De acuerdo al informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), únicamente el 11% de las víctimas se presentaron ante la Justicia para denunciar los hechos, mientras que el 75% de ellas tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% botón antipánico.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, hubo 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones/niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.

Además, 132 niños y adolescentes se quedaron sin madres, al tiempo que Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4) son las provincias con tasas más altas de feminicidios en el país.

Las armas de fuego fueron las más utilizadas para matar (32%), seguidas por las armas blancas (24%) y otras modalidades como asfixia (13 %) y golpes (11 %).

La edad promedio de las víctimas es de 39 años; 16 eran niñas y adolescentes y 17 eran adultas mayores, a la vez que el femicida tiene 41 años.

Mumalá criticó la falta de prevención y políticas para abordar esta problemática social, por lo que exigió «a nivel nacional la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo».

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En el marco de los 11 años de ese primer #NiUnaMenos la Casa del Encuentro publicó un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente, ya que, durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

El 3 de junio de 2015, se gestó el primer #NiUnaMenos, una jornada de visibilización y denuncia, pero también de respuesta colectiva, a los femicidios y violencias hacia las mujeres y ese día se impulsó una movilización histórica, que hoy se ha convertido en un día de concientización y compromiso por una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

En el marco de los 11 años de ese primer #NiUnaMenos la Casa del Encuentro publicó un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente, ya que, durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género:
-3.073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas
-78 transfemicidios
-4 lesbicidios
-269 femicidios vinculados de varones adultos y niños

Gracias al trabajo de la Casa del Encuentro, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y Fundación Instituto Natura, se pudo conocer más sobre esta problemática crítica, pensando líneas de acción y articulaciones necesarias para erradicar la violencia de género.
Los femicidios ocurren en distintos contextos y expresan múltiples formas de violencia
En muchos casos, los hechos suceden en espacios íntimos y cotidianos, lo que refleja cómo la violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos y ámbitos que muchas veces se presentan en el imaginario como seguros: 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en viviendas compartidas, y 45 en los lugares de trabajo de la víctima.

También el informe revela que detrás de cada caso existe una historia atravesada por violencias previas -436 víctimas habían realizado denuncias, y 188 femicidas tenían dictada medida cautelar de protección- desigualdades estructurales y redes afectivas profundamente afectadas.

La problemática no solo impacta en las víctimas directas, sino también en familias, amistades, comunidades y niñeces que quedan marcadas por estas ausencias: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, 3.840 hijos e hijas fueron víctimas colaterales de estos crímenes.

“Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad. Muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza. Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar, y construir redes de contención que les recuerden que no están solas”, afirmó Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Asimismo, añadió: “Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo. Que cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento, y la certeza que hay quienes caminarán a su lado. Porque acompañar también es una forma de transformar realidades”.

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De acuerdo con los datos brindados por el Observatorio “Luisa Bautista”, en lo que va del año 2026 se han registrado formalmente tres femidios en el territorio provincial, visibilizando la urgencia de desarticular las violencias antes de que resulten en desenlaces fatales.

El 11 de marzo en Quitilipi fueron asesinadas Marcela Frías (37 años) y su hija Diana Gómez (17 años). Por el doble femicidio se encuentra detenido David Ojeda, ex pareja de Marcela. La mujer tenía otros tres hijos que quedaron a cargo de familiares.
El 5 de mayo en Puerto Vilelas, el policía Luciano Etudie mató a Graciela López (33 años). El hombre la secuestró junto al hijo en común que tenían. La policía logró rescatar al niño, pero en pleno operativo, Etudie mató a Graciela. Tres menores de edad quedaron a cargo de su abuela.

BAJA EFECTIVIDAD JUDICIAL

Las principales trabas que encuentran las víctimas de violencia de género están en la Justicia. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Ministerio Público del Chaco posee apenas un 17% de efectividad en causas de violencia de género. Esto significa que de la totalidad de las denuncias radicadas, solo ese bajo porcentaje obtiene algún tipo de respuesta institucional. Esta falta de resolución efectiva golpea con mayor fuerza a las víctimas que atraviesan los procesos en situación de soledad.

Como consecuencia de este mal desempeño de la Justicia ocurren situaciones como retraso en las medidas preventivas y de detención, el cierre prematuro de causas mediante acuerdos extrajudiciales que no fomentan el acceso a justicia de las víctimas. Por otra parte, aquellas causas que consiguen avanzar deben enfrentar dilaciones extremas, pasando varios años antes de que se concrete un juicio y posterior condena.

En ese sentido, lo que se evidencia, más allá de las capacitaciones en materia de géneros y derechos humanos para los trabajadores judiciales, es una falta de empatía sistemática hacia las personas víctimas de violencias por razones de género.

EL ROL DEL ESTADO

Desde la llegada de Javier Milei al Estado nacional, las políticas de prevención de las violencias se desfinanciaron, eliminaron, redujeron a cenizas. No existe apoyo estatal a las victimas. En Chaco, las políticas de protección de las mujeres han disminuido notablemente.

Si bien, se sostiene una asistencia transversal y continúa operando programas económicos para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, mantiene activos espacios de contención y capacitación, los dispositivos no alcanzan.

La asistencia directa ante emergencias se centraliza de forma gratuita, anónima y durante las 24 horas a través de la Línea 137, complementándose localmente con la guardia de la Subsecretaría de Género y Diversidad ubicada en Monteagudo 484 (Resistencia) y la actuación de las comisarías de la mujer mediante protocolos específicos.

No obstante, la continuidad de estas herramientas convive con una notable pérdida de jerarquía institucional. Desde finales de 2023, bajo la gestión del gobernador Leandro Zdero, el área sufrió una fuerte reestructuración en la que la antigua Secretaría de Derechos Humanos y Géneros —que poseía rango ministerial— fue degradada a Subsecretaría, reduciendo significativamente su presupuesto e influencia política. Esta baja presupuestaria repercutió directamente en las condiciones laborales del sector, registrándose el despido de trabajadoras de la Línea 137 y de las guardias de emergencia, mientras que el personal que permanece sufre situaciones de precarización laboral y explotación, debiendo atender el doble de casos en horarios de alta complejidad.

Fuente: EsChaco

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Esto significa que, en promedio, hay una víctima fatal por violencia de género cada 33 horas y los datos se desprenden del Informe Anual de Femicidios, Lesbicidios y Trans-travesticidios del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, elaborados a partir de un relevamiento de medios digitales nacionales y provinciales, según el informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Además, el informe es una herramienta que visibiliza y denuncia la violencia de género y sus consecuencias en la sociedad, por lo cual también aporta estadísticas sobre los “femicidios vinculados”, es decir, personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida para castigarla o destruirla psíquicamente y quienes fueron asesinadas/os al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapadas/os “en la línea de fuego” y sobre los hijos, víctimas colaterales de estos crímenes: en 2025, 260 hijos quedaron sin madre.

“Realizar los informes de femicidios implica mucho más que elaborar una estadística. Es asumir la responsabilidad de nombrarlas, de recordar que no son números ni cifras. Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará, sueños que no llegaron a cumplirse, abrazos que ya no estarán. Cada informe es memoria. Es visibilización. Es denuncia. Pero también es compromiso”, afirmó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Además, destacó: “A 18 años de nuestro primer informe de femicidios, desde La Casa del Encuentro continuamos trabajando para fortalecer la prevención, exigir políticas públicas eficaces y garantizar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia. Porque cada vida importa, cada ausencia nos duele y porque nuestra lucha es por una sociedad más igualitaria para todas las personas”.

El Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon (2025) reveló que el 30% de las personas todavía cree que lo que pasa en la pareja, queda en la pareja, manteniendo la violencia encerrada entre cuatro paredes. Sin embargo, en la privacidad del hogar es donde se perpetúan la mayoría de los femicidios: más del 58% de las mujeres fueron asesinadas en una vivienda propia o compartida. Además, el 83,5% de las víctimas tenían algún tipo de vínculo con el femicida y más del 50% eran sus parejas o ex parejas.

“Tenemos en nuestras manos una herramienta colectiva que nos permite ver, nombrar y comprender una realidad. Sostener datos en el tiempo es actuar. Hoy sabemos que solo el 27% de la población alcanza niveles altos de conciencia sobre la violencia de género, y que casi cinco de cada diez personas tienen poca o ninguna información sobre cómo acompañar a quien la atraviesa»,  afirmó Florencia Mezzadra, gerenta de la fundación.

En tanto, añadió: «Por eso, además de fortalecer las respuestas institucionales, tenemos que fortalecer la trama humana que sostiene, escucha y acompaña, amplificando este conocimiento experto y trabajando en red”.

Fuente: Noticias Argentinas.

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El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado por su propio hijo adolescente. Desde el gremio advirtieron que este hecho dejará consecuencias emocionales irreparables y destacaron la situación de desprotección en la que quedan las infancias tras estos crímenes.

Para la organización gremial, este nuevo femicidio evidencia el «fracaso de las políticas públicas» de prevención y protección. En su comunicado, denunciaron diversos factores que contribuyen a esta crisis:

• Falta de recursos: Señalan una escasa asignación de presupuesto y la insuficiencia de dispositivos de acompañamiento en el territorio.
• Responsabilidad estatal: El gremio sostiene que el Estado incumple con el deber de «debida diligencia reforzada», configurando una responsabilidad por omisión ante la violencia de género.
• Ausencia de respuestas: Critican que las cifras de violencia se repiten o incrementan anualmente sin que existan respuestas urgentes de los organismos competentes.

«La prevención no puede limitarse a discursos ni a acciones aisladas: se requieren políticas integrales, sostenidas y con perspectiva de género».

Exigencias de la Secretaría de la Mujer

Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de la Mujer de UPCP exigió medidas inmediatas a las autoridades provinciales:

1. Implementación urgente de políticas públicas efectivas de prevención.
2. Fortalecimiento real de los dispositivos de atención para mujeres en situación de violencia.
3. Asistencia integral e inmediata para los hijos e hijas de las víctimas que quedan en situación de orfandad.

Finalmente, el gremio acompañó en el dolor a los familiares de Erika Cecilia Fernández y reafirmó su compromiso de seguir visibilizando la problemática bajo la consigna de que no se puede tolerar ni una muerte más.

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El mapa de la violencia en Chaco durante este año ha sido devastador. La seguidilla de crímenes comenzó el 1 de febrero en Taco Pozo con los asesinatos de Mónica Mendoza y Mirian Gimenez. Semanas después, el 21 de febrero, el horror se trasladó a Resistencia y Sáenz Peña con las muertes de Pamela Romero y Carolina Ríos.

La lista de víctimas continúa con Sol Selena Gómez Montiel (21 de marzo, Fontana), Leonela González y Norma Robledo (28 de junio, Sáenz Peña y Paraje Itín), Érica Romero (28 de julio) y Gabriela Barrios, cuyo crimen ocurrió el 13 de octubre. En casi la totalidad de estos episodios, los victimarios pertenecen al círculo íntimo de las mujeres: parejas, exparejas o conocidos.

Inconsistencias en las cifras oficiales

El 16 de diciembre, la Subsecretaría de Género de la provincia emitió un informe comparativo que generó más dudas que certezas. Según el documento, los femicidios en la provincia fueron 22 en 2023, diez en 2024 y diez en el presente año.

Sin embargo, estos datos han sido cuestionados por dos razones fundamentales. Por un lado, un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que en 2023 se registraron 13 víctimas en Chaco, y no 22 como afirma la provincia, lo que evidencia una preocupante falta de rigor estadístico. Por otro, el reporte oficial omite los nombres de las víctimas y no ofrece detalles sobre las políticas de prevención implementadas.

El impacto del ajuste

La situación se agrava en un contexto de fuerte recorte presupuestario y despidos en las áreas de protección y asistencia. Organizaciones civiles advierten que el vaciamiento de estos espacios deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad sin el acompañamiento necesario para salir del círculo de violencia.

Actualmente, la Justicia continúa recolectando testimonios de vecinos y allegados de la última víctima para reconstruir sus horas finales y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, el pedido de la sociedad es uno solo: que las víctimas dejen de ser simples números en informes oficiales incompletos.

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El crimen ocurrió en el barrio Villa Río Negro, en Resistencia. La mujer fue identificada como Erica Cecilia Fernández, de 43 años, portera de la Escuela Primaria Nº 835. La fiscalía en turno dispuso que su cuerpo sea trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (Imcif), para realizar la autopsia correspondiente y determinar su causa fehaciente de deceso, aunque ya existen varias sospechas de un presunto femicidio.

Con la confirmación del femicidio de Erika Cecilia Fernández, Chaco llegaría a diez femicidios en lo que va de 2025.

El comunicado de la Subsecretaría de Géneros

La misma semana, la Susbecretaría de Género y Diversidad publicó en redes sociales que en Chaco “hay menos femicidios”.

“Desde el inicio de esta gestión, en la provincia se registra una disminución sostenida en los femicidios, alcanzando en 2025 el nivel más bajo desde 2023. Los datos reflejan un trabajo constante y articulado en prevención, acompañamiento y fortalecimiento de políticas públicas, con el compromiso de seguir construyendo un Estado presente frente a la violencia por motivos de género”, aseguraron desde la entidad provincial.

Fuente: Chao Día por Día

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Un relevamiento realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el Proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el gobierno de Javier Milei encontró que se dejó de usar la etiqueta que identifica los fondos dedicados a los programas para los derechos de las mujeres, y que sólo se incluye una partida identificada como “Protección de Víctimas de Violencia”, desdibujando la especificidad de género, sin dejar en claro qué contempla y con un recorte total del 89 por ciento frente a 2023. “Esta opacidad vuelve imposible monitorear la información”, advierten las organizaciones.

En 2023, más de 100 mil personas fueron beneficiarias del Programa Acompañar, en 2024, solamente 3572 y en 2025, ni una sola. Se trataba de un acompañamiento psico-social y económico, equivalente al salario mínimo, vital y móvil durante un plazo de 6 meses (que Milei redujo a 3 meses) dirigido a mujeres y LGBTQ+ que estén atravesando violencia de género de alto riesgo. El informe de ELA y ACIJ destaca que su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo del Programa fue dado de baja.

La Línea 144, uno de los dispositivos de atención, contención y asesoramiento frente a violencia de género más conocidos e históricamente usado por la población, cada vez se usa menos: entre el 3º trimestre de 2024 y el 3º trimestre de 2025 las comunicaciones cayeron un 29,6 por ciento a nivel nacional y las intervenciones, un 48,7 por ciento. La dotación de trabajadoras pasó de 138 a 79, una reducción del 41,7 por ciento.

“A pesar de estos recortes, y gracias al esfuerzo de sus trabajadoras, la línea 144 continúa en funcionamiento y es vital para muchas mujeres y LGBTQ+”,señaló a Página 12 la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. “En particular, es importante recordar que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires tienen equipos y recursos humanos propios, lo que contribuye a sostener la atención con los estándares de calidad y especialidad adecuados”, agregó.

Lo más llamativo es que la meta de cobertura proyectada para la Línea 144 a nivel nacional baja de 180.000 mujeres (2023) a 60.000 (2026), un tercio, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2026. Es decir, se proponen lisa y llanamente responder a menos personas que lo requieran.

También tuvo recortes significativos el Régimen de Reparación Económica Para las Niñas, Niños y Adolescentes (Rennya), hijas e hijos de víctimas: en 2023 se registraron 270 dictámenes favorables. Para 2024 y 2025 solo se cuenta con información al 1er semestre de cada año, con 67 y 57 dictámenes favorables respectivamente, una caída de 14,9 por ciento entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos oficiales.

“El Estado nacional no solo recorta los recursos económicos destinados a atender las violencias, sino que además se retira como ente rector de las políticas públicas que son fundamentales para establecer un piso mínimo en las provincias”, advirtió Gherardi. Este retroceso se da en paralelo con iniciativas legislativas y discursos públicos que refuerzan estigmas históricos sobre las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, que descreen de su palabra y que promueve la idea de que si no hay prueba, entonces mintió. En esa línea, se han planteado propuestas para agravar las penas para los delitos de denuncias falsas y falso testimonio –sólo para casos vinculados con violencia de género, no para situaciones de fraude a los seguros por ejemplo, que son mucho más frecuentes–. “Todo esto, de la mano del desmantelamiento de políticas públicas de acompañamiento, sostén y patrocinio jurídico. Las mujeres entonces quedaron libradas a su suerte. Y es claro que cada vez van a denunciar menos porque sin acompañamiento emocional y jurídico, con pocos recursos económicos y sin programas sociales de apoyo, es complejo sostener denuncias. Sería un error concluir que como han bajado las denuncias, hay menos casos”, alertó Gherardi.

“Perder la articulación federal es un retroceso enorme. En las provincias, el compromiso, la institucionalidad y el apoyo político y financiero en esta temática es dispar, sobre todo en un contexto de restricción fiscal que impacta en muchos otros sectores: se les ha transferido a las provincias toda la responsabilidad sin los recursos”, explicó la experta.

Cifras vergonzosas de femicidios

Las estadísticas muestran que Argentina sigue teniendo cifras vergonzosas de femicidios. La vivienda sigue siendo el lugar más inseguro: ahí se produce la mayoría de los asesinatos de mujeres. Desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2025, el Observatorio de Femicidios que dirige la Casa del Encuentro registró 191 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 1 lesbicidio, 2 transfemicidios y 16 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Entre los datos más relevantes figura que 190 hijas/hijos quedaron sin madre, el 52 por ciento son menores de edad;

De acuerdo las estadísticas del Observatorio de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en 2022 hubo 0,96 víctimas directas de femicidio cada 100 mujeres; en 2023, se registra un aumento y se llega a una tasa de 1,05 cada 100 mil; y en 2024, efectivamente hay leve descenso a 0,95 cada 100 mil. En la mayoría de los casos, el femicida es la pareja o expareja de la víctima, un dato que se mantiene históricamente desde que hay registros oficiales.

“Si los femicidios bajan es probable que sea por los dispositivos en las provincias que se mantienen. Se deberían restablecer y ampliar los programas que garantizan la autonomía económica a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, con apoyo de los municipios y las provincias”, consideró Gherardi. La provincia de Buenos Aires acaba de crear por decreto 2640/2025 del gobernador el Programa de Fortalecimiento para la salida de las violencias de género, que reemplazará al Acompañar en ese territorio.

En 2022 el 59 por ciento de los femicidios en Argentina fue cometido por una pareja o expareja; en 2023 fueron el 64 por ciento; y en 2024 fueron el 54 por ciento. Esto quiere decir que de las 228 víctimas directas de femicidio en 2024, 114 fueron asesinadas por una pareja o expareja. España tiene aproximadamente la misma población que Argentina, y las mujeres asesinadas por una pareja actual o anterior en 2023 fueron 58 (el año anterior habían sido 50). Es decir, la mitad que en el país.

Sin embargo, la inversión en políticas públicas para enfrentar esta problemática tan grave viene en picada desde que asumió Milei: en 2024, cayó un 62 por ciento en términos reales respecto del año anterior, con reducciones drásticas en el Programa Acompañar –donde se había ya registrado recortes de más del 80 por ciento–.

“En los últimos tres años se redujo en términos reales en un 87 por ciento en el mejor de los casos el presupuesto para enfrentar la violencia de género”, advirtió Gherardi.

La directora ejecutiva de ELA indicó que el retroceso no es solo institucional sino también simbólico y social: “Crecen los discursos de odio y la idea de que hay una avalancha de falsas denuncias que legitiman la impunidad y erosionan la confianza que las mujeres, como toda la ciudadanía, necesitan tener en el sistema judicial”.

En tiempos de crisis y restricciones presupuestarias la prevención y atención temprana de los hechos de violencia permite un uso más eficiente de los recursos del Estado. La investigación de ELA “Invertir en prevención de la violencia doméstica: ¿opción o necesidad?” demostró que al Estado le cuesta hasta 22 veces más intervenir en los casos de violencia donde la mujer se encuentra en riesgo alto o altísimo frente a los costos de intervenir en situaciones de bajo riesgo.

Fuente: Página 12

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Los asesinatos de mujeres y niñas en manos de exparejas, hombres patológicos y criminales de alto riesgo no dejaron de hacerse eco en las últimas semanas en los medios. El triple femicidio narco de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, en Florencio Varela; los asesinatos cometidos en Córdoba por el uruguayo Pablo Laurta contra su expareja Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, para secuestrar a su hijo; o el femicidio de Daiana Mendieta, la joven que fue asesinada en Entre Ríos; son algunos de casos que lograron trascender mediáticamente. 

En rigor, Mumalá criticó las afirmaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien durante una entrevista reciente aseguró que las cifras de los femicidios «bajaron» durante la gestión de Javier Milei, y contradictoriamente culpó a las feministas por el incremento de los mismos delitos. “Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, lanzó la funcionaria.

«Los femicidios no bajaron, la crueldad sigue en aumento», espetaron desde el colectivo feminista, subrayando que desde el 1º de enero al 30º de octubre ocurrieron 211 delitos de este tipo, uno cada 34 horas. Por otro lado, remarcaron que hubo 855 intentos de femicidios en todo el país.

Buenos Aires es la provincia más afectada por la violencia extrema, con97 casos, y otros 4 puntuales en CABA; le sigue Santa Fe, con 24; Misiones y Córdoba, con 13 cada uno; Chaco, con 9; Tucumán y Mendoza con 8; Salta con 6; Neuquén con 5;  Jujuy y Río Negro con 4; Santa Cruz y Entre Ríos con 3; La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Formosa con 2 cada una; y Corrientes y Tierra del Fuego con 1, respectivamente.

«Aumenta la crueldad en la modalidad y en formas de ocultamiento (12% a 17% , respecto a meses anteriores) con descarte de los cuerpos de las víctimas. También se registra en este informe la tortura previa al asesinato«, objetaron.

Asimismo, indicaron que creció el uso de armas de fuego, «coincidentemente con la eliminación por decreto presidencial de la Agencia de Control de Armas». Esta norma «flexibiliza las condiciones de acceso a armas semiautomáticas (“tenencia exprés”), reduce la edad mínima para acceder a las mismas y suspende el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras medidas».

Además, aunque destacaron que «disminuyó el porcentaje de femicidas vinculados a fuerzas de seguridad, ponderaron que «en este grupo, se incrementó en un 10% el uso de arma reglamentaria para perpetrar el femicidio«.

«Sólo el 14% de las víctimas habían denunciado a sus agresores, esto sigue siendo una alarma que entendemos revela los efectos de la eliminación de las políticas públicas contra la violencia machista y el negacionismo de las principales voces del gobierno sobre esta modalidad específica hacia mujeres y LGBTIQ+«, repudiaron.

Entre otros datos clave, aportaron que «sólo el 28% de las víctimas que habían denunciado a su agresor contaban con botón antipánico». Y sostuvieron que «142 niños/as se quedaron sin madre y 83% de los femicidas eran del círculo íntimo de las víctimas«, como datos contextuales de estos crímenes. 

«Es urgente que se declare la Emergencia en Violencias de Género, que se restituyan los programas de atención, sensibilización, capacitación y acompañamiento integral” concluyó el comunicado».

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Desde el viernes 31 de actubre el juicio continuará de 8 a 17 en las instalaciones del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) con la lectura de instrucciones iniciales a cargo de la jueza técnica Dolly Fernández, luego las partes expondrán sus alegatos de apertura y se prevé el inicio de la producción de la prueba con declaraciones de cinco testigos. Mientras que para noviembre están programadas audiencias el 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20.

De esta manera culminó la audiencia de voir dire durante la cual las partes hicieron preguntas y evaluaron a los ciudadanos convocados con el objetivo de arribar al jurado más imparcial. La ronda de preguntas se extendió durante dos jornadas: el miércoles fue el turno de los integrantes del Equipo Fiscal Especial: Martín Bogado, Nelia Velázquez y Jorge Cáceres Olivera y los querellantes Gustavo Briend (por Gloria Romero) y Juan Ignacio Díaz por la subsecretaria de Género y Diversidad. A continuación, lo hicieron las defensas: Gabriela Tomljenovic (por César Sena), Elena Puente (representante de Fabiana González y Gustavo Obregón, y Celeste Ojeda (por Marcela Acuña y Griselda Reynoso). Luego del cuarto intermedio Ojeda culminó sus preguntas y fue el turno de Ricardo Osuna y Olga Mongelós (por Emerenciano Sena) y Mónica Sánchez (en representación de Gustavo Melgarejo).

Los bloques de la defensa y acusación dispusieron de catorce recusaciones sin causa cada uno, un total de veintiocho. En tanto que las recusaciones con causa, que no tienen límite, fueron en cada caso admitidas o no por la jueza Fernández. El orden de presentación de las recusaciones con causa fue: primero la defensa, luego la querella; y para las recusaciones sin causa correspondió en primer término a la querella y, después, la defensa.

^{ESCÁNDALO EN LAS AUDIENCIAS}

El miércoles, Armando Nicolás Boniardi Cabra, colaborador del equipo de la defensa de Emerenciano Sena, fue detenido por orden de la Justicia luego de que intentara acercarse a uno de los potenciales jurados.

Como oportunamente informó la Justicia, en las audiencias nadie puede ingresar con celular y los medios de comunicación ingresan a hacer tomas de fotos y videos antes de que ingresen los potenciales jurados, con el fin de proteger sus identidades.

Según detallaron desde la Justicia, Boniardi Cabra, fue interceptado cuando circulaba por la zona en la que estaban en resguardo los ciudadanos seleccionados para ser jurado. Algunos dicen que intentó hacer contacto o presionar a los jurados, otros que les tomó fotos. La fiscal de investigaciones Ana Pacce deberá investigar.

^{LOS IMPUTADOS}

– Cesar Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).

– Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).

– Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. «A» en función del inc. 1° acáp. «B» del Código Penal).

^{LAS PARTES}

-Equipo Fiscal Especial: conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

-Querellas: Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad.

-Defensas: César Sena (Gabriela Tomjlenovic), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).

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