La Prefectura Naval Argentina encabeza un intenso operativo en las aguas del río Paraná, a la altura del puente interprovincial General Manuel Belgrano.

Melanie Aldaz fue vista por última vez el jueves 25 de junio, cerca de las 20, en la calle Santa Fe, en Monte Caseros, donde vivía junto a sus padres.

Según los testigos, la joven tenía puesto un jean azul oscuro, suéter y campera celestes, y zapatillas Vans del mismo color.

Desde entonces, se impulsó una campaña de difusión en redes sociales, mientras la Policía de Corrientes activó el protocolo de búsqueda.

Uno de los datos que dio su familia alertó a las autoridades. Según confirmó su primo en redes sociales, la chica había denunciado a su novio por violencia de género el día anterior a su desaparición.

La pista de la cámara de seguridad

El domingo por la noche, la investigación dio un giro tras el análisis de cámaras de seguridad y los relatos de integrantes del grupo “Ángeles del Puente”.

En las imágenes se ve a la joven al costado del puente interprovincial que conecta con la provincia de Chaco, alrededor de las 20.50. Los videos fueron aportados a la fiscalía N°2.

Una de las hipótesis es que la joven se habría arrojado al Paraná, pero el dato tampoco fue confirmado.

“Ese día me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba. Como si se estuviera despidiendo”, contó su papá en diálogo con Crónica. “Yo pensé que estaba contenta porque le había ido bien en un parcial. Después me llamó su hermana diciéndome que no la encontraban”, agregó.

“Ella nos avisaba todo lo que hacía”, recordó.

Sobre el supuesto video del puente, el hombre dijo: “Yo no pude ver las cámaras porque el fiscal no me quiso mostrar”.

Desde ese momento, la Prefectura lidera el rastrillaje en el río, con apoyo de la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco. Personal de la Comisaría Segunda Urbana sigue con las tareas investigativas bajo la coordinación de la autoridad judicial.

Hasta la mañana de este lunes, no se informó oficialmente el resultado del operativo, que continuaba sin novedades sobre el paradero de Melanie Aldaz.

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Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió fijar una suma de 63 millones de pesos en concepto de reparación integral para la víctima, el decomiso del local comercial donde se produjo el delito y la inmediata detención del imputado.

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, la fiscal consideró a Rubén Alberto Cabra (43), alias “Petro”, autor del delito de facilitación de la prostitución en concurso ideal con el delito de trata de personas.

El debate se desarrolla desde el 22 de abril pasado ante el TOF integrado de manera unipersonal por la jueza Mariela Emilce Rojas. Como representante del MPF, intervienen la fiscal Minatta y la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez. El 16 de junio se conocerá el veredicto.

El caso

La investigación judicial se inició en 2019 a raíz de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo. Tras un análisis preliminar, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Minatta, que —a través de medidas de investigación— logró identificar a la víctima en 2021. Inicialmente, la causa involucraba a dos imputados del caso, pero el dueño del prostíbulo —Rubén Ángel Cabra, tío del actual imputado— falleció antes de ser llamado a declaración indagatoria, por lo que su sobrino quedó como único acusado.

Según la acusación, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.

Violencia de género y marco normativo

Al iniciar su alegato, la fiscal Minatta planteó que en esta causa se juzgan y se investigan “delitos en un contexto de violencia de género” y remarcó que la trata de personas con fines de explotación sexual es una de las formas de violencia de género que más están atravesados por los distintos tipos de violencia que prevé la Ley N°26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: “violencia física, psíquica, sexual, económica y simbólica”.

En esa línea, la fiscal trazó un recorrido histórico sobre la legislación en la materia. Destacó como “de vanguardia y adelantada” a la “Ley Palacios”, de 1913, que convirtió a la Argentina en la primera nación en sancionar una ley contra ese delito, y mencionó la posterior incorporación del delito de trata de personas al ordenamiento jurídico penal mediante la Ley N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en 2008, junto con su reforma integral en diciembre de 2012.

El “circuito prostituyente” local

La fiscalía describió con precisión el funcionamiento del entramado que operaba en la provincia de Entre Ríos al momento de los hechos. “En el 2006, en la ciudad de Concepción del Uruguay existía un circuito prostituyente consolidado. Desde fines de la década del 90 y hasta el año 2013, la localidad era considerada un polo de la prostitución en la provincia”, aseguró Minatta, y enumeró una serie de prostíbulos de la época que funcionaban bajo la fachada de whiskerías o bares, como el reconocido local La Noche.

El imputado Rubén Alberto Cabra, conectado de manera remota, durante una de las jornadas del juicio. Foto: captura de Zoom

Respecto al lugar específico de la explotación, precisó: “El prostíbulo donde sucedieron los hechos se llamaba ‘Snack Bar’ y se ubicaba en las inmediaciones de la Ruta 39 y la Ruta 14. En un principio, era la guardería de las mujeres de ‘La Noche’, que en muchos casos venían de diferentes provincias y a veces con sus hijos”.

La fiscal explicó que, a partir de un determinado momento, el dueño de La Noche pasó a ser de Rubén Ángel Cabra, tío fallecido del imputado.

Para evidenciar la naturalización de la explotación sexual en aquel período, la fiscal recordó el testimonio brindado durante el debate por un comisario, quien ratificó que el traslado de mujeres engañadas desde las provincias del norte bajo falsas promesas laborales era una práctica habitual. “Primero les decían que era para atender en comercios y después les decían que en realidad debían prostituirse”, reseñó la fiscal.

Minatta hizo hincapié en las definiciones del jefe policial para graficar el contexto cultural de la época, al recordar que el testigo había afirmado que asistir a esos locales era considerado “algo normal” y que “ir a un cabaret era para un hombre lo mismo que ir a comerse una pizza”.

Captación, traslado y permanencia

La fiscalía dio por acreditado que el acusado Rubén Alberto “Petro” Cabra, se valió del engaño y de la situación de vulnerabilidad de la adolescente para trasladarla desde la ciudad chaqueña de Villa Ángela hasta la entrerriana de Concepción del Uruguay. “Ahí comenzó el verdadero infierno de la víctima”, subrayó Minatta.

La fiscal indicó que ni bien la víctima llegó, Cabra la llevó al local Snack Bar, que en ese entonces se encontraba habilitado como whiskería pero, sin embargo, funcionaba como prostíbulo. “En el lugar, que era propiedad de su tío, Rubén Ángel Cabra, se explotaba sexualmente a mujeres. La víctima contó que se intentó ir, pero le dijeron que no podía porque tenía una deuda y que no podría irse hasta saldarla”, detalló Minatta. Señaló que, en un primer tramo, la joven fue alojada y explotada en ese cabaret junto a otras mujeres a lo largo de un año, y que era obligada a realizar “pases” en contra su voluntad.

También relató que, en una oportunidad, la joven logró escaparse con la ayuda de un “cliente”. Sin embargo, al llegar a la casa de su madre en Chaco, no se animó a contarle toda la verdad y empezó a recibir amenazas por parte de Cabra hasta que el imputado, junto a dos hombres, viajaron a buscarla y volvieron a trasladarla hasta Concepción del Uruguay, con la amenaza de que, si no lo hacía, algo muy grave podía pasarle a su familia.

En esta segunda etapa, la víctima fue alojada bajo llave en el domicilio particular del imputado Cabra y todas las noches era trasladada hasta el prostíbulo para continuar con su explotación.

Con respecto a la modalidad de explotación, Minatta detalló que la víctima debía ir al cabaret todas las noches, que nunca cobró ningún jornal ni porcentaje de ningún pase, y que si tomaba algo, ese importe se incorporaba a la deuda que ella ya tenía.

La fiscal también resaltó que, en su declaración, la víctima contó que una noche de 2007, la joven quedó embarazada del propio imputado tras ser drogada y perder el conocimiento. El sometimiento continuó incluso después del nacimiento de su hija en abril de 2008, bajo la amenaza de no permitirle verla.

La víctima logró escapar definitivamente a finales de ese año, aunque las amenazas del entorno del acusado persistieron hasta el momento de formalizar la denuncia en 2019.

“En este caso se da el acogimiento por parte de Cabra. Se mantuvo a la víctima en cercanías del lugar en el que fue explotada, con la imposibilidad o serias dificultades de poder terminar con esa situación. Durante esta fase, la víctima fue sometida a una absoluta privación de su libertad personal, siendo explotada sexualmente sin poder sustraerse de la órbita de control de sus captores”, señaló la fiscal.

Minatta enfatizó la condición de vulnerabilidad de la joven en lo que fue la etapa del traslado, en la que, según explicó se dio “el fenómeno de la migración interna”, una menor de edad oriunda de la provincia de Chaco “fue reclutada sin precisiones sobre las condiciones que la esperaban, sin haber podido tener ni la más mínima intervención en la decisión de cómo viajar y forzada por la necesidad extrema”.

Por último, la representante del MPF afirmó que en el caso se evidenció “un delito de carácter permanente toda vez que las conductas de los encartados nunca cesaron en el tiempo, formaron parte de la misma matriz de explotación y se extendieron por casi tres años”.

Calificación jurídica

Minatta explicó que la conducta endilgada por el MPF a “Petro” Cabra se divide en dos tramos temporales debido a los cambios legislativos:

• Entre 2006 y abril de 2008, encuadra en el delito de “promoción y facilitación de la prostitución ajena”.
• A partir de abril de 2008, los hechos se adecuan a la figura de “trata de personas”, conforme a la sanción de la Ley N°26.364.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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Las tareas incluyeron el análisis de fuentes abiertas, oficios judiciales y trabajo de campo, así lograron establecer la vinculación de distintos perfiles con adolescentes.

En el caso de la EES N° 152 de Barranqueras, se identificó un perfil de Instagram con contenido amenazante vinculado a una adolescente. Tras intervención judicial y de la Línea 102, se notificó a los progenitores y secuestraron un teléfono celular.

En otro procedimiento relacionado con la EES N° 75 “Julio Cortázar” de Resistencia, se estableció la vinculación de dos perfiles de Instagram con otra chica menor de edad. En este caso también se notificó a los responsables parentales y se dio intervención a la Línea 102, procediéndose al secuestro de dos teléfonos celulares.

Finalmente, en una tercera línea investigativa, se determinó la vinculación de un perfil adicional de Instagram con otro adolescente, por lo que se notificó a los padres, se dio intervención a la Línea 102 y se secuestró un teléfono celular.

En todos los casos, los dispositivos quedaron resguardados bajo cadena de custodia y a disposición de la magistratura interviniente para su análisis técnico, mientras continúa la investigación por supuesta intimidación pública. Desde la Policía destacaron “no es broma, es un delito” y aseguraron que ante ello «se tomarán las medidas correspondientes con los presuntos autores de estos graves hechos que ponen en vilo a la comunidad educativa».

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La intervención se inició tras un radiograma emitido desde Castelli que alertaba que el presunto autor intentaría abandonar la provincia con destino a Salta, movilizándose en una camioneta gris.

De inmediato se montó un control vehicular con apoyo de distintas unidades. Cerca de las 3:45, los efectivos interceptaron un rodado de similares características e identificaron al conductor, quien resultó ser el sujeto buscado.

Se procedió a su formal detención y al secuestro del vehículo. El acusado permanecerá alojado hasta su traslado a la unidad requirente, mientras continúan las actuaciones judiciales.

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La protesta tuvo como eje el rechazo al ajuste económico del gobierno nacional, la reforma laboral impulsada por el presidente Milei y las políticas que profundizan la desigualdad, el racismo y la exclusión social.

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El procedimiento se inició a raíz de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de un hombre dentro de una casa sin el consentimiento de la propietaria. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y se entrevistaron con una mujer de 36 años, quien manifestó que su ex pareja se encontraba en el interior, en una de las habitaciones.

Al momento de ingresar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 26 años, que tenía en su poder dos cuchillos y una cuchara metálica con una sustancia blanquecina, que fueron secuestrados.

Al momento de consultar los datos, el ciudadano presentaba un pedido de aprehensión y detención en una causa por “Supuesta violación de domicilio y hurto en contexto de violencia de género”, con intervención de la Fiscalía de Género N° 05.

La Fiscalía en turno, dispuso que el agresor sea notificado de su aprehensión en ambas causas por “Supuesta violación de domicilio y hurto en contexto de violencia de género” y por “Supuesta violación de domicilio y daños en contexto de violencia de género”.

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Tras la intervención del personal de Investigaciones Complejas San Martín, se supo que la mujer podría haber abordado un transporte con destino a la provincia de Santa Fe.

Ante esta información, se estableció comunicación con la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de Santa Fe (Región 1). Con el entrecruzamiento de datos, los efectivos santafesinos montaron un operativo de vigilancia en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe.

Cerca de las 18 de ayer, María Judith fue interceptada al descender de una unidad de transporte. De inmediato, fue trasladada a una dependencia policial, donde se constató su estado de salud.

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En el lugar, una mujer de 38 años manifestó que cerca de las 6, mientras descansaba en su casa, escuchó ruidos y observó que su expareja ingresó a su vivienda tras saltar el muro perimetral. Según su relato, al solicitarle que se retirara, el hombre la habría empujado y amenazado de muerte.

La damnificada radicó la correspondiente denuncia y, tras recorridas preventivas por la zona, los efectivos observaron a un hombre de similares características, quien manifestó tener 28 años y según los datos recabados era el presunto autor del hecho. Quedó demorado.

El sujeto fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente a la Guardia de Prevención. Consultada la Fiscalía de Género en turno, se dispuso su aprehensión en la causa mencionada.

Asimismo, se ordenó brindar medidas de protección a la damnificada, entre ellas la provisión de un botón antipánico y la intervención de la Línea 137.

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La medida se encuentra relacionada con una investigación iniciada el pasado 31 de diciembre, a partir de una denuncia radicada por una mujer, quien manifestó haber sido agredida físicamente y amenazada por su pareja, presentando lesiones que fueron constatadas por personal médico.

En la causa interviene el Equipo Fiscal N° 2, que de manera preventiva dispuso la aprehensión del supuesto autor, medida que finalmente fue concretada por los investigadores.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y el aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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Los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ alertan sobre un incremento del 70% en los crímenes de odio en lo que va del año, con un aumento significativo de la participación policial: el 52,9% de estos hechos fueron ejercidos por fuerzas de seguridad, más del doble que el año anterior. Activistas y organizaciones señalan un clima político que habilita prácticas violentas.

Fernanda Arias, 34 años, murió bajo custodia policial en Salta

Fernanda Daniela Arias, mujer trans de 34 años, fue detenida por agentes de Rosario de Lerma el 26 de noviembre y trasladada a la Comisaría Nº 2. Tres horas después, su familia recibió la notificación policial de que “se había quitado la vida”.

La versión oficial sostiene que Fernanda fue llevada a la comisaría por negarse a identificarse y que habría atentado contra su vida al momento de su liberación. Sin embargo, su familia y organizaciones trans cuestionan el relato debido a inconsistencias, lesiones en su cuerpo y testimonios vecinales que denuncian detención violenta.

El caso es investigado por la Fiscalía Penal de Femicidios y fue notificado al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Activistas remarcan que “nadie se suicida en una comisaría”.

Samuel Tobares, 34 años, golpeado hasta la muerte por policías en Córdoba

Samuel Tobares, de 34 años, murió el 23 de noviembre en Villa Parque Síquiman tras un operativo policial. Su familia fue informada horas después, sin detalles claros, de un “intercambio con efectivos” en el que habría sufrido una descompensación.

Testigos contactaron posteriormente a la familia y aseguraron que Samuel fue golpeado e insultado —incluidos agravios homoodiantes— por policías luego de bajar del colectivo al regresar de su trabajo. En el lugar hallaron su tarjeta de transporte, un cigarrillo y restos de su ropa.

La Fiscalía detuvo a dos agentes, imputados por homicidio preterintencional. La familia exige el cambio de carátula a homicidio agravado y convoca a marchas en pedido de justicia.

Treinti, 29 años, atropellada por un patrullero sin luces en La Tablada

Treinti, fotógrafa trans de 29 años, murió el 18 de noviembre en la Ruta 4, La Tablada, luego de ser embestida por un patrullero que circulaba sin luces, según testigos. Los policías la trasladaron al hospital y se retiraron luego de dejarla allí. La joven no sobrevivió a la cirugía.

Interviene la UFI Nº 2 de La Matanza, que imputó al conductor Martín Silva y al comisario Oscar Moyano. El Ministerio de Mujeres y Diversidad Sexual bonaerense acompaña la causa. Organizaciones LGBT reclaman celeridad en la investigación.

Un contexto de escalada de violencia policial

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ registró en el primer semestre de 2025 un aumento drástico de la violencia hacia personas LGBT y una mayor participación policial.

Activistas advierten que las fuerzas de seguridad actúan con mayor impunidad en un clima político que legitima discursos discriminatorios, lo que se replica especialmente en detenciones arbitrarias y abusos.

Según referentes como María Pía Ceballos y María Rachid, las prácticas violentas y los crímenes de odio están directamente influenciados por la hostilidad discursiva del Poder Ejecutivo y su efecto en las fuerzas locales.

Fuente: Agencia Presentes

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