El crimen ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 6 según el parte policial, en una vivienda de la calle Islas Malvinas, en el barrio Matadero. Aranda, su hijo de cuatro; sus dos sobrinos, de cinco y cuatro años, hijos de su hermana; y el bebé de seis meses que tenía con el detenido Ávalos, de 25 años, estaban en la vivienda. El fiscal subrogante Gustavo Valero, a cargo de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, ordenó su aprehensión en una causa por supuesto homicidio.

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, definió el caso como uno “de los crímenes más atroces desde que somos provincia”, en 1953. Según la reconstrucción que maneja la investigación, Ávalos habría estrangulado a Aranda y atacado con un arma blanca a su hijo y a los dos sobrinos de ella; luego habría provocado el incendio de la casa con su bebé en brazos. Después intentó ahorcarse, pero vecinos lo rescataron.

Cuando llegaron los efectivos, encontraron a Ávalos inconsciente en la parte frontal de la vivienda y al bebé, también inconsciente, en brazos de su abuela paterna. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local, pero el niño ingresó sin signos vitales. Según el jefe de la Policía, el bebé murió por inhalación de humo. Dentro de la casa había otros cuatro cuerpos: dos niños en el sector construido con madera y nailon, y Aranda y una niña en una habitación de material.

Últimos datos sobre el incendio

Las pericias detectaron heridas cortantes en el cuello y quemaduras en los tres niños hallados dentro de la casa. La médica policial constató escoriaciones en la región lumbar de Aranda. En la escena se secuestraron un cuchillo con manchas similares a sangre, dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana, todo sujeto a peritajes.

Un médico del hospital local diagnosticó a Ávalos con un cuadro de psicosis aguda y registró escoriaciones en forma de lazo en el cuello, lesiones múltiples por contusión y signos de posible intoxicación con drogas. Según testimonios de allegados que recogió la Policía, el hombre decía estar “poseído por un demonio”. El diagnóstico inicial no define por sí solo la calificación legal ni la responsabilidad penal, que la Justicia deberá establecer con las pericias.

Ávalos fue trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial, en Sáenz Peña, donde permanece detenido a disposición de la Justicia. Los cuerpos de las cinco víctimas pasaron a la morgue judicial de esa ciudad, donde se harán las autopsias que deberán establecer las causas de las muertes y la secuencia de los hechos.

Romero informó que Ávalos no tenía antecedentes penales y que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja. La ausencia de denuncias no equivale a la ausencia de violencia. Según el informe de octubre del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá, apenas el 12% de las víctimas de femicidio había denunciado a su agresor, y el 61% fue asesinada por su pareja, expareja o un familiar.

El mismo relevamiento contabilizó 36 femicidios en octubre, el peor registro mensual desde 2022, y 239 entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026. En ese escenario, desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La Justicia chaqueña investiga por ahora un supuesto homicidio y deberá definir si corresponde calificar el hecho como femicidio.

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Godoy se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre. Desde Ctera, «abrazamos y acompañamos a su familia, a la comunidad educativa y a nuestro sindicato de base Suteco, que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos».

Justicia por Nancy Godoy

Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de Ctera convocó para el jueves 29 de octubre a una Jornada Nacional de Duelo, con paro nacional, movilizaciones y acciones en todo el país, «para exigir Justicia por Nancy Estela Godoy».

«Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia. Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente», apuntó el comunicado de la central obrera.

En el mismo sentido, apuntó: «Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional».

Asimismo, «se mantienen todas las actividades previamente programadas por las entidades de base de Ctera —asambleas, congresos, elecciones y otras instancias de organización sindical—, que se desarrollarán en el marco del reclamo de justicia por nuestra compañera Nancy Estela Godoy», completó el comunicado de Ctera.

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Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue hallada en una zona de difícil acceso de la ciudad de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes. A pocos metros de sus restos la policía también encontró un bolso.

El dato para dar con el paradero lo habría aportado Joaquín Leguizamón, hermano de Rosa Leguizamón, una de las imputadas.

La Policía de Corrientes había encontrado además prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron los peritajes pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

Por el momento, en el caso están siendo investigados Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio, Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

Todos, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, estarán detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

Aún no se pudo determinar el móvil del asesinato. La policía trabaja, según medios locales, en tres hipótesis: un posible abuso sexual; un crimen para que Nancy no pueda revelar algo que vio; o un crimen relacionado a las denuncias que venía haciendo la docente respecto a la situación de la escuela rural en la que trabajaba.

Cómo fue la desaparición de Nancy Godoy

Según pudo reconstruir la Justicia provincial, Godoy, de la ciudad de Esquina, se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626. El establecimiento educativo se encuentra en una zona de difícil acceso, por lo que los propietarios de la estancia “El Curupí” se encargaban de trasladarla desde allí hasta un lugar conocido como Puesto 9, desde donde seguía viaje a caballo durante una hora y media. La encargada de acompañarla en ese recorrido era la baqueana Rosa Leguizamón, una de las detenidas.

El paradero de la docente era un misterio desde el 7 de octubre. A las 20.45 aproximadamente de ese día, la maestra correntina le contó por WhatsApp a su hijo que había llegado bien a la estancia. Después de ese intercambio de mensajes no volvió a contactarse.

Godoy solía pasar los días hábiles en ese lugar -donde la señal telefónica y satelital es escasa- y volvía con ayuda de los peones rurales en los fines de semana. Por eso su familia tardó en denunciar su desaparición y recién lo hizo el 14 de octubre, cuando no regresó a su casa.

Fuente: Página 12

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De acuerdo con la información aportada por la querella y los voceros judiciales, la situación procesal de los detenidos se agravó de manera contundente. En primer lugar, Rosa Leguizamón fue imputada formalmente como coautora de homicidio simple, bajo la sospecha de haber tenido un rol fundamental en el entramado del hecho. Por otra parte, los sospechosos identificados como Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas quedaron imputados como coautores de femicidio.

Para el transcurso de este día se fijó la realización de la audiencia de medidas de coerción en la que la fiscalía solicitará formalmente la prisión preventiva sin plazo para todos los acusados, buscando asegurar su permanencia bajo custodia mientras continúan las diligencias investigativas y el avance del proceso judicial.

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Según informó Infobae, Zarza se desempeñaba como capataz de la estancia El Curupí, predio donde funciona la escuela en la que la docente daba clases. La detención fue ordenada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, en el marco de una causa que inicialmente buscaba establecer el paradero de la mujer y que ahora se orienta hacia la hipótesis de un femicidio.

El sospechoso fue ubicado por testimonios en un puesto abandonado situado a unos 150 metros de la escuela, donde solía dormir. De acuerdo con las declaraciones incorporadas al expediente, en ese lugar acostumbraba consumir whisky y, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo. Estos elementos forman parte de las líneas de investigación que analiza la Fiscalía.

Investigan el posible rol de otra detenida

La causa también apunta a Rosa Leguizamón, quien fue detenida el martes por la noche junto a su pareja, Nahuel Rojas. Ambos están acusados de encubrimiento agravado.

Los investigadores sospechan que Leguizamón podría haber facilitado el crimen a partir de información que le habría proporcionado a Godoy sobre los movimientos en la estancia. Según la pesquisa, le habría asegurado que nadie regresaría al lugar durante ese fin de semana.

Además, los investigadores detectaron inconsistencias en la fecha en la que Leguizamón supuestamente tenía previsto asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce.

Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Las prendas serán exhibidas a los familiares de Godoy para intentar establecer si eran de su propiedad.

Cinco detenidos en la causa

Con el arresto de Zarza y de un hombre de apellido Sandoval, la investigación suma cinco personas detenidas. Entre ellas se encuentra Ernesto Ezequiel Bordón, arrestado el lunes bajo sospecha de falso testimonio.

Según trascendió, Bordón habría afirmado que la docente fue víctima de un crimen, aunque esa versión no pudo ser corroborada por los investigadores. Durante el allanamiento de su vivienda, los efectivos secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas.

Los elementos fueron enviados a peritaje para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, realizar los cotejos necesarios.

Por su parte, el abogado de Bordón, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de la declaración de su defendido y sostuvo que habría sido presionado y maltratado durante su detención.

Continúan los rastrillajes para encontrar a Nancy Godoy

Mientras avanza la investigación judicial, los operativos de búsqueda se intensifican en la zona donde desapareció la docente. Los fiscales también prevén tomar nuevas declaraciones y avanzar con la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de Godoy.

El objetivo es contar con material genético de referencia para realizar eventuales cotejos si se encuentran restos humanos durante los rastrillajes.

Hasta el momento, el paradero de Nancy Godoy continúa sin esclarecerse. La investigación busca determinar qué ocurrió con la docente, establecer las responsabilidades de los detenidos y reunir pruebas que permitan reconstruir las circunstancias de su desaparición.

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Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el exlíder piquetero está internado en el hospital Perrando tras sufrir una descompensación durante su protesta extrema.

Se remarcó que su hospitalización en la institución médica es solo para estabilizarlo y luego regresará al complejo penitenciario, donde también se encuentra preso su hijo, César Sena.

La huelga de hambre había comenzado 12 días atrás en medio de su reclamo para obtener la prisión domiciliaria y una mejor atención médica debido a su estado de salud. Durante estas jornadas se supo que no consumió ningún tipo de alimentos ni líquidos.

A través de diversas presentaciones, el condenado por ser partícipe primario del femicidio de Cecilia en junio de 2023 sostiene que padece de diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, entre otras patologías.

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El primer día tuvieron lugar la audiencia de selección de jurados, lectura de instrucciones iniciales a cargo de Azcona y la exposición de alegatos de apertura por parte de fiscalía, querella y defensa. El martes comenzó la etapa de producción de la prueba que culminó el miércoles con las declaraciones de los últimos testigos ofrecidos por la defensa. Luego el juez leyó las instrucciones finales y el jurado comenzó la deliberación hasta que obtuvo el veredicto. 

Con transmisión en vivo

Tanto instrucciones iniciales, alegatos de apertura y clausura, instrucciones finales y veredicto fueron transmitidas en vivo a través de www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco y quedarán disponibles para su consulta posterior. 

La audiencia de selección como la instancia de producción de la prueba no serán transmitidas en vivo con el objetivo de garantizar la intimidad de jurados y testigos.

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Lo que en las primeras horas fue abordado bajo la hipótesis de un suicidio se convirtió en una causa por homicidio calificado, con alevosía y ensañamiento, tras la detención de un adolescente de 16 años como principal sospechoso.

La víctima falleció en pleno traslado en ambulancia hacia la ciudad de Corrientes debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, las pericias forenses y las imágenes de las cámaras de seguridad desarmaron la presunción inicial de autoflagelación y revelaron la ferocidad del ataque.

En declaraciones a la prensa, el fiscal de la causa, Facundo Cabral, dio detalles del estremecedor escenario al que se enfrentaron las autoridades: «En un primer momento parecía como un suicidio, pero tras el avance de la investigación se determinó que se trató de un homicidio».

Asimismo, el funcionario judicial calificó el hecho como «atroz» y destacó la «ferocidad de la lesión», confirmando que la víctima «tenía la garganta cortada».

El avance de la pesquisa permitió reconstruir los momentos previos a la agresión e identificar los «puntos oscuros» del relato inicial. En ese sentido, las cámaras de videovigilancia de la zona resultaron determinantes al captar a la víctima «junto a una persona de sexo masculino dirigiéndose hacia el lugar del hecho con una pala en la mano».

A partir de esos registros y del rastreo del dispositivo móvil de la joven, los investigadores ordenaron la detención del menor de 16 años. Durante los procedimientos se incautaron elementos de elevado valor probatorio, entre ellos zapatillas con manchas de sangre y el teléfono celular del sospechoso.

«Se encontró el teléfono y mensajes concordantes en el celular del sospechoso», precisó el fiscal Cabral a radio Dos, confirmando la existencia de conversaciones que vinculan al imputado con la planificación del crimen.

El expediente continúa en plena fase instructoria para terminar de fijar las responsabilidades del detenido.

Fuente: Perfil

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Graciela Lopez fue asesinada por su expareja, el policía Luciano Etudie el 4 de junio de este año. La mató en medio de un operativo policial ya que el agente la había secuestrado junto al hijo que tenían en común. Un equipo policial logró rescatar al niño pero no a la mujer.

Según declaraciones del jefe de la Policía, Etudie tenía antecedentes de violencia y hasta había estado de licencia por situaciones de salud mental. Sin embargo ese día, Luciano portaba su arma reglamentaria, mató a su padre y luego a Graciela. Es por eso que la familia de Graciela exige una respuesta del Estado provincial. Consultado sobre posibles acciones civiles contra el Estado, Arregin confirmó que impulsará una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado una vez finalizado el debate penal.

Por otro lado, respecto de la contención social de los hijos de Graciela López, el abogado indicó que los menores -los tres hijos- reciben asistencia por parte de la Subsecretaría de Género provincial.

Frente a los interrogantes sobre si la pesquisa judicial contempla responsabilidades dentro de la fuerza por haber permitido que el efectivo portara armas, la querella remarcó que, al tratarse formalmente de un proceso por femicidio y parricidio, la fuerza de seguridad provincial se encuentra apartada de la investigación de los hechos.

Femicida cesante

La semana pasada, el Gobierno de Chaco dispuso la destitución de empleo con calificación de cesantía del cabo primero Luciano Alberto Etudié, imputado por el femicidio de su expareja, Graciela Mabel López, y el homicidio de su propio padre. La medida administrativa se tomó por faltas consideradas gravísimas contra el honor policial, las vías de hecho y el perjuicio a la imagen institucional, con la advertencia de que la sanción podría agravarse si recibe una condena judicial.

No obstante, el expediente administrativo mantiene silencios notorios respecto de la responsabilidad institucional de la cúpula policial, particularmente sobre cómo el agente continuaba portando un arma reglamentaria a pesar de registrar antecedentes de violencia y licencias por salud mental.

El femicidio

El crimen ocurrió el 4 de junio en el paraje Las Tres Bocas, de Vilelas. Según la reconstrucción oficial, Etudié se encontraba armado manteniendo retenidos a Graciela López y al hijo menor que tenían en común.

Ante la gravedad del episodio, se desplegó un perímetro de seguridad con la intervención de un negociador policial, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), personal de Bomberos y sanitario, y autoridades de la Fiscalía especializada en violencia de género

Durante el desarrollo del operativo, el agente disparó contra su expareja, causándole la muerte. Inmediatamente, otro efectivo repelió la agresión y lo hirió en el rostro para neutralizarlo. Etudié fue internado bajo custodia policial, primero en el hospital Perrando y luego derivado a un sanatorio local, donde continúa alojado a la espera de su recuperación.

Fuente: Es Chaco

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Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que este jueves, en medio de la feria judicial, se va a desarrollar una pericia visual en la que participarán todas las partes, defensas y querellas.

En esta ocasión, se hará un recorrido visual en el domicilio, lo que permitirá saber si puede haber más implicados en la investigación, además de los cuatro detenidos que ya tiene la causa: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.

Se espera que en el transcurso de la mañana haya movimientos en la vivienda de la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, señalado como el lugar en el que fue asesinada la adolescente.

Este jueves se cumplen dos meses del brutal femicidio que estremeció, no solo a la provincia, sino a la Argentina. Ahora, con el cierre de estas nuevas pericias, podrían realizarse nuevas detenciones.

Fuente: NA

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