterio central que jueces y fiscales deberán ponderar al evaluar los riesgos procesales (peligro de fuga o entorpercimiento). Además, se agregan como pautas de peligro el uso de armas, hechos cometidos con violencia, participación de varias personas, antecedentes de rebeldía, haber suministrado identidad falsa o el incumplimiento de medidas judiciales previas.

La reiterancia ya existe

Los legisladores del peronismo y aliados cruzaron la narrativa oficial. La diputada María Pía Chiacchio Cavana afirmó que «la reiterancia ya existe en Chaco», dado que el actual artículo 289 ya menciona la «reiteración de actividad delictiva» como pauta de peligro procesal. Asimismo, sostuvo que la «puerta giratoria» no se combate cambiando una ley, sino dotando de recursos a la Justicia y al sistema penitenciario. Sin embargo, el martes adelantó que votará a favor del proyecto si se trabaja con “seriedad” y “sin excusas” para mejorar la situación de la seguridad en la provincia.

Por su parte, el diputado Santiago Pérez Pons también adelantó que votará a favor pero rechazó las acusaciones del mandatario provincial. «Es mentira que nos opongamos a discutir. Los desafío a que vayamos ya a votar», dijo; y exigió “inversión en infraestructura carcelaria, mejoras salariales para la Policía y mayor celeridad procesal”.

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Asimismo, según los datos difundidos por el médico Oscar Atienza en una nota realizada en el diario Perfil, los registros oficiales presentan un retraso de entre 20 y 30 días, por lo que la cifra acumulada informada podría incluso ser superior. El especialista estimó que los casos registrados, que rondaban los 7.000, podrían superar actualmente los 8.000.

Pero detrás de las estadísticas existe otra dimensión que resulta fundamental para comprender el fenómeno: quiénes son las personas más afectadas, qué situaciones atraviesan y por qué determinados grupos presentan una mayor vulnerabilidad. En este aspecto, uno de los datos más contundentes tiene que ver que la mayor tasa de suicidios se produce dentro del grupo etario de los 35 a 39 años, y 3 de cada 4 casos corresponden a hombres.

Frente a este escenario, la radio de la UNNE entrevistó al licenciado en Psicología y especialista en Clínica del Duelo e Intervenciones en Problemáticas de Autolesión y Suicidio, Néstor Ariel Maidana, quien aseguró que “hablar de suicidio es un tema complejo, pero ponerlo en común es una manera de prevención”.

“Mi objetivo como profesional es evitar que una persona llegue a una situación de mucho deterioro a través de un sufrimiento y cansancio extremo. Entonces, cuando hablamos de prevención, hay que comprender que hay muchísimas instancias que hay que atender antes que la persona esté en una situación de mucha vulnerabilidad, donde ya su vida está expuesta”, agregó

Asimismo, el informe muestra una mayor tasa de suicidios en hombres y no tanto en mujeres. Esto, según el especialista, muestra los mandatos socio-culturales que hemos construido por años y que asocian una mayor presión sobre el género masculino, dado que es el sector al que más le cuesta pedir ayuda, y al cuál mayormente está asociado la responsabilidad económica.

“Al hombre, a nivel de ranking mundial, le cuesta expresar su tristeza, miedo, vulnerabilidad. Fue educado bajo la idea transgeneracional de que deben mostrarse fuertes y resolver sus problemas solos. En cambio, la mujer es la primera en pedir ayuda, acceso, muestra más fácilmente su emoción, vulnerabilidad, tristeza. La sociedad nos enseñó a criar al hombre en la dureza, en que sean fuertes, por lo menos que la muestren, por eso pide menos ayuda”, señaló Maidana.

En esta misma línea, sumó otro dato: el 80% de sus pacientes son mujeres y el 20% hombres.

El especialista advierte que no existe una única explicación para el fenómeno. Se trata de una problemática multifactorial, en la que interactúan aspectos psicológicos, sociales, económicos, familiares y culturales.

El factor económico

La dificultad de conseguir ingresos estables en los jóvenes, las deudas, los problemas para enfrentar gastos cotidianos como el alquiler, el empleo, está dentro de los desencadenantes de una persona al momento de cometer un suicidio. “Si bien es un indicador la situación económica, en realidad, es un desencadenante de otros sufrimientos, pérdidas, aislamiento o dificultades que está atravesando la persona”, sostuvo.

Desde este lugar, el especialista, enfatizó en ver el problema en todas sus variantes. Es decir, “no se trata únicamente de intervenir cuando una persona se encuentra en una situación crítica, sino actuar mucho antes, durante el dolor, la frustración, incluso el aislamiento de círculo social”. Esta perspectiva desplaza el foco exclusivamente puesto en el momento de la crisis y obliga a mirar las condiciones que pueden favorecer la aparición o profundización del sufrimiento.

El aislamiento

El especialista explicó que existen muchas señales disparadoras que se pueden identificar en una persona que está atravesando una crisis como, por ejemplo, la distancia de un ser querido por un tiempo prolongado. “Cuando las personas empiezan a aislarse, no envían mensajes, desaparecen de grupos sociales, es una señal de alerta, más aún, cuando prevalecen pérdidas económicas o laborales”, remarcó.

En el caso de adolescentes, también llama la atención las autolesiones en partes escondidas del cuerpo y remarca la importancia de que los adultos puedan preguntar y acompañar sin juzgar. “En este aspecto es muy importante el rol del entono, el dialogar de situaciones que nos atraviesan. La recomendación principal es no minimizar lo que le puede estar pasando al otro. No hay que tener miedo de hablar de la muerte, ni mucho menos preguntar qué le pasa por la mente sobre esta temática”, sostuvo.

Romper con mitos y estereotipos

Según Maidana, uno de los principales prejuicios y obstáculos de acercamiento de quien está sufriendo son frases como: “lo hace para llamar la atención” o “si realmente quisiera hacerlo, lo haría”. Estas expresiones, menciona, “imposibilitan aún más el acceso a pedir ayuda”.

Asimismo, destacó la importancia de prestar atención a las autolesiones que ocurren, en la mayoría de los casos, en los adolescentes. “Esto es muy importante porque es una manera de reducir el dolor psíquico que existe por dentro”, puntualizó. Es por ello que plantea que juzgar, estigmatizar o minimizar el sufrimiento ajeno puede profundizar el aislamiento de quien padece, porque como lo remarcó, “cada uno hace con su dolor, lo que puede”.

Recordó entonces la vulnerabilidad de la adolescencia: “En este grupo confluyen transformaciones propias de una etapa compleja acompañado muchas veces con conflictos familiares, problemas de identidad, acoso y violencia entre pares”, dijo y remarcó: “la adolescencia es un momento particularmente sensible desde el punto de vista psíquico, corporal y de construcción de identidad, por lo que el acompañamiento de un adulto resulta fundamental”.

Además, en este contexto económico asfixiante, “a la carga emocional de los adolescentes se suman también dificultades económicas que pueden atravesar los padres de esos chicos. Y allí, muchas veces, mayores discusiones y situaciones de violencia dentro de los hogares hacen que los chicos aún más se alejen de la conexión con sus padres”.

“La adolescencia es un momento difícil. En una era donde todos juzgan desde su moral e imponen estándares de vida, hay que comprender que el dolor, la angustia de frustraciones (como rupturas amorosas) está en la psiquis y el dolor no se ve y no es medible con un tomógrafo o ecografía”, manifestó. “Para ayudar hay que salir de la estigmatización, hay que anteponer siempre a la persona. Debemos dejar de hablar de suicidas y empezar a hablar de muertes por suicidio, así como también de personas con consumos problemáticos”, agregó.

“Para ayudar hay que salir de la estigmatización, hay que anteponer siempre a la persona. Debemos dejar de hablar de suicidas y empezar a hablar de muertes por suicidio, así como también de personas con consumos problemáticos”.

Ssalud mental: una problemática que debe ser atendida por el Estado

El escenario también pone en discusión el acceso a la atención en salud mental. La depresión, la ansiedad y otros padecimientos pueden aumentar la vulnerabilidad cuando no existe acompañamiento adecuado.

A esto se le suman las dificultades económicas para acceder a consultas y tratamientos, y la ausencia de políticas sanitarias específicas relacionadas con la prevención del suicidio.

Y ante la falta de este sostenimiento por parte de instituciones, el licenciado pone énfasis en la necesidad de generar espacios donde sea posible hablar antes de que el sufrimiento se transforme en una crisis extrema. “Hay que empezar a hablar, cuestionarse, hay que buscar siempre ser pro charla. La única manera de despertar la conciencia social es a través de la charla”, destacó.

Para el profesional, la conversación puede convertirse en una herramienta para cuestionar los mandatos culturales, especialmente aquellos relacionados con la masculinidad. En este sentido, a modo de acompañamiento, asistencia hacia otro, el especialista aconsejó preguntar :“¿Por qué no vas vos al psicólogo? ¿Por qué no vas a pedir ayuda? Tengo un teléfono de una persona a la que podés acudir”.

Según su posicionamiento como profesional, la idea del suicidio muchas veces se da porque no se encuentra un sentido a la vida. Y desde este lugar, destacó el concepto pulsión de vida, como aquellas sensaciones cotidianas que permiten encontrar motivos para levantarse, vincularse, trabajar, caminar, compartir con otros y proyectarse.

“Tenemos que levantarnos todos los días y decir: bueno, tengo un sentido para enfrentar a la vida hoy”, expresó. Pero, agregó, que a veces eso no sucede y “el problema comienza a aparecer cuando las frustraciones se acumulan y la persona siente que no puede alcanzar los estándares que la sociedad impone, sobre aquello que se me dijo que puedo lograr y no logre”, como por ejemplo, el cuerpo ideal, el trabajo ideal, la pareja ideal, la casa o la familia ideal, etc. Y allí, es donde tenemos que atender el problema a tiempo, porque todo este cúmulo de frustraciones muchas veces hace que las personas pierdan el sentido de la vida”.

Frente a esto, el especialista reivindica la importancia de los vínculos, las actividades cotidianas, los espacios verdes, el deporte y la interacción social como componentes que pueden contribuir al bienestar.

Fuente: UNNE Medios

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El trabajo, liderado por Matías Mastrángelo, Sebastián Aguiar y Vera Krause, relevó 15.042 permisos de uso forestal, 127.632 guías de transporte de madera y decisiones oficiales tomadas entre 2009 y 2024. La conclusión es que hubo recategorizaciones de tierras, permisos silvopastoriles que devinieron en desmontes totales y autorizaciones para extraer más madera de la que el bosque puede producir. Maniobras utilizadas no excepcionalmente sino como modalidad sistemática.

Así, tal como como consignó el portal Eco News, entre el 16% y el 28% de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera disponible. La interpretación del equipo de investigadores es que ese excedente permitió incorporar al circuito legal madera obtenida en zonas “rojas” donde según la normativa no está permitido el desmonte.

En cuanto a las “autorizaciones especiales”, los datos muestran que solo en 2024 el 55% de la madera extraída en Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorización. Con multas que no implicaron freno alguno, dada la irrelevancia del monto.

También en 2024 hubo una modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques que se difundió como una mejora en materia de protección pero que excluyó 270.000 hectáreas desmontadas ilegalmente y disminuyó la protección de otras 220.000. De este modo, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

Esa votación, en plena madrugada, fue denunciada en su momento por organizaciones ambientalistas que advertían que ponía en peligro más bosque del que decía proteger. “Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales”, enumeró por entonces Débora Páez, de Somos Monte, en diálogo con Tiempo Argentino.

Seis maniobras sistemáticas

El artículo publicado en Nature examina las políticas y normativas sobre bosques desde 2009 hasta 2024. Detalla seis estrategias administrativas que promovieron la deforestación y redujeron deliberadamente la protección de zonas conservadas de bosque nativo en Chaco.

El trabajo –del que también participó la investigadora alemana Julius Kühn-señala que estas estrategias se dieron durante los mandatos de Jorge Capitanich (PJ) y Juan Carlos Bacileff Ivanoff (PJ), Domingo Peppo (PJ) y Leandro Zdero (UCR).

De acuerdo a la ley de bosques nativos, las provincias deben contar con un ordenamiento territorial para clasificar las zonas según su nivel de conservación: rojo, con bosques son inalterables; amarillo, para permitir actividades de bajo impacto; y verde, donde se puede modificar el terreno con autorización. La clasificación debería ser revisada cada cinco años.

El estudio expone –como detalla La Nación– que ante el pedido de 60 grandes propietarios las autoridades chaqueñas recategorizaron en 2012 zonas protegidas, pasándolas de amarillo a verde. Entre 2013 y 2018, esas empresas desmontaron 34.300 hectáreas. Un mecanismo que se volvió sistemático.

Al mismo tiempo, en zonas amarillas el estudio detectó que el 64% del área forestal con permiso de manejo silvopastoril es “indistinguible respecto a la tierra completamente desmontada, debido a la mortalidad gradual de los árboles dispersos y la interrupción forestal”. En tanto, se dieron permisos para extraer más del doble de lo que el bosque puede proveer de madera.

De los casi 8000 permisos otorgados entre 2010 y 2024 ‒sobre una superficie de 784.000 hectáreas‒ se superaron los límites o cupos de extracción de madera en las autorizaciones de uso silvopastoril (28%) y en las de extracción selectiva (22%).

Las autoridades actuales aseguraron que se redujo este tipo de maniobra durante su gestión, pero no es lo que muestra el estudio, que analizó hasta 2024. Sobre ese año, de hecho, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció un mecanismo de corrupción en los permisos y la fiscalización de los desmontes. “Nuestra investigación revela el entramado político-empresarial detrás del desmonte en Chaco”, planteó en su momento el abogado ambientalista Enrique Viale.

A esto se suma la práctica de “blanquear” la madera obtenida en desmontes ilegales. Algo registrado a niveles crecientes en el estudio publicado en Nature: “Hallamos que la autoridad subnacional había emitido autorizaciones especiales sobre 6800 hectáreas hasta 2019, mientras que en los últimos cinco años [2020–2024] emitió autorizaciones especiales sobre un área casi diez veces mayor [62.700 hectáreas de desmonte ilegal] que en la década previa”. Bajo el actual gobierno, “en 2024 el 55% de la madera extraída en la provincia del Chaco provino de desmontes ilegales a través de autorizaciones especiales”.

Fuente: Tiempo Argentino

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Será el jueves 20 de Agosto, desde las 10hs en la Casa de Todes! Av. Juan de Vera y Aragon 1497, Corrientes capital.

Solange Ayala activista en FUDEGH expresó que “la iniciativa sale de un trabajo que ya viene llevando adelante Fundegh y La Casa de Todes. Nos pareció importante generar este operativo para acercar el acceso a la salud a nuestra comunidad y seguir trabajando de forma conjunta”.

Desde Fun.degh informaron que la charla estará a cargo de Pilar, paciente vih+, miembro de la Fundegh y RAJAP. En la misma, se abordará la prevención, el diagnóstico y la sexualidad, “vamos a hacer un abordaje integral sin caer en la heteronorma y el binarismo: que la salud sexual sea para todes, vamos a hablar abiertamente y en un ambiente seguro”.

CHARLA DE ITS

Julieta Gomez referente de La Casa de Todes y Fuerza Transfeminista remarcó “Está complicada la situación de enfermedades de transmisión sexual en la comunidad travesti trans, por el crecimiento de contagios y el desfinanciamiento de políticas que hacían que muchos sectores estén más protegidos y puedan tener sus medicamentos o sus estudios diarios”.

LA SALUD SEXUAL PARA LA COMUNIDAD DISIDENTE

“La situación que se vive hoy en materia de políticas de salud sexual tanto en Corrientes y Resistentes es mala. Estamos en estado alerta, por el poco acceso que tenemos a los medicamentos, al forro, a los cuidados básicos”, indicó Julieta.

«Sabemos que debemos fortalecer los espacios que tenemos para seguir acompañando a nuestra comunidad a hacerse los diferentes controles necesarios, para que nuestra comunidad pueda seguir accediendo a la salud que siempre nos es muy complejo, ya los espacios donde deberían ser empaticos y amorosos terminan siendo muy discriminatorios y expulsantes”.

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Luciana Sánchez, defensora de Sofía, sacudió la estructura del debate al desistir formalmente de la incorporación por lectura del testimonio previo de su representada, así como de los informes de las profesionales Kovianski y Ruiz, quienes la trataron durante su internación. Esta decisión estratégica no es un abandono de la prueba, sino un escudo humano: busca evitar que la sobreviviente sea forzada a atravesar una maquinaria judicial revictimizante que pretende obligarla a revivir el horror del ataque. Al retirar estos elementos, la querella de Sofía reafirma que la salud mental de quien logró escapar de las llamas es una prioridad absoluta que el tribunal no puede atropellar.

La tensión se hizo evidente ante las posturas encontradas de las partes. Mientras el fiscal Dr. Juan Manuel Fernández Buzzi y la querella de la Defensoría General (Dra. Simerman) insistieron en incorporar las declaraciones previas por lectura para «cubrir» falencias de una instrucción deficiente, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) marcó un hito político. A través de la Dra. Samanta Pedrozo, la FALGBT —que actúa por primera vez en un juicio penal como querella colectiva— adhirió al planteo de Sofía, tras concluir que los extremos de la autoría y el móvil de odio ya están sobradamente acreditados por otros medios y que no es necesario exponer a la víctima para obtener una condena.

La denuncia de Luciana Sánchez fue tajante: “Estamos juzgando a la víctima, para sorpresa de nadie. Ahora todo se volvió para hacerle la vida más infeliz a la única sobreviviente”. Sánchez expuso la paradoja en la que incurre el tribunal: la jurisprudencia de la Cámara de Casación es taxativa al prohibir que una condena se apoye en declaraciones incorporadas por lectura. Así, el tribunal está arriesgando la integridad psíquica de Sofía y violando el secreto profesional de sus médicos —quienes no cuentan con la autorización de la víctima para revelar sus derechos personalísimos— a cambio de una prueba que legalmente no puede sostener la sentencia, exponiéndola a un trauma tan inútil como cruel.

Ignorando estas advertencias, el juez Adrián Pérez Lance resolvió avanzar con la intervención del Cuerpo Médico Forense para evaluar si Sofía puede declarar. Para la querella, esto es una «encerrona» que ignora las Reglas de Brasilia sobre vulnerabilidad. El tribunal pretende «contarle las costillas» a la víctima, exigiendo peritajes sobre peritajes para validar lo que sus médicos tratantes ya certificaron. Esta práctica de justicia patriarcal no solo busca salvar una investigación mal hecha por la policía y el juez de instrucción, sino que confirma que el sistema prefiere violentar a las sobrevivientes antes que reconocer los límites de su propio poder.

Este hostigamiento judicial ocurre en un contexto de violencia extrema. En la transmisión del juicio, activistas denunciaron una alarmante ola de odio: en menos de 48 horas, el país fue testigo de dos travesticidios. Este estado de alerta nacional subraya que el ataque en Barracas no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura que se alimenta de la impunidad y la invisibilización. Por eso, este proceso debe sentar un precedente histórico que nombre al «lesbicidio» y no permita que la búsqueda de justicia se convierta en una nueva forma de tortura estatal.

El camino hacia los alegatos sufrirá ahora un receso hasta el lunes 31 de agosto a las 9:00 horas, debido a compromisos previos en otros juicios y vacaciones programadas de las partes. En la etapa final, las querellas mantendrán el pedido de prisión perpetua bajo los agravantes de odio a la orientación sexual, alevosía y ensañamiento. La participación de la FALGBT como querella colectiva será fundamental para exigir que la sentencia reconozca el carácter sistémico de este triple crimen y la tentativa de homicidio, asegurando que el veredicto sea, por fin, una reparación y no una nueva herida. (Fuente: Argay.ar)

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