Los requisitos de inscripción son: el formulario (que se brinda en el instituto), fotocopia de DNI, fotocopia de título secundario o constancia de título en trámite (mayores de 25 sin título consultar por examen nivelador), constancia de CUIL y un aporte voluntario para la Cooperadora.

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El encuentro contó con la participación de Carlos César Basañes, gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR); Lucas Magnano, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (CONINAGRO); Octavio Bermejo, asesor legal de CONINAGRO; Federico Ferrero, presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad Ltda. (CONAICE); y Verónica San Martín, contadora especialista en cooperativas y mutuales, entre otros.

Desde COOPERAR, Basañes planteó que el principal reclamo es que la normativa reconozca de manera clara a las cooperativas como empresas a los efectos del régimen PyME. “Nosotros necesitamos que la ley PyME sea muy clara en decir que las cooperativas son empresas. Eso tan sencillo es lo que necesitamos, a los efectos de que, cuando tengamos que tramitar el Certificado MiPyME, seamos tratadas como cualquier otro tipo de empresa”.

Según explicó, el problema se originó a partir de una interpretación de la Resolución 220/2019 por parte de áreas legales de la administración pública. “Se introdujo en la resolución 220/2019 que una empresa, si no tiene un fin de lucro, no es una empresa”, señaló.

Basañes ejemplificó la situación con una planta de acopio de granos: “si esa misma planta los dueños son los productores agropecuarios, que buscan un beneficio económico e invierten y asumen riesgos, bueno, esa misma planta no sería una empresa para la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa”.

El gerente de COOPERAR remarcó que las cooperativas podían tramitar el certificado de la misma manera que otras empresas hasta abril de 2025 y que, desde entonces, comenzaron a registrarse dificultades. “Nos dicen que solamente podemos sacarlo en la medida que muestren que son microempresarios asociados en una no empresa”, cuestionó.

Para Basañes, se trata fundamentalmente de un problema de interpretación normativa: “se origina con un conflicto, más que con los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, con las áreas legales, que están interpretando la norma de una forma un tanto arbitraria”.

CONINAGRO

Desde CONINAGRO, Lucas Magnano señaló que la participación buscó no solamente exponer las dificultades sino también acercar propuestas y la experiencia del sector productivo. “Queremos plantear todo lo que las cooperativas hacen al desarrollo de los pueblos del interior, por eso representamos a productores de todo el país, agregamos valor, generamos empleo, arraigo y desarrollo”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que “hablar de PyMEs en Argentina es hablar de producción, trabajo y desarrollo federal”. Por su parte, el asesor legal de CONINAGRO, Octavio Bermejo, puso el foco en una de las consecuencias concretas que tiene la imposibilidad de acceder al certificado: “sin eso las empresas no pueden acceder a avales de SGR”.

Bermejo vinculó esta situación con la coyuntura económica y señaló que excluir a las cooperativas de estas herramientas puede dificultar que la estabilización macroeconómica se traduzca en beneficios concretos para el sector productivo. “Privar a un sector activo de la economía del acceso al certificado PyME a los avales, es no permitir traducir esa estabilidad macroeconómica en beneficios o en desarrollo territorial y material concreto como es el que pueden dar las cooperativas”.

CONAICE

La problemática también fue expuesta desde el cooperativismo eléctrico y de servicios públicos. Federico Ferrero, presidente de CONAICE, recordó las gestiones realizadas desde la sanción de la resolución y señaló que el sector obtuvo en distintos ámbitos “prórrogas y fundamentos técnicos a nuestro favor”.

Sin embargo, advirtió que la situación actual es especialmente compleja para las cooperativas eléctricas y de servicios públicos. “Hoy la situación para el sector del cooperativismo eléctrico y de servicios públicos es crítica”.

Ferrero sostuvo que el acceso “es prácticamente nulo, imposible” y explicó que, a medida que los certificados fueron venciendo, las cooperativas tuvieron dificultades para renovarlos. Incluso, afirmó que “en algunos casos que fueron renovados se los revocaron”.

El presidente de CONAICE remarcó además la importancia del certificado para acceder a financiamiento: “me refiero a financiamiento accesible, razonable, blando, el primer requisito es este, sea banca pública o banca privada”.

IMPACTO IMPOSITIVO

Durante la reunión también se explicó que las consecuencias no se limitan al acceso al financiamiento. La contadora especialista en cooperativas y mutuales Verónica San Martín sostuvo que resulta “indispensable, fundamental y urgente que sea modificada esta situación para no seguir perjudicando a las cooperativas”.

Entre los efectos señaló la pérdida de determinados beneficios impositivos. “La cooperativa que perdió el certificado ya no puede diferir el IVA”, explicó, y agregó que algunas entidades se encontraron con la necesidad de afrontar dos posiciones de IVA en un contexto económico complejo.

También mencionó las diferencias vinculadas con las contribuciones patronales: “Es un beneficio para PyMEs que las cooperativas no están teniendo, lo que las ubica en una situación de desventaja”.

De esta manera, los representantes del cooperativismo plantearon ante la Comisión la necesidad de revisar el criterio aplicado para el acceso al Certificado PyME y evitar que una interpretación de la normativa termine dejando a las cooperativas fuera de herramientas destinadas al conjunto de las pequeñas y medianas empresas.

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La presentación oficial de la medida tiene una lógica difícil de discutir: si existen dólares depositados en los bancos, ¿por qué no utilizarlos para financiar inversiones, maquinaria, construcción o producción?

El Gobierno de Caputo apuesta justamente a eso. A partir de la nueva regulación, los bancos podrán ampliar los préstamos en dólares a empresas que hasta ahora tenían restricciones para acceder a ese financiamiento. El límite para los nuevos destinos será del 15% de los depósitos en dólares de cada entidad.

Pero detrás de ese porcentaje hay una discusión mucho más profunda.

El problema no es prestar dólares. El problema es quién puede devolverlos.

Una empresa exportadora que cobra sus ventas en dólares tiene, en principio, una cobertura natural frente a una deuda en esa moneda.

El escenario cambia cuando una compañía vende sus productos en pesos, paga salarios en pesos, tiene costos locales en pesos y, sin embargo, toma un préstamo en dólares.

Mientras el tipo de cambio permanezca relativamente estable, el crédito puede parecer barato y atractivo. Pero si el dólar pega un salto, que todo hace parecer que así lo hará (así lo expresaron el vocero presidencial y la directora del FMI, Kristalina Georgieva) la deuda medida en pesos puede aumentar abruptamente.

Ese es lo que se denomina en economía como riesgo cambiario.

Y no es una discusión teórica. La Argentina tiene antecedentes de empresas que quedaron atrapadas por deudas en moneda extranjera después de fuertes modificaciones del tipo de cambio. Precisamente por ese antecedente, durante años las normas fueron más restrictivas respecto del uso de depósitos en dólares para financiar a empresas que no generaban divisas.

El 15% no son “los dólares de todos”

Hay otro punto que merece ser explicado con claridad.

El anuncio no significa que los bancos puedan disponer libremente de todos los dólares depositados por sus clientes.

El límite se aplica a los nuevos destinos habilitados: hasta el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco. Además, el BCRA estableció mayores requerimientos de capital y límites de exposición para intentar contener el riesgo.

Es decir, el Gobierno busca que una parte de los dólares que hoy están dentro del sistema financiero pase a transformarse en crédito.

La pregunta es si ese movimiento generará realmente más inversión o si simplemente cambiará la composición del endeudamiento de las empresas.

El incentivo es evidente: endeudarse en dólares puede resultar más barato

Para muchas empresas, financiarse en pesos puede resultar costoso. El crédito en dólares aparece entonces como una alternativa tentadora.

Pero hay una trampa potencial: una tasa de interés baja no significa necesariamente un crédito barato.

Si una empresa toma un préstamo al 7% anual en dólares, pero durante el período del préstamo el peso se devalúa 30%, el costo efectivo de esa deuda para una empresa que factura en pesos puede ser muy superior al 7%.

Por eso, mirar solamente la tasa de interés puede ser insuficiente.

El verdadero análisis debería preguntarse: ¿En qué moneda genera sus ingresos la empresa? ¿En qué moneda tiene sus costos? ¿Qué ocurriría con su capacidad de pago si el dólar aumenta un 20%, 30% o 50%?

La propia regulación del BCRA contempla que las entidades deberán evaluar la capacidad de repago frente a distintos escenarios de variación del tipo de cambio.

Una apuesta que puede impulsar la economía… o aumentar la vulnerabilidad

La medida tiene un objetivo concreto: movilizar el ahorro en dólares y transformarlo en financiamiento para el sector privado.

En teoría, el mecanismo es sencillo: dólares depositados → préstamos → inversión → producción → empleo.

Pero existe otro camino posible: dólares depositados → deuda empresarial → devaluación → aumento de la deuda en pesos → dificultades de pago → desinversión → desempleo

Por eso, el éxito de la medida no debería medirse solamente por cuánto dinero prestan los bancos.

También habrá que observar qué empresas reciben esos créditos, para qué los utilizan y qué capacidad tienen para devolverlos.

El riesgo se traslada parcialmente al sector privado

La flexibilización puede ser una oportunidad para empresas que necesitan importar maquinaria, ampliar su capacidad productiva o financiar inversiones vinculadas a actividades que generan ingresos en dólares.

Pero para una empresa cuyos ingresos son exclusivamente en pesos, asumir una deuda en dólares implica aceptar una apuesta sobre el futuro del tipo de cambio.

Y esa apuesta no desaparece porque el banco haya aprobado el crédito.

El banco tiene mecanismos de protección, garantías y requisitos de capital. El BCRA también estableció mayores exigencias prudenciales. Pero la empresa que tomó la deuda sigue enfrentando el problema central: si sus ingresos no aumentan al mismo ritmo que el dólar, cada cuota puede volverse más pesada en términos reales.

La pregunta que queda abierta

La medida puede ser positiva si consigue transformar dólares inmovilizados en inversión productiva.

Pero también puede convertirse en un problema si el crédito barato en dólares termina incentivando a empresas sin cobertura cambiaria a asumir riesgos que hoy parecen manejables y mañana podrían no serlo.

La Argentina ya aprendió, en distintos momentos de su historia económica, que el problema no es solamente cuánto cuesta endeudarse, sino en qué moneda se genera el ingreso con el que se pagará esa deuda.

Por eso, el 15% anunciado por Caputo no debería analizarse solamente como una oportunidad para conseguir más crédito. También debería mirarse como una prueba para el sistema financiero y para las empresas.

Porque prestar más dólares puede generar más inversión. Pero si esos dólares se prestan a quienes cobran en pesos y el tipo de cambio vuelve a moverse con fuerza, la pregunta dejará de ser cuánto crédito generó la medida.

La pregunta será quién termina pagando el costo del riesgo cambiario.

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Durante el encuentro, la secretaria general de CALF, Yenny Orieth Fonfach Velásquez, remarcó que la cooperativa no se presentó para defender a una empresa extranjera, sino para plantear la defensa de su autonomía institucional: “No venimos a defender a una empresa China ni a criticar a una embajada, venimos a defender la autonomía de las cooperativas, porque se rigen a través de una Ley, con un marco institucional y legal de relación con nuestros asociados, vecinos y empresas”.

La dirigente recordó que la cooperativa tiene 92 años de trayectoria y que, además del servicio eléctrico, actualmente desarrolla infraestructura, tecnología y otros servicios. En ese marco, señaló que cuenta con un estatuto social y reglamentos específicos que establecen los mecanismos para sus iniciativas y procesos de compras y contrataciones.

“Vimos que hubo una intromisión a esta autonomía, y es por esto que llegamos a una instancia de decir qué es lo que está pasando, y por eso la nota a la Embajada”, sostuvo Fonfach Velásquez. Y agregó que CALF planteó la situación “con toda la diplomacia” para conocer si existe alguna cuestión específica que pueda ser considerada una intromisión y, en ese caso, evaluar cómo actuar.

La reunión en Diputados se produjo luego de que un gerente de la cooperativa recibiera comunicaciones de un representante de la Embajada de Estados Unidos vinculadas con la política de ese país respecto de Huawei y con eventuales consecuencias sobre las visas de integrantes de la conducción de CALF. La entidad informó posteriormente que había comunicado la situación a sus autoridades y presentado notas ante la Embajada y la Cancillería argentina.

 “VULNERÓ TODO EL PLEXO NORMATIVO”

El gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación de CALF, Sergio Fernández Novoa, relató ante la comisión cómo recibió el primer mensaje y señaló que el representante diplomático manifestó preocupación por la relación comercial con Huawei.

Según su relato, el mensaje hacía referencia también a la posibilidad de quitar las visas de los directivos de la cooperativa. “Lo reenvié al presidente de la cooperativa, y la conducción tuvo la valiente reacción de darlo a conocer”, afirmó.

Fernández Novoa sostuvo que la situación “vulnera todo el plexo normativo a nivel nacional e internacional” y que la respuesta de la cooperativa estuvo vinculada con la defensa de la soberanía y la autonomía institucional.

El gerente también explicó que CALF mantiene una política multiproveedor y que su infraestructura incorpora tecnología de empresas de distintos países. “Tenemos una relación comercial con Huawei como con múltiples empresas de Argentina, América Latina, Estados Unidos y Asia”, afirmó.

En su exposición, además, vinculó el debate con la soberanía de los datos y el desarrollo de infraestructura tecnológica en el país. “Hoy el mundo va hacia la IA y va a tener tanto que ver con el derrotero de la sociedad, por eso tener soberanía de datos va a tener que ver con el avance de los argentinos”, sostuvo.

UNA REUNIÓN CON LA EMBAJADA EN LA PREVIA

En este contexto, CALF aceptó la reunión solicitada por el embajador Lamelas, que se realizó este miércoles, encabezada por el presidente de la cooperativa, Marcelo Severini.

La entidad había reclamado previamente recibir información concreta sobre las objeciones planteadas y propuso que el encuentro se realice en sus propias instalaciones. La invitación contempla mostrar la infraestructura eléctrica que abastece a Neuquén capital, el despliegue de fibra óptica en distintos barrios y hacia la zona de Vaca Muerta, además de proyectos vinculados con energías renovables e infraestructura.

Desde CALF sostienen que conocer la infraestructura directamente permitiría comprender el funcionamiento de la cooperativa, sus mecanismos de decisión y las características de la red sobre la que se plantearon las objeciones.

En paralelo, Fonfach Velásquez confirmó ante la comisión que la entidad fue convocada para ampliar la cuestión: “Entendemos que son muchas las tecnologías que están siendo cuestionadas, y nos han convocado ayer a una reunión para mañana miércoles donde se va a poder ampliar esta cuestión”.

RESPALDO DEL COOPERATIVISMO ELÉCTRICO

La situación también generó un pronunciamiento de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (CONAICE), que manifestó su respaldo institucional a CALF y ratificó la autonomía del movimiento cooperativo.

La entidad, integrada por federaciones de cooperativas eléctricas y de servicios públicos de todo el país, sostuvo que estas organizaciones son “autónomas y democráticas” y que sus decisiones estratégicas, de contratación e inversión tecnológica se rigen por la legislación nacional y sus estatutos sociales.

CONAICE remarcó que las cooperativas priorizan “la calidad del servicio, la eficiencia técnica y el mejor costo para los usuarios, sin atender a disputas o presiones geopolíticas de gobiernos o empresas extranjeras”.

Asimismo, planteó que las relaciones entre instituciones, empresas y Estados deben canalizarse mediante el “respeto mutuo, el diálogo formal, la transparencia y los canales institucionales pertinentes”, y advirtió que las injerencias o comunicaciones informales dirigidas a integrantes de las entidades pueden vulnerar la seguridad jurídica y la autonomía de gestión del movimiento cooperativo.

La Confederación ponderó además la actuación del Consejo de Administración de CALF y reafirmó que el cooperativismo eléctrico continuará promoviendo el diálogo y la prestación de servicios esenciales, junto con “el libre ejercicio de la autonomía democrática de cada una de nuestras cooperativas asociadas”.

LA COMISIÓN EVALUARÁ NUEVAS ACCIONES

El presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, Aldo Leiva, señaló que la situación constituye un escenario complejo y explicó que la convocatoria buscó conocer directamente la experiencia de la cooperativa: “Lo que es de dominio público constituye una situación compleja y desde nuestro lugar no podemos permanecer ajenos, y por eso hemos convocado para que de la cooperativa puedan explayarse y tomar dimensión de lo que le ha tocado vivir”.

Durante la reunión también se planteó la posibilidad de realizar un nuevo encuentro informativo y convocar a representantes de la Embajada de Estados Unidos.

Además de las autoridades mencionadas, participaron por CALF el vicepresidente segundo, Carlos Quintriqueo, y la gerente de Finanzas y Energías Renovables, Florencia Quiroga Panelli. También estuvieron presentes representantes de CONAICE y COOPERAR.

El movimiento cooperativo eléctrico volvió a poner el foco en una cuestión que excede la elección de un proveedor tecnológico: la capacidad de las entidades democráticamente gestionadas para definir sus políticas de inversión, contratación y desarrollo dentro del marco de la legislación argentina y de acuerdo con las necesidades de sus asociados y comunidades.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará el próximo miércoles 19 su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNNE. La cita es a las 18:00, y la entrada es libre y gratuita.

La obra recorre la historia del pensamiento económico moderno haciendo foco en el surgimiento y los fundamentos de distintos sistemas teóricos, desde el marginalismo ortodoxo actual hasta el clásico, el marxista y el keynesiano, y es el resultado de numerosos cursos dictados por el autor.

Se espera que el mandatario bonaerense realice diversas actividades políticas y protocolares durante la jornada, en un contexto en el que la provincia padece índices de desocupación cercanos al 10% y más de la mitad de los trabajadores están sumergidos en la informalidad.

En presentaciones anteriores, Kicillof remarcó que “las teorías económicas que suelen enseñarse están ligadas a poderosos grupos dominantes: nos quieren convencer de que al país le conviene justo lo que a ellos los beneficia”. En ese sentido, el autor afirma que “otra economía es posible”.

Agenda política

Por la mañana, Kicillof participará de un plenario que realiza la CGT para la asunción de las nuevas autoridades el complejo deportivo y recreativo «Roque Schulz» en avenida Mac Lean, 2750, en la ciudad de Resistencia. El encuentro estará organizado por los delegados regionales de la CGT y participarán el secretario del Interior de la CGT Nacional, Héctor Daer, y el ex gobernador, Jorge Capitanich, entre otros referentes. 

Fuente: El destape/ Noticias del Paraná

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El costo de vida de los sectores de menores ingresos volvió a registrar una presión al alza durante el séptimo mes del año. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 2,2% en julio, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) escaló un 2,6%.

Con estas variaciones, un hogar conformado por dos adultos y dos niños en edad escolar necesitó un ingreso mínimo de $1.564.716 para evitar la pobreza y de $708.016 para no ingresar en la indigencia.

Ambas canastas mostraron un ritmo de incremento superior a la tasa de inflación general del mes de julio, que se fijó en el 2,1%.

Alimentos por encima del promedio y costo por adulto

La evolución de los alimentos básicos mostró una señal de alerta para el Ministerio de Economía: la suba del 2,6% en la Canasta Alimentaria representó el incremento mensual más elevado de los últimos cinco meses, empujada por la dinámica de productos esenciales de la mesa familiar.

El reporte del organismo de estadística detalló además los valores individuales mínimos para cada estrato:

• Línea de indigencia por adulto equvalente: Se ubicó en $229.131, monto que determina la cobertura nutricional indispensable para la subsistencia.
• Línea de pobreza por adulto equivalente: Alcanzó los $506.381, cifra que contempla alimentos más un conjunto de servicios y bienes no alimentarios básicos (vestimenta, transporte, educación y salud).

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Si bien el índice mensual del NEA —que comprende a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones— se situó ligeramente por debajo del promedio general del país (2,1%), los indicadores acumulados consolidan a la región como la de mayor impacto inflacionario en todo el territorio nacional:

• Acumulado 2026: El NEA alcanza un 22,3% en los primeros siete meses del año, frente al 19,3% del promedio nacional (+3 puntos por encima).
• Variación interanual: La suba respecto al mismo mes del año anterior se fijó en el 36,9%, superando la media del país del 33,8%.

Rubro por rubro

El desglose provincial del INDEC reflejó fuertes subas en los rubros vinculados a la educación y los servicios del hogar, mientras que la indumentaria se mantuvo sin variaciones.

Los rubros que más subieron

• Educación: 7,5% (Encabezó las subas del mes en la región).
• Recreación y cultura: 4,0% (Sujeto al impacto del receso de invierno).
• Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,9% (Ajustes de tarifas y alquileres).
• Salud: 2,7%
• Comunicación: 2,3%
• Restaurantes y hoteles: 2,0%

Los rubros por debajo del promedio regional

• Bienes y servicios varios: 1,9%
• Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,5% (Efecto moderador de la canasta básica regional).
• Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%
• Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,3%
• Transporte: 1,3%
• Prendas de vestir y calzado: 0,0% (Sin cambios con relación a junio).

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Como parte de la estrategia digital que viene desarrollando Nuevo Banco del Chaco, este rediseño está enfocado en los clientes y en su experiencia en la navegación. Así, entre las principales características de la nueva web se destacan una navegación más amigable, una renovación estética integral, accesos más simples a las promociones y una mejor adaptación a los hábitos de uso de los clientes a la hora de buscar beneficios y promociones con la tarjeta chaqueña.

La nueva plataforma de NBCH está disponible en la dirección promociones.nbch.com.ar y permite encontrar en un solo lugar las promociones vigentes, conocer las condiciones y fechas de vigencia, consultar los comercios adheridos y ubicarlos en un mapa interactivo, así como buscar los beneficios según las necesidades de cada cliente.

Una de las novedades del sitio web es la incorporación de nuevas herramientas de búsqueda y filtros que permiten a los clientes explorar las promociones por categorías, ubicación y tipo de beneficio como descuentos y planes de financiación.

Los comercios adheridos se pueden consultar con distintas opciones de visualización como lista o mapa interactivo para facilitar la búsqueda de alternativas disponibles en cada localidad de la provincia.

La página principal cuenta con las promociones destacadas y un acceso rápido a las distintas categorías como Tecnología y Hogar, Indumentaria y Deportes, Farmacias y Perfumerías, Librerías y Jugueterías, Gastronomía, entre otros.

Buscar, elegir y disfrutar

La nueva experiencia está pensada para simplificar el acceso a los beneficios: buscar las promociones disponibles, elegir la alternativa más conveniente para cada persona con la opción de consultar fechas, rubros y comercios adheridos, y disfrutar de descuentos, cuotas y reintegros pagando con Tarjeta Tuya.

Con esta renovación, Nuevo Banco del Chaco suma una herramienta digital más simple y accesible para que sus clientes puedan conocer y aprovechar las promociones disponibles en comercios de toda la provincia.

Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso con la innovación y con una experiencia digital centrada en las necesidades reales de sus clientes.

Beneficios para el fin de semana

La promoción Día de las Infancias Tarjeta Tuya ofrece 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope de reintegro y 6 cuotas sin interés en comercios de toda la provincia.

La promoción está disponible en jugueterías, indumentaria, regalerías, librerías y papelerías, marroquinerías, zapaterías, ópticas, bicicleterías y electro, y está habilitada para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Pyme, Tuya Joven, Tuya Activa y Tuya Pyme Rural.

Otra opción para los clientes que quieran celebrar en una salida el fin de semana cuentan con beneficios en bares y restó con Tuya y NBCH24 Online Banking.

Los pagos con QR desde NBCH24 Online Banking en las terminales de Unicobros de bares y restó tienen 20% de reintegro, con un tope de $5.000 por cliente durante la vigencia de la promoción.

También está disponible la opción de pagar con Tarjeta Tuya en 3 cuotas sin interés en los comercios de gastronomía.
Seguridad y canales oficiales

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de NBCH Atiende en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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El salario ocupa un lugar cada vez más importante en las decisiones económicas de los hogares argentinos. Cuando el costo de vida aumenta, no alcanza con saber cuánto subió una remuneración, también importa qué parte de ese ingreso queda disponible después de pagar los gastos habituales y cuánto permite comprar frente a los precios actuales. Esa relación entre ingresos y gastos se convirtió en una de las principales preocupaciones para quienes deben ajustar mes a mes su presupuesto.

Durante 2026, la evolución de los salarios muestra que la desaceleración de la inflación no se tradujo automáticamente en una mejora de las condiciones de los trabajadores. Si bien las remuneraciones continúan creciendo en términos nominales, varios sectores todavía registran aumentos inferiores a la inflación y arrastran parte del retroceso acumulado durante los últimos años.

Los recientes datos oficiales del INDEC permiten observar qué ocurrió en los primeros meses de 2026. En mayo, los precios aumentaron 2,1% respecto de abril. Durante el mismo período, los salarios privados registrados subieron 2,0% y los ingresos de los empleados públicos nacionales avanzaron 1,9%. Entre los trabajadores públicos provinciales, el incremento fue de 1,4%.

Sin embargo, el panorama se vuelve más claro cuando se deja de mirar un solo mes y se analiza el último año. Entre mayo de 2025 y 2026, el salario real del sector privado registrado cayó 2,9%. Entre los empleados públicos nacionales, el retroceso interanual llegó al 7,3%, mientras que entre los provinciales fue de 3,2%.

La diferencia resulta todavía más significativa si se toma noviembre de 2023 como punto de partida. Desde entonces, el salario real de los empleados públicos nacionales se encuentra 36,5% por debajo de aquel nivel. En el caso de los trabajadores públicos provinciales, la caída alcanza 9,8% y entre los privados registrados llega al 3,6%.

LA BRECHA SE AGRANDA

Un análisis elaborado por Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), utiliza los datos del Índice de Salarios del INDEC y toma 2017 como referencia para observar la evolución del poder adquisitivo hasta febrero de 2026.

El resultado marca una diferencia importante entre trabajadores privados y públicos. Para un trabajador privado formal, el retroceso acumulado equivalió a 16,2 salarios mensuales tomando como referencia el nivel de ingresos de 2017. En el caso del empleado público promedio, la cifra llegó a 21,8 salarios.

Estas cifras no significan que los trabajadores hayan dejado de cobrar esa cantidad de sueldos. El cálculo expresa cuánto ingreso, medido en términos del poder de compra que tenía en 2017, se fue resignando de manera acumulada durante los 98 meses analizados. Así, los 16,2 salarios equivalen a aproximadamente un año y cuatro meses de ingresos, mientras que los 21,8 salarios representan casi dos años.

Asimismo, la dimensión del retroceso permite entender que el impacto no fue uniforme. Los empleados públicos, y particularmente los nacionales, enfrentaron una caída más pronunciada del poder adquisitivo durante los últimos años, en un período que, además, estuvo acompañado por una reducción significativa de la estructura estatal.

RECORTE DE EMPLEO FORMAL

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, hasta junio de 2026, la cantidad de trabajadores públicos nacionales se redujo en 71.661 puestos, un 21% respecto del inicio de la gestión. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la dotación pasó de 343.357 trabajadores a 271.696 en ese período.

El recorte alcanzó a distintos sectores de la administración pública, aunque con diferente intensidad. La mayor reducción en términos absolutos se produjo en los organismos descentralizados, que registraron 25.382 trabajadores menos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado, con una disminución de 22.765 puestos. La administración centralizada, por su parte, perdió 17.974 empleados, en tanto que la administración desconcentrada y otros entes también registraron bajas.

De esta manera, la evolución de los salarios se inscribe dentro de una transformación más amplia del sector público. A la reducción de la cantidad de trabajadores se suma el retroceso de los ingresos reales de quienes permanecieron en la administración. El informe del CEPA vincula la disminución de la dotación con la política de reducción del gasto impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

El efecto de este escenario alcanza, a su vez, a los hogares. Y es que cuando una parte cada vez mayor del ingreso debe destinarse al consumo básico, disminuye el margen disponible para enfrentar imprevistos, realizar compras importantes o sostener compromisos financieros. En este contexto, el acceso a alternativas de financiamiento puede convertirse en una herramienta para afrontar gastos extraordinarios cuando el salario no alcanza a cubrirlos por completo.

LAS PROVINCIAS

Es importante destacar que el panorama cambia según el lugar donde vive y trabaja cada persona.  Un análisis de Fundación Mediterránea muestra que algunas jurisdicciones tienen una fuerte presencia del Estado como empleador y que otras dependen en mayor medida del sector privado formal. Esa diferencia importa porque una caída sostenida de los ingresos reales de los empleados públicos puede tener efectos distintos sobre el consumo y la actividad económica local según el peso que tenga ese grupo en cada territorio.

El mercado laboral privado, por su parte, atravesó modificaciones durante el último año. Según el mismo análisis, cerca de 100.000 trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras que crecieron modalidades como el monotributo, que incorporó más de 90.000 registros, y el trabajo no registrado. Estos cambios no solo modifican la composición del mercado laboral, sino que pueden alterar la estabilidad y la previsibilidad de los ingresos con los que cuentan los hogares.

EL SUELDO LLEGA AL 20

Es en este punto donde la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una estadística y empieza a reflejarse en la vida cotidiana. Un relevamiento de la consultora Zentrix encontró que 61% de los argentinos encuestados afirma que su dinero alcanza como máximo hasta el día 20 del mes. El dato no implica necesariamente que esos hogares se queden sin ingresos, sino que el costo de los gastos habituales consume el sueldo antes de que termine el mes.

El mismo estudio señala que otro 24,3% consigue llegar hasta fin de mes, pero sin margen para ahorrar. Apenas 13% afirma que puede cubrir sus gastos y, además, guardar parte de sus ingresos. A esto se suma que 86,1% considera que su salario no le gana a la inflación, una percepción que evidencia la presión que sienten los hogares sobre su presupuesto.

Los resultados de Delfos permiten observar el problema desde otra perspectiva. En abril de 2026, 52% de los argentinos aseguró que no llega a fin de mes, el nivel más alto de la serie relevada por la consultora. Otro 31% dijo que llega “con lo justo”, por lo que 83% de los encuestados atraviesa algún grado de tensión económica. Solo 17% consigue cubrir sus gastos y ahorrar.

Aunque se trata de relevamientos diferentes y sus resultados no son directamente comparables, ambos apuntan a un mismo problema: una parte importante de los hogares tiene poco margen después de afrontar sus gastos.

La presión sobre los ingresos también aparece en las decisiones laborales. Según Delfos, 43% de los argentinos está buscando trabajo, pero el dato central es que buena parte de ese grupo ya tiene una ocupación y busca sumar otra fuente de ingresos porque su remuneración actual no alcanza. En otras palabras, la búsqueda de empleo adicional no responde necesariamente a la falta de trabajo, sino a la necesidad de complementar el ingreso.

Los números demuestran así una realidad que va más allá de la evolución mensual de los salarios. Cuando los ingresos crecen por debajo de los precios, el ajuste termina trasladándose al presupuesto familiar: se reduce el ahorro, se postergan compras y aumenta la necesidad de buscar ingresos adicionales. En 2026, el desafío para los trabajadores no es solamente conseguir aumentos, sino recuperar un nivel de ingresos que vuelva a dar margen para llegar a fin de mes. (Fuente: Gentileza Katiuska Serrano de Pórtico 8)

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Desde Sameep explicaron que se trata de trabajos estratégicos de optimización en la Estación de Bombeo N.º 7 de Presidencia Roque Sáenz Peña, vinculados al funcionamiento del Segundo Acueducto para el Interior del Chaco.

Para ejecutar estas tareas será necesaria una interrupción temporal del bombeo hacia el interior de la provincia. La intervención permitirá avanzar en una mejora definitiva de la infraestructura, mediante el reemplazo de la conexión provisoria existente de PEAD de 700 milímetros por la vinculación definitiva de la cisterna con la cañería troncal de PRFV de 900 milímetros.

Esta obra permitirá eliminar una restricción existente en el sistema y mejorar las condiciones hidráulicas y operativas del acueducto, favoreciendo una conducción más eficiente del caudal.

MEJOR ABASTECIMIENTO PARA DIEZ LOCALIDADES

Una vez concretada la vinculación definitiva, se generarán mejores condiciones de abastecimiento para las localidades de Avia Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo y Hermoso Campo.

Desde Sameep también remarcaron que, una vez finalizados los trabajos, se retomará el bombeo hacia el interior provincial. La recuperación del servicio será progresiva, ya que estará sujeta a los tiempos necesarios para la presurización y posterior estabilización de todo el sistema.
Esta intervención forma parte de las acciones destinadas a optimizar la infraestructura existente y garantizar mejores condiciones de funcionamiento y abastecimiento del Segundo Acueducto para el Interior del Chaco.

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