La reunión estuvo a cargo de la cordobesa Gabriela Estévez, quien dio lugar a más de docena de invitadas que participaron del encuentro en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja. Fue unánime el reclamo en rigor del descenso en el presupuesto para la Secretaría de Género y Diversidad y el foco estuvo puesto en la ejecución real.

En primera instancia, el santafesino Paulón repudió lo sucedido este domingo por la madrugada en los Bosque de Palermo cuando un grupo de masculinos de entre 16 y 20 años atacó brutalmente a un grupo de mujeres trans. El hecho fue subido a Instagram por los propios agresores, quienes se aparecieron por sorpresa en bicicletas y después de insultar a estas mujeres, las golpearon con palos.

“No podemos naturalizar el odio y la violencia”, afirmó el legislador de Provincias Unidas. Hasta el momento no hubo detenciones. Sin embargo, las imágenes posteadas por los propios agresores generaron repudio masivo en redes sociales al punto tal que al menos cuatro de los victimarios fueron identificados a través de perfiles de Instagram y X.

Agustina Rossi, integrante del Equipo de Latinoamérica de Justicia y Género (ELA), expuso sobre el gasto del Estado en materia de género y señaló que el análisis se concentra en dos ejes: las políticas de abordaje de las violencias y la educación sexual. En ese sentido, advirtió sobre las dificultades para cuantificar los recursos destinados al programa Afianzamiento de la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, debido a que existe “menos acceso a la información”.

Durante su exposición, Rossi alertó sobre el fuerte recorte presupuestario en las políticas de prevención y asistencia: “Entre 2023 y 2027 se ha reducido en un 89% lo destinado a violencias”. En esa línea, consideró que existe “claramente una intención de vaciar estas políticas” y advirtió sobre las consecuencias económicas de desatender esta problemática: “Al Estado le va a salir carísimo porque el costo de la violencia que después debe invertir en salud y justicia le sale de 0,8% a 2,1% del PBI, estimativamente”.

Por otra parte, se refirió a los recursos destinados al área de salud sexual y reproductiva y puso el foco en la ejecución del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA): “El Plan ENIA tiene 0% de ejecución en 2026”. Finalmente, cuestionó las prioridades del proyecto presupuestario para el próximo año al señalar que “en 2027 hay 22 millones de pesos más para impresiones parlamentarias”.

También participaron José Spollansky de la Asociación Civil por la Igualdad y La justicia; Mercedes D’Alessandro; Delfina Rossi; Lucía Ortega, economista docente de la UBA; Andrea D’Atri, legisladora porteña; Mirna Silva, docente de Moreno; Claudia Perugino; Karen Navarro Martínez, titular de la Secretaría de la Mujer y diversidad de La Rioja; Patricia Gorza de Mujeres de la Ruralidad; Flavia Massenzio de la Federación Argentina LGBT; y Agostina Fiorella, presidenta de Fundación Misionera GAIA.

Fuente: Parlamentario

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Casi todo el gasto se concentra en el Poder Ejecutivo, que suma $4.950.790 millones, es decir el 84% del total. Le siguen los organismos descentralizados (6,6%), el Poder Judicial (6,1%) y el Poder Legislativo (1,9%); el resto de los organismos de control y órganos especiales reúne el 1,4%. Por su naturaleza, el 83,7% de las erogaciones ($4.933.360 millones) son corrientes y el 16,3% restante ($963.427 millones) corresponde a gastos de capital.

• Poder Ejecutivo · 84,0%
• Organismos descentralizados · 6,6%
• Poder Judicial · 6,1%
• Poder Legislativo · 1,9%
• Otros organismos · 1,4%

Del lado de los ingresos, el 99,5% son recursos corrientes ($5.922.360 millones) y sólo el 0,5% son de capital ($30.507 millones). El proyecto establece que el superávit se destinará a cubrir la diferencia entre fuentes y aplicaciones financieras. Las fuentes suman $629.103 millones, con $300.000 millones por emisión de Letras del Tesoro, $276.237 millones por otras cuentas por pagar y $52.865 millones por endeudamiento público.

Las aplicaciones alcanzan $685.183 millones, de los cuales $650.183 millones se van a amortización de deudas (de largo y corto plazo), un monto equivalente al 11% del gasto total.

El proyecto también etiqueta partidas por perspectiva. Las políticas de niñez y adolescencia reúnen $1.568.440 millones, el 26,6% del gasto total, y $1.338.302 millones de esa suma corresponden a Educación. La perspectiva de género suma $288.240 millones (4,9%) y la ambiental $69.479 millones (1,2%). En paralelo, se fijan $48.000 millones (0,8% del gasto) como crédito del programa Chaco Subsidia, que se financiará además con transferencias nacionales ligadas a la política tarifaria del transporte urbano y la energía eléctrica.

En materia de personal, el artículo 6 fija 74.294 cargos y 282.623 horas cátedra. De los cargos, 68.294 (91,9%) son de planta permanente y 6.000 (8,1%) de personal temporario. El Poder Ejecutivo concentra 63.258 cargos, el 85,1% del total.

El texto aclara que el número final de cargos estará en relación directa y proporcional a la cantidad de agentes que se retiren de la administración por la vigencia de las leyes 3807-H y 4200-H, y declara nulos los nombramientos en planta permanente donde no existan vacantes ni crédito presupuestario.

• Planta de personal 2027: 74.294 cargos
• Planta permanente: 68.294 (91,9%)
• Personal temporario: 6.000 (8,1%)Poder Ejecutivo: 63.258 cargos (85,1%)

El proyecto autoriza además al Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro por hasta $300.000 millones (o su equivalente en moneda extranjera) para cubrir deficiencias estacionales de caja, con vencimientos que podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 2028.

Ese monto funciona como tope de stock en circulación y podrá respaldarse con la cesión de derechos sobre la coparticipación federal. También estima en $8.328 millones el gasto tributario, fija en $35 el valor de la Unidad Fiscal y faculta al Ejecutivo a aprobar por decreto los presupuestos de Lotería Chaqueña y del Insssep. Las disposiciones regirán desde el 1 de enero de 2027 y el texto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados.

Fuente: Chaco Día por Día

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Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Subsecretaría de Ambiente de la Nación registrará en 2027 una caída real del 84,3% de su presupuesto en comparación con 2023, profundizando una tendencia de reducción de recursos que se mantiene desde hace cuatro años.

Uno de los puntos señalados es la situación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por la Ley 26.331. De acuerdo con el informe, el presupuesto asignado será 25 veces menor al monto establecido por la normativa y contempla una fuerte disminución en las metas de financiamiento para planes de manejo sostenible.

La discusión adquiere especial relevancia luego de una temporada marcada por grandes incendios forestales. Un informe de Greenpeace, basado en imágenes satelitales, indicó que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron 60.845 hectáreas de bosques en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, en uno de los episodios más graves registrados en las últimas décadas.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) tendrá asignados $38.815 millones para 2027. Aunque representa un incremento nominal respecto al año anterior, desde FARN señalan que la cifra continúa ubicándose un 55% por debajo de los niveles presupuestarios de 2023 en términos reales.

Además, el organismo prevé la elaboración de 1.950 informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios, una herramienta considerada clave para las tareas de prevención. La cantidad proyectada supera levemente la de 2026, pero permanece por debajo de los registros de años anteriores.

Menos recursos para agua y saneamiento

El análisis también advierte una reducción significativa en las partidas destinadas a agua potable y saneamiento. El presupuesto para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo presenta una caída real del 91,5% respecto de 2023, mientras que la función «Agua Potable y Alcantarillado» se reduce un 93% en comparación con ese mismo año.

Para las organizaciones ambientales, este escenario resulta especialmente sensible debido a las proyecciones climáticas para los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional prevé la continuidad del fenómeno El Niño durante la primavera con intensidad fuerte o muy fuerte, lo que podría traducirse en precipitaciones superiores a lo normal en distintas regiones del país.

Entre las zonas señaladas aparecen sectores del Litoral, donde se encuentran las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Los especialistas advierten que las lluvias podrían incrementar el riesgo de crecidas e inundaciones en áreas ribereñas.

El impacto en Chaco

Para provincias como Chaco, donde los incendios rurales y forestales forman parte de las emergencias recurrentes durante los períodos de sequía y altas temperaturas, la disponibilidad de recursos para prevención y monitoreo adquiere una importancia estratégica.

A ello se suma la necesidad de fortalecer las políticas vinculadas a la gestión hídrica, especialmente en un territorio atravesado por ciclos alternados de sequías e inundaciones. En este marco, distintos especialistas sostienen que la reducción de fondos destinados al ambiente, la ciencia y la infraestructura vinculada al agua podría limitar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos.

Mientras el proyecto de Presupuesto 2027 comienza su tratamiento en el Congreso, las partidas ambientales vuelven a quedar en el centro del debate sobre las prioridades del gasto público y la preparación del Estado frente a los desafíos climáticos de los próximos años.

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En momentos en los que están agotados los recursos judiciales para eludir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo decidió plasmar en el texto de la ley de leyes su negativa a cumplir con lo que indica la norma.

El proyecto de ley de presupuesto que ingresó al Congreso para su debate destina poco más de $7,4 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Sin embargo, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron en el congreso su propio proyecto de presupuesto universitario contemplando los gastos de funcionamiento y los salarios según lo que indica la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el congreso nacional y ratificada con mayoría especial luego del veto presidencial.

El monto que presentaron los rectores del CIN llega a $11 billones que superan en $3,6 billones lo que pretende destinar el gobierno. De ese total, $8,4 billones corresponden a los salarios del personal.

Pero la propuesta presentada por las universidades contempla, además, unos $7 billones adicionales para atender “políticas estratégicas” entre las que se destacan fondos para ciencia técnica y arte, obras de infraestructura y becas Progresar. De esta forma, desde el punto de vista de los rectores las universidades precisan para funcionar y desarrollarse unos $18 billones que representan 2,5 veces lo que el gobierno propone al Congreso.

Así, a un año de su aprobación el gobierno solo reconoció un incremento de salarios del 21,3% que plasmó en julio de este año en un acta acuerdo que suscribieron dos de las tres principales federaciones que representan a los docentes universitarios. El incremento salarial debió superar el 50% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 tal como indica la ley.

A diferencia de la propuesta presentada en 2025 para el ejercicio 2026 que incluía un artículo que proponía derogar explícitamente la ley de financiamiento universitario y que no resultó aprobado, el proyecto de ley presentado este año por el oficialismo omite pronunciarse sobre la norma.

La estrategia del oficialismo consiste en apostar a una suerte de derogación tácita de la ley en tanto, de resultar aprobado el presupuesto, los mismos legisladores que aprobaron la ley, ahora no destinarían los fondos para financiarla.

Si bien fuentes cercanas al juzgado de Martín Cormick que lleva la causa por el incumplimiento del gobierno aseguraron a Tiempo Argentino que no existe la forma jurídica de una derogación tácita de una norma todo indica que el gobierno buscará legitimar su desacato con ese eventual respaldo del Congreso y, de esa forma, alimentar la causa con nuevos argumentos y presentaciones.

Las norma vigente y no acatada por el gobierno según indica su articulado expira en enero de 2027 en tanto se refiere a los fondos erogables durante 2026 y todo indica que el oficialismo buscará alimentar la causa con este tipo de maniobras para llegar hasta esa fecha sin una resolución definitiva.

Las federaciones se encuentran en un plan de lucha que el martes consistió en clases públicas en todo el país con epicentro en la Plaza de Mayo y que, a priori, continúa con una nueva marcha federal universitaria pautada para la primera semana de octubre.

El jueves esta agendada una nueva reunión paritaria luego de que el gobierno ofreciera en el último encuentro una recomposición del 3% para el mes de septiembre cuando el cumplimiento de la ley de financiamiento exige casi un 35%.

La presentación del presupuesto con esa omisión anticipa que la propuesta oficial recogerá el rechazo de las federaciones que, además, anunciaran una agenda de paros hasta la quinta marcha nacional universitaria.

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Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3% del PBI, por debajo de la estimación para este año.

La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase.

Las principales proyecciones para 2027

El Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%.

La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.

«A nivel sectorial, en 2027, la industria y el comercio se expanden 4,4% y 5,1% respectivamente, mientras que el sector agropecuario crece 0,9%. Los bienes avanzan en promedio 3,9% y los servicios 3,6%», señala el proyecto.

En materia comercial, el Ejecutivo contempla exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones.

El Gobierno reconoce el desvío de las metas de 2026

Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento.

Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1%, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.

También había estimado un crecimiento económico del 5,4% para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3%.

Respecto del tipo de cambio previsto para 2027, desde el oficialismo señalaron que el valor de $1.847 «no se trata de una predicción», sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

Superávit fiscal como regla

El proyecto establece que el equilibrio fiscal continuará siendo uno de los principales ejes de la política económica durante 2027.

Según los datos oficiales, en el acumulado hasta julio de 2026 el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6% del producto.

Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%.

El Ejecutivo plantea que el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá como una «regla fiscal inalterable» y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.

Recursos y gasto

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

El resultado financiero será de 3,30 billones de pesos.

En cuanto al gasto, se prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.

Los recursos para las universidades alcanzarán los 7,3 billones de pesos.

Fuente: Noticias Argentinas

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El primer capítulo se escribirá este miércoles al mediodía, cuando la oposición intentará reunir quórum para una sesión especial centrada en dos ejes: el creciente endeudamiento de las familias argentinas y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Diputados pone el foco en la morosidad

La convocatoria fue impulsada por el diputado radical Pablo Juliano junto a legisladores de distintos bloques. El temario incluye cerca de 50 iniciativas relacionadas con la problemática de la morosidad, entre ellas proyectos vinculados a tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos UVA, fintech, refinanciación de deudas y protección de consumidores.

Aunque la oposición reconoce que el principal desafío será reunir los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión, existe optimismo a partir de antecedentes recientes. En la última discusión sobre el tema lograron reunir 133 legisladores en el recinto, aunque no alcanzó para avanzar sobre tablas.

Más allá de una eventual aprobación de proyectos, el objetivo opositor apunta a emplazar a las comisiones y acelerar la elaboración de dictámenes que permitan avanzar con iniciativas concretas en las próximas semanas.

La Libertad Avanza cambia la estrategia

La convocatoria obligó al oficialismo a modificar su postura. La Libertad Avanza decidió abrir el debate en comisiones y presentar un cronograma propio de trabajo para discutir tanto los proyectos sobre endeudamiento como los vinculados a discapacidad.

En ese marco, la Comisión de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, comenzó una serie de reuniones durante septiembre con la intención de arribar a un dictamen antes de fin de mes.

La disputa de fondo, sin embargo, excede el contenido de los proyectos: tanto el oficialismo como la oposición buscan quedarse con la iniciativa política dentro de la Cámara baja.

Discapacidad vuelve al recinto

Otro de los temas centrales de la sesión será la situación de las personas con discapacidad. Los bloques opositores impulsan la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la Emergencia Nacional en Discapacidad establecida por la Ley 27.793.

Ante la posibilidad de que el proyecto avanzara nuevamente en el recinto, el oficialismo también decidió habilitar su tratamiento en comisión, en un intento por canalizar la discusión dentro del esquema legislativo que controla.

La sesión servirá así como una nueva prueba de fuerza entre el Gobierno y una oposición que deberá volver a reunir a peronistas, radicales disidentes, la Coalición Cívica, bloques provinciales y la izquierda para alcanzar el quórum.

El Senado busca destrabar proyectos clave

Mientras Diputados concentra la atención política, el Senado también tendrá una semana intensa.

Este martes comenzará el tratamiento de Inocencia Fiscal II en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Un día después, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente Vladimir Werning expondrán sobre la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, una de las apuestas del Gobierno para consolidar su estrategia económica.

Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

En paralelo, continúan las negociaciones para avanzar con el denominado Súper RIGI. Aunque el proyecto ya obtuvo dictamen, el oficialismo todavía no logró reunir las firmas necesarias para garantizar su llegada al recinto.

La agenda también incluye la reforma política impulsada por el Gobierno, cuyo debate comenzará a reactivarse a mediados de septiembre, y una nueva ley de Biocombustibles que requiere acuerdos con gobernadores y bloques provinciales.

La cuenta regresiva hacia el Presupuesto 2027

Sin embargo, todas las discusiones parlamentarias tienen una fecha límite marcada por el calendario político. En las próximas semanas el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa que promete convertirse en el eje central del debate legislativo.

Se tratará además de un presupuesto correspondiente a un año electoral, con el equilibrio fiscal como principal bandera del Gobierno y con los gobernadores atentos a la distribución de recursos y partidas destinadas a las provincias.

Hasta entonces, el Congreso seguirá atravesando una serie de debates que servirán para medir fuerzas. Este miércoles será el turno de la morosidad y la discapacidad en Diputados; mientras tanto, el Senado buscará avanzar con los proyectos pendientes y el oficialismo intentará llegar al debate presupuestario con un escenario político más ordenado.

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