«Si él pudo ser presidente gracias a las redes, significa que cualquiera puede crecer por las redes», se planteó Andrés Toledo, presidente y trabajador de la cooperativa Alé Alé, hace dos años. «Decidimos apostar a las redes. Contratamos a la empresa Club del Bajón, que conoce el gremio gastronómico y se especializa en redes sociales, y en menos de dos años explotó. Hoy, tenemos más de 500 mil seguidores en Instagram, que se traducen en cientos de clientes que pasan por nuestro local», explicó Toledo en diálogo con Ansol.

«No tenemos empleados. El que se suma, está a prueba un tiempo y, si el grupo lo acepta, ya pasa a ser uno más»

Las redes funcionan como atractivo, pero el plato fuerte está en Cabrera al 4200, en el corazón de Palermo, Buenos Aires. Allí, se ofrece calidad y precio, con promociones como la ya famosa «milanesa libre» a 20 mil pesos o bien la «parrilla libre» a 35 mil pesos; todo, con guarnición y ensaladas gratuitas.

«Entendimos que es por ahí. Queríamos bajar los precios, pero para eso necesitábamos volumen. Una vez que las redes nos dieron el volumen de ventas necesario, bajamos los precios«, resumió Toledo y agregó: «Hoy, tenemos un margen de ganancia finito, pero los números cierran bien porque el volumen es enorme».

Ese volumen se puede apreciar en números. Desde la fundación, el récord de cubiertos por semana de Alé Alé estaba en 2.400. «En el mes último, metimos 4.085 cubiertos en una semana. Todos los días tenemos 500 cubiertos».

Más allá de los números, Toledo expresó: «Está bueno porque todos los días está lleno y la gente se va muy contenta. Viene a comer gente de todos los estratos sociales porque viene gente del barrio o turistas y también viene gente de otros lugares a aprovechar los precios que tenemos. Es muy lindo lo que se armó».

Alé Alé busca un nuevo local

El local de Alé Alé tiene espacio para 400 comensales y aun así las filas son largas. «Las redes, el precio, la calidad, la atención. Eso hizo que desbordemos. El trabajo que hacemos puertas adentro es muy grande y de a poco nos fuimos adaptando a las nuevas necesidades. Habremos incorporado cerca de 20 trabajadores más«, remarcó Toledo.

Hoy, la cooperativa cuenta con 52 asociados. «No tenemos empleados. El que se suma, está a prueba un tiempo y, si el grupo lo acepta, ya pasa a ser uno más. Hoy, por suerte, todos podemos llevarnos a casa un retiro digno que nos ayuda a sacar adelante a nuestras familias».

El éxito es tal que el próximo desafío es el crecimiento: «Estamos en busca de otro local para poder expandirnos y queremos que sea uno grande también. Hasta ahora, no hemos encontrado un local con las dimensiones que pensamos, pero es el próximo paso».

La capacidad de reinventarse

Alé Alé se convirtió en cooperativa en 2013. De allí en adelante, sorteó todo tipo de dificultades, incluida la actual recesión. «El peor momento fue con (Mauricio) Macri, que nos arruinó con los tarifazos; las facturas se multiplicaron por 10. La pandemia también fue dura y le encontramos la vuelta haciendo viandas para empresas. Nunca bajamos los brazos».

«El deseo es que nos vaya bien a todos. Hoy, en nuestro rubro, hay mucho abuso por la parte empresaria. Pagan sueldos de miseria a la gente, como ocurría en los 90, porque la gente está desesperada de trabajo. Hoy, nosotros nos llevamos retiros suficientemente buenos como para sacar adelante a la familia. En Alé Alé, siempre estuvimos por encima de la escala salarial del momento», concluyó Toledo.

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Los trabajadores de la empresa Forestal Tapebicuá S.A. presentaron una denuncia penal contra los directivos de la firma por presunto vaciamiento y administración fraudulenta, en medio de una profunda crisis laboral que afecta a más de 400 familias en la localidad correntina de Virasoro. La presentación judicial fue realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones local, en el marco de un conflicto que se arrastra desde agosto de 2025, cuando la planta detuvo completamente sus actividades por 60 días.

La paralización de la maderera, una de las más relevantes del noreste provincial, dejó a cientos de operarios sin percibir salarios y sin acceso a aportes previsionales ni cobertura médica. Según denunciaron los representantes legales de los trabajadores, la situación configura no solo irregularidades empresariales sino también un posible abandono de persona, agravando el impacto social en una comunidad fuertemente dependiente de la actividad forestal.

La causa judicial alcanza a los principales socios vinculados a Celulosa Argentina, así como al gerente de la planta de Virasoro. De acuerdo con la información difundida, la empresa habría incurrido en maniobras que derivaron en el vaciamiento progresivo de sus operaciones. Además, la inactividad no solo afectó a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas y contratistas, ampliando el impacto económico en la región.

El conflicto tiene antecedentes recientes: en 2023, la compañía cerró su planta de San Charbel, en Garruchos, lo que implicó el despido de 70 trabajadores. Desde la firma atribuyeron la crisis a factores macroeconómicos como la recesión industrial, la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y un tipo de cambio desfavorable para las exportaciones, lo que habría deteriorado su competitividad y liquidez.

Frente a la emergencia social, el Concejo Deliberante de Virasoro aprobó la creación de un fondo solidario destinado a cubrir servicios básicos como electricidad y agua potable durante tres meses para los trabajadores afectados. La iniciativa contempla la conformación de un registro de beneficiarios y será financiada con recursos municipales provenientes de tasas específicas. La implementación y control del programa estarán a cargo de una comisión integrada por representantes de los distintos bloques políticos, en un intento de mitigar las consecuencias de esta crisis.

Fuente: Infogremiales

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¿Quién preside la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales?

La presidencia es ejercida por Aldo Leiva (Unión por la Patria – Chaco). Leiva es excombatiente de Malvinas y cuenta con trayectoria en la gestión pública como intendente de San Martín y exministro de Desarrollo Social de su provincia entre 2008 y 2009. Su perfil aporta una mirada del justicialismo territorial al ecosistema cooperativo. Públicamente y en contacto con ANSOL, Leiva adelantó su preocupación por el sector asociativo y que llevará una agenda para escuchar a sus referentes.

¿Cómo se integra la Mesa Directiva de la Comisión?

La conducción se completa con representantes de Formosa que expresan la fragmentación y realineamientos del bloque oficialista:

Vicepresidencia: Atilio Basualdo (La Libertad Avanza – Formosa). Exintendente de Las Lomitas y empresario, llega al cargo con el respaldo de Silvana Giudici.

Secretaría: Gerardo González (Innovación Federal – Formosa). Empresario textil que, tras su paso por el bloque «Coherencia», reporta ahora al esquema de gobernadores liderado por Gustavo Sáenz.

¿Qué diputados actúan como vocales en la comisión?

El cuerpo de vocales se distribuye entre las principales fuerzas, destacándose perfiles vinculados a la Economía Popular y el sector rural:

Unión por la Patria: Celia Campitelli (Santiago del Estero), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Moyano (Hijo), Luciana Potenza (La Matanza), Claudia Palladino (Catamarca), Agustín Rossi (Santa Fe), Pablo Todero (Neuquén) y Natalia Zaracho (dirigente del MTE-Patria Grande).

La Libertad Avanza: Mónica Becerra (San Luis), Abel Chiconi (San Juan), Facundo Correa Llano (Mendoza), Rosario Goitia (Chaco), Maura Gruber (Misiones), Patricia Holzman (CABA), Gerardo Huesen (Tucumán), Julieta Metral Asensio (Mendoza), Valentina Ravera (Santa Fe), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Karen Reichardt.

PRO y otros bloques: Javier Sánchez Wrba, Emmanuel Bianchetti (PRO); José Nuñez (Provincias Unidas); Carlos Gutiérrez (Córdoba); Pablo Farías (Santa Fe) y Lisandro Nieri (UCR – Mendoza).

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Según la entidad, la eliminación de la Ley 11.380 (vigente desde 1926) no es una limpieza administrativa, sino un golpe directo al financiamiento y la formación patrimonial de las cooperativas en el país.

Presión fiscal

La normativa que se pretende derogar garantiza la exención de «toda contribución sobre el valor de los edificios y construcciones». Sin este beneficio, las entidades deberán incorporar sus inmuebles al cálculo de la contribución especial establecida por la Ley 23.427.

Desde Cooperar señalaron que esto «cambiaría radicalmente el tratamiento de las cooperativas multiplicando su aporte tributario«, afectando especialmente a las que poseen plantas de acopio, locales de abastecimiento y edificios industriales.

Impacto

El diputado nacional Guillermo Michel se sumó a las críticas, destacando que en provincias como Entre Ríos, las cooperativas agrícolas son motores de las economías regionales. «Con este proyecto el gobierno sigue golpeando a nuestros productores», explicó el legislador.

Cooperar subrayó una contradicción en el Presupuesto 2026. Los ingresos proyectados para el Inaes por la contribución especial ascienden a $83.489 millones, mientras que los gastos autorizados son apenas de $18.871 millones.

«Los ingresos más que cuatriplican los gastos autorizados, quedando sin utilizar las tres cuartas partes de recursos que son de aplicación específica», detalla el comunicado. Por ello, el sector exige que el Congreso rechace la derogación para garantizar la seguridad jurídica.

¿Qué es Cooperar?

La Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. es una organización de tercer grado, fundada en 1962, que representa y agrupa a más de 70 federaciones y cooperativas de diversos sectores en el país.

Actúa como uno de los máximos referentes del movimiento cooperativo argentino, promoviendo, defendiendo y fortaleciendo la economía social y solidaria.

Su función principal es representar al cooperativismo ante organismos públicos, privados y la comunidad en general, tanto nacional como internacionalmente vinculada a la Alianza Cooperativa Internacional.

Integra a más de 5.000 cooperativas de servicios públicos, producción, agropecuarias, trabajo, entre otras, beneficiando a millones de personas y desarrolla la educación y capacitación cooperativa, la integración de las cooperativas y la promoción de valores democráticos y de autogestión.

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El conflicto en la industria del neumático sumó un nuevo capítulo judicial y sindical. En la puerta del Juzgado Laboral N° 17, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció el embargo de cerca de 3.000 millones de pesos contra la empresa FATE, con el objetivo de garantizar el pago de salarios adeudados.

En declaraciones a Radio Gráfica, el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, aseguró que la compañía dejó de abonar los sueldos desde el 18 de febrero, cuando anunció su intención de cerrar la planta. “Esto expresa que hay un lockout patronal. Es ilegal que la fábrica esté cerrada”, sostuvo, y remarcó que la Justicia ya se expidió en ese sentido al ordenar el pago de salarios.

Según el dirigente, la medida judicial podría repetirse en los próximos meses, ya que la empresa se comprometió a no realizar despidos hasta julio. En ese marco, Crespo reclamó la inmediata reactivación de la planta, al advertir sobre su rol estratégico: se trata de la única fábrica del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.

Fuente: Infogremiales

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Castigar y eliminar el fomento del trabajo a través del programa laboral de referencia no hace más que agrandar las asimetrías entre los trabajadores en todo el territorio nacional, profundizar la crisis que empuja a la pobreza e indigencia a millones de argentinos (a pesar de que los datos de dudoso relevamiento digan lo contrario) y castigar de sobremanera el rol de las organizaciones sociales y cooperativas. Estas instituciones son, en definitiva, la última línea de contención para trabajadores y familias excluidas de un sistema neoliberal violento que solo favorece a un puñado de “iluminados” y poderosos oportunistas.

Está claro que la medida oficial obedece a la aplicación de recetas del FMI y de acreedores extranjeros para “cuidar el equilibrio fiscal”, pero también es una maniobra política para fragmentar cualquier servicio y militancia social de resistencia a este modelo.

También hay que decirlo con todas las letras: eliminar los programas de fomento laboral sin generar condiciones de crecimiento de oportunidades en puestos de trabajo, y sin respetar las economías regionales ni la autogestión productiva federal, no habla más que del absoluto fracaso de la gestión ejecutiva de Javier Milei y sus equipos ministeriales. Al menos, claro está, a los ojos de los argentinos y argentinas; tal vez, su ecuación de éxito se mida por la enorme fuga de capitales y el favoritismo hacia sus partidarios a través de la “bicicleta financiera”, los créditos subsidiados y las hipotecas privadas gestionadas ante jubilados, tal como nos pretende hacer creer el propio Jefe de Gabinete.

Es por ello que la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina hacia otra Economía (FEDECARA Ltda.) ratifica su rumbo, adhiriendo a la marcha y al reclamo realizado hoy en todo el país. Continuamos promoviendo la autogestión productiva federal como herramienta de superación laboral y de dignidad, y defendiendo las economías regionales como generadoras de trabajo y de riquezas destinadas al sostenimiento comunitario.

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La presentación judicial denuncia una situación límite que afecta de manera directa la sustentabilidad de las familias vinculadas a la industria maderera. El planteo se ampara en los artículos 48 y 48 bis de la Ley de Concursos y Quiebras, herramientas legales que facultan a los trabajadores organizados a solicitar la continuidad de la explotación ante la insolvencia o el abandono por parte de la patronal.

Según el cuerpo de delegados, la firma mantiene cuentas activas pero sostiene una actitud que calificaron como abusiva al no liquidar deudas de haberes ni realizar los aportes a la obra social. Esta estrategia de recuperación se suma a otros casos exitosos de empresas recuperadas en la provincia de Corrientes que han logrado sostener el Retorno Social (anticipo de excedentes a modo de salario mensual) en contextos de crisis.

¿Cuál es el rol del Gobierno de Corrientes en el conflicto de Forestal Tapebicuá?

El pasado 1 de abril, la ministra de Trabajo de Corrientes, Mariel Gabur, se reunió con los operarios en la delegación local. Gabur, quien cuenta con una reconocida trayectoria en el sector del cooperativismo —vinculada históricamente a entidades como Coninagro—, se comprometió a mediar con los empresarios.

Intervenir como puente directo de negociación con los empresarios de la firma. Monitorear el cumplimiento de los derechos laborales básicos vulnerados durante el cierre.

La funcionaria buscará establecer un puente de negociación para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales básicos. Mientras tanto, la comunidad de Virasoro permanece en alerta, defendiendo una estructura que consideran técnica y económicamente viable bajo gestión asociada, eliminando la descapitalización que derivó en el actual conflicto.

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¿Qué cambió en la verificación de asociados de cooperativas?

Uno de los cambios centrales de la Resolución N° 1/2026 es la modificación del criterio de verificación de los integrantes de cooperativas para acceder al Certificado Mipyme. Hasta ahora, el Artículo 10 de la Resolución N° 220/2019 establecía que “se deberá verificar que todos los miembros o integrantes de las mismas cumplan con los requisitos establecidos (…) y se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas Mipymes”, una exigencia que en la práctica resultaba de difícil cumplimiento para entidades con gran cantidad de asociados.

La nueva redacción introduce un criterio más acotado y operativo: la verificación se realizará sobre la nómina de integrantes informada al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y dice que se enfocará únicamente en “las personas jurídicas, formas asociativas, fideicomisos y/o empresas que la cooperativa incorpore como miembros o integrantes”.

Además, el procedimiento se simplificaría al establecer que la autoridad de aplicación utilizará directamente la información del Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades del Inaes, verificando que dicha presentación “se haya efectuado en tiempo y forma” según lo dispuesto por la Resolución N° 756/2025.

Este cambio surge luego de varios pedidos del INAES, que había advertido sobre las dificultades estructurales que enfrentaban las cooperativas para cumplir con los requisitos anteriores, generando un perjuicio para el ecosistema de la economía social. La nueva resolución reconoce esas especificidades y adapta el procedimiento a la realidad del sector.

Más allá de esto, la normativa establece que al momento de solicitar la inscripción en el Registro Mipyme, se verificará que la cooperativa haya presentado en tiempo y forma la información de sus asociados ante el Inaes, condición necesaria para avanzar en el trámite.

Fuentes del sector señalaron a la agencia Ansol que “por estas horas se está verificando si efectivamente se facilitó o no el trámite del Certificado Mipyme, ya que la resolución no resulta del todo clara en su aplicación práctica”. En ese sentido, indicaron que “se están iniciando gestiones para evaluar si los trámites pueden avanzar sin el certificado, pero con la nómina completa presentada ante el Inaes”.

Este medio pudo saber que las principales federaciones y confederaciones del sector se encuentran trabajando con sus equipos técnicos para alcanzar una interpretación precisa del nuevo esquema y brindar certezas a las cooperativas.

La medida, que entró en vigencia el 1° de abril de 2026, no solo actualiza los parámetros económicos sino que introduce una modificación estructural en el tratamiento de las cooperativas dentro del régimen MiPyME, apuntando a facilitar su inclusión y acceso a políticas públicas.

¿Cómo se agiliza el acceso al certificado Mipyme?

La simplificación administrativa se apoya en la interoperabilidad de datos entre organismos. El proceso ahora utiliza la información del Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades del Inaes.

Para avanzar en el trámite, la cooperativa solo debe garantizar:

-Haber presentado en tiempo y forma la información de sus asociados ante el Inaes.

-Cumplir con los nuevos límites de ventas totales anuales y activos definidos para el ciclo 2026.

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Para los veteranos de Malvinas que integran las organizaciones de la Femfase, el mutualismo fue, antes que un principio, una respuesta concreta al abandono. Pablo Marín conoció ese proceso desde adentro: primero como oficial a bordo de la corbeta ARA Drummond durante los 74 días del conflicto, y luego como responsable del área de veteranos de guerra de la Armada durante once años.

El dos de abril de 1982, a las seis de la mañana, Pablo Marín estaba en la cubierta de la corbeta ARA Drummond cubriendo el avance del buque San Antonio —que transportaba 400 infantes y los vehículos de desembarco— hacia las rías de Puerto Argentino. Era jefe de cubierta y armas submarinas. Desde ese rol siguió por las comunicaciones cómo caía herido el capitán Pedro Giachino, que fallecería esa misma mañana frente a la casa del gobernador. «La verdad que eso fue toda una emoción», dice hoy, 44 años después.

Marín tiene 73 años. En el conflicto era teniente y jefe de cubierta; los oficiales que comandaban la operación tenían entonces mucho más rango y más edad. Los conscriptos que fueron a Malvinas —las clases 62 y 63— tienen hoy entre 63 y 65 años, y son los veteranos más jóvenes. Entre los oficiales, Marín dice que era de los más jóvenes. Por eso observa con claridad el proceso que describe como «biológico»: la presencia de veteranos en los órganos de conducción del mutualismo se va reduciendo con los años, a medida que la generación que vivió la guerra va dejando paso. Pero él sigue activo: es Vocal Titular de la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Femfase), la estructura que agrupa a 12 mutuales de las distintas fuerzas —Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Prefectura, Gendarmería— y que durante décadas fue una de las pocas redes de contención disponibles para quienes volvieron de Malvinas.

El dos de abril desde la cubierta de la Drummond

La historia de Marín en Malvinas empieza antes del dos de abril. A mediados de marzo del 82, la Drummond ya navegaba en adiestramiento cuando fue destacada a interceptar al buque inglés Endurance entre Georgia y Malvinas, en medio del incidente con la empresa Davidoff y la izada de bandera argentina en las Georgias del Sur. Capearon dos temporales. Volvieron sin saber bien qué se estaba gestando.

El 28 de marzo se incorporaron a la flota de mar en el Rincón de Bahía Blanca. El día 29 un helicóptero les bajó la orden de operaciones. Recién ahí supieron que iban a recuperar las Islas Malvinas. «Hasta ahí pensábamos que era un tema con Chile», recuerda.

El dos de abril escoltaron al San Antonio durante el desembarco. En esas primeras horas, abrieron fuego contra una embarcación de Royal Marines que intentaba escapar por los brazos de mar hacia el interior de las islas, y que finalmente terminó capturada.

Continuaron operaciones hasta el 14 de junio navegando por el litoral con la división de tres corbetas, incorporando a la corbeta Guerrico, que había llegado dañada de Georgia con cerca de 200 impactos en el casco. El ataque que podría haber cambiado el rumbo de la guerra —una formación de lanzamiento de misiles Exocet por el norte de Malvinas— debió abortarse después de dos horas corriendo a máxima velocidad: esa noche, en el Mar Argentino, no había viento y el portaaviones no podía despegar sus aeronaves.

Once años atendiendo veteranos desde adentro del Estado

Más de veinte años después del conflicto, Marín tomó una decisión que marcaría el resto de su carrera. En 2004 asumió el departamento de retirados, pensionados y veteranos de guerra de la Armada. Lo condujo durante 11 años, hasta su retiro el primero de enero de 2015. Los primeros siete años atendía retirados y veteranos en conjunto; los últimos cuatro el área de veteranos funcionó como departamento independiente.

«Fue una experiencia bastante completa. Aprendí mucho y el día de hoy me sigo encontrando gente que uno ha colaborado para mejorar su situación», cuenta. Atendió veteranos, resolvió trámites de salud, acompañó familiares y deudos. También fue testigo de primera mano de las consecuencias de una década de abandono.

«La primera ley llegó diez años después»

El diagnóstico de Marín sobre lo que vivieron los veteranos al volver es preciso y concreto: de los cerca de 10.000 soldados conscriptos que participaron en el conflicto —sumando Ejército, Fuerza Aérea y Marina— la enorme mayoría volvió sin ningún tipo de cobertura médica, laboral ni psicológica. «Los mandaron de baja y se los sacaron de encima», dice. Salvo excepciones —empleados de empresas del Estado que recuperaron su puesto— la mayoría quedó sin red.

La primera ley que empezó a reconocerles derechos llegó alrededor de 1991, casi diez años después del conflicto. Los exámenes psicológicos y psiquiátricos —hoy obligatorios antes y después de cualquier misión de paz— recién empezaron a implementarse para veteranos de Malvinas a partir de 1992 y 1993. «En el camino quedaron muchos, lamentablemente», resume.

Femfase: 12 mutuales, una red que fue llenando el vacío

Es en ese contexto donde Marín ubica el rol del mutualismo. La Femfase agrupa a mutuales de las distintas fuerzas y organismos de seguridad: el Centro Naval, el Círculo Militar, y las mutuales de Prefectura y Gendarmería, entre otras. En total, estima, son doce organizaciones.

El Centro Naval —donde Marín fue vocal del consejo directivo durante ocho años— tiene más de 200 empleados, gestiona panteones, préstamos, infraestructura de delegaciones y una actividad deportiva intensa: rugby y hockey en su sede de Núñez que convoca a socios civiles, de Ejército y de Fuerza Aérea.

Para Marín, la vinculación entre los valores de Malvinas y los del mutualismo no es abstracta: «El mundo del veterano quedó desamparado durante mucho tiempo. El mutualismo y las asociaciones ayudaron a cubrir lo que el Estado tardó diez años en garantizar, sobre todo en salud y medicamentos.» El hilo que une la causa Malvinas con la ayuda mutua, dice, es la misma experiencia del abandono: quienes vivieron la guerra aprendieron, más que nadie, que organizarse entre pares era la única red disponible.

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(ANSOL / ElDiario)

Ante la histórica ausencia del Estado y los recientes recortes nacionales en salud, los veteranos administran su propio Centro de Rehabilitación y sostienen una red de contención que abarca desde la asistencia psicológica hasta viajes de sanación a las Islas Malvinas.

En Corrientes, la provincia que envió proporcionalmente la mayor cantidad de soldados conscriptos a la Guerra de Malvinas, el regreso tras el alto el fuego estuvo marcado por el abandono institucional. Ante esa realidad, los exsoldados se nuclearon en torno a una necesidad urgente y vital: la contención frente al olvido y el tratamiento de las secuelas de la guerra.

Así nació en 1982 el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas (CESCEM) Corrientes, una entidad que en 1985 obtuvo su personería jurídica y que entendió desde el principio su misión a través de la economía social. Para los excombatientes correntinos, el asociativismo fue la herramienta elegida para resolver una demanda colectiva insatisfecha y autogestionar el cuidado de su propia salud física y mental tras la guerra.

«A diferencia del personal de cuadro que ya eran empleados y tenían toda la cobertura, nosotros, los soldados, volvimos sin nada. No teníamos obra social, no teníamos recibo de sueldo y tuvimos que luchar por todo», resume José Galván, presidente del CESCEM, en diálogo con ANSOL. De la conscripción a la trinchera y, de allí, a la orfandad civil: esa fue la realidad para miles de jóvenes a lo largo del país.

Un Centro de Rehabilitación sin fin de lucro

El mayor hito organizativo de la entidad fue la creación del Centro de Rehabilitación del CESCEM. Este proyecto logró canalizar la demanda de salud de los excombatientes desde un modelo estrictamente mutual y autogestionado, sustentado por el aporte de sus propios asociados.

Al eliminar el lucro privado en la prestación médica, la Casa de Salud del Centro garantiza los servicios en varias especialidades clínicas y psicológicas con un enfoque centrado en la problemática específica del veterano. El modelo de gestión es directo: sus directivos son excombatientes. Es decir, los propios destinatarios del servicio son quienes administran los recursos del establecimiento, asegurando no solo transparencia institucional sino un nivel de empatía que ninguna prestadora comercial podría ofrecer.

«Nadie vuelve sano de una guerra. Todo lo que conseguimos fue luchando», reafirma Galván. Para el presidente de la institución, el proceso de sanación clínica está intrínsecamente ligado al hecho de juntarse, aliarse y trabajar colectivamente como camaradas: la organización entre pares es, en sí misma, parte del tratamiento.

Recortes en PAMI y la red local de contención

La fortaleza institucional del CESCEM quedó demostrada recientemente ante la crisis de prestaciones a nivel nacional. Las políticas de ajuste del Gobierno golpearon fuertemente a las familias de los veteranos: Malvina Echavarría, referente del Centro de Hijos de Excombatientes, denunció públicamente que el PAMI ha retirado durante el último tiempo las prestaciones de salud a más de 20.000 hijos de veteranos en la provincia de Corrientes.

Ante la suspensión del servicio por parte del PAMI, el CESCEM funcionó como una verdadera red de seguridad para las familias. La solución surgió desde la propia organización: la entidad reforzó rápidamente sus vínculos y convenios territoriales con el IOSCOR (Instituto de Obra Social de Corrientes) y activó gestiones directas con el directorio del PAMI local para resolver casos urgentes, todo mientras sostenía su atención primaria a través de su propia estructura médica. El modelo mutual demostró ser el único paracaídas efectivo ante el vaciamiento estatal.

Los viajes para sanar la herida en Malvinas

Además de la atención clínica, el CESCEM lleva adelante un programa terapéutico único en su tipo. Luego de décadas de espera, el Centro logró organizar viajes contingentes de veteranos correntinos para regresar a las Islas Malvinas. El objetivo es eminentemente terapéutico: sanar la herida psíquica abierta por no haberse podido despedir formalmente de sus compañeros en 1982.

La organización de estos regresos masivos al territorio insular funciona como un cierre para el estrés postraumático de muchos soldados. «Es curativo», cuentan desde el Centro sobre la experiencia en las islas. «Había excombatientes que directamente no hablaban sobre el tema, que tomaban muchísimos medicamentos; y cuando llegan a Malvinas es como si se sacaran una mochila de encima. Vuelven recuperados, sanados de otra forma».

Con más de cuatro décadas de trayectoria, aquel grupo de soldados de Corrientes que regresó sin cobertura forjó una institución que marca el rumbo del mutualismo en el NEA. «Fuimos trabajando en conjunto porque la celeste y blanca nos tiene que unir bajo la democracia», concluye Galván, evocando luego los versos del padre y poeta Julián Zini para homenajear el legado de la institución: una labor que se sostiene no solo por los vivos, sino porque también «se lo debemos a quienes hacen guardia desde Malvinas, y que algún día han de brotar».

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