Resistencia y Corrientes tuvieron masivas marchas en el 11° aniverario del movimiento Ni Una Menos. Por Agostina, Dulce y Noelia asesinadas recientemente; también por las víctimas locales. El movimiento marchó con las históricas luchadoras de derechos humanos, tanto como con las jóvenes estudiantes. Alumnas en uniforme escolar echando rabia en carteles y cantos, alguna quizás marchando por primera vez.

Unir las luchas y rebelarse. Con el latido de tambores y batucadas, los reclamos se fueron encontrando en puntos interseccionales en común: los femicidios, la feminización de la pobreza, los discursos de odio incentivados por Javier Milei, la falta de recursos para implementar las leyes de ESI, IVE y del cupo laboral trans, la inserción del narcotráfico y las adicciones, la Justicia que no llega o llega demasiado tarde. El proyecto de falsas denuncias de la diputada Carolina Lozada tuvo un lugar predilecto en la protesta y respondieron: “no es que se denuncia demasiado, sino que se denuncia demasiado poco”.

“Hay algo que todavía no logramos que comprendan la Justicia y los gobiernos. No es un homicidio, es un femicidio”, expresó Gladis Favretto para elDIARIO, referente de los movimientos sociales y de mujeres de Chaco. Recordó que Chaco tiene la tasa más alta de femicidios y que esto tiene que ver “con un Estado que abandona”.

Son las mujeres organizadas las que tratan de contener los diferentes tipo de violencias que atraviesan. Acompañan con comedores, con asistencia, con lucha. “Nosotras gritamos el Ni Una Menos por todas las que nos faltan, incluida Cecilia (Strzyzowski). Nosotras estuvimos ahí justicia por ella desde el primer momento”, indicó Favretto. Gloria Romero -la mamá de Cecilia, aún desaparecida y con su pareja César Sena condenado por su asesinato- encabezó el cartel de arrastre en Resistencia.

La violencia económica en las casas y la precarización laboral incluso en las áreas de género estatales se sumaron como un reclamo fuerte durente la marcha en ambas ciudades. “También es violencia las trabajadoras precarizadas hace 20 años y que el Gobierno no ha solucionado”, manifestó Favretto. En Corrientes, desde las organizaciones sociales remarcaban: “más endeudas y más empobrecidas, pero la lucha se hace en comunidad”.

Mientras en la pantallas (redes sociales, streamings y televisión) el debate es sobre la derrota del feminismo, sobre tener que volver a discutir una agenda que parecía terminada, una militante grita ante la ovación de aplausos y tambores: “no nos van a sacar de las calles”. El trabajo y el dinero en bolsillo se desploman, los sindicatos y los partidos parecieron perder toda representatividad, pero el umbral de la indignicación en las calles sigue diciendo Ni Una Menos.

Esa furia que se creía apagada apunta hoy a una Justicia impune. En las calles, fuera del algoritmo libertario, que una niña de 14 años sea asesinada no da lo mismo. La sensibilización que este tipo de violencia estructural provoca es un umbral social de respeto a la vida que el feminismo instaló en Argentina y que ninguna oleada negacionista podrá quitar del consciente colectivo, nunca más.

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El ajuste económico se manifiesta como un «Estado hambreador» que genera muertes evitables y enfermedades físicas y mentales.

Seguridad Alimentaria: Repudiamos los recortes en programas para merenderos y comedores comunitarios, así como la baja arbitraria de pensiones por discapacidad y no contributivas.

Mientras el Estado ajusta y recorta las trabajadoras territoriales redoblan sus esfuerzos cada día para que nadie quede solo frente a la crisis.

No son un gasto: son quienes sostienen la vida, los vínculos comunitarios y la organización popular en nuestros barrios.

Violencia Institucional: Denunciamos las auditorías arbitrarias y amenazas que condenan a las familias al desamparo y la incertidumbre.

Economía de Cuidado: En un contexto de endeudamiento feroz, las mujeres y disidencias sostenemos las redes comunitarias que el Estado abandona, enfrentando la urgencia de pagar servicios esenciales mientras el hostigamiento oficial recrudece la violencia social.

El Derecho a la Salud Pública e Integral. Exigimos presupuesto genuino para hospitales y centros de asistencia. El abandono estatal en salud afecta desproporcionadamente a las mujeres, sobre quienes recae la carga histórica de cuidar a los enfermos.

Acceso y Suministros: Denunciamos las colas interminables para obtener turnos o medicamentos y exigimos partidas específicas para la atención integral de la salud sexual de personas transexuales y travestis.

Pueblos Originarios: Alertamos sobre la situación crítica de las comunidades Qom y Wichí, que sufren desnutrición y falta de acceso a agua potable y salud básica debido al aislamiento y la falta de transporte, en un contexto de desmontes que provocan desastres ambientales.

Educación Pública, Ciencia y Universidad. Defender la universidad pública es defender una sociedad más justa, democrática y libre de violencias. Como estudiantes, docentes, investigadoras y trabajadoras universitarias, denunciamos el brutal ajuste sobre la ciencia y la educación superior.

Repudiamos la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los recortes que deterioran salarios, becas e investigación, poniendo en riesgo la soberanía tecnológica nacional.

Este vaciamiento golpea especialmente a mujeres y disidencias, quienes ocupan los trabajos más precarizados del sistema científico. Reafirmamos que la universidad es clave para la autonomía y la igualdad de oportunidades de nuestro pueblo.

Violencia de Género y Fallas del Sistema Judicial. El Estado actúa como «femicida» cuando desprotege a las víctimas y desmantela programas de prevención.

Reforma Judicial: Exigimos una reforma judicial con perspectiva de género y el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela, lograda tras el femicidio de Micaela García para capacitar obligatoriamente a los tres poderes del Estado.

Protección de la Niñez: Rechazamos el proyecto de ley sobre «falsas denuncias», que busca criminalizar a quienes denuncian abusos sexuales, favoreciendo la impunidad de los agresores y debilitando el trabajo de los profesionales de salud.

A días de este 3J, a 11 años de nuestro primer grito colectivo, nos atraviesa una vez más el dolor y la indignación. Nos enteramos de la terrible noticia de los femicidios de Agostina en Córdoba y de Dulce en Misiones. Sus nombres se suman a la larga lista de mujeres y niñas que nos faltan. Ellas también están presentes en cada una de nuestras luchas, en cada marcha y en cada reclamo por una vida libre de violencias. Nuestro reclamo y demanda es clara: Por ellas y por todas, volvemos a decir con más fuerza que nunca: ¡PAREN DE MATARNOS!

En Argentina ocurre un femicidio cada 30 a 35 horas. No son números, son vidas que el Estado debe proteger.

Denunciamos al Gobierno Provincial de Leandro Zdero como un aliado fiel del modelo nacional, que miente sobre sus promesas de transversalidad de género.

Chaco registra una de las tasas más altas del país, con más de treinta víctimas (incluyendo muertes dudosas) bajo la actual gestión.

Caso Graciela López: Exigimos que la Policía rinda cuentas por este femicidio cometido con un arma reglamentaria por un agente con antecedentes de violencia, incumpliendo la Ley 2141.

Exigimos la renuncia del Jefe de Policía Romero, la aparición de Axel González, justicia por Axel Oroño y el cese de la represión a la protesta social y del avasallamiento a la libertad de prensa.

A pesar de la asfixia económica, la organización comunitaria es el camino para frenar las acciones odiantes promovidas desde el gobierno Nacional. No queremos que la dirigencia opositora se encierre en discusiones de cargos; exigimos unidad de acción para un proyecto democrático e inclusivo.

Reclamamos la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, rechazando la proscripción en democracia. Seguiremos luchando contra el hambre y la impunidad libertaria.

¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! ¡Unidas y organizadas venceremos!

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En el marco de los 11 años de ese primer #NiUnaMenos la Casa del Encuentro publicó un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente, ya que, durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

El 3 de junio de 2015, se gestó el primer #NiUnaMenos, una jornada de visibilización y denuncia, pero también de respuesta colectiva, a los femicidios y violencias hacia las mujeres y ese día se impulsó una movilización histórica, que hoy se ha convertido en un día de concientización y compromiso por una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

En el marco de los 11 años de ese primer #NiUnaMenos la Casa del Encuentro publicó un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente, ya que, durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género:
-3.073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas
-78 transfemicidios
-4 lesbicidios
-269 femicidios vinculados de varones adultos y niños

Gracias al trabajo de la Casa del Encuentro, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y Fundación Instituto Natura, se pudo conocer más sobre esta problemática crítica, pensando líneas de acción y articulaciones necesarias para erradicar la violencia de género.
Los femicidios ocurren en distintos contextos y expresan múltiples formas de violencia
En muchos casos, los hechos suceden en espacios íntimos y cotidianos, lo que refleja cómo la violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos y ámbitos que muchas veces se presentan en el imaginario como seguros: 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en viviendas compartidas, y 45 en los lugares de trabajo de la víctima.

También el informe revela que detrás de cada caso existe una historia atravesada por violencias previas -436 víctimas habían realizado denuncias, y 188 femicidas tenían dictada medida cautelar de protección- desigualdades estructurales y redes afectivas profundamente afectadas.

La problemática no solo impacta en las víctimas directas, sino también en familias, amistades, comunidades y niñeces que quedan marcadas por estas ausencias: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, 3.840 hijos e hijas fueron víctimas colaterales de estos crímenes.

“Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad. Muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza. Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar, y construir redes de contención que les recuerden que no están solas”, afirmó Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Asimismo, añadió: “Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo. Que cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento, y la certeza que hay quienes caminarán a su lado. Porque acompañar también es una forma de transformar realidades”.

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De acuerdo con los datos brindados por el Observatorio “Luisa Bautista”, en lo que va del año 2026 se han registrado formalmente tres femidios en el territorio provincial, visibilizando la urgencia de desarticular las violencias antes de que resulten en desenlaces fatales.

El 11 de marzo en Quitilipi fueron asesinadas Marcela Frías (37 años) y su hija Diana Gómez (17 años). Por el doble femicidio se encuentra detenido David Ojeda, ex pareja de Marcela. La mujer tenía otros tres hijos que quedaron a cargo de familiares.
El 5 de mayo en Puerto Vilelas, el policía Luciano Etudie mató a Graciela López (33 años). El hombre la secuestró junto al hijo en común que tenían. La policía logró rescatar al niño, pero en pleno operativo, Etudie mató a Graciela. Tres menores de edad quedaron a cargo de su abuela.

BAJA EFECTIVIDAD JUDICIAL

Las principales trabas que encuentran las víctimas de violencia de género están en la Justicia. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Ministerio Público del Chaco posee apenas un 17% de efectividad en causas de violencia de género. Esto significa que de la totalidad de las denuncias radicadas, solo ese bajo porcentaje obtiene algún tipo de respuesta institucional. Esta falta de resolución efectiva golpea con mayor fuerza a las víctimas que atraviesan los procesos en situación de soledad.

Como consecuencia de este mal desempeño de la Justicia ocurren situaciones como retraso en las medidas preventivas y de detención, el cierre prematuro de causas mediante acuerdos extrajudiciales que no fomentan el acceso a justicia de las víctimas. Por otra parte, aquellas causas que consiguen avanzar deben enfrentar dilaciones extremas, pasando varios años antes de que se concrete un juicio y posterior condena.

En ese sentido, lo que se evidencia, más allá de las capacitaciones en materia de géneros y derechos humanos para los trabajadores judiciales, es una falta de empatía sistemática hacia las personas víctimas de violencias por razones de género.

EL ROL DEL ESTADO

Desde la llegada de Javier Milei al Estado nacional, las políticas de prevención de las violencias se desfinanciaron, eliminaron, redujeron a cenizas. No existe apoyo estatal a las victimas. En Chaco, las políticas de protección de las mujeres han disminuido notablemente.

Si bien, se sostiene una asistencia transversal y continúa operando programas económicos para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, mantiene activos espacios de contención y capacitación, los dispositivos no alcanzan.

La asistencia directa ante emergencias se centraliza de forma gratuita, anónima y durante las 24 horas a través de la Línea 137, complementándose localmente con la guardia de la Subsecretaría de Género y Diversidad ubicada en Monteagudo 484 (Resistencia) y la actuación de las comisarías de la mujer mediante protocolos específicos.

No obstante, la continuidad de estas herramientas convive con una notable pérdida de jerarquía institucional. Desde finales de 2023, bajo la gestión del gobernador Leandro Zdero, el área sufrió una fuerte reestructuración en la que la antigua Secretaría de Derechos Humanos y Géneros —que poseía rango ministerial— fue degradada a Subsecretaría, reduciendo significativamente su presupuesto e influencia política. Esta baja presupuestaria repercutió directamente en las condiciones laborales del sector, registrándose el despido de trabajadoras de la Línea 137 y de las guardias de emergencia, mientras que el personal que permanece sufre situaciones de precarización laboral y explotación, debiendo atender el doble de casos en horarios de alta complejidad.

Fuente: EsChaco

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La convocatoria de este año incluye un extenso pliego de demandas que vincula directamente la violencia de género con las condiciones socioeconómicas actuales. Las manifestantes exigirán el cese inmediato de los femicidios y travesticidios, justicia por las víctimas, un presupuesto real y efectivo para prevenir las violencias, y la declaración de la Emergencia en Violencia de Género con respaldo económico. Asimismo, se reclamará el fin del hambre, el ajuste y la desocupación, exigiendo tierra, techo y trabajo para las familias trabajadoras, además de acceso garantizado a salud, educación, redes de cuidado y políticas sociales para los barrios.

Por otra parte, la marcha se pronunciará en defensa de la Educación Sexual Integral, la salud pública y la protección real para las infancias. En el plano de los derechos civiles, se expresará un enérgico rechazo a la criminalización de quienes cuidan y denuncian, defendiendo el derecho a la protesta y manifestándose en contra de la represión. La jornada cerrará con la lectura de un documento conjunto que reiterará el histórico reclamo del movimiento: «¡Vivas, libres y con presupuesto nos queremos!».

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“Es importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para decir y para denunciar que en Argentina, bajo este gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco. Eso es lo que estamos viendo”, expresó Luci Cavallero, referente de NUM. 

El lamentable desempeño del fiscal Raúl Garzón fue uno de los temas que se abordó durante la conferencia. En ese sentido, Cavallero expresó, “hemos catalogado a este femicidio, como una desidia organizada desde el Estado, desde un Poder judicial principalmente, que no buscó o que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían. Un Poder Judicial, que además, cuando tiene que exponer un fiscal para explicar cómo fue la búsqueda y cómo fue el hallazgo del cuerpo un momento donde podrían haber hecho una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, terminan felicitando a un perro. No podemos estar calladas ante esta realidad.”

También se refirieron a los dichos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva que, como gran parte del gobierno de La Libertad Avanza intenta instalar que los femicidios son un hecho de inseguridad. La funcionaria se expresó sobre el crimen de Agostina Vega pero lo hizo evitando nombrarlo como femicidio. 

“El gobierno nacional, a través de su ministra Monteoliva salió a hablar de la reducción de la cifra de femicidios. Queremos decir que está buscando desconocer la realidad de las violencias y de evaluar con porcentajes cuando estamos hablando de vidas concretas”, expresó Cavallero durante la conferencia que se realizó sin preguntas porque debían continuar con el trabajo de organizativo para la manifestación del miércoles. 

“Además de los femicidios, hay muchas más situaciones de violencia contra mujeres lesbianas, travestis, trans que con este gobierno no paran de multiplicarse. Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca, y fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social. Contra eso, todas las que estamos acá, las que se han movilizado por Ni Una Menos, en las escuelas, en las universidades, en los barrios, armamos una comunidad en cada barrio, en cada escuela, en cada salita. Contra eso hicimos redes y desde allí nos vamos a movilizar y construir protección y cuidado para las vidas que queremos vivir.”

En ese mismo sentido, la diputada nacional Romina del Pla, expresó, “Ahora tenemos una nueva situación en escena. Lo hemos visto con el caso de Agostina, las leyes que están vigentes para las alertas no se cumplen. Ahora hay una reinterpretación, cada uno decide qué cumple, que no cumple, si convoca la Alerta Sofía, si no la convoca, si hace alertas porque corresponden o no… ¡No! Hay leyes que se han aprobado y se tienen que cumplir. Por eso decimos que el Estado y los gobiernos son responsables cuando no llevan adelante las medidas que corresponden”, y agregó, “no es verdad que han disminuido las medidas de femicidio. Lo que ha pasado es que muchos casos no se están caratulando como femicidios, porque tenemos funcionarios que nos han venido a hablar de nuevo en el Congreso y en cuanto micrófono tienen dicen que se trata de un homicidio más”

Contra las falsas denuncias 

Una de las oradoras en la conferencia de prensa fue Lala Pasquinelli, integrante de Mujeres que no fueron Tapa. 

“También salimos a las calles en contra del proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada. Este proyecto, así como el desmantelamiento de la ESI y el resto de las políticas de este gobierno en contra de las mujeres forman parte de una forma de hacer política en la que los femicidas quedan libres y las mujeres encarceladas”, expresó. 

Pasquinelli aludió al femicidio ocurrido en Temperley, en el que Noelia Rivero fue asesinada por su pareja Tomás Núñez. “El proyecto de Carolina Losada forma parte de esa lógica, las mujeres van a denunciar la desaparición de sus hijas. La chica de Temperley que llamó a la policía, la policía fue, se quedó esperando, estaba con el femicida adentro. Se fueron y la mató a puñaladas. Cuando las mujeres van a denunciar, nadie las escucha. No podemos seguir hablando de falsas denuncias. Eso también es lo que nos convoca mañana a salir a las calles y a decir ni una menos otra vez”, finalizó. 

Desde PBA

La ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires participó de la conferencia y anunció que el próximo miércoles 3 de junio se conocerá el registro de femicidios de PBA. 

“La política de seguridad tiene que entender que el lugar donde está en riesgo la vida, en la mayoría de los casos está dentro de la vivienda, en la casa donde se convive, en las relaciones de cercanía y de conocimiento. Lo de Agostina también nos da esa realidad. Entonces, si no se tiene mirada específica, si no se trabaja con la prevención, con la asistencia, con todos los mecanismos no sólo construimos impunidad, sino que la violencia crezca”, explicó Díaz. 

“En la provincia de Buenos Aires hubo una baja relativa del número de femicidios respecto al año pasado. Esos números se dan en un contexto donde la pérdida de empleo, el ajuste económico, los problemas derivados con diferentes formas de vulnerabilidad, hace que crezcan los intentos de femicidio y la violencia crece. Es inaceptable en la Argentina. En una Argentina que tiene mujeres y diversidades, protagonistas de la defensa democrática de procesos de transformación”, destacó la ministra. 

La manifestación está convocada en CABA para el miércoles 3 de junio a las 17 en el Congreso de la Nación.

Fuente: Tiempo Argentino

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La jornada federal tendrá como objetivo central los mismos reclamos que embanderan la fecha hace más de 10 años, como es la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precarización laboral y la defensa de los derechos alcanzados, ante posibles retrocesos con los que amenaza el Gobierno Nacional.

Por qué se marcha este lunes 9

Este año, la marcha se realizará este lunes 9 de marzo para que el impacto en las actividades laborales y educativas sea real en cada ámbito. «Después del patético y violento discurso del presidente Javier Milei, mentiroso en todo lo que respecta a la realidad argentina de millones que están perdiendo el trabajo y se endeudan para vivir, no solo nos queda sentir vergüenza y asco: necesitamos movilizarnos», expresó el colectivo Ni Una Menos (NuM).

«Este 9M volvemos a las calles en todo el país porque no aguantamos más el ajuste y su política de hambre, odio y represión. Frente al gobierno fascista levantamos la bandera de la rebelión feminista: organizadas, unidas y en lucha«, invitaron desde las redes sociales.

Los reclamos de este 8M

«Mientras el mundo arde, con guerras imperialistas que se expanden, territorios que se entregan y derechos que se recortan, nosotras seguimos poniendo el cuerpo para que la vida sea posible», expresaron en el colectivo Ni Una Menos y sumaron: «La reforma laboral nos afecta a todas, el ajuste también. Y cuando avanzan sobre la tierra, el trabajo y los glaciares, avanzan sobre nuestras tramas de cuidado, de vida, de potencia».

“Este año paramos porque nuestro paro incluye a todxs lxs trabajadorxs. Este 8M lo agitamos quienes alquilamos, quienes somos jubiladxs, despedidxs, quienes dejamos de tener remedios, quienes nos hacemos cargo de los cuidados, quienes sabemos que ¡esto no se aguanta más!”, expresaron desde el colectivo.

Y agregaron: “Paramos para gritar contra los femicidios, travesticidios, lesbicidios, transfemicidios y ¡todos los ataques de odio!”.

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El mapa de la violencia en Chaco durante este año ha sido devastador. La seguidilla de crímenes comenzó el 1 de febrero en Taco Pozo con los asesinatos de Mónica Mendoza y Mirian Gimenez. Semanas después, el 21 de febrero, el horror se trasladó a Resistencia y Sáenz Peña con las muertes de Pamela Romero y Carolina Ríos.

La lista de víctimas continúa con Sol Selena Gómez Montiel (21 de marzo, Fontana), Leonela González y Norma Robledo (28 de junio, Sáenz Peña y Paraje Itín), Érica Romero (28 de julio) y Gabriela Barrios, cuyo crimen ocurrió el 13 de octubre. En casi la totalidad de estos episodios, los victimarios pertenecen al círculo íntimo de las mujeres: parejas, exparejas o conocidos.

Inconsistencias en las cifras oficiales

El 16 de diciembre, la Subsecretaría de Género de la provincia emitió un informe comparativo que generó más dudas que certezas. Según el documento, los femicidios en la provincia fueron 22 en 2023, diez en 2024 y diez en el presente año.

Sin embargo, estos datos han sido cuestionados por dos razones fundamentales. Por un lado, un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que en 2023 se registraron 13 víctimas en Chaco, y no 22 como afirma la provincia, lo que evidencia una preocupante falta de rigor estadístico. Por otro, el reporte oficial omite los nombres de las víctimas y no ofrece detalles sobre las políticas de prevención implementadas.

El impacto del ajuste

La situación se agrava en un contexto de fuerte recorte presupuestario y despidos en las áreas de protección y asistencia. Organizaciones civiles advierten que el vaciamiento de estos espacios deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad sin el acompañamiento necesario para salir del círculo de violencia.

Actualmente, la Justicia continúa recolectando testimonios de vecinos y allegados de la última víctima para reconstruir sus horas finales y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, el pedido de la sociedad es uno solo: que las víctimas dejen de ser simples números en informes oficiales incompletos.

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Además, la convocatoria buscó visibilizar el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y acompañar los reclamos de otros sectores golpeados por la gestión ultraderechista, como los jubilados, los profesionales de la salud y el sistema científico y tecnológico, así como las personas con discapacidad. Con el lema “La lucha es una sola”, el día elegido acompaña un debate dentro del Congreso y todas estas lcuhas y más.

Como cada vez que otro sector acompaña los miércoles de los jubilados, el operativo policial no activó represión, por lo que la movilizacion se dio hasta tarde y sin conflictos.

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En Resistencia, la marcha inició después de las 17 y su consigna principal fue una denuncia hacia el ajuste del gobierno nacional en políticas de género y contra las diversidades. “Movilizadas ante los despidos de miles de trabajadores y trabajadoras en el Estado, desmantelando áreas esenciales para la protección social, la salud, la ciencia, la producción y la agricuitura familiar. Un plan sistemático de exclusión que deja a millones de compatriotas en la intemperie”, sentenciaron en el documento.

“Las trabajadoras, en todas nuestras diversidades-jubiladas e informales, campesinas y originarias, estatales, cocineras, y estudiantes, investigadoras, cuidadoras y trabajadoras de la salud denunciamos el impacto de estas políticas que solo benefician la especulación financiera, el extractivismo y la dependencia. Por eso, volvemos a interpelar en este día, contra la espuria Ley de Bases, el RIGI, y les decimos a los diputados y diputadas que la posibilitaron, que son repudiados por su complicidad”, sostienen.

En este llamado de atención a los retrocesos generales en el último año de gestión del actual gobierno, indicaron que “el ataque no es solo económico, también es político, cultural y simbólico. Denunciamos la censura, la estigmatización, la represión, la persecución hasta su cara más cruel y vergonzante, sobre los jubilados y jubiladas. Mientras tanto las infancias y juventudes de los barrios son expuestas al consumo y el abuso. Amenazan con eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas y vetar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), entre otras medidas regresivas que sumadas al discurso de odio fogueado por el gobierno sobre las disidencias, ponen en riesgo la vida”.

“Repudiamos la derogación de la Ley 26.160 de Emergencia en la posesión y propiedad de las Tierras de las comunidades originarias, que suspendía los desalojos hasta que se completará el relevamiento de sus tierras. Exigimos el reconocimiento de las tierras y los territorios ancestrales. Exigimos la accesibilidad a servicios de educación y salud en cada población originaria del Chaco y reparación histórica como lo dictó la sentencia del Juicio de la Masacre de Napalpí. Repudio a la política de Milei sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+ Denunciamos la revisión o derogación de la Ley de Identidad de Género, es un logro fundamental para nuestra comunidad, que nos permite vivir con dignidad y respeto. Esto sería un paso atrás en la lucha por la igualdad y la justicia».

«Denunciamos la reducción de las denuncias por motivos de género. De los femicidios registrados en 2024, sólo el 19% de las víctimas había realizado al menos. En nuestro país, la violencia de género es una realidad alarmante. Solo en los primeros 15 días de enero, hubo un femicidio cada 27 horas. En 2024, se registraron 255 femicidios y 604 intentos de femicidios, de los cuales el 65% eran pareja o ex pareja. Nos indigna que nuestra provincia siga siendo la capital de los femicidios. Nos duele que aquí, ser niña, pobre e indígena signifique estar en peiigro».

«Denunciamos la desidia del Estado, su indiferencia y su complicidad con la violencia. Denunciamos las declaraciones del Presidente de la nación y el ministro de Justicia, que buscan eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Desmantelaron la línea 144, dejando turnos sólo con 2 personas atendiendo llamadas de todo el pais, pero también disminuyeron un 11% las llamadas a esta línea, como consecuencia del amedrentamiento impulsado por Milei.

«Denunciamos la reducción de las denuncias por motivos de género. De los femicidios registrados en 2024, sólo el 19% de las víctimas había realizado al menos una   denuncia y el 9% tenía medidas de protección, porque los discursos que niegan la violencia que sufrimos y la politica de desmantelamiento llevada adelante por Milei y su gabinete, demuestran en cifras que lo único que generan es desaliento a la hora de denunciar a nuestros agresores”, sentenciaron.

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